Latinoamérica vive tiempos de gobiernos que se asumen como progresistas, idea que muchas veces choca con los hechos. ¿Cómo es el caso más reciente? Rafael Correa en Ecuador tiene un discurso de izquierda, fue plebiscitado para crear una Asamblea Constituyente, pero dejó sectores cruciales del poder económico en manos de lo que dice combatir. ¿Quiénes son "los forajidos"? El economista Pablo Dávalos explica la situación, que acaso convenga leer en clave regional. Por Raúl Zibechi. 
EL ECONOMISTA PABLO Dávalos se desempeñó como subsecretario de Rafael Correa cuando éste fue ministro de Economía durante el gobierno interino de Alberto Palacios, en 2005. Es asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Aunque en las últimas elecciones presidenciales apoyó la candidatura de Correa en el balotaje, se muestra escéptico con el rumbo que está tomando el gobierno, que en su opinión representa los intereses de las nuevas clases medias nacidas al calor de la dolarización decretada durante la crisis financiera de 1999, que instaló un "corralito" que consumió centenares de millones de dólares de los ahorristas.
—¿Cómo evalúa al gobierno de Rafael Correa instalado hace apenas tres meses?
—Veo muchas señales contradictorias. Por un lado es un presidente que tiene un discurso de izquierda y es muy crítico con el sistema político, pero que no proviene ni de la izquierda ni de los movimientos sociales. Ese discurso lo legitima ante una población cansada de la partidocracia, como Correa denomina a los políticos corruptos. Pero a la vez en su gabinete predominan los tecnócratas de derecha y miembros de los partidos a los que critica. El Ministerio de Agricultura está manejado por un miembro del PRIAN, el partido del multimillonario Álvaro Noboa, su más duro opositor; el Ministerio de Educación lo entregó a un miembro de Izquierda Democrática, el partido que introdujo el neoliberalismo en Ecuador; y el de Transporte igual. Al frente del Ministerio de Medio Ambiente está una representante de las multinacionales mineras que viene de gobiernos anteriores y ha concedido más de cuatro mil licencias ambientales a las compañías mineras. Con este gabinete no se puede hacer una política de cambios.
—¿Cómo es el programa económico de Correa?
—Es interesante porque hace énfasis en el empleo y la distribución del ingreso y cambia los ejes del discurso desde la estabilización macroeconómica hacia el crecimiento basado en el empleo y la reactivación productiva; pero en paralelo se ve un proceso de reprimarización a través del cultivo de soja y maíz para biocombustibles. Llama la atención el hecho de poner dentro de la matriz de explotación de los hidrocarburos el parque nacional Yasuní. En los años noventa, para frenar la agresión expansiva de las empresas petroleras, se crearon los parques nacionales que son el último reducto de muchos pueblos indígenas no contactados por la modernidad. Y uno de esos parques, el Yasuní, lo acaban de conceder a Petrobras y a Cinopec, la empresa petrolera china considerada como la de peor ranking en el manejo del ambiente.
—¿Qué escenario se abre con el triunfo de la propuesta de Correa en el plebiscito sobre la Constituyente?
—Un escenario electoral caracterizado por la polarización entre el gobierno y la derecha. El gobierno intentará que esa polarización sea el aspecto hegemónico porque de esa manera todo el espectro de la izquierda y de los movimientos sociales deberán estar detrás de la lista de Correa, como ha venido siendo su estrategia desde la primera vuelta de las elecciones en octubre pasado.
—¿Hay espacio para los movimientos y las organizaciones ciudadanas en la convocatoria de la Constituyente?
—El domingo se votó por la convocatoria de una Asamblea Constituyente y además por el estatuto de convocatoria de la misma. Para poder participar hay que constituir listas que luego deben ser validadas con la recogida de firmas, pero los partidos no tienen necesidad de hacerlo, con lo cual corren con ventaja respecto a la sociedad civil. Ahí surge un problema grave porque muchos grupos indígenas –que son la mayor parte de la población ecuatoriana– no van a votar a sus eventuales candidatos en listas de partidos y entonces quedarán fuera de la Constituyente. Esto ya pasó en Ecuador en la Constituyente de 1998 y es lo mismo que está pasando ahora en el proceso constitucional boliviano.
