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 BACKSTAGE DE LA GUERRA POR LAS ADJUDICACIÓN DE LAS SALAS DE JUEGO

Casino Royale

Según la Superintendencia de Casinos de Juegos, la inversión de la industria del azar suma 550 millones de dólares. Alrededor de esa cifra hay mucha gente: de parlamentarios preocupados por el destino de su región hasta un abogado condenado en España por un secuestro asociado a ETA-MIR. Pedazos de un thriller judicial que continúa en una comisión especial del Congreso.

Felipe Saleh

Nación

Francisco Javier Leiva, el superintendente de Casinos, respondió por oficio a la Comisión Investigadora que rastrea las supuestas irregularidades en el otorgamiento de licencia para abrir las salas de juego que cambiarán la cara de seis regiones del país.

Los diputados querían saber qué hacía Leiva en Argentina en diciembre, la misma semana en que fue detenido por no declarar 500 mil euros Manuel Lao Hernández, director de Cirsa, uno de los postulantes más grandes en el controvertido proceso. De hecho, facturan la nada despreciable suma de 1.800 millones de dólares anuales.

La noticia de la detención del español en el aeropuerto de Ezeiza calzaba con los artículos de prensa que advertían sobre los vínculos de Cirsa con el lavado de dinero. Caía perfecto en las denuncias de dos ex funcionarios de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) que acusaron al superintendente de omitir los papeles con el pasado oscuro de Cirsa durante el proceso de precalificación.

Leiva, un ingeniero industrial de la Católica con postgrado en Georgetown, sin grandes vínculos políticos y dado su apellido común sin trenza familiar, explicó en un oficio fechado el 12 de diciembre que estaba como representante de Hacienda en el pleno de Gafisud (grupo intergubernamental para prevenir el lavado de dinero). Según su testimonio, aprovechó la estadía para ir “invitado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos” a un seminario de casinos y juegos de azar.

Parlamentarios “CSI”

 Pablo Lorenzini, presidente de la comisión investigadora, enmarca este viaje dentro de “las movidas del superintendente”. En un proceso que califica de “poco transparente, alocado y discrecional”. De ahí sus esfuerzos por investigar el otorgamiento de permisos a pesar de que la Contraloría y la Corte Suprema resolvieron que el proceso se ajustó completamente a la ley. La misma conclusión a la que llega su compañero de partido y de comisión, el diputado Gonzalo Duarte. “Mi convicción en general después de haber escuchado a los actores es que efectivamente el proceso estuvo bastante transparente. Ha habido una profusión de insinuaciones indirectas sin ningún tipo de fundamento o respaldo real que han sido muy lamentables”, sentencia Duarte. Junto a Lorenzini son actores recién integrados al reparto de este thriller donde los protagonistas ni siquiera son las 31 sociedades que pasaron el proceso de precalificación, sino los “operadores” más grandes, que manejaron cuanto tenían a su alcance para ganar las licencias.

Aunque “todas las compañías gastaron millones en descalificar al rival durante la carrera”, según comenta un cercano al proceso, fueron algunas las que llevaron la sangre al río y probaron con su actuación la urgencia de que se apruebe una ley de lobby. Un ejecutivo del consorcio francés IGGR recuerda que “teníamos cero esperanza de ganar porque el lobby fue feroz”, pero consiguieron la concesión en San Francisco de Mostazal. El casino más próximo a Santiago y una prueba del criterio técnico que habría imperado de parte de la SCJ.

El dream team del lobby

Cirsa (asociado con los chilenos Eduardo Matte y Sergio Reiss) presentó en octubre, dos meses antes de que se resolviera el permiso en San Francisco de Mostazal, un informe que demostraba la inviabilidad del proyecto IGGR, dado que su diseño tocaba los bordes de la Carretera Panamericana. El estudio lo hizo Clemente Pérez, ex subsecretario de Obras Públicas y ex director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Desde su oficina en el estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, se apuró en aclarar que “el informe no era para Cirsa, sino para Eduardo Matte”, su socio.

Pero los españoles no bajan los brazos. Presentaron un recurso de protección por el permiso de Mostazal, tramitado por el ex senador socialista José Antonio Viera-Gallo. Durante todo el proceso la empresa contrató, entre otros, los servicios de la consultora comunicacional Hill & Knowlton Captiva (de la que es socia Cristina Bitar, ex jefa de campaña de Joaquín Lavín), los abogados Alfredo Etcheberry (que representa al Estado chileno en el juicio de extradición a Fujimori) y Jorge Schaulsohn. Claramente, un equipo tan estelar no sirvió de nada. Cirsa no ganó ninguno de los permisos a los que postulaba. “Ellos hicieron el lobby más suave, fueron un poco ingenuos, sus ejecutivos no supieron defender los proyectos”, cuenta un cercano al proceso. Claramente distinto al de sus compatriotas de Egasa-Nervión que, según un alcalde concertacionista que intercedió por ellos, “me pidieron la cabeza del superintendente en una bandeja”.

