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Monday, October 03, 2011

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE. Acerca del control ético, calidad de lo

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE.

 

  • Acerca del control ético, calidad de los abogados, acceso a la justicia, interceptaciones telefónicas, reformas constitucionales y el rol de Tribunal Constitucional.

 
El Colegio de Abogados tiene por finalidad, de acuerdo a sus propios estatutos, "promover la racionalización, desarrollo, protección, progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de abogado, su regular y correcto ejercicio y el bienestar de sus miembros". En ese contexto, en sesión del 28 de junio pasado, se constituyó el nuevo Consejo General del Colegio, máximo órgano administrativo de la organización. A fin de indagar acerca de las problemáticas actuales que preocupan a los profesionales de esta ciencia o arte, así como también acerca de cuestiones propiamente constitucionales, el Investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor, profesor Esteban Szmulewicz Ramírez, realizó la siguiente entrevista a la Presidenta del Colegio de Abogados de Chile, Sra. Olga Feliú Segovia.
 
1.- En relación al control del recto desempeño de los profesionales del derecho, ¿Está de acuerdo con la sujeción de todos los abogados, estén o no colegiados, al control de un tribunal de ética del Colegio de la orden?
- Estoy completamente de acuerdo en que todos los abogados estén sometidos a un control ético, tratándose de abogados colegiados el control debe hacerse por el Colegio de Orden. Respecto de los no inscritos, el control ético debe hacerse por tribunales especiales. Así lo establece por lo demás la Constitución Política.
 
¿Se justifica esta limitación a los derechos fundamentales de los no colegiados?
- Es que la ética tiene su origen en el derecho natural, pero también tiene su fundamento en la corrección de las conductas que, para quienes no aceptan el derecho natural, son apreciadas en una comunidad determinada. Son normas de carácter general, a las que la sociedad adscribe como propias, que tienen variabilidad en el tiempo y en las distintas colectividades, dependiendo de lo que las mismas estiman como correctas o incorrectas, volviendo en consecuencia al concepto inicial de bien y mal. En esa perspectiva, la deontología o conductas éticas, desde el punto de vista de la profesión, se admite en todas los temas, incluyendo las conductas que se apartan de lo correcto y que significan causar un daño o ejecutar una acción contraria al ordenamiento jurídico, pero además aquellas conductas que indican un proceder que se aparta de principios admitidos por la sociedad como exigibles a la persona.
 
¿Cuál es su opinión en relación a la reforma constitucional de 2005 que confirmó la voluntariedad de la afiliación a los Colegios profesionales y la tuición ética de éstos sólo sobre sus afiliados, y el proyecto de ley del Ejecutivo que crea los tribunales especiales de ética profesional?
- Estoy completamente de acuerdo con la norma constitucional, en cuanto parte de un supuesto que comparto, de no exigir la colegiatura obligatoria. No obstante, considera que deben estar sometidos a un control ético, ya sea por sus pares en el Colegio o por los tribunales que establezca la ley las personas que no son colegiadas. En cuanto a la ley de los Colegios, es una ley que tiene un mensaje muy didáctico. En el Colegio de Abogados se formó una Comisión que yo presidí, primero para examinar el proyecto de ley, al cual le hicimos algunas correcciones, la Secretaría General de la Presidencia acogió algunas de las correcciones. Luego se formó otro Comisión en el Colegio dado el cambio en la composición en el Consejo se estimó conveniente que el nuevo Consejo tomara conocimiento del proyecto y se pronunciara sobre el mensaje pendiente en la Cámara de Diputados. Esta Comisión se reunirá la próxima semana para pronunciarse sobre el proyecto y dar nuestra opinión, porque pensamos que esta ley debe salir lo antes posible.
 
¿Cómo ha sido la experiencia con el nuevo Código de Ética del Colegio de Abogados?
- En realidad, en este momento estamos todavía en el proceso de adecuación, porque fue reemplazado el Código de Ética, que estaba fundado en el Código de la IBA del año 1948 y era un Código antiguo, y que se modernizó a la luz de los Códigos de Ética de otros países, dados los cambios en la vida moderna, en el sistema de relacionarse y de ser conocido por la sociedad. El antiguo Código de Ética establecía que estaba prohibida cualquier forma de captación de clientes, salvo la mención del nombre en el estudio profesional. Pero hoy en día la masificación de los abogados, la complejidad de los problemas y la competencia, lleva a que los abogados quieran mostrar quiénes son, lo que hacen, su experiencia, etc. Por otro lado, los conflictos de intereses en estudios grandes son también un problema importante. En definitiva, esta modificación del Código de Ética es el fruto de numerosas comisiones del Consejo que estudiaron el proyecto, integradas por abogados sumamente prestigiosos y abnegados, en una labor completamente ad honorem. Además en esa oportunidad se cambió el Código de Procedimiento, porque se seguía el procedimiento sumario del Código de Procedimiento Civil, y las sanciones por su naturaleza revisten la misma naturaleza de la sanción criminal. En consecuencia, se requiere un debido proceso, que implica imputación de cargos, derecho a defensa, etc., lo que no es conciliable con el juicio civil. Al cambiar el procedimiento debió procederse a una estructura interna del Colegio de Abogados diferente, incluyendo el proceso de selección de las personas que van a cumplir esta función, la nominación de los jueces éticos, etc. Así que todavía no tenemos el fruto de ningún proceso.
 
2.- En cuanto a la calidad y heterogeneidad de los programas de formación de futuros letrados, ¿Debería la Corte Suprema aplicar un examen habilitante nacional?
- En realidad todavía no hay una opinión del Consejo del Colegio respecto de esta exigencia para asegurar que los abogados tengan una calidad mínima. La reclamación sobre la calidad se observa a través de los reiterados pronunciamientos del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema. Los propios jueces han planteado que las defensas que se hacen no son buenas y que muchas veces las personas ven perturbados sus derechos por malas defensas. No todos los estudios superiores llevarían a una buena formación. En mi opinión, creo que es posible distinguir entre aquellos abogados que van a ejercer en el foro de aquellos que no lo harán. Algunos plantean que sólo los abogados litigantes deberían tener esta habilitación y no los otros, por cuanto estaría entregado a las personas en quién confiar la defensa de sus intereses. Pero yo creo que la persona que tiene un título de abogado lleva aparejada una presunción de que conoce de esa ciencia o arte. Debemos buscar un método para asegurar a la sociedad que quien tiene este título se encuentra habilitado para ejercer la profesión, porque la posesión del título importa que la sociedad pueda entender que esa persona está habilitada por el sistema jurídico, en virtud de la fe pública, para ejercer la labor de abogado.
 
