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Hoy, con el proceso de convergencia europea -también conocido como el proceso de Bolonia- estamos ante otra gran transformación que afecta a la organización, al currículo y a la propia meta de la institución. La pregunta sobre qué debe hacer la universidad y cómo sigue abierta y creando mucha polémica. La primera gran pregunta es: ¿cuál es la meta de la Universidad, es decir, qué debe hacer la Universidad?, y la segunda, íntimamente relacionada con esta primera es: ¿cómo debe hacerlo?
La misión central de la Universidad desde sus orígenes ha sido la búsqueda y transmisión del conocimiento y la formación de profesionales. Ortega y Gasset entendía que la misión de la Universidad era formar a personas cultas, donde cultura significaba "el sistema vital de las ideas de cada tiempo". Es decir, la Universidad tiene que estar al servicio de la vida y a la solución de los problemas sociales. Por decirlo en palabras de Coit Gilman, fundador de la Johns Hopkins University, la tarea de la Universidad debe ser: "Reducir la miseria de los pobres, la ignorancia en la escuela, el fanatismo en el templo, el sufrimiento en el hospital, el fraude en los negocios y la locura en la política". Es decir, la tarea de la universidad abarca todos los ámbitos de la vida humana. Quizá la que goza de más relevancia es la tarea de formar profesionales; pero también parece claro que si la Universidad sólo se preocupa de la formación técnico-profesional dirigida al mundo laboral estaríamos olvidando una parte importante de la educación del ser humano, y por utilizar palabras que ya A. Einstein utilizó en 1952: "más estaríamos formando un perro bien adiestrado que una persona".
Ahora la siguiente pregunta es clave: ¿cómo debe hacerlo?, o por decirlo de otra manera, ¿qué valores ha de poner en juego para realizar con calidad la meta social que legitima a la Universidad? Es públicamente aceptado que la Universidad debe poner en juego valores como el rigor académico y científico, el diálogo y la argumentación racional, la transparencia y responsabilidad, y el respeto a las personas y el compromiso social. Estos valores, que ya están incorporados en los estatutos y declaraciones de casi todas las universidades del mundo, no aparecen por generación espontánea ni por inercia, se requiere un esfuerzo institucional y un compromiso decidido de los órganos de gobierno y dirección de la Universidad. La conformación de un êthos o carácter de la Universidad requiere trabajar estos valores y formar en la reflexión moral en el aula y a la vez ir mucho más allá. Es necesario poner en marcha procesos, mecanismos e instrumentos que vayan construyendo una Universidad más justa y responsable. De entre los mecanismos y procesos que se pueden poner en marcha podemos citar tres de los más extendidos y exitosos: códigos de buen gobierno, códigos éticos, e informes o memorias de responsabilidad social corporativas.
Los códigos de buen gobierno tienen por objetivo mejorar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en los más altos órganos de gestión y gobierno. Los códigos éticos, tan extendidos en otros ámbitos y con tanta tradición en el ámbito profesional, son declaraciones de valores y de compromisos que orienta a las personas en sus acciones y decisiones. Y los informes y memorias de responsabilidad suponen un gran ejercicio de transparencia en tanto en cuanto informan con rigor y veracidad de los impactos de las acciones de la institución tanto hacia dentro de la Universidad como hacia fuera.
En una universidad tan innovadora como la UPV no debería extrañar a nadie que también seamos de las primeras universidades de España en trabajar en esta dirección. Creo sinceramente que es una buena noticia que, en estas cercanas elecciones a rector, el candidato Juan Juliá haya presentado en su programa iniciativas en esta línea y se haya comprometido a desarrollarlas creando un Vicerrectorado de Responsabilidad Social Corporativa. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y la decisión de poner en marcha iniciativas encaminadas a incrementar la responsabilidad de nuestra universidad es un primer paso tan humilde como necesario.
Sobran juristas y un gran porcentaje no cumple los parámetros básicos para ejercer la profesión. Con estas críticas, la Corte Suprema abrió el año judicial 2009 provocando una inmediata reacción del mundo académico y el Mineduc. La ausencia de estadísticas y estudios empíricos que avalen el punto de vista de los "supremos" es la principal crítica que les hacen el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, y el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A favor de la postura del Poder Judicial se manifiesta el experto Pablo Ruiz Tagle. Son las distintas miradas de una discusión que recién comienza.

Chile tiene pendiente una respuesta histórica que mientras no se obtenga seguirá gravitando negativamente en nuestra vida política. Cueste lo que cueste, este país debe enfrentarse en serio al "por qué y para qué" del 11 de septiembre de 1973. No es posible dejar esta cuestión a merced de consignas falsas, de interpretaciones sesgadas o especulaciones demagógicas.
