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Wednesday, March 04, 2009

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Somos una organizacion de profesionales con experiencia en formacion y direccion de equipos, racionalizando recursos humanos y materiales, internos y de terceros,
Consultores Asociados con mas de 20 anos de experiencia en la empresa, orientado a la asistencia tecnica y administrativa a la industria manufacturera y de produccion, en areas de gestion de la produccion, operaciones, logistica, finanzas, contabiliad y sistemas Informaticos para un optimo desarrollo de la gestion.
 
Alto grado de interrelacion con clientes, enfoque a la gerencia de Administracion, Finanzas, Contabilidad, Produccion y Logistica de empresas.
 
 
 
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INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS - CONCILIACION CONTABLE - IMPLEMENTACION DE SOFTWARE - MIGRACIONES DE DATOS - ON-LINE
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Tipos de Activos fijos a inventariar : vehнculos, edificios, muebles y utiles, equipos computacionales, equipos en obras, obras en curso, software,instalaciones, obras civiles, terrenos,etc..
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responsabilidad social corporativa y la Universidad

 
responsabilidad social corporativa
 
04.03.09 -
 
El 'êthos' de la Universidad responsable
Probablemente vivimos uno de los momentos más convulsos en la historia reciente de la educación superior. Desde la creación de las primeras universidades, en el s. XI, hasta la actualidad se han dado grandes cambios en la organización y contenido de las enseñanzas superiores, pero nunca se ha perdido el espíritu y la esencia de la institución universitaria. Fue, sin lugar a dudas, la transformación llevada a cabo por W. von Humboldt en la Universidad de Berlín en 1810, con su misión central de "educar en la ciencia", el germen de la universidad moderna que ha perdurado con importantes modificaciones hasta nuestros días, y que está en la esencia de la Universidad Politécnica de Valencia.

Hoy, con el proceso de convergencia europea -también conocido como el proceso de Bolonia- estamos ante otra gran transformación que afecta a la organización, al currículo y a la propia meta de la institución. La pregunta sobre qué debe hacer la universidad y cómo sigue abierta y creando mucha polémica. La primera gran pregunta es: ¿cuál es la meta de la Universidad, es decir, qué debe hacer la Universidad?, y la segunda, íntimamente relacionada con esta primera es: ¿cómo debe hacerlo?

La misión central de la Universidad desde sus orígenes ha sido la búsqueda y transmisión del conocimiento y la formación de profesionales. Ortega y Gasset entendía que la misión de la Universidad era formar a personas cultas, donde cultura significaba "el sistema vital de las ideas de cada tiempo". Es decir, la Universidad tiene que estar al servicio de la vida y a la solución de los problemas sociales. Por decirlo en palabras de Coit Gilman, fundador de la Johns Hopkins University, la tarea de la Universidad debe ser: "Reducir la miseria de los pobres, la ignorancia en la escuela, el fanatismo en el templo, el sufrimiento en el hospital, el fraude en los negocios y la locura en la política". Es decir, la tarea de la universidad abarca todos los ámbitos de la vida humana. Quizá la que goza de más relevancia es la tarea de formar profesionales; pero también parece claro que si la Universidad sólo se preocupa de la formación técnico-profesional dirigida al mundo laboral estaríamos olvidando una parte importante de la educación del ser humano, y por utilizar palabras que ya A. Einstein utilizó en 1952: "más estaríamos formando un perro bien adiestrado que una persona".

Ahora la siguiente pregunta es clave: ¿cómo debe hacerlo?, o por decirlo de otra manera, ¿qué valores ha de poner en juego para realizar con calidad la meta social que legitima a la Universidad? Es públicamente aceptado que la Universidad debe poner en juego valores como el rigor académico y científico, el diálogo y la argumentación racional, la transparencia y responsabilidad, y el respeto a las personas y el compromiso social. Estos valores, que ya están incorporados en los estatutos y declaraciones de casi todas las universidades del mundo, no aparecen por generación espontánea ni por inercia, se requiere un esfuerzo institucional y un compromiso decidido de los órganos de gobierno y dirección de la Universidad. La conformación de un êthos o carácter de la Universidad requiere trabajar estos valores y formar en la reflexión moral en el aula y a la vez ir mucho más allá. Es necesario poner en marcha procesos, mecanismos e instrumentos que vayan construyendo una Universidad más justa y responsable. De entre los mecanismos y procesos que se pueden poner en marcha podemos citar tres de los más extendidos y exitosos: códigos de buen gobierno, códigos éticos, e informes o memorias de responsabilidad social corporativas.