¿Qué opina del modelo que se aplica en los Estados Unidos, en que son los colegios de abogados de cada estado quienes administran y aplican esta prueba?
- Yo creo que se admiten muchas opciones. También tenemos que considerar la libertad para establecer universidades. Creo que es posible que este tema se toque en el contexto del actual análisis de la educación superior, ya que son cuestiones que no fueron reformadas en la ocasión anterior en que discutió la ley orgánica constitucional de enseñanza.
 
3.- En lo relativo al acceso a la justicia y al derecho a la defensa letrada, ¿Qué opinión tiene el Colegio frente a la emergencia de numerosas organizaciones e instituciones de educación superior que prestan servicios de defensa o asesoría legal (Pro Bono, Clínicas Jurídicas, entre otras)?
- En cuanto al acceso, el artículo 19 N° 3 de la Carta fundamental entrega al Estado la obligación de establecer un sistema que asegure a las personas el acceso a la justicia cuando no son capaces de hacerlo por sí mismas. En la discusión de esta norma en la Comisión Constituyente quedó muy en claro que no era deber del Estado proveerlo, por el peligro que encierra que el Estado provea un servicio, porque el Estado no es particularmente neutro. El Estado puede tener un contenido político y, en consecuencia, prestada directamente por el Estado encierra el peligro de la orientación. Sobre esa base, el Consejo General se ha pronunciado señalando que es obligación del Estado proveer un sistema en virtud del cual las personas que no tienen medios para defenderse puedan tener acceso a la justicia y debida defensa, siendo partidario de un sistema que las habilite, a través de un voucher, a acceder a un sistema de justicia libre, al abogado que les parezca mejor. Estas instituciones en el fondo son voluntariados para desarrollar esta labor y merecen el más caluroso beneplácito.
 
¿Qué le parece la consagración constitucional del derecho a la acción de las víctimas de delitos y el establecimiento de una Defensoría de las Víctimas?
- Tengo muchas reservas, por cuanto esta materia estaba entregada al Ministerio Público, quien tiene acceso más directo a las víctimas. Esta protección de víctimas será operante en la medida que se la provea de fondos. Lo que sucede es que dentro del sistema procesal penal la acción pública pertenece al Ministerio Público, y este derecho de las víctimas se ve vinculado con el ejercicio de una acción penal propia, por lo que se ha ido desdibujando el sistema. Si se observa la ocurrencia de delitos de menores o de personas que tienen alguna vinculación con algún servicio público, lo primero que se plantea es que se querellará el SENAME o el SENAMA o cualquier organismo público, en circunstancias de que el sistema se plantea sobre la base de que sea el Ministerio Público quien ejerza la acción penal pública. Quizás esto se debe a que es un sistema nuevo para nosotros y esta proliferación corresponde a una variante que irá decantándose con el tiempo, es decir, la acción penal pública va a ser ejercida por el Ministerio público más otros órganos públicos, aunque ésta no es la idea. Esto fue discutido en su oportunidad cuando se hizo la reforma constitucional y se planteó por la propia Ministra de Justicia que debía centralizarse en el Ministerio Público.
 
4. En relación al actual debate sobre el sistema de educación superior ¿Le parece que la reforma constitucional que establece el derecho a una educación de calidad servirá para dar solución a los problemas del modelo educativo?
- Me parece absolutamente improcedente, ya que el constituyente no puede asegurar la calidad. Creo que se va a prestar en el futuro para llevar a los tribunales la discusión acerca de si en determinados casos concretos de personas que no han obtenido su formación educacional, la razón de esto se deba al sistema, y como esto estaría asegurado por el Estado la responsabilidad debiera recaer igualmente en éste. Lo único que puede asegurar el constituyente es que se proveerán los recursos necesarios para la educación y nada más
 
En su opinión, ¿Qué rol debiera jugar la educación pública en el sistema educativo?
- En primer lugar, creo que la educación pública debe ser subsidiaria. En segundo término, creo firmemente en la libertad de enseñanza, esto es, el derecho a establecer establecimientos de educación y el derecho de los padres a elegirlos. Pienso que el Estado debe tener una educación de calidad, pero no el monopolio de la decisión.
 
¿Cree usted que las propuestas de los representantes de los estudiantes, que el gobierno aceptó negociar, pugnan con los derechos que la Constitución le reconoce a los sostenedores de colegios en el marco de la libertad de enseñanza?
- Una cosa son los petitorios y otra lo que en definitiva apruebe el legislador. En mi concepto, lo que ocurre con esta discusión sobre el lucro es que los conceptos que se emplean son equívocos porque al parecer existiría lucro en todos aquellos establecimientos que no están constituidos como fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Yo conozco de cerca el sistema de educación particular subvencionado habiendo trabajado en la Controlaría, a quien correspondía la fiscalización de estos establecimientos, muchos años. A mi juicio es un excelente sistema, pienso que ni el constituyente podría suprimirlo, porque afecta en su esencia una libertad esencial, que dice relación con el derecho de las personas a formar establecimientos educacionales y el derecho de los padres a buscar la educación que más les acomode. No se puede marginar al Estado de su obligación de ayudar al establecimiento de otras entidades educacionales, esto es, una educación paralela a la que proporciona el Estado. Lo contrario conduciría a que el que no puede costear una educación pagada debería llevar a sus hijos necesariamente a la educación pública. Yo creo que los establecimientos particulares subvencionados deben cumplir los requisitos que la ley y las reglamentaciones imponen, que dicen relación con los baños, los espacios para recreos y para comer, entre otros. Y deben demostrar, a través de exámenes, que sus alumnos han aprendido, de acuerdo a los contenidos mínimos, que en realidad se han apartado de los mínimos para llegar a lo máximo. En ese contexto tienen derecho a la subvención. Si el establecimiento tiene una gestión de una gran eficiencia, le generará utilidades, pero en caso contrario no le genera ninguna por cuanto el monto de la subvención a juicio de todas las personas que entienden del tema es insuficiente para impartir enseñanza en cada uno de los niveles educativos. Desde el punto de vista de la elección de los padres, este éxodo desde los establecimientos públicos a los establecimientos particular subvencionados también es demostrativo que el sistema es mejor que el público, ya que los padres lo prefieren.
 