No cabe duda de que el proyecto de la ex Unidad Popular pretendía el establecimiento en Chile de un régimen socialista al estilo cubano. Salvador Allende, que fue durante gran parte de su vida un demócrata parlamentarista, cambió súbitamente su visión a partir de 1959, por la influencia ideológica de Fidel Castro. Para muchos, la Unidad Popular no sería más que un nuevo Frente Popular, y Allende un nuevo Pedro Aguirre Cerda. Pero las cosas, como lo advertimos desde el primer día, no eran así. Valiéndose de todos los poderes que brinda el manejo del gobierno, se entró derechamente a destruir la economía capitalista y la democracia burguesa para, sobre sus ruinas, construir el socialismo. Esta experiencia arrastró a Chile a la peor crisis de su historia, colocándonos al borde de la guerra civil y de la desintegración nacional. Fue la ciudadanía la que mayoritariamente exigió la intervención militar y la que respaldó el gobierno de las FF.AA. y de Orden, única vía para superar una encrucijada dolorosa y catastrófica. Esta es, a mi juicio, la verdad, y mientras se oculte o distorsione subsistirán los rencores, los odios y el escandaloso aprovechamiento político electoral en que se funda la estrategia de la Concertación gobernante.
A partir del 11 de septiembre de 1973, la tarea del gobierno militar se concentró en reconstruir la democracia. Pero surgieron tres enormes escollos. Primero, la resistencia subversiva, que no cesó ni siquiera después de 1990. Segundo, la imposibilidad de restablecer las libertades democráticas mientras no se resolvieran problemas económicos y sociales que tensionaban la vida social y hacían ilusorias la normalidad y la seguridad ciudadana. Tercero, el acoso de que fuimos víctimas, gracias a una campaña internacional infamante que privó a Chile de todo respaldo. Agréguese a estos formidables obstáculos el hecho de que vivíamos, entonces, en plena "guerra fría", que la insurgencia marxista la sufría no sólo nuestro país, sino la mayoría de las naciones americanas, y que nuestros vecinos mantenían con nosotros un ambiente hostil y recargado de resentimientos.
Este largo proceso puede suscitar críticas porque, como es obvio, se lesionaron muchos intereses. Pero en lo sustancial, Chile logró superar una situación provocada por una tentativa totalitaria que fue resistida por la ciudadanía, y salir airoso de lo que parecía insuperable. Es fácil hablar de la violación de los derechos humanos sin aludir a la subversión; del "golpe de Estado", sin referencia alguna al proyecto político totalitario que inspiraba al marxismo; de la concentración de la riqueza, sin recordar las "usurpaciones", "intervenciones" y "tomas" que estimulaba el gobierno de la Unidad Popular.
El repentino aumento de los femicidios durante febrero llevó a que, la semana pasada, relacionáramos este hecho con la disolución del tejido social en los sectores más desposeídos de nuestro país. Disolución, a su vez, debida a la vertiginosa baja de los matrimonios celebrados en Chile un tercio menos, los últimos diez años
y siguen cayendo; el consiguiente inferior número de niños nacidos de matrimonio, y aumento de los nacidos fuera de él (62% del total el año 2007), y el remplazo paulatino, pero incesante y veloz, de los casados por los convivientes, la "pareja".
Sería absurdo sostener (sin una investigación más amplia y profunda, que naturalmente ninguna escuela de sociología hace) que los femicidios de febrero los cuales afectaron, en cinco de siete casos, a parejas y no a matrimonios se debieron a la falta de enlace legal. Pero no parece ilógico pensar que, tratándose relaciones humanas como éstas, tan profundas y apasionadas, el hecho de que sean completamente anárquicas, sin ninguna regla jurídica que intente, siquiera, enmarcarlas, no puede sino favorecer la violencia física y sicológica
la "violencia intrafamiliar",de la cual Carabineros recibe dos mil denuncias semanales (El Mercurio, 16 de febrero).
Justicia de familia. ¿Será la salida real del problema? Ingresan arriba de 350.000 causas anuales. Es, todos lo saben, un modelo de lentitud, ineficacia e incluso trato humillante para quienes la invocan. Los esfuerzos para mejorarla no han tenido resultados muy visibles. El último de estos esfuerzos, ya convertido en ley, establece la "mediación" obligatoria de profesionales especializados, en los juicios de familia. Con ella, y nuevos jueces (95) y empleados (640), más 18.500 millones de pesos en infraestructura, "quedará normalizada la oferta de justicia familiar en el país", dice el ministro del ramo (19 de febrero).
2. Al contrario, perjudica. Ejemplos. A: Un superior de servicio público puede tener a su "pareja" de jefe de gabinete, pero no puede emplear de ascensorista a un hijo matrimonial. B. La "pareja" tiene DOS opciones a subsidio de vivienda: el matrimonio, sólo UNA. C. Los miembros de la "pareja" declaran separadamente su impuesto anual a la renta. A los miembros del matrimonio cabe que el Servicio les exija una sola declaración, sumando los ingresos de ambos, con peligro de aumentar el tributo resultante, que es progresivo según tramos.
Pero, también de hecho, con esta ley, la muerte del padre casado y que deja cónyuge sobreviviente e hijos de ambas categorías, introduce en la herencia tal confusión y precariedad, que objetivamente es un disuasivo del matrimonio. Sobre todo entre los pobres, cuyo único "bien hereditario" de cierta importancia acostumbra ser el hogar, la casa de subsidio. Objetivamente, a la mujer que hace vida marital le conviene en este respecto no casarse y tener la vivienda a su nombre. ¡Otra ventaja de la mera "pareja"!