TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DOS TEMAS COMPLEJOS PARA EL APARATO DEL ESTADO CHILENO
AGENDA PRO TRANSPARENCIA / Último estudio de la corporación Participa:
Ministerios cumplen, pero no con estándares internacionales
BRUNO EBNER
Monitoreo de Participa al instructivo presidencial sobre transparencia activa determinó que si bien los ministerios y, menos, las intendencias, cumplieron con la obligación de publicar información en sus web, aún hay bastante oscuridad.
BRUNO EBNER
Tras los escándalos de Chiledeportes y Publicam, un hálito amargo de corrupción latente quedó en el ambiente político.
Sumado el fallo de octubre de la Corte Interamericana de DD.HH. contra el Estado, por negar el acceso a la información pública, el resultado fue la llamada "Agenda pro transparencia", impulsada por la Presidenta Bachelet, y que busca eliminar la tradicional "cultura del secreto" en la administración pública chilena, foco de corruptela.
De esta agenda surgió, en diciembre, un instructivo presidencial sobre "transparencia activa", que exige que los 240 servicios, por iniciativa propia -a través del link "gobierno transparente"-, suban información en cinco ítems: adquisiciones y contrataciones; personal de planta, a contrata y a honorarios; transferencias de fondos; marco normativo, y actos y resoluciones sobre terceros.
Instructivo obligatorio
Hasta ahí, todo bien.
Pero un reciente monitoreo de la corporación Participa a los 20 ministerios y 13 intendencias arrojó que, si bien el instructivo fue cumplido en un 100 por ciento, en sus aspectos básicos -es decir, que los organismos entregaron información a través del mencionado link-, el cumplimiento total no fue óptimo.
¿Cómo se concluyó esto?
La información proporcionada en cada ítem fue comparada por Participa con los estándares internacionales de transparencia, estableciendo un parámetro general, con un puntaje máximo de 36 puntos, que se le aplicó a cada repartición.
Así se comprobó que, no obstante hubo ministerios e intendencias que se acercaron al tope, otros estuvieron muy bajos y entregaron información vaga, o simplemente no lo hicieron ni explicaron el porqué.
El instructivo presidencial es obligatorio, pero como no detalla márgenes de cumplimiento -y es más bien general-, es difícil establecer cuándo se incumple. Por esto, según la directora de Participa, Andrea Sanhueza, el cumplimiento sólo queda sujeto al "control social y su difusión pública".
Pero el secretario ejecutivo de la agenda de probidad, Rafael Blanco, enfatiza el inédito y vertiginoso avance en mejorar la transparencia, y aclara que la fiscalización del instructivo no queda al arbitrio de los organismos, sino del Consejo de Auditoría General del Gobierno, y que puede imponer sanciones.
No obstante, Blanco destaca como "útil y necesario que la sociedad civil, lejos de permitir autocomplacencia, fiscalice y exija lo que haga falta".
Estadísticamente, el grado de cumplimiento promedio -el entregar información en todos los ítems- es superior en los ministerios, con un 90%, que en las intendencias, con un "insatisfactorio" 54%, según el estudio.
En términos generales, las materias en donde más se omitió información fueron las relativas a adquisiciones y contrataciones; transferencias, y actos y resoluciones. Sobre todo, en los ministerios de RR.EE. y Defensa.
¿Por qué? La tesis de Sanhueza es que "el ancestral secretismo de Defensa hace que le cueste mucho más informar".
Pero Rafael Blanco advierte que, en Defensa, las leyes de justicia militar establecen reserva legal con sus plantas de personal. "Puede ser discutible, pero es legal y las regulaciones específicas están", asevera.
El personero reconoce que el Ejecutivo aún no ha hecho una evaluación en detalle del instructivo, pero cataloga el cumplimiento como "amplio y satisfactorio (...) Todavía se puede mejorar, y en eso estamos trabajando", expresa.
MOP a medias
El MOP, no obstante ser cuestionado en nutridos hechos de probidad, fue de los que menos transparentó su información. No especificó la duración ni forma de adjudicación de sus contratos celebrados; tampoco la profesión y el cargo de su personal de planta, ni el nombre completo, salario ni estamento del personal a contrata.
Igualmente, no esclarece el nombre completo, profesión y cargo del personal a honorarios, además de omisiones en lo normativo.
A su favor, profundiza la información de Chilecompras, informando las compras de leasing, por ejemplo.
Poderes Legislativo y Judicial excluidos
La Moneda teme gran resistencia de parte de los poderes Legislativo y Judicial para ser obligados por ley a dar información pública. Para asegurar la aprobación rápida del proyecto de Ley de Acceso a Información Pública, el Gobierno no los incluyó.
Actualmente está en segundo trámite, en la comisión de Constitución de la Cámara, el proyecto de Acceso a la Información Pública, enviado en el marco de la agenda anticorrupción.
El problema es que el proyecto sólo regula el derecho de acceso a la información pública en la administración del Estado, y no obliga a los poderes Legislativo y Judicial a entregar información, dejándolos a su voluntad.
Esto, a pesar de que el artículo 8º de la Constitución expresa que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado", lo que involucra a todos los poderes públicos.
Según se especula en el Gobierno, si éste incluye en el proyecto a los otros dos poderes encontrará gran resistencia de éstos. La moción se dilataría y podría truncar su aprobación "sí o sí" bajo la administración Bachelet.
Por eso la ex ministra Segpres, Paulina Veloso, dejó varias veces entrever que no se le movería una coma al actual proyecto, para así no dilatarlo.
El plus del Legislativo es su notable y voluntario avance en transparencia, al subir gran cantidad de información sobre los parlamentarios, su patrimonio y asesores; este último, reciente logro del presidente de la Cámara, Patricio Walker. Pero el esfuerzo -impulsado por los titulares de ambas Cámaras- es justamente voluntario, y tiene el riesgo de que una nueva administración decida no perseverar, al no estar obligada.
El Poder Judicial es, en palabras de Andrea Sanhueza, el más reticente en informar: "Siempre ha sido absolutamente secretista. Por ejemplo, la selección de jueces es muy poco transparente. Es lejos el poder más atrasado", sentencia.
Para Participa, la ley tiene otro aspecto crítico: una causal de reserva del "buen funcionamiento" de las instituciones, y que permite al ministro de turno -discrecionalmente- decidir qué información atenta contra el servicio y no publicarla.
El proyecto también crea un instituto autónomo de promoción de la transparencia, pero que puede desvirtuarse, ya que el nombramiento de su cúpula será presidencial y, por tanto, sujeto al poder político.
"La fiscalización del instructivo queda al Consejo de Auditoría General del Gobierno, que puede imponer sanciones".
RAFAEL BLANCO
Secretario ejecutivo Agenda de probidad.
"El cumplimiento sólo queda sujeto al control social y su difusión pública".
ANDREA SANHUEZA
Directora Corp. Participa.
SALUDOS CORDIALES
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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