5.- Pasando a otro plano, frente a los casos de interceptaciones telefónicas de comunicaciones privadas entre abogados y sus clientes, ¿debiera primar el secreto profesional y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas o el interés estatal en la investigación y sanción de hechos punibles?
- El secreto de las comunicaciones privadas tiene rango constitucional, es un derecho asegurado a las personas, aunque la ley puede establecer los casos y la forma en que este derecho se ejerce. La forma en que el legislador lo regule debe asegurar, en todo caso, la inviolabilidad de las comunicaciones. Lo anterior cede ante la investigación de delitos, particularmente frente a la investigación del terrorismo y del lavado de dinero, en los cuales hay normas especiales del Código Penal que autorizan la interceptación. La interceptación debe ser siempre una medida adoptada por un juez. Me parece que los únicos casos que tienen una reglamentación menos rigurosa son los de lavado de dinero y terrorismo. Los medios de comunicación han dado cuenta de que habría un alto número de interceptaciones y podría haber a lo mejor menor exigencia de los tribunales, lo que ignoro. Frente al secreto profesional, no tengo duda alguna que éste debe prevalecer. Es más, la actuación del Colegio de abogados ha permitido ir haciendo un surco o línea aceptada por el Ministerio Público por cuanto no se han considerado en los juicios las declaraciones que hayan podido obtenerse por ese medio, en la medida en que estemos hablando de la relación abogado-cliente y no de la relación de un abogado investigado como presunto autor de un delito. El secreto profesional es válido como soporte o fundamento del debido proceso, del derecho de defensa. Mi percepción es que en los primeros casos en que el Colegio se pronunció sobre el tema tuvo una respuesta más débil que la que observo hoy día, por cuanto se ha permeado el sistema.
 
¿Cuál es la agenda de la nueva Directiva del Colegio para fortalecer el rol del abogado en el ejercicio de defensa de intereses ajenos, sobre todo frente a la intervención de órganos de investigación como el Ministerio Público, Policía de Investigaciones, la Agencia Nacional de Informaciones (ANI), la Unidad de Análisis Financiero, entre otros?
- Nosotros hemos opinado respecto del establecimiento de la ANI y respecto del secreto bancario, haciendo una cerrada defensa del derecho a la mantención del secreto y a la privacidad. Lamentablemente no nos ha ido bien, pero al menos respecto del secreto bancario las normas establecieron algunas restricciones que inicialmente no estaban consideradas. La Comisión Tributaria del Colegio, que yo presido, hizo numerosas presentaciones en ese escenario.
 
6.- En el ámbito de las problemáticas propiamente constitucionales ¿Cuál es su opinión frente a las reformas constitucionales del año 2005 que introdujeron importantes atribuciones del Tribunal Constitucional, sobre todo la posibilidad de declarar la inaplicabilidad y, eventualmente, la inconstitucionalidad de preceptos legales vigentes?
- Dado que el Consejo no ha participado de esta materia, yo sólo puedo dar una opinión personal. Tengo dudas de la interpretación del Tribunal en el sentido que la acción de inaplicabilidad vigente difiere de aquella respecto de la cual se pronunciaba la Corte Suprema. Ésta hacía una comparación entre la norma constitucional y el precepto objetado, la ley decisoria litis, y sobre esa base determinaba la inaplicabilidad o no del precepto. El Tribunal Constitucional, en cambio, considera que debe verificarse cómo influye en el caso concreto en que se pretende aplicar la norma decisoria litis que se objeta. Por ejemplo, uno de los primeros casos de las Isapres fue el de una abogada, en que se planteó que su situación personal le hacía imposible acceder al plan. Con posterioridad fue planteada otra acción en que se hizo presente que la persona afectada tenía muchos recursos, o sea no se daba ese supuesto. Este planteamiento no fue admitido, porque en realidad frente al Tribunal Constitucional no hay sistema probatorio. Tampoco el Tribunal puede ver el juicio, la acción de inaplicabilidad puede interponerse en cualquier estado de la causa. A lo mejor el estado de la causa está tan avanzado que se conocen todos los hechos, pero si ello no es así, no hay un término probatorio para acreditarlos. Personalmente considero que esta interpretación no es correcta y la considero, en cierta medida, que entra en un campo propio de la casación.
 
En cuanto a la inconstitucionalidad de la ley, si la acción de inaplicabilidad recae en aquel caso en el cual el precepto legal no es aplicable, no se ve por qué después de haber acogido la acción de inaplicabilidad en dos casos, deba entrar a pronunciarse, y de oficio, acerca de la inconstitucionalidad. El caso más palmario es el del artículo 2331 del Código Civil, una norma de gran trascendencia frente a la libertad de expresión, en que se llegó la conclusión de que era inaplicable esta norma en el caso de Pedro y de Juan, y de oficio el Tribunal pretendió declarar la inconstitucionalidad. Finalmente no se logró el quórum para hacerlo, pero hubo varios votos a favor. Entonces no puede haber una relación de causa-efecto. Si determino que la inaplicabilidad es para el caso concreto puedo decir que esa ley es inaplicable para Juan y Pedro, pero no puedo llevar como corolario de esas declaraciones que la ley es inconstitucional per se. Si este es un examen caso a caso, en un caso digo que sí y en otro que no, entonces no se puede llegar a la declaración de inconstitucionalidad.
 
En cuanto al Tribunal Constitucional en general, creo que forma parte del derecho moderno y comparto íntegramente la existencia de un tribunal de esta naturaleza.
 
7. Para concluir, ¿qué opina frente a las diversas iniciativas propugnadas recientemente en orden a establecer una nueva Constitución? Dada la crítica de ilegitimidad de origen y los cuestionamientos a diversas disposiciones sustantivas de la Carta Fundamental, ¿Se justifica su mantención?
- Desde luego yo tengo un juicio positivo respecto de la carta fundamental. Todo lo atingente a los derechos de las personas me parece que tiene una estructura impecable. Tengo el recuerdo que don Enrique Silva Cimma en alguna carta al director planteando el cambio constitucional, quien de todas maneras señalaba que esta Constitución era particularmente digna de encomio en cuanto al respeto de los derechos de las personas. El régimen político presidencial tampoco está en cuestionamiento, ni tampoco el sistema legislativo. La cuestión de que la Carta fundamental se hizo en el año 1980 me parece que tiene un carácter más afectivo que de tesis de fondo. Yo no creo en el "pecado original"[1], ya que la Constitución tenemos que examinarla en su mérito. Posiblemente en el período sin democracia no era su prueba máxima. Aparte de esto, la Constitución ha tenido diversas reformas y fundamentalmente una gran reforma el año 2005, en la que se pronunciaron todas las fuerzas políticas, y esa gran reforma significó no sólo que no sea la Constitución de 1980, sino que es la Constitución de 2005. Esto de que cada cierto tiempo pensemos que debemos reiniciar la historia en distintos aspectos me parece algo inconveniente. Chile ha estado tan cerca de llegar a buenos estándares de ingreso de las personas, hay tantos problemas por superar y la pérdida de energía que importa el establecimiento de una Comisión constituyente, una discusión desde el inicio de cada una de las partes de la Constitución, me parece francamente poco aconsejable. Además, el pensar que una Comisión constituyente per se va a significar que la Constitución sea mejor no lo creo. Primero tendremos que ponernos de acuerdo en quienes debieran integrar esa comisión, seguramente el solo hecho de determinar sus integrantes va a ser una importante distracción de elementos útiles para la sociedad.
 