Los códigos de buen gobierno tienen por objetivo mejorar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en los más altos órganos de gestión y gobierno. Los códigos éticos, tan extendidos en otros ámbitos y con tanta tradición en el ámbito profesional, son declaraciones de valores y de compromisos que orienta a las personas en sus acciones y decisiones. Y los informes y memorias de responsabilidad suponen un gran ejercicio de transparencia en tanto en cuanto informan con rigor y veracidad de los impactos de las acciones de la institución tanto hacia dentro de la Universidad como hacia fuera.

En una universidad tan innovadora como la UPV no debería extrañar a nadie que también seamos de las primeras universidades de España en trabajar en esta dirección. Creo sinceramente que es una buena noticia que, en estas cercanas elecciones a rector, el candidato Juan Juliá haya presentado en su programa iniciativas en esta línea y se haya comprometido a desarrollarlas creando un Vicerrectorado de Responsabilidad Social Corporativa. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y la decisión de poner en marcha iniciativas encaminadas a incrementar la responsabilidad de nuestra universidad es un primer paso tan humilde como necesario.

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
www.consultajuridicachile.blogspot.com
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Teléfono: OF .02-  8854223- CEL: 76850061
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Urbano Marín, presidente del Máximo Tribunal, enciende el debate

PERO FALTAN ESTUDIOS EMPPRICOS QUE AVALEN ESTA POSICIÓN

Urbano Marín, presidente del Máximo Tribunal, enciende el debate

Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados

Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados Sobran juristas y un gran porcentaje no cumple los parámetros básicos para ejercer la profesión. Con estas críticas, la Corte Suprema abrió el año judicial 2009 provocando una inmediata reacción del mundo académico y el Mineduc. La ausencia de estadísticas y estudios empíricos que avalen el punto de vista de los "supremos" es la principal crítica que les hacen el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, y el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A favor de la postura del Poder Judicial se manifiesta el experto Pablo Ruiz Tagle. Son las distintas miradas de una discusión que recién comienza.

Por Claudia Urquieta Ch.

Actualmente existen casi 16 mil abogados en el país. Cifra que triplica el número existente en 1980. Pero esto no es sorpresivo: la masificación del sistema universitario ha permitido que las escuelas de derecho ya no sean exclusivas de ciertos sectores. El avance en el acceso de capas medias y bajas a la educación universitaria ha tocado incluso las puertas de las otrora exclusivas facultades de leyes, permitiendo un aumento en el número de jóvenes que optan por ser abogados. El mercado da para todos.

La cantidad y los niveles de calidad de los profesionales que se están titulando es harina de otro costal. Y genera profundos reparos y divergencias en los círculos jurídicos y académicos, donde es sotto voce el malestar por lo que se califica como una "degradación de la profesión". Aunque no es un tema nuevo, la discusión volvió a la agenda nacional esta semana, tras las críticas formuladas por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la inauguración del año judicial 2009.

En la ocasión, el magistrado aseguró que la preocupación del Máximo Tribunal, encargado de otorgar los títulos a los profesionales, se enfoca en el número de profesionales que se ha incorporado a la abogacía. Así como a la calidad de su preparación y a los riesgos que una "alta cantidad de letrados en competencia representan para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal".

Poca rigurosidad en las aulas

Plenamente de acuerdo con estos planteamientos se manifiesta el abogado, Pablo Ruiz Tagle. El coordinador ejecutivo del consejo de Océanos Azules, considera que "hay problemas de calidad y exceso de titulados que no están preparados para ejercer. Lo he comprobado como profesor de Derecho Constitucional-de la Universidad de Chile- porque veo que lo que aprenden en otras universidades no es riguroso y no se plantea su rol como de colaboradores y con espíritu de servicio publico, sino como personas que sólo deben ganar dinero a cualquier precio".

Una de las opciones para evitar estos problemas  y que ha sido estudiada por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema, es la imposición de un examen obligatorio para todos los egresados -como sucede actualmente en Medicina- con el fin de imponer una vara más alta a los aspirantes al título. Pero aún no hay nada concreto.

Lo que sí se concretó fue la firma de un auto acordado por parte de los ministros de la Corte Suprema, el cual impide titularse de abogados a los alumnos que hayan terminado sus estudios en una institución donde han convalidado ramos, si ésta no ofrece todo el programa de Derecho, aduciendo que esta oferta no habilita para obtener el grado.

Cifras sin respaldo

No todos comparten las críticas de la Corte Suprema. El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, asegura que lo que cabe preguntarse es si efectivamente en Chile existe un número desmesurado de abogados. "La respuesta es que no, si uno atiende a las estadísticas comparadas con otros países. Por eso la afirmación que formula el Presidente de la Corte Suprema es evidentemente errónea", explica el abogado.

Con cifras en mano, argumenta que de cada 100 mil habitantes, Chile contaba con 126 profesionales en el área en 2003, muy por debajo de la mayoría de los países de la región -por ejemplo Perú con 262 o Uruguay con 420) o Estados Unidos (370). Tendencia que no ha cambiado.

