En estos tiempos resulta difícil no percibir el papel determinante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está teniendo en los asuntos internacionales: Líbano, Irán, Darfur y Corea del Norte se encuentran en la agenda actual del Consejo, las apuestas políticas son altas en cada uno de estos escenarios y el mundo está atento a qué decisiones se toman. Hasta el coro de pesimistas que afirma que la ONU no sirve para nada debe contener un momento la respiración.
Con frecuencia es muy difícil, y delicado, que el Consejo de Seguridad tome decisiones y supervise su puesta en práctica; pero si este organismo no llevara a cabo esas tareas, ¿cuál podría hacerlo? Si no existiera, ¿adónde acudiríamos?
La atención se centra mayoritariamente en los cinco miembros permanentes con derecho a veto (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), y con razón. Nos guste o no, cada uno de ellos tiene capacidad jurídica para parar en seco cualquier medida propuesta. Por el contrario, se presta muy poca atención general a los otros 10 miembros no permanentes del Consejo, que ocupan el puesto durante dos años, y cinco de los cuales son sustituidos anualmente. Sin embargo, su papel es realmente importante. Para que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad debe ser refrendada por un mínimo de nueve miembros y contar con la aceptación (es decir, el no veto) de los cinco miembros permanentes, o 5P. De este modo, durante dos años, un miembro no permanente del Consejo de Seguridad se convierte en algo más que uno de los 192 integrantes de la Asamblea General.
Durante dos años, recae en los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad una responsabilidad inusitada. En consecuencia, sobre todo teniendo en cuenta que a mediados de octubre está prevista la elección de cinco nuevos miembros no permanentes, merece la pena plantearse si el sistema está funcionando tan bien como debería. Éste es un debate que, por cierto, ninguno de los 5P probablemente vaya a plantear, ya que no hace sino centrar la atención en sus propios privilegios adicionales. Aun así, desde fuera tenemos derecho a preguntarnos acerca de este solemne proceso, y sobre todo ahora mismo, cuando se acumulan las pruebas de que las intenciones de los redactores de la Carta de la ONU están siendo minadas y vilipendiadas.
Dos ejemplos deberían bastar para un artículo breve como éste. Pensemos en la extravagante campaña internacional que está desarrollando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, postulando a su país para entrar en el Consejo de Seguridad en la próxima ronda electoral: en la campaña se incluyen visitas a otros países, con frecuencia seguidas de ayudas, préstamos y tratados con Venezuela.
Hasta cierto punto, el hecho es bastante divertido. Es obvio que Chávez está decidido a desafiar lo que él considera un dominio "excesivo" de Estados Unidos en los asuntos internacionales, y que cree que el Consejo de Seguridad es un foro más en el que expresar sus radicales perspectivas antiestadounidenses; además, la Casa Blanca y el Departamento de Estado parecen bastante paralizados ante la ofensiva propagandística mundial de Venezuela.
Sin embargo, en otro sentido, la apasionada campaña de Chávez para entrar en el Consejo de Seguridad resulta profundamente turbadora, porque, lo sepa él o no, desprecia flagrantemente el criterio que rige el acceso de una nación al estatus de miembro no permanente. El artículo 23 de la Carta de Naciones Unidas expone con claridad que cualquier país puede ser elegido para formar parte del Consejo de Seguridad, si muestra "... el debido respeto, en primer lugar, por la contribución de los miembros de Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, por otros propósitos de la Organización, y también por la distribución geográfica equitativa".
Dicho de otro modo, como todos los miembros del Consejo de Seguridad votan sobre cuestiones relativas a la paz y la guerra, todos deberían estar dispuestos a contribuir al mantenimiento dela primera. El privilegio conlleva responsabilidades. También cabe señalar que este criterio está por encima del ideal de la "distribución geográfica equitativa", que se ha convertido en la letanía de países en vías de desarrollo cuyos gobiernos no han leído la Carta.
Entonces, ¿cómo resisten estas pretensiones venezolanas la prueba del "mantenimiento de la paz"? La mejor forma de responder a esta cuestión vital es comparar las aportaciones de Venezuela a las operaciones de pacificación de la ONU durante la última década con las de otros importantes miembros no permanentes como Australia, Brasil, Pakistán y Polonia.