¿Qué opina frente a la posibilidad de establecer una Asamblea Constituyente?
- Me parece que sólo existen opiniones aisladas en este sentido, pero no observaciones de fondo respecto de la Constitución. No estoy de acuerdo en que el pecado original sea por sí solo una razón para cambiarla. Si hay pecado original, creo que podría estimarse corregido, o minimizado por la reforma constitucional de 2005. Además, si uno observa la discusión, todos los temas que se tocaron prácticamente recorren la Constitución entera. Se ha sostenido, de manera reiterada, las excesivas facultades del Presidente de la República en nuestro régimen presidencial, pero todas las reformas que se han aprobado por parte de los gobiernos de la Concertación han incrementado las facultades del Presidente de la República. Por ejemplo, la competencia exclusiva de proponer aumento de gastos públicos y de crear servicios públicos no tiene su origen en la Constitución de 1980, sino que tiene su origen en la reforma constitucional del año 1970, el Estatuto de Garantías Democráticas, y nadie ha planteado que se modifique. Si uno lee los debates parlamentarios y observa que hay francamente riñas internas para ver quién otorga mayores beneficios, ¿alguien seriamente cree, en un mundo como hoy que ve que se remecen los cimientos de la economía, que se le va a entregar a quien no tiene la conducción del país la iniciativa en materia de gasto público? La Reforma Constitucional aprobada por la ley N° 7.727 de 1942 revela que quienes participaron en esta reforma que entregó al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en materia de gastos, lo hicieron atendido que el Ejecutivo hacía más gastos que los aprobados por el parlamento a través de los decretos de insistencia, y que el parlamento aprobaba gastos que no tenían ningún fundamento, por lo que los índices de inflación era estratosféricos. Yo creo que no hay nadie hoy día que vea el problema de Estados Unidos, hace un mes atrás, que crea que los gastos de la nación pueden quedar entregados a la iniciativa del parlamento solamente. . Entonces ¿vamos a hacer una carta fundamental para comenzar desde cero? No es mi opinión.
 
Fuente: Diario Constitucional de Chile

 

Saludos
Rodrigo González Fernández
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Desconcierto de Leviatán

El desconcierto de Leviatán

Ahora que parece haberse puesto de moda exhortar a otros a hacer algo en política, propondría un eslogan alternativo: ¡Comprended! Comprensión en el sentido de hacerse cargo de la complejidad del mundo y ser comprensivo con estas dificultades

03.10.11 - 01:57 -
Desde los más escépticos hasta los más entusiastas, tanto quienes están indignados como aquellos que no saben quién es el culpable de su incertidumbre, todos comparten la impresión de que algo serio le está pasando a nuestro sistema político. No es que los tiempos precedentes hayan sido especialmente placidos desde el punto de vista político. Seguramente hubo más guerras y conflictos, las instituciones políticas eran más deficientes y las cosas no daban para esperar demasiado de la política. Pero tal vez las orientaciones básicas estaban más claras: los marcos y las reglas del juego, el estado nacional como gran instrumento de dirección del cambio social, hasta los amigos y los enemigos eran más identificables que ahora, en la época de la violencia difusa, las amenazas comunes y la imperiosa necesidad de cooperar.
A mayor incertidumbre, aumenta la carga emocional. El paisaje político se ha teñido últimamente de tonos sentimentales negativos: desconfianza, indignación, miedo, inseguridad, desesperanza. No es una profecía demasiado audaz aventurar que los años venideros van a estar caracterizados por la decepción. Viene una época de desilusión democrática. El fantasma que actualmente recorre Europa es la decepción; la democracia no es lo que habíamos imaginado, la participación es escasa, nuestra opinión no es suficientemente tenida en cuenta, siempre nos gobiernan otros (incluso cuando los nuestros gobiernan se transforman en otros). Como todo desengaño, éste puede hacernos más cínicos y menos ilusos, pero también puede ser el origen de aprendizajes colectivos e innovaciones políticas que no hubiéramos realizado en tiempos de menor agitación.
La decepción es lógica no tanto porque lo estemos haciendo mal, como por el hecho de que la realidad se mueve más rápidamente que nuestros conceptos y procedimientos de gobierno. Lo que le pasa a Leviatán es que está más desconcertado que nunca, frente a un sistema económico que parece ingobernable, ante desafíos que exceden su ámbito de eficacia y legitimidad, acostumbrado a un estilo en el tratamiento de los problemas que no se caracteriza por la modestia y la disposición a aprender. El poder político ha sido muchas veces excesivo, arbitrario e incluso despótico, pero ahora se estrena en una situación de debilidad y desconcierto a la que no estaba acostumbrado.
Todo esto coincide en el tiempo con la constitución de unas sociedades del conocimiento, que son cualquier cosa menos una masa informe de ciudadanos incompetentes, que disponen además de unos conocimientos y unas tecnologías que han potenciado enormemente su capacidad de vigilar y controlar.
Tampoco es que los ciudadanos sepan plenamente lo que quieren y se limiten a exigirlo. El desconcierto no podía acosar al poderoso y dejar tranquilo al pueblo, como si este gozara el privilegio de ser depositario de unas certezas que las élites han perdido. No está asegurado que una mayor competencia tecnológica nos haga necesariamente más críticos porque también podría llevarnos a una mayor docilidad. De hecho, esa ciudadanía dirige al poder unas exigencias que son a veces difíciles de conciliar; queremos que Leviatán cumpla su promesa de proteger pero que nos deje en paz, reclamamos liderazgo pero rechazamos el estilo autoritario, la desafección no nos ha llevado a rebajar ni nuestras exigencias ni nuestras expectativas respecto de la política, reivindicamos la atención a nuestros intereses más inmediatos y sectoriales a la vez que le adjudicamos al sistema político una responsabilidad en relación con el largo plazo o los intereses generales de la sociedad en su conjunto.
Como es propio de toda situación crítica, de cambio o al menos de agitación, hay un elemento de ambivalencia que dificulta la tarea de los futurólogos. ¿Estamos a las puertas de una radicalización democrática o en la antesala de nuevos populismos? ¿Debemos esperar de las redes sociales la utopía de un mundo sin autoridad o haríamos mejor en entender y protegernos frente a las nuevas distribuciones del poder? ¿Desestabilizará esto nuestros sistemas políticos o contribuirá a mejorarlos ? Mientras resolvemos esos interrogantes, tal vez haríamos bien en abandonar la retórica de los grandes cambios que acontecen porque se hubieran desatado ciertas fuerzas imparables y sustituirla por la indagación de las posibilidades de aprendizaje colectivo que todo esto nos ofrece.
Ahora que parecen haberse puesto de moda los escritos que exhortan a otros a hacer algo en política -a indignarse o comprometerse- yo propondría -pese a que casi nunca he sabido lo que deben hacer los demás- un eslogan alternativo: ¡Comprended! Tomo la palabra comprensión en el doble sentido de, por un lado, hacerse cargo de la complejidad del mundo y las constricciones que nos impone nuestra condición política y, por otro lado, ser comprensivo con estas dificultades. Toda crítica que no parta de ambas actitudes -respeto a la dificultad de la política y benevolencia hacia los que se dedican a ella- no será todo lo radical que podría ser para impugnar con buenas razones sus evidentes deficiencias
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Minsal diseña plan piloto para prevenir tabaquismo en jóvenes