Según Peña lo que sí se puede comprobar empíricamente es que el número de abogados ha crecido desde fines de los '80 hasta hoy. "Pero eso es distinto a decir que sean demasiados".

Esta perspectiva es compartida por el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros. Barros asegura que es probable que los requerimientos de la sociedad hace unos años hayan sido distintos a los actuales. "Y si comparamos las cifras nacionales con las de otros lugares la proporción no es excesiva".

Desde el Mineduc, la Jefa de la División de Educación Superior, Sally Bendersky, señala que "no tengo cómo fundamentar esta crítica de la Corte Suprema, ya que no está basada en datos duros. Y los que nosotros manejamos nos alejan de esa apreciación".

Sobre todo porque, según explica la ingeniera, la política gubernamental apunta en sentido contrario. Es decir a aumentar la cantidad de alumnos de educación superior -que hoy sobrepasa los 700 mil-, ya que "el mayor acceso de las personas se ve como muy positivo".

¿Calidad o diversidad?

Por otra parte, esta curva ascendente se percibe en la mayoría de las carreras, lo que va de la mano con "la masificación de las profesiones que hemos experimentado. Antes estudiar en la educación superior era para una minoría en Chile y hoy es un fenómeno de masas. Lo que es muy razonable en una sociedad que se moderniza y expande las oportunidades", explica Peña.

Y advierte que "quizás los sectores más tradicionales ven esta diversidad como una crisis de la calidad. Y es natural que las minorías que gozaron de este privilegio se sientan amenazadas cuando éste se masifica. Pero no vaya a ocurrir que estemos asistiendo más a una masificación social que a un problema de calidad".

Por otra parte, Peña y Bendersky señalan que no existen estudios que evidencien la falta de calidad que acusa el Máximo Tribunal.

Lo que a ojos del rector de la UDP redunda en que "estas afirmaciones no tienen ningún rigor. Son razonables, las entiendo. Porque hay una preocupación más o menos difusa, pero lo que hay que hacer es estudiar el fenómeno con rigor. Y luego de que verifiquemos lo que está ocurriendo sugeriremos formas de mejora. Pero este tipo de afirmaciones genéricas sin ningún sustento empírico y algunas de ellas erróneas no ayudan a que el problema, si existe, se pueda resolver".

Para Enrique Barros, dentro del Colegio de Abogados están de acuerdo en que hay un problema, ya "que el título no está representando lo que tradicionalmente representó", ya que antes "la Corte Suprema podía garantizar ciertas habilidades profesionales y conocimientos básicos. Y eso no tenemos certeza que se esté cumpliendo con el sistema actual".


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Por qué y para qué

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Pablo Rodríguez Grez | Sección: Historia, Política, Sociedad
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Chile tiene pendiente una respuesta histórica que mientras no se obtenga seguirá gravitando negativamente en nuestra vida política. Cueste lo que cueste, este país debe enfrentarse en serio al "por qué y para qué" del 11 de septiembre de 1973. No es posible dejar esta cuestión a merced de consignas falsas, de interpretaciones sesgadas o especulaciones demagógicas.

Existe, creo yo, consenso en el hecho de que no se trató de un cuartelazo habitual en este siempre convulsionado continente, sino más bien de la culminación de un largo proceso de descomposición. Asimismo, nadie puede negar que el objetivo a que se aspiraba era la restauración de la democracia política, con mayores o menores resguardos y protecciones.

No cabe duda de que el proyecto de la ex Unidad Popular pretendía el establecimiento en Chile de un régimen socialista al estilo cubano. Salvador Allende, que fue durante gran parte de su vida un demócrata parlamentarista, cambió súbitamente su visión a partir de 1959, por la influencia ideológica de Fidel Castro. Para muchos, la Unidad Popular no sería más que un nuevo Frente Popular, y Allende un nuevo Pedro Aguirre Cerda. Pero las cosas, como lo advertimos desde el primer día, no eran así. Valiéndose de todos los poderes que brinda el manejo del gobierno, se entró derechamente a destruir la economía capitalista y la democracia burguesa para, sobre sus ruinas, construir el socialismo. Esta experiencia arrastró a Chile a la peor crisis de su historia, colocándonos al borde de la guerra civil y de la desintegración nacional. Fue la ciudadanía la que mayoritariamente exigió la intervención militar y la que respaldó el gobierno de las FF.AA. y de Orden, única vía para superar una encrucijada dolorosa y catastrófica. Esta es, a mi juicio, la verdad, y mientras se oculte o distorsione subsistirán los rencores, los odios y el escandaloso aprovechamiento político electoral en que se funda la estrategia de la Concertación gobernante.