—O sea que la vieja cultura política no se debilita sino que se fortalece con la Asamblea Constituyente.
—Sí, porque esos partidos tienen maquinarias electorales muy aceitadas y clientelas de larga data. En la medida en que la Constituyente queda en manos de los partidos no existen resquicios para la renovación de una cultura política de cuño colonial y excluyente.
—¿Cómo explica esta opción del gobierno?
—Por la necesidad que tiene el gobierno de reconstituir el bloque de diputados que tuvo que resignar en la campaña electoral, porque para conseguir el apoyo de la ciudadanía que le permitió ganar las elecciones debió hacer una concesión que consistió en no presentar listas a diputados, lo que era un salto al vacío. Hizo eso porque había dos candidatos a la presidencia que se disputaban el mismo espacio de las clases medias críticas con el sistema: León Roldós y Correa. Y éste, para ganar legitimidad ante su electorado, decidió dar ese paso arriesgado dando una señal muy fuerte como la de no presentar candidatos al Congreso. Eso le dio la legitimidad y la credibilidad como para llegar a la segunda vuelta y ganarla. Recordemos que el Congreso en Ecuador tiene una popularidad que no rebasa el 5 por ciento.
Ahora vivimos un período interino hasta las elecciones de la Constituyente, pero en este interinato es clave que Correa pueda tener un bloque de diputados para seguir gobernando el país y ese bloque sólo lo consigue con el apoyo de ciertos partidos. Por eso el estatuto de la Constituyente los provilegia respecto a otras posibles agrupaciones electorales.
—Usted sostiene que en Ecuador ha nacido una nueva clase media que es la que derribó al gobierno de Lucio Gutiérrez, los llamados "forajidos", y que ahora es la base social de Rafael Correa. Se trataría de un movimiento ciudadano que nace luego de los sucesivos desgastes del movimiento sindical y del movimiento indígena. ¿Podría caracterizar a este sector social?
—Esto es consecuencia de la dolarización. La clase media nunca había sido un actor político y con la dolarización se crean nuevas condiciones para que lo sea. Generó nuevos procesos económicos pero también sociales, porque la dolarización es también un fenómeno social y cultural que luego se convierte en un fenómeno político. Cuando se instala la dolarización hay una pérdida tan dramática de ingresos que los ecuatorianos huyen del país en masa: de una población de 12 millones de habitantes, en cinco años se van dos millones, sobre todo hacia España. En 1999 cuando quebró el sistema financiero los primeros migrantes envían remesas por un monto algo superior a los 200 millones de dólares. En 2006 las remesas fueron de 3 mil millones de dólares, en un PBI de 44 mil millones. Las exportaciones petroleras son de 3.600 millones de dólares, o sea que las remesas casi alcanzan el principal rubro exportador. Son diez veces la inversión extranjera directa. Pero además van directamente al consumo, a las familias, y eso es lo que permite sostener la dolarización y una diversificación del consumo. La economía se va trasladando desde la producción hacia mecanismos rentistas y hacia la importación. Ahora se importan papas y casi todos los componentes de la canasta alimentaria. La producción nacional complementa las importaciones. Quito, que tiene menos de dos millones de habitantes, pasó de 180 mil automóviles a medio millón en cinco años.
—Esta nueva clase media proviene de los sectores urbanos pobres.
—Urbanos y suburbanos y también campesinos que se enriquecen. Pero a su vez la sociedad se polariza, porque funcionan mecanismos no sólo económicos sino también jurídicos e institucionales que hacen que cuanto más crece la economía más se concentra la renta. En cinco años el PBI se duplicó, pero en ese lapso el 20 por ciento más rico pasó de tener el 45 por ciento de la renta nacional al 51 por ciento. El 20 por ciento más pobre se lleva el 4 por ciento de la renta y sigue cayendo. Eso es resultado del brutal crecimiento de una economía dolarizada.