Minsal diseña plan piloto para prevenir tabaquismo en jóvenes

Programa se aplicará en cinco mil escolares de Santiago. Podrán acceder menores de 16 años que fumen hace menos de 24 meses.

por Gabriela Sandoval P., Santiago
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En el país, el 46% de los jóvenes fuma. Y de ellos, más de la mitad comenzó a hacerlo con apenas 13 años de edad. Se trata de un hábito, según la Encuesta Nacional de Salud, que alcanza su peak en adultos jóvenes -de entre 25 a 44 años -y que deriva en el fallecimiento de 16 mil personas cada año.

Para revertir esos índices, el Ministerio de Salud pondrá en marcha un plan piloto, que busca combatir el tabaquismo en jóvenes que ya se han iniciado en el consumo, iniciativa que se complementará, además, con las actividades escolares de desincentivo del hábito.

Así, a contar de marzo del próximo año se implementará un programa de intervención de adolescentes fumadores que tengan entre 14 y 16 años. Se pedirá como requisito que se hayan iniciado en el consumo hace menos de 24 meses y que no padezcan patologías siquiátricas.

"Esto es algo que ya está financiado dentro del presupuesto del próximo año. Es un piloto para intervenir a estos jóvenes a través de controles de salud, pesquisarlos y ofrecerles un programa", dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El plan se sustenta en una intervención a cargo de sicólogos, que realizarán terapias individuales y grupales para desincentivar el consumo de cigarrillos. La idea es abarcar a una población estimada de cinco mil jóvenes, a través de 12 consultorios de salud de la Región Metropolitana.

El uso de medicamentos está descartado, sostiene Mañalich, debido al alto costo que implican, los efectos adversos que pueden provocar y la incertidumbre que existe respecto a su utilidad.

"Nos interesa validar el mecanismo. Los jóvenes de entre 14 y 16 años son el foco que más nos interesa, porque es el que tiene menos costo (de intervención), y donde es más fácil sacarlos de la adicción al tabaco. Vamos a tomar a estos jóvenes que fumen, por ejemplo, 10 cigarrillos diarios. Lo que medimos es la efectividad y ver si es posible y vale la pena generalizar el programa", dice Mañalich.

Planes antitabaco

La iniciativa piloto se suma a otros planes que se impulsan para revertir los índices globales del tabaquismo en el país y que indican que el 40% de la población adulta fuma. Entre éstos, destaca la nueva ley antitabaco, que busca prevenir el consumo de cigarrillos en lugares públicos cerrados -como restaurantes, pubs, estadios y discotecas- y que fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Además de este proyecto de ley, que dejaría al país con una de las legislaciones más estrictas en la materia a nivel internacional, el 12 de noviembre próximo comenzará a circular la nueva advertencia antitabaco que debe ir impresa en las cajetillas de cigarros.

Se trata de la campaña de desincentivo más agresiva que se ha lanzado hasta ahora y que busca generar impacto y emoción en los fumadores, como mecanismo de disuasión. Para eso, los envases tendrán dos imágenes, dispuestas en ambas caras. Una de ellas alude a los fumadores pasivos -personas que sin fumar entran en contacto con el humo y corren los mismos riesgos que los adictos al tabaco- y la segunda exhibe un caso de cáncer bucal real, que afectó a un paciente chileno.

Para esta campaña se optó por producir impacto, luego que estudios revelaran que las emociones tienen más chances de cambiar hábitos.


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Seven Secret 3.0

 

Seven Secret 3.0

Lunes, 03 de octubre de 2011 | 15:52 h

Seven Secrets, siguiendo con las últimas tendencias en comunicación, marketing, diseño y programación, estrena nueva web.

Ya se encuentra activo el nuevo sitio web http://www.sevensecrets.es donde se incorpora como novedades: el TOP 5 de los tratamientos Seven Secrets; la nueva línea de cosmética natural avanzada MISTIC; la posibilidad de suscripción a boletines de noticias y novedades; conocer las experiencias de clientes y franquiciados de Seven Secrets; estar al día de todos los eventos; consultar alguna duda a un equipo de profesionales y médico; el seguimiento a través de las redes sociales, con un canal you tube con contenidos audiovisuales y facebook y twitter actualizados, donde se puede participar, difundir e interactuar con Seven Secrets.

La prioridad de Seven Secrets, como se puede intuir con este lanzamiento, es la información, la transparencia y la participación. De esta forma todas las personas que accedan a la web podrán obtener cualquier tipo de información de Seven Secrets, de sus novedosos y exclusivos tratamientos, de experiencias vividas por otros clientes, de su concepto de negocio y posibilidad de acceso a la franquicia e incluso interactuar con la empresa por medido de opiniones y comentarios en las redes sociales.

Según la directora de Seven Secrets, Paqui De La Rosa, la nueva web conseguirá sin dudas, mejorar la confianza e información a cualquier usuario de la misma, además de incrementar la afluencia de público a los centros y por consiguiente, su facturación. En este sentido, Paqui De La Rosa afirma: " "cuanto más informado está el consumidor mayor grado de confianza hacia tu marca, y por lo tanto mayor el consumo. Además, con esta herramienta, cuanto más participen nuestros centros publicando testimonios de sus clientes, ofertas y promociones que tengan, así como eventos que realicen, mejor será su posicionamiento frente a la competencia y mejores serán los resultados a fin de mes. Esperamos que esta nueva plataforma cumpla todos los objetivos enumerados anteriormente y posicionarnos como número 1 en usabilidad de la web y calidad dentro del sector estético".