En todos esos casos, según el Foro de Política Global, los contingentes destinados a las misiones de paz de la ONU variaron de un año a otro, pero la media mensual durante el periodo 1996 a 2006 fue de 597 soldados australianos, 496 brasileños, 4.002 paquistaníes y 924 polacos. Por el contrario, la media mensual de Venezuela se sitúa exactamente en tres soldados. De hecho, durante los últimos cuatro años, este país no ha enviado tropas a ninguna misión de paz.
La conclusión es evidente. Chávez debería retirar su campaña hasta que su país demuestre que participa de manera destacada en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. ¿Puede ocurrir esto? Parece improbable. ¿Acaso la candidatura de Venezuela será vetada por miembros permanentes del Consejo de Seguridad como Estados Unidos o Gran Bretaña? No, los 5P están demasiado comprometidos y quizá piensen que, en el Consejo, la grandilocuencia chavista debilitará la imagen internacional de Venezuela. Sin embargo, los esforzados Estados miembros que participan o han participado en innumerables operaciones de pacificación -Australia, India, Pakistán, Egipto, Brasil, México e Italia, entre otros- podrían preguntarse por qué deben apoyar a un "aprovechado" como Venezuela.
Sin embargo, los conservadores estadounidenses, antes de obstaculizar las ambiciones de Chávez, podrían pararse a pensar en otro asunto nuevo e inquietante, planteado por un estudio tremendamente exhaustivo de dos economistas de Harvard, Ilyana Kuziemko y Eric Werker, que publicó el 31 de agosto The Financial Times. El artículo de estos economistas, titulado How much is a seat on the Security Council Worth? Foreign aid and bribery at the United Nations
[¿Cuánto vale un puesto en el Consejo de Seguridad? Ayuda exterior y sobornos en Naciones Unidas]
constituye un revelador estudio sobre el notable incremento de la ayuda estadounidense destinada a los países más pobres que tienen la suerte de lograr un puesto de dos años en el Consejo.
Según el texto, la ayuda que reciben del Tío Sam se incrementa una media del 59%. Sin embargo, según Kuziemko y Werker, cuando esos países dejan de ser miembros, la ayuda retorna a los niveles anteriores a su pertenencia al Consejo. Los autores analizan otras tesis, pero concluyen que "la hipótesis del soborno cobra mucha más fuerza que... otras hipótesis". ¡Vaya por Dios!
No hay duda de que siempre ha sido así. Los siete electores del Sacro Imperio Romano eran cortejados constantemente cuando aparecía un nuevo candidato a emperador. Antes de las reformas de mediados del siglo XIX, los escaños del Parlamento británico los compraban regularmente candidatos con posibles que sobornaban al reducido número de electores. En muchos países del mundo actual estallan escándalos de corrupción y cobro de sobornos. Si el ex gobernador de Connecticut acaba de cumplir una pena de cárcel por recibir una cantidad inusitada de "ayuda" adicional de contratistas inmobiliarios, ¿quién puede sorprenderse de que un país pobre en vías de desarrollo está siendo cortejado por los acuerdos especiales de Chávez o el incremento de la ayuda bilateral estadounidense? En todo caso, es lamentable pensar que esta costumbre ha calado en los Estados soberanos de Naciones Unidas.
No puedo resistirme a hacer una última observación. Cuando salgan más a la luz los datos sobre los torpes sobornos de Chávez o las políticas de distribución de ayuda estadounidense, menos visibles pero no menos ineptas, se levantará un gran revuelo por "otro escándalo de Naciones Unidas". Pero el lector imparcial se dará cuenta de que esos diversos intentos de influir en los procesos de elección no los está realizando el secretario general, la "abotargada burocracia de orillas del lago Lemán" ni ninguno de los demás demonios.
Los están realizando los gobiernos de los Estados miembros, grandes y pequeños, ricos y pobres. Como señalaba la Carta de Naciones Unidas de 1945, la organización mundial será tan eficaz o ineficaz como los gobiernos nacionales quieran que sea. No hay duda de que si tratamos de desviar o socavar sus objetivos y propósitos obtendremos una organización débil y deteriorada. Y todo ello justo ahora, cuando necesitamos un Consejo de Seguridad fuerte, respetado y por encima de toda sospecha.
Paul Kennedy es titular de la cátedra J. Richardson de Historia y director de Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Yale. Traducción de News Clips. © 2006, Tribune Media Services, Inc.
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