—Pero también hay un cambio en la matriz productiva, con la expansión de la floricultura en la sierra andina.
—Desde los años setenta Ecuador tenía una doble matriz exportadora. Por un lado el sector petrolero vinculado al Estado y por otro la agroexportación de la costa (banano, café, cacao y camarones) en manos de la oligarquía de Guayaquil. En los noventa aparece un tercer sector en la sierra vinculado a la exportación de flores que es el que más crece con la dolarización, y llega a los 600 millones de dólares frente a 900 millones de las exportaciones de banano, siendo Ecuador el primer exportador de banano del mundo. Ecuador exporta 10 mil millones de dólares, lo que para un país pequeño es mucho.
—¿Cómo y de qué manera comienzan las clases medias a jugar un papel político?
—El primer caso se dio en 1996 cuando Abdalá Bucaram es elegido presidente. Era un populista sustentado en los marginados de Guayaquil y su presidencia corrupta y nepotista fue contestada por los movimientos indígenas y sectores de las clases medias que hacen una pinza y lo liquidan en seis meses. Pero de alguna manera las clases medias fueron a la cola de los indígenas y luego los apoyaron cuando el movimiento se levanta contra Jamil Mahuad en enero de 2000. En realidad la primera actuación autónoma de las clases medias empieza bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, en reclamo de transparencia. Fue la llamada "revolución de terciopelo". En las protestas iban familias enteras en sus camionetas todoterreno y las señoras hacían golpear las ollas a sus empleadas, algo que nunca se había visto en Quito.
—Ese sector es el que ahora respalda a Correa. ¿Cuáles son sus objetivos?
—La moralización del sistema político. Ellos creen que el mercado es transparente y confían en él, lo que revela que son sectores sociales en ascenso. Acusan al sistema político de opaco, de corrupto, de generar clientelismo, y en eso tienen razón. Ellos van al mercado, consumen, ya que ahora hay muchos mall en Quito, y lo ven como algo transparente y quieren que la política funcione del mismo modo, como un mercado.
—La irrupción de estas clases medias exitosas, ¿qué cambios va a producir en el sistema político ecuatoriano?
—Primero hay que considerar que esas clases medias son hijas de la dolarización y por lo tanto del neoliberalismo. Y este no es un modelo sólo económico, sino un modelo que se apalanca en los mecanismos económicos pero que genera una serie de entramados institucionales, jurídicos, políticos, simbólicos y culturales. Hay un núcleo duro que sostiene este modelo neoliberal: en Argentina fueron las privatizaciones, en Ecuador es la dolarización.
—Pero Correa no quiere modificarla…
—Exactamente. La contradicción de Correa es que no puede modificar el sistema político manteniendo la dolarización. La dolarización es política: no puedes decirle a Estados Unidos que no quieres la base militar de Manta pero sí quieres la dolarización. Desde el momento en que un país adscribe a la moneda de otro se convierte en una especie de colonia. En paralelo, todo esto se mantiene en base a una agresiva política de subsidios a los más pobres, a los perdedores de la dolarización. El "bono de desarrollo humano" creado a instancias del Banco Mundial se duplica, pasando de 15 a 30 dólares, y además se crean bonos de vivienda, créditos para microempresas, porque los sectores más vulnerables se han visto muy perjudicados por la dolarización.
Facultades de la Constituyente
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE aprobada el domingo pasado por casi el 80 por ciento de los votantes, tendrá plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado y para elaborar una nueva Constitución política ecuatoriana.
Ahora se convocará a elecciones de los 130 miembros de la asamblea, los cuales tomarán decisiones por mayoría simple. La convocatoria ocurrirá probablemente el 2 de mayo, y las votaciones serían el 26 de agosto.
La Asamblea Constituyente tendrá una duración de 180 días, contados a partir del día de su instalación (que probablemente será el 25 de setiembre), prorrogables por 60 días más.
Para tener fuerza legal, el texto de la nueva Constitución deberá ser aprobado por referéndum.
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