 Un método menos sangriento fue el que probó Thunderbird, postulante pequeño (sus ingresos equivalen a la mitad de lo que rinde el Casino de Viña en un año), pero con muy buenas referencias al momento de aterrizar en Chile. La empresa, de origen canadiense, contrató en un comienzo los servicios de la consultora Imaginacción, cuyo capital más valioso son los contactos de su dueño, el ex ministro Enrique Correa. Con todo, el equipo solicitó refuerzos en diciembre de 2005, cuando la compañía fue excluida del proceso por no cumplir con el requisito legal de pagar el 50% del capital social. Se integraron los abogados Juan Agustín Figueroa, ex integrante del Tribunal Constitucional, el ex senador Miguel Otero, los abogados del estudio Urenda, Rencoret y Dörr, y el presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Davor Harasic, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Precisamente fue un informe del CDE, favorable a Thunderbird, el que sirvió de antecedente al triunfo de sus recursos en la Corte de Apelaciones y así se paralizó el proceso de otorgamiento en las regiones donde postulaba la empresa. La SCJ apeló y los canadienses perdieron la batalla en la Corte Suprema el 31 de mayo. Desde ese día, Thunderbird prescindió de los servicios de Correa y contrató a Más Imagen, la empresa consultora en que tiene participación el diputado Juan Carlos Latorre.

La tajada parlamentaria  

Antes de que Thunderbird perdiera en la Suprema y en pleno proceso de adjudicación, el 8 de abril el senador PS Juan Pablo Letelier confesó a “El Mercurio” su preocupación por la “actitud de la SCJ, a la que le han rechazado sus argumentos con un informe del CDE, y ahora en la Corte de Apelaciones. Y si esto va a la Suprema, entonces es muy probable que no se den los plazos, y que la VI Región no tenga casinos en primera etapa”.

Letelier no fue el único parlamentario que habló contra el proceso. Jaime Mulet, igual que Lorenzini, se “arrepienten” de haber votado la ley y pidieron en su momento la anulación del proceso. También hablaron de irregularidades los diputados (RN) Germán Becker, Pablo Galilea y Maximiano Errázuriz, aunque este último lo pensó mejor y dijo a “El Mostrador” que ponía “las manos al fuego por el superintendente”.

Tanto compromiso parlamentario se explica en la tramitación de la Ley 19.995, discutida durante cuatro años con muchos detractores a nivel parlamentario, pero finalmente aprobada en 2005, y vigente desde mayo. Siete meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias y sin que hubiese ninguna indicación sobre el aporte de la industria del juego a las campañas políticas.

LA ÚLTIMA APUESTA Los grandes derrotados en la “licitación”, como dicen parlamentarios y operadores de la industria, o el “otorgamiento de permisos”, en idioma de la SCJ, fueron el grupo Martínez. La familia de Antonio Martínez controla el Casino de Viña desde 1931 y tiene participación en otros tres. Tanta experiencia en el rubro llevó a decir a Javier Martínez, director de desarrollo de Enjoy (marca que los agrupa), que no necesitaban hacer lobby porque “en Chile todos nos conocen”. En rigor, no lo hicieron, pero se puede inferir su vínculo con las denuncias que dieron origen a la comisión investigadora, que logró paralizar el proceso de entrega de dos licencias y cuyo informe final debería estar listo en marzo. La historia es como sigue. Fernando Escobar, funcionario de la superintendencia hasta diciembre de 2005, denunció el 14 de octubre del año pasado, en “La Tercera” (diario que lo presentó como ex coordinador de la licitación), que Francisco Javier Leiva, su jefe, tuvo trato preferencial hacia algunas empresas. En la SCJ aclaran que Escobar fue encargado de administración y finanzas del organismo. “Nunca participó en el proceso de precalificación”, asegura una fuente. La Contraloría pidió que fuera separado de su cargo porque antes había sido destituido del Servicio de Salud de Coquimbo. Escobar dijo a la comisión investigadora que “todavía estaba en contacto con la superintendencia”, cuando un diputado le preguntó cómo había tenido acceso a informes confidenciales después de dejar su puesto.   El mismo día en “La Tercera”, Escobar fue apoyado por frases similares de Juan Carlos Leoz, un consultor externo que trabajó para la SCJ y que aseguró haber recibido de Leiva la orden de omitir los antecedentes penales de Cirsa. Las denuncias hicieron hablar a Letelier: “Para que el proceso sea transparente y dé garantías a todos, lo más aconsejable es que el superintendente Leiva ponga su cargo a disposición y renuncie”. Mulet, en tanto, emitió un pronunciamiento definitivo: “Son denuncias graves, que confirman lo que señalé en una oportunidad: que no ha habido transparencia en el proceso”. Los dos denunciantes fueron testigos de Darío Calderón, abogado de los Martínez, en una querella por injurias que contra él presentó Cirsa. Calderón dijo que los españoles le “recordaban la situación de Aero-Continente”. La querella terminó con un avenimiento.   El abogado etarra Otro cercano al patriarca Antonio Martínez es Enrique Krauss. Fue su abogado desde 1975 a 1990. Krauss fue embajador en España cuando el superintendente viajó a Madrid para juntar información sobre Cirsa. El diplomático le recomendó al abogado chileno nacionalizado Gonzalo Boye para que “sirviera de puente entre él y las autoridades españolas”, según declaró Krauss. Boye acusó a Leiva de “falta de diligencia” en su indagación, mientras que su historial como convicto por un secuestro asociado a ETA en 1988 fue ampliamente difundido por la prensa y usado no sólo por los Martínez, sino por todos los postulantes para descalificar al superintendente. La pelea todavía no termina.

Saludos cordiales
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM
Renato Sánchez 3586 dep 10
Santiago, Chile