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Jefe de Estado firmó Proyecto de Ley que fortalece el resguardo del Orden Público

Jefe de Estado firmó Proyecto de Ley que fortalece el resguardo del Orden Público

02 de octubre de 2011

Ley que fortalece resguardo a orden público

El Mandatario explicó que la iniciativa "tipifica en forma clara y precisa los delitos contra el orden público, que desgraciadamente en nuestra legislación no estaban bien tipificados. Venían desde el año 1874, con una descripción vaga e imprecisa, que muchas veces lograba que los criminales salieran con total impunidad".

El ministro Rodrigo Hinzpeter, explicó que con este proyecto de ley "se está incorporando al código penal el concepto de autoridad por una razón muy simple: A nuestras Policías no se les golpea, no se les escupe, ni se les apedrea. Se les respeta y se les obedece. Esa es la sociedad que queremos.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, encabezó esta mañana en el Palacio de La Moneda, la ceremonia de firma del Proyecto de Ley que fortalece el resguardo del orden público y modifica disposiciones del Código Penal.

En la oportunidad, el Jefe de Estado destacó que "con este cambio que proponemos a nuestra legislación, la lucha contra la delincuencia, contra los que atentan contra el orden público y, por lo tanto, contra los derechos y las libertades de la inmensa mayoría de los chilenos, va a ser una lucha más eficaz y más firme y, adicionalmente, los castigos van a ser más duros y más rigurosos".

El Mandatario ratificó ante los asistentes "nuestro profundo compromiso por ganar esta batalla contra la delincuencia y contra el narcotráfico, y devolverle a nuestros ciudadanos su derecho a vivir con mayor paz, tranquilidad y seguridad, y rescatar a nuestros niños y jóvenes de las garras de la droga, que todos sabemos significa muerte, dolor y sufrimiento".

El Presidente Piñera aprovechó la oportunidad de agradecer al Congreso Nacional "y muy especialmente la labor que efectúan muchos parlamentarios que han hecho del orden público y de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico una verdadera cruzada".

Asimismo, reiteró que tanto Carabineros, como la Policía de Investigaciones, "cuentan con todo el apoyo y el respaldo de nuestro Gobierno cuando cumplen la difícil tarea de enfrentar la delincuencia y mantener el orden público".

El Mandatario explicó que este proyecto de ley "tipifica en forma clara y precisa los delitos contra el orden público, que desgraciadamente en nuestra legislación no estaban bien tipificados. Venían desde el año 1874, con una descripción vaga e imprecisa, que muchas veces lograba que los criminales salieran con total impunidad".

Aseguró enfático que cuando el proyecto de ley esté aprobado "la mano va a cambiar en forma muy firme y muy clara. Ya no va a ser gratis atentar contra el orden público, ya no va a ser simplemente un control de identidad y al día siguiente todo sigue igual. El que pretenda atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos, o contra la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura, firme, que va a establecer los castigos que corresponden a actos criminales, como aquellos que atentan contra la vida de los demás ciudadanos".

El Jefe de Estado explicó que las medidas serán válidas para manifestaciones, "también para espectáculos deportivos o incluso celebraciones en la Plaza Italia, cuando se produce un triunfo deportivo. Esto es lejos de atentar contra el derecho de los chilenos y chilenas, es un apoyo a esa libertad de manifestarse, porque lo que queremos hacer es compatibilizar el derecho a manifestarse, con el orden público y con el derecho a las demás personas a poder vivir en paz y tranquilidad".

Por su parte el ministro Rodrigo Hinzpeter explicó que con este proyecto de ley "se está incorporando al código penal el concepto de autoridad, para que exista el delito de atentado en contra de la autoridad, a nuestras policías, Carabineros, Policía de Investigaciones, y Gendarmes. Por una razón muy simple: a nuestras Policías no se les golpea, no se les escupe, ni se les apedrea. Se les respeta y se les obedece. Esa es la sociedad que queremos.

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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El problema de errar

El problema de errar

Última actualización: Lunes, 3 de octubre de 2011
"Todos nos equivocamos"

Uno de los temores que siempre nos acompañan es el de equivocarnos al proveer información.

Esa es una sombra que persigue particularmente a quienes trabajan en la educación y en los medios.

Y es que, a veces, los errores plasmados en papel o transmitidos a través de pantallas pueden crecer como una bola de nieve.

Pero quizás los más aterradores son aquellos que tienen que ver con cuestiones históricas.

Equis roja

El temor a equivocarse siempre acompaña a quienes proveen información.

Cada vez que se presenta una serie del estilo de la recientemente galardonada y tremendamente exitosa Downton Abbey, no faltan expertos que señalen faltas de atención en detalles que pasan desapercibidos por la mayoría de los televidentes.

Llueven entonces mensajes condenando cuestiones como que el diseño de las flores del vestido de un personaje no estuvo en boga sino unos años después del momento en el que se desarrolla la acción. Eso, si no se comete el peor pecado: dejar que se cuele el sonido de un bombardero del modelo equivocado o un arma que no se usó en ese lugar en esa batalla.

El problema con este tipo de equivocaciones es que sugieren que la investigación preliminar no se hizo con el cuidado requerido, y cuando se ponen en evidencia estos detalles, por pequeños que parezcan, le pueden restar credibilidad a la obra.

Eso puede ser irrelevante para quienes están disfrutando de la historia como una creación separada de la realidad, pero puede causar problemas porque cada vez más de los conocimientos que manejamos provienen de la ficción -piense en cuánto sabe usted de medicina forense y pregúntese si realmente es porque lo estudió-.

Aún más problemático es el error en las noticias o en un documental.

Como muestra, un botón. O más bien, un sándwich.

Archiduque Franz Ferdinand con su esposa

Archiduque Franz Ferdinand con su esposa, minutos antes del asesinato.

En 2003, como parte de la meticulosamente investigada serie "Los días que estremecieron al mundo", la BBC transmitió un capítulo dedicado al asesinato del Archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, en junio 28 de 1914.

El atentado -que desató una reacción en cadena a la que se le pueden asignar dos guerras mundiales, la revolución soviética y la creación de la bomba atómica- tuvo éxito por casualidad, decía.

Y todos estos años después, desde la transmisión del documental, una niña hizo notar cómo un detalle del programa desató otra reacción en cadena, aunque nunca tan desagradable.

Todo salió a la luz cuando la hija de un historiador vino del colegio muriéndose de ganas de contarle una cosa increíble que aprendió ese día.

La coincidencia

La historia que contaba el documental es irresistible.

Gavrilo Princip

Gavrilo Princip logró su cometido tras darse por vencido... ¿pero lo hizo con el estómago lleno?

