Ángela Martialay
Durante veintiún años al frente del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha sido intocable. En este tiempo, sus piruetas jurídicas han sido numerosas y reconocidas tanto por sus admiradores como por sus detractores. Si embargo, esta invulnerabilidad se rompió hace un año cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella interpuesta contra el juez por prevaricación al declararse competente para investigar la Guerra Civil y el franquismo.
Eso sí, la ruptura de esta inmunidad no se ha materializado hasta este viernes cuando el gobierno de los jueces ha suspendido de sus funciones al juez de la Audiencia Nacional. Tal y como avanzó Libertad Digital, la ley obligaba al poder judicial a suspender en este caso al magistrado después de que el pasado miércoles el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictase el auto de apertura de juicio oral del juez estrella.
Garzón ha tenido que abandonar este mediodía su juzgado –al menos hasta que el Alto Tribunal lo juzgue y haya sentencia firme- y ya se le ha notificado su suspensión cautelar por lo que ésta es efectiva. El juez carece ya de potestad para impartir justicia aunque no pierde su condición de miembro de la Carrera Judicial.
La ley, obliga
La decisión de apartar a Garzón ha sito tomada por unanimidad. Su portavoz, Gabriela Bravo, explicaba al término del pleno extraordinario que se ha prolongado durante cerca de 3 horas, que los 17 vocales más el presidente, Carlos Dívar, han acordado suspender a Garzón en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El pleno ha entendido, según Bravo, que la suspensión viene determinada por el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela por el que abre juicio oral al juez de la Audiencia Nacional.
En el aire queda el intento de Dívar de conceder a Garzón un último privilegio, ya que hasta este viernes el presidente el poder judicial ha retrasado lo máximo posible este día. Prueba de ello, es que el presidente del CGPJ convocó de urgencia este mediodía una Comisión Permanente para estudiar la solicitud de declaración de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional (TPI) como consultor externo de la Fiscalía de este órgano. Sin embargo, los vocales que componen dicho órgano Margarita Robles, Almudena Lastra –nombrados a propuesta del PSOE-,Antonio Dorado y Manuel Almenar –nombrados a propuesta del PP-, más el presidente, no han llegado a un acuerdo y han pospuesto la decisión sobre la solicitud del juez estrella.
Suspendido, al menos, hasta que haya sentencia
Por su parte, la portavoz Gabriela Bravo ha explicado que a Garzón se le ha comunicado por teléfono esta decisión. Horas más tarde, se le ha notificado la medida. Preguntada por el plazo que tendrá esta suspensión cautelar, Bravo ha señalado que se prolongará "durante todo el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se dicte sentencia".
Respecto a si la ley permite a un juez suspendido concederle un permiso para trasladarse a un órgano como el TPI, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran a este diario que no es posible ya que un magistrado puede estar en activo, en excedencia, suspendido o en comisión de servicios especiales, pero cualquiera de estas situaciones administrativas son incompatibles entre sí.
Le concedan o no en un futuro un permiso especial para irse a La Haya a impartir justicia universal, la realidad es que Garzón desde hoy queda apartado temporalmente como instructor de la Audiencia Nacional. Atrás quedan innumerables garzonadas que una vez tras otra han acaparado portadas de periódicos y titulares de informativos. Una de ellas, le ha costado su despacho: la causa general que abrió a la Guerra Civil y el franquismo en octubre de 2008.
Consciente de que el poder judicial se jugaba su prestigio con esta decisión, Bravo ha aprovechado la ocasión para subrayar que "en España tenemos un sistema judicial garantista y tenemos unos jueces constitucionales que desde su independencia y su responsabilidad aplican las leyes". Asimismo, la portavoz ha recordado que en los 30 años de democracia el Tribunal Supremo ha dado "muestras evidentes" de que ha actuado siempre conforme a Derecho.
Rechazada la recusación de Gallego
Con fuertes tensiones internas, el pleno arrancaba pasadas las once y media de la mañana rechazando la recusación de la vocal Gema Gallego que había sido planteada por Garzón y aceptando que José Manuel Gómez Benítez -amigo y ex abogado del juez estrella- se abstuviera por haber ejercido como abogado del titular del Juzgado central de Instrucción número 5.
En la sesión plenaria tampoco han intervenido ni el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles porque se apartaron de este asunto tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional les había recusado.
A las puertas del Consejo, se concentró un grupo de familiares de víctimas del franquismo en apoyo del magistrado, portando una bandera republicana y pancartas en las que se criticaba la decisión de Varela. Entre ellos, se encontraba la abogada Cristina Almeida para quien la suspensión de Garzón es "una canallada" cuando hay varios recursos pendientes de ser resueltos en el Supremo. Sin embargo, pese a quien le pese, en democracia nadie es intocable.
Junto a esta causa, Garzón está imputado en otros dos procedimientos ante el Alto Tribunal: la de los cobros de Nueva York y la de las escuchas del caso Gürtel.
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