Madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo", escribió Tolstoi. El compromiso de la maternidad es tan grande como el derecho de cada quien a decidir a tiempo si lo desea y está en condiciones de asumirlo.
Para millones de mujeres en 17 estados del país el ejercicio de ese derecho se evaporó mientras la noticia se diluye en los medios. Pero el debate sigue y dos abogados especialistas, del Colegio de Bioética, suman elementos para la reflexión:
Juan Antonio Cruz, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y doctor en derecho por la Universidad de Alicante, España, destaca positivamente la argumentación de los siete magistrados de la SCJN que apoyaron el proyecto de anulación de las reformas en Baja California y San Luis Potosí, porque su criterio queda como precedente para los afectados que empezarán a ampararse. "El problema es que no todos los mexicanos tienen acceso a la justicia".
Las reformas tendrán que traducirse en acciones y cuando pretendan aplicarse: "¿qué van a hacer los legisladores locales, qué harán los Ministerios Públicos? Van a consignar a una mujer ¿por aborto o por homicidio? Quedó la incertidumbre jurídica. Y a discrecionalidad de los MP, el castigo a las mujeres.
"Hay una serie de legislaciones a nivel federal donde está regulado el uso de anticonceptivos como la pastilla del día siguiente o el DIU, regidos por normas de la Secretaría de Salud; algunos evitan la fecundación del óvulo, otros tienen efectos antiimplantatorios. Serán vistos como procedimientos abortivos y empezarán las campañas contra dichos métodos que son los que más se usan en México".
Si en el Distrito Federal se permite el aborto antes de las 12 semanas del embarazo es porque entonces "no existe la más mínima manifestación de vida neuronal en el embrión ni órganos desarrollados o capacidad de sentir", y es cuando puede ofrecerse a la mujer asistencia médica segura.
Para Héctor A. Mendoza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en la Universidad Laval de Quebec y doctorado en derecho por su tesis "El embrión humano y sus implicaciones bio-jurídicas", las reformas y la resolución de la SCJN hacen ver a México "como un país en donde no se respetan los derechos fundamentales de las mujeres y en el que predomina la intolerancia, el dogmatismo y la discriminación".
La equiparación del óvulo fecundado desde su concepción con una "persona" puede llevar, en términos legales, "a absurdos irresolubles". Enlista el abogado: la fecundación in vitro, la anticoncepción de emergencia o el uso del DIU quedan prohibidos de facto; la congelación de cigotos "puede interpretarse como privación ilegal de la libertad", su traslado para investigación científica "como trata de personas" y desechar los que no son necesarios "como homicidio masivo"…
Mendoza y Cruz advierten un freno a la investigación científica, como la que se realiza con células madres embrionarias o la que desarrolla medicina genómica y una inhibición al debate sobre el derecho a una muerte digna.
Temas emergentes como éstos exigen una mayor vinculación entre el derecho y las ciencias de la vida. Y que los especialistas sean escuchados.