En el verano de 1914, un grupo de bosnios nacidos en Serbia decidieron asestar un golpe contra la integración de su gente a la Gran Serbia, asesinando al heredero a la corona austriaca. Recientemente, Bosnia había empezado a formar parte del Imperio austrohúngaro.

El plan era que siete conspiradores armados con bombas y pistolas se posicionarían en diferentes lugares a lo largo de la ruta que seguiría Franz Ferdinand en su visita a la capital de la provincia, Sarajevo.

El primero lanzó una granada con la intención de que estallara en el auto descapotado en el que viajaba el archiduque, pero como la granada era vieja, su fusible tardaba 10 segundos en funcionar, lo que dio tiempo para rebotar y caer en la calle, donde explotó hiriendo a varios oficiales del vehículo que iba detrás, pero no al objetivo.

Para evitar la captura, el bosnio rebelde se tomó una ampolleta de cianuro y se tiró al río; pero el cianuro estaba caduco y por el río no estaba corriendo mucha agua, así que fracasó también en su intento de suicidio.

El caso es que el frustrado intento hizo que todos los planes cambiaran: los de los dignatarios, que no pudieron continuar con su desfile, y el de los conspiradores, a quienes no les quedó más que dispersarse desconsolados.

Uno de ellos, Gavrilo Princip, se fue a una delicatessen en la calle Franz Joseph.

Entre tanto, el archiduque, a quien habían llevado a la municipalidad, decidió que quería ir al hospital a visitar a los que resultaron heridos en el ataque.

Y es aquí donde entra en escena el error que revela el historiador gales Mike Dash en su blog en la revista del Smithsonian bajo el título de "Pasado Imperfecto".

El documental contaba cómo "Gavrilo Princip se había acabado de comer su sándwich y estaba parado afuera de la delicatessen... cuando de repente el auto del archiduque dobló en la esquina de la calle Franz Joseph. Por pura casualidad, el destino puso al asesino y su blanco a 10 pies de distancia".

El sandwich de la discordia

Sándwich

Con el sándwich, la historia es aún más atractiva, pero para los conocedores, es disonante.

Ése sándwich fue lo que le sonó discordante a Dash cuando su hija vino del colegio a contarle esa historia.

O una versión de la historia que, según descubrió el historiador, es la que se está enseñando en muchas escuelas hoy en día.

Como señala Dash "es una versión que, aunque respetuosa del significado de la muerte de Franz Ferdinand, cautiva la atención de los alumnos haciendo énfasis en un detalle diminuto pero asombroso: si Princip no hubiera ido a comerse el sándwich a donde fue, nunca habría estado en el lugar adecuado para detectar su blanco".

"Sin sandwich no hay disparos. Sin disparos no hay guerra".

Lo que realmente le preocupa al historiador es que todo se quede en eso: que el resaltar la coincidencia haga que parezca menos importante explorar las razones por las que a los nacionalistas de 1914 les parecía justificable asesinar a Franz Ferdinand.

"Ese es precisamente el conocimiento que los estudiantes necesitan para comprender los orígenes de la Primera Guerra Mundial", apunta.

Pero ése no es un error que se le puede asignar al programa de televisión.

4º Conde de Sandwich

El 4º conde de Sandwich los comía siglos atrás, sin embargo no habían cruzado el canal.

A pesar de que tras seguir las huellas, Dash encontró indicios convincentes de que el documental fue la fuente de los innumerables artículos y libros que cuentan la historia de esa manera, el mismo historiador subraya que el programa "hace menos énfasis en el sándwich de Princip que los recuentos subsiguientes, en los que el elemento de la coincidencia es estirado una y otra vez".

Sin embargo, sí hubo un error de esos temidos.

Es muy improbable que Princip se comiera un sándwich.

Ni en la antigua Yugoslavia ni en el Sarjevo de hoy gustan mucho de los sándwiches.

Es incluso muy dudoso que, aunque el sándwich fue nombrado en 1760 en honor a John Montagu, el 4º conde de Sandwich, el concepto fuera conocido en esa esquina del Imperio austrohúngaro.

No es tremendamente importante. Quizás fue una traducción libre de la tradicional burreka de la región.

Pero se puede decir que es un error que literalmente está pasando a la historia, tanto que hubo un profesor que le pidió a su clase que averiguara qué clase de sándwich estaba comiendo el asesino.


Fuente:

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el 10 de octubre vence el plazo de la investigación

 

el 10 de octubre vence el plazo de la investigación

Caso Alfa: Fiscalía presentará acusación en noviembre

Los Contín fueron formalizados por cuatro delitos, pero la Fiscalía investiga uno nuevo: transacciones para fijar precios.

  
por maximiliano villena



Días clave vive la causa judicial de la fallida corredora Alfa, tras el escándalo por uso indebido de custodias que estalló en 2008. El próximo 10 de octubre vence el plazo de la investigación, tras lo cual los tiempos para iniciar el juicio oral empiezan a correr. La Fiscalía Centro Norte, encargada de llevar el caso, trabaja a toda máquina para presentar la acusación en noviembre. Con ello, se da un paso decisivo para empezar a cerrar uno de los episodios que ha causado más ruido en el sistema financiero en los últimos años.

La Fiscalía ya ha realizado algunas de las diligencias que la defensa requirió hace meses, solicitando recopilar nuevos antecedentes y recoger el testimonio de ejecutivos bancarios y de las corredoras acreedoras. Tras ello los Contín, quienes eran los controladores, iniciaron una arremetida judicial por supuesta infracción a la Ley de Quiebras. Hasta ahora, uno de los ejecutivos clave que no ha presentado testimonio es el presidente de LarrainVial, Leonidas Vial.

La Fiscalía habría decidido llevar la querella presentada por la defensa por un carril distinto al de su propia línea de investigación.



Se complica el caso


Fue en agosto pasado cuando el caso empezó a generar nuevas aristas. Los antiguos acreedores de la fallida corredora volvían al ojo del huracán. En 2008 la corredora firmó un convenio judicial preventivo para enajenar casi el 10% que mantenían de acciones de AFP Provida, con lo que, argumentan, se habría podido pagar las deudas.

Sin embargo, la defensa ha planteado que el proceso estuvo lleno irregularidades, por lo que presentaron una querella contra sus acreedores por infracción a la Ley de Quiebras, pues consideran que tras la venta se autopagaron preferentemente las acreencias.

En paralelo, presentaron una acción revocatoria para anular la venta de ese paquete accionario pues consideran que al dividirlo bajaron el precio de la acción.