A partir del 11 de septiembre de 1973, la tarea del gobierno militar se concentró en reconstruir la democracia. Pero surgieron tres enormes escollos. Primero, la resistencia subversiva, que no cesó ni siquiera después de 1990. Segundo, la imposibilidad de restablecer las libertades democráticas mientras no se resolvieran problemas económicos y sociales que tensionaban la vida social y hacían ilusorias la normalidad y la seguridad ciudadana. Tercero, el acoso de que fuimos víctimas, gracias a una campaña internacional infamante que privó a Chile de todo respaldo. Agréguese a estos formidables obstáculos el hecho de que vivíamos, entonces, en plena "guerra fría", que la insurgencia marxista la sufría no sólo nuestro país, sino la mayoría de las naciones americanas, y que nuestros vecinos mantenían con nosotros un ambiente hostil y recargado de resentimientos.

Al cabo de 16 años y medio, el gobierno militar culminó su tarea. Encaró la subversión con un alto costo, es cierto, pero en todo caso muy inferior al que debieron enfrentar Perú, Argentina o Brasil. Fundó una nueva economía, que nos colocó a la cabeza de las naciones sudamericanas y, concluida esta etapa, ciñéndose estrictamente al itinerario establecido en la Constitución de 1980, convocó a un plebiscito, acató el resultado adverso y llamó a elecciones presidenciales, restituyendo al pueblo de Chile la plenitud de sus derechos políticos.

Este largo proceso puede suscitar críticas porque, como es obvio, se lesionaron muchos intereses. Pero en lo sustancial, Chile logró superar una situación provocada por una tentativa totalitaria que fue resistida por la ciudadanía, y salir airoso de lo que parecía insuperable. Es fácil hablar de la violación de los derechos humanos sin aludir a la subversión; del "golpe de Estado", sin referencia alguna al proyecto político totalitario que inspiraba al marxismo; de la concentración de la riqueza, sin recordar las "usurpaciones", "intervenciones" y "tomas" que estimulaba el gobierno de la Unidad Popular.

Es electoralmente lucrativo explotar los costos del proceso de recuperación que vivimos entre 1973 y 1990 y omitir toda consideración al escenario en que ello ocurrió y a los beneficios que fueron conquistados. Sin embargo, tengo la certeza de que en el fondo de su conciencia nuestro país juzga con ecuanimidad la obra del gobierno militar.




Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.


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El Estado y la disolución del tejido social

El Estado y la disolución del tejido social

Gonzalo Vial Correa | Sección: Familia, Política, Sociedad
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El repentino aumento de los femicidios durante febrero llevó a que, la semana pasada, relacionáramos este hecho con la disolución del tejido social en los sectores más desposeídos de nuestro país. Disolución, a su vez, debida a la vertiginosa baja de los matrimonios celebrados en Chile —un tercio menos, los últimos diez años… y siguen cayendo—; el consiguiente inferior número de niños nacidos de matrimonio, y aumento de los nacidos fuera de él (62% del total el año 2007), y el remplazo paulatino, pero incesante y veloz, de los casados por los convivientes, la "pareja".

No se trata de condenar legal ni moralmente a la "pareja" —ésa es otra historia, y una historia caso a caso—, sino de consignar que en ella la vida marital y postmarital y la relación con los hijos comunes carecen de reglas… Más aún, son imposibles de regular, dada la infinita variedad de combinaciones que pueden darse de estas conductas, su desarrollo y sus consecuencias.

Lo comprobamos en algunos de los femicidios que nos han conmocionado (ver columna anterior).Una de las "parejas" estaba compuesta por una mujer no menor de treinta años, y un muchacho de diecinueve, adicto a la marihuana, completando el grupo una hija de la primera, de dieciséis, que el conviviente asesinó. En otra de las parejas disueltas —lo que condujo a que el hombre ultimara a la mujer—, el hechor había tenido una relación anterior, también terminada. Terminada, sí, pero dejando dos hijos de 12 y 14 años, que vivían con el padre, y a los cuales éste encerró en la casa común, ocho horas, mientras allí mismo humillaba y finalmente asesinaba a su segunda mujer.

Olvidemos los crímenes, y preguntémonos qué reglamentación legal hubiera podido darse a estas "parejas", y a los hijos o "hijastros" que dependían de ellas. Obviamente ninguna, en particular por dos hechos capitales: a) El conviviente carece de cualquier obligación (ni derecho) respecto a los hijos de su pareja que biológicamente no sean hijos suyos. b) Lo mismo rige para cualquier conviviente, tocante a los hijos comunes que no haya reconocido. Y este reconocimiento es enteramente voluntario, salvo sentencia judicial, cuya rapidez y accesibilidad a los pobres el lector juzgará.

Sería absