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JUAN BAUTISTA VIVERO SERRANO 11/02/2009
Esta pregunta, hasta hace pocos días limitada al mundo académico, está de moda y no sólo en los medios de comunicación, también en los innumerables parlamentos de lo cotidiano. La perplejidad que provoca el repentino protagonismo de tan extravagante cuestión es todavía mayor por la naturaleza simple, apodíctica y contradictoria de las respuestas que a la misma se vienen dando. Tiene toda la razón Javier Marías cuando dice que no corren buenos tiempos para los matices y las precisiones. Para los jueces y magistrados, agrupados en las férreas asociaciones profesionales, no hay ninguna duda acerca de su derecho a la huelga. Para el Gobierno y los dos principales partidos políticos españoles, tampoco ofrece la menor incógnita justo lo contrario: la prohibición constitucional de la huelga para jueces y magistrados. Y en una decisión adoptada este lunes, el Consejo General del Poder Judicial ha optado por considerar que la huelga convocada para el próximo día 18 no tiene cobertura legal.
A falta de una reforma de la Constitución, lo razonable es negar a jueces y magistrados esta forma de presión
A lo Juan Palomo, los que secunden el paro serán juez y parte
Este panorama que para la ciudadanía puede parecer, con toda razón, desconcertante no es, sin embargo, tan extraño para los profesionales del Derecho, tan habituados a defender una postura y, en su caso, la contraria, aunque no necesariamente con argumentos igual de solventes y rigurosos. Por fortuna, la pregunta que da título a este artículo no es especialmente compleja y los materiales jurídicos disponibles para su contestación no son del todo "huidizos". En resumen, puesto que las posiciones de unos y otros y las razones que las respaldan no tienen ni mucho menos el mismo valor, se puede y se debe acabar con esta situación kafkiana.
Conviene comenzar matizando la explicación que de manera mayoritaria vienen dando los estudiosos consultados por este periódico, constitucionalistas todos ellos, protagonistas junto a laboralistas y administrativistas del originario debate académico. Vienen a decir que siendo los jueces y magistrados titulares de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, no pueden a su vez ser "agraciados" con el derecho fundamental de huelga. La titularidad de cualquiera de los poderes del Estado y el derecho de huelga serían así intrínsecamente incompatibles. Esta manera de razonar pertenece más a la política del Derecho que a la interpretación del Derecho y, en consecuencia, más que para resolver la pregunta que nos ocupa sirve para explicar el porqué político o ideológico de la vigente regulación constitucional española en este punto. Al fin y al cabo, en países tan cercanos a España como Francia, Italia y Portugal los jueces tienen derecho a la huelga -con profundas limitaciones, claro está-, que además ejercen enocasiones, y no parece que por ello hayan dejado de ser Estados democráticos de Derecho, ni mucho menos que la sacrosanta división de poderes haya saltado por los aires, al menos no sólo ni principalmente por este motivo.
Además, los jueces y magistrados no pueden meterse en el mismo saco que los parlamentarios y gobernantes, pues, a diferencia de éstos, son funcionarios públicos y, en tanto que tales, sometidos a un empleador que organiza su trabajo y con el que por definición pueden tener discrepancias, salariales o de otra naturaleza. Algo impensable para parlamentarios y gobernantes. Añádase a lo anterior que al margen de la situación jurídica de los jueces y magistrados, el resto de empleados públicos de la Administración de Justicia tienen derecho a la huelga y no hace muchos meses demostraron hasta qué punto pueden paralizar la justicia como servicio público.
En realidad, y aunque pueda parecer sorprendente dado el actual clima de desconcierto, la interrogante de marras hace muchos años que está razonablemente bien resuelta en el ámbito académico y lo que conviene ahora es darle divulgación. Pues bien, la opinión mayoritaria entre los laboralistas es que los jueces y magistrados tienen constitucionalmente prohibido el recurso a la huelga.
La Constitución prohíbe a jueces, magistrados y fiscales en activo cualesquiera actividades políticas y sindicales, negociación colectiva y huelga incluidas. No otra cosa puede significar la prohibición de pertenencia a sindicatos del artículo 127.1 CE. Al fin y al cabo, toda huelga que merezca tal nombre, aunque formalmente no tenga a un sindicato detrás, es desde un punto de vista material una típica actividad sindical. Se trata de una lectura de la -en este punto como en otros muchos- oscura regulación constitucional a la luz de los criterios interpretativos del artículo 3.1 del Código Civil, concretamente del criterio sistemático -interpretación del conjunto de normas constitucionales involucradas (arts. 7, 28.1, 28.2 y 127.1 CE)- y del teleológico o finalista -interpretación atenta al espíritu o finalidad de las normas-.
¿Acaso los jueces de lo social, siempre tan proclives a la interpretación sistemática, finalista y material del Derecho, van a retroceder de repente y porque les interesa al siglo XIX y convertirse en intérpretes "formalistas"?
Mientras no se reforme la Constitución en este punto, hipótesis tan lejana como improbable, mientras incomprensiblemente el legislador permanezca inactivo -30 años después todavía no hay ley orgánica de huelga- y mientras el Tribunal Constitucional no tenga ocasión de pronunciarse, lo más razonable, solvente y riguroso en Derecho es negar a jueces y magistrados el recurso a la huelga. Eso no significa que no puedan tener disputas con el Gobierno y con el CGPJ, que sus reivindicaciones no puedan ser legítimas y que no se deba dialogar con ellos. De hecho, un mínimo diálogo parece que ya existe y a todos interesa que concluya con éxito.
Por desgracia, el diálogo lo es con "rehenes" detrás, con la amenaza de huelga siempre presente. Si fracasara el diálogo y alguna huelga llegara a tener lugar, sería una modalidad de lo más curiosa, una huelga a lo Juan Palomo podría llamarse, en la que los jueces huelguistas serían a su vez juez y parte, es decir, ellos mismos resolverían los numerosos pleitos que a buen seguro podrían surgir -convocatoria, objetivos perseguidos, servicios mínimos, sanciones, acuerdos de fin de huelga, etcétera-.
A propósito de posibles situaciones y pleitos disparatados, ¿los jueces y magistrados que organizaran la huelga ilegal, y en menor medida quienes la secundaran, incurrirían en responsabilidad disciplinaria? ¿Y en responsabilidad penal conforme al olvidado artículo 409 del Código Penal? ¿Acaso deberían los jueces y magistrados correr mejor suerte que los guardias civiles sistemáticamente sancionados por el ejercicio de actividad sindical?
Diálogo sin amenaza de lo que no se tiene, por tanto.
Juan Bautista Vivero Serrano es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna.
GONZALO ROJAS 
No son robots ni replicantes los que integran la delegación chilena que visita Cuba (aunque varios de ellos lleven tantos años bajo la influencia de ideologías que congelan el alma).
Todos tienen corazón; sí, todos experimentarán que por sus ojos van a ir entrando imágenes que, unidas a sonidos y gustos, tocarán sus cuerdas interiores y las harán vibrar. Pero lo que suene allá adentro, en el corazón, dependerá de cada uno.
Por cierto, sólo verán la Cuba de exportación, la que está pensada y modelada como un insumo para las cabezas revolucionarias del planeta. Por eso, lo que observarán es sólo parcial, muy poco, el producto de 50 años de cuidadoso diseño verde oliva. Pero igual, esos ojos procesarán imágenes y esos corazones se estremecerán.
En primer lugar, el de la Presidenta. Ella sonreirá moderadamente por fuera y se conmoverá por dentro. Recordará la pobreza gris de sus años germanos; analogará la opresión de la Stasi con las mentiras de Granma. Por dentro, la Presidenta vacilará: es mujer, y en esa calidad será más sensible que nadie para intuir lo que no se le muestre y para juzgar lo que vea. ¡Y qué terribles dudas surcarán su conciencia sobre el camino ya recorrido y sobre los meses por venir!
Pero, al volver a Santiago, re-sumirá todo en una púdica declaración: "Hemos aprendido mucho de Cuba sobre cómo hacer ciertas cosas y cómo evitar otras", afirma-rá la Presidenta.
Distinto será el caso de Teillier, Arrate y Navarro. Sus pupilas se dilatarán para escudriñar en Cuba ese Chile que soñaron construir bajo Allende, ese país que no han podido edificar tampoco con la Concertación. Pero sus corazones no se quedarán fijos en la nostalgia del proyecto frustrado: la respiración se les acelerará cuando consideren que después de Fidel viene Chávez, que ya no hará falta la inspiración de la isla, porque serán los dólares venezolanos los que seguirán volcándose en el mundo y en el Chile de la Arcis.
Por eso, al volver, Navarro di-rá que ya ha visto el futuro, que ha comprendido mejor que nunca cuál es su tarea: la liberación de los pueblos, de la que Cuba es un ejemplo heroico y Venezuela, la esperanza en marcha.
Por su parte, los corazones de la familia Ominami se conmoverán con las explicaciones oficiales sobre los niveles sociales (oficiales, también) de la isla. A cada paso, eso sí, padre e hijo estarán viendo el negativo del ministro de Hacienda: "En Chile, esto no lo permitiría Velasco", "Con Velasco, esto es imposible", "Mientras esté Velasco...". Convencidos una vez más de que hay que llevar a la Concertación por una vía distinta, al llegar al país, más que hablar de Cuba, en tono místico enmarcarán el programa para la presidencial que se avecina: "Un Estado fuerte para una sociedad débil: no al neoliberalismo globalizante".
Una cuarta pareja de ojos, otra dupla de corazones, sufrirá un fuerte impacto por cada minuto que pasen en la isla. Foxley y Ortiz serán objeto de especial atención del régimen, pero nada podrá alterar la sensibilidad basal con la que un DC se aproxima siempre a la dictadura castrista. Ante todo, estos demócratas se preguntarán por qué son correligionarios de un ex ministro que afirma haber preferido que los asesinos de Jaime Guzmán se quedasen en Cuba. Cómo y por qué se puede haber pensado así, se dirán, interrogándose en el fondo por la profunda crisis de identidad de su partido. Pero, de inmediato, les surgirá una pregunta relacionada: Y al volver a Santiago, ¿podremos apoyar un pacto con los que por cinco décadas han sumido a este pueblo en la miseria y en la opresión?
Al volver, los DC no declararán nada de esto, pero sabrán que no era en vano viajar a Cuba.
La prestigiosa revista jurídica LatinLawyer anunció a los ganadores de su premio "Acuerdo del Año" para 2008.
Y son cinco los estudios chilenos que aparecen destacados en dos de las categorías que califica la revista: fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, financiamiento de proyectos, disputas y reestructuración.
En la "Disputa del año", obtuvo el primer premio la solución al conflicto que hubo entre GasAtacama con las distribuidoras Emelari, Eliqsa y Elecda por contratos de suministro. En esta operación participó como árbitro Ricardo Peralta, socio de Peralta, Gutiérrez & Asociados, mientras que el estudio Cariola Diez, Pérez-Cotapos & Cía participó como asesor de las tres distribuidoras, en tanto Bulnes, Pellegrini & Urrutia representó a la contraparte (GasAtacama).
En la categoría "Financiamiento del año", aparece como finalista la negociación para GNL Quintero, en las cuales el estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz participó como asesor de los acreedores del proyecto para una planta de regasificación por un monto de US$1,1 billones, mientras que Larraín y Asociados representó a GNL Quintero.
Los emisores de CDS pueden quebrar
Posted: 10 Feb 2009 06:17 AM PST
Uno de los productos financieros más popular de los últimos años han sido los Credit Default Swap (CDS). Este producto es uno de los causantes de la crisis financiera, ya que no estaba regulado y ha ayudado a infravalorar el riesgo de muchas operaciones financieras. Es, ni más ni menos, que un seguro contra el impago de un crédito o bono.
Por ejemplo, si compras unos bonos de una empresa, asumes el riesgo de que esta empresa quiebre y no te pague. Pero si además compras un CDS, a cambio de una prima te aseguras de recuperar lo invertido. Es decir, transfieres el riesgo al vendedor de los CDS. Además, este producto sirve para medir el temor del mercado respecto a una empresa o Estado. Si los CDS están bajos, es que hay poco riesgo. Si están altos, es que el riesgo es mayor (hay que pagar más prima del seguro).
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『たまおさん、愛人になって頂けますか？』
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『不倫経験が豊富です！たまおさんも私と明るく楽しい不倫をしませんか？』
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