Alejandro Contín, quien fuera presidente de Alfa, y su hijo, Antonio Contín (ex gerente general) están formalizados por quiebra fraudulenta, uso indebido de custodias, entrega de antecedentes falsos a la SVS y obtención de créditos proporcionando datos falsos. Pero la Fiscalía investiga un quinto delito, que es efectuar transacciones de valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.


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Rodrigo González Fernández
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LOBBY: El PP hace lobby en la UE para rebajar el IVA que se aplica al turismo

Bruselas rechaza crear gravámenes específicos para hoteles, restaurantes y bares

El PP hace lobby en la UE para rebajar el IVA que se aplica al turismo

  • El PP ha iniciado una labor de lobby con otros países para imponer un IVA reducido en la UE para las actividades turísticas. El plan, sin embargo, no cuenta con la aprobación de Bruselas, que solo permite tener un tipo general y dos reducidos, sin excepciones para ningún sector.

  • Los expertos advierten que ese recorte provocará un desplome de ingresos

Carlos Molina - Madrid - 03/10/2011 - 07:00

El Partido Popular está dispuesto, en caso de que gane las elecciones del 20-N, a llevar hasta las últimas consecuencias su propuesta para implantar un tipo superreducido al IVA con el que se grava las actividades turísticas. En la actualidad hay tres tipos en España: el general (18%), el reducido (un 8%) y el superreducido (un 4%). Hoteles, restaurantes, bares y transporte en España soportan el tipo reducido y el objetivo del PP es bajarlo al 4%.

Las autoridades comunitarias no van a poner ningún impedimento para que se produzca ese cambio, ya que esas actividades están incluidas dentro del catálogo de bienes y servicios diseñado por la UE que pueden ser gravados indistintamente al 8% o al 4%.

El principal inconveniente es que si se toma esta decisión, la recaudación por IVA se verá seriamente afectada en un contexto en el que las otras dos grandes figuras impositivas (IRPF y Sociedades) apenas están creciendo. De hecho, la recaudación por IVA ya representa uno de cada tres euros de ingreso tributarios.

Por este motivo, los técnicos del PP estarían barajando la posibilidad de limitar la bajada desde el 8% hasta el 6% o el 5%, en línea con los tipos que están aplicando algunos países de la zona euro, como Grecia (6,5%) y Francia (5,5%). Sin embargo, ese movimiento se antoja difícil porque choca con el derecho comunitario. Eduardo Verdún, socio del área de Tributación Indirecta de Ernst & Young, apunta que esa opción sería rechazada por la UE ya que solo permite a cada estado miembro tener un tipo general y dos reducidos. "Si opta por bajar el tipo del turismo del 8% al 5%, estaría obligado a aplicar ese descuento al resto de bienes y servicios que están a un 8% (alimentos elaborados, agua y obras de rehabilitación, entre otras). Ese movimiento provocaría una caída brutal de los ingresos", apunta Verdún.

Ante ese obstáculo, los populares han optado por hacer lobby con otros países de la UE para implantar un tipo reducido y único en todos los países de la UE. Un primer paso se produjo el pasado miércoles con la aprobación por parte del Parlamento Europeo, a instancias del PP, de un informe que insta a introducir un tipo reducido para el turismo.

En cualquier caso, una bajada en los dos tipos reducidos tendrá un impacto directo en la recaudación tributaria. Las estadísticas de la UE confirman que España es el país de la zona euro que más ingresos por IVA obtiene a través de lo que se ingresa por los dos tipos reducidos, con un 58% del total. Tan solo Irlanda e Italia, con un 56% y un 43%, se acercan a ese nivel.

Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamiento Turísticos (Cehat), considera imprescindible que se baje el IVA al turismo para ganar competitividad y cree que no afectaría a la recaudación. "Los menores ingresos por IVA se verían compensados de sobra por el efecto multiplicador que el turismo tiene sobre el empleo. Se produciría un incremento de las cotizaciones sociales y en paralelo un menor gasto en prestaciones por desempleo".

El riesgo de que los precios no bajen

Otro de los argumentos esgrimidos por las autoridades comunitarias para limitar la aplicación de tipos reducidos en el IVA es que la rebaja fiscal no suele llegar al precio final y se suele quedar por el camino. "Tradicionalmente esas bajadas no gustan en Bruselas porque son muy caras. Una vez aplicadas, los precios no suelen bajar, si no que se produce una trasferencia de renta desde la Hacienda Pública, bien al margen empresarial o al de cualquier proveedor que se encuentre en el proceso de compraventa", apunta Verdún.

El secretario general de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, considera que si la rebaja no llega al precio final, es en muchos casos por la excesiva concentración que existe en los touroperadores que traen turistas a España. "Si finalmente se produce un recorte de tipos, los intermediarios nos van a pedir una rebaja en el precio de la misma proporción", advierte. En su opinión, si la demanda no estuviera tan concentrada en un número limitado de touroperadores, como Tui o Thomas Cook, y estuviera más fragmentada (eso incluye pequeños operadores a través de internet), la rebaja fiscal sí se podría trasladar a los precios.

Francia, Grecia o Portugal tienen tipos más reducidos que España

El argumento defendido por el PP y por los empresarios para bajar el tipo del IVA que grava el turismo es que los países con los que competimos en la Unión Europea tienen un gravamen más bajo que España. Un buen ejemplo se produce en el caso del alojamiento hotelero, en el que los establecimientos aplican un tipo reducido del 8%. Por debajo de ese gravamen se sitúan Grecia, con un 6,5%, y Francia, con un 5,5%.

Especialmente significativo es el caso francés, ya que se trata del destino más visitado del mundo, con 76,8 millones de viajeros, y que compite directamente con el mercado español para atraer turistas europeos y americanos.

También destaca el caso de Grecia, un destino emergente del Mediterráneo que esta restando cuota a España, en especial de turistas procedentes de Alemania. Por encima de la tributación de España solo figuran Italia, con un 10%, o Reino Unido, con un 20%.

En el caso de los tipos que gravan a los restaurantes, el esquema cambia. El tipo medio de la UE es un 17,5%, con dos grupos bien diferenciados: por un lado, un grupo de cuatro países (España, Francia, Luxemburgo y Holanda, con tipos por debajo del 10%) y luego el resto de naciones en el que en la gran mayoría superan el 20%.

Todo lo contrario que sucede en la imposición a las agencias de viajes, en las que el tipo del IVA que se aplica en España (el 18%) es el más bajo de la zona euro.

¿Un IVA social?

El Gobierno aprobó en agosto una bajada temporal de seis meses para la compra de vivienda nueva, que pasa de un 8% a un 4%. Los expertos creen que Bruselas podría sancionar a España, ya que el catálogo de la UE solo permite aplicar ese tipo para vivienda "social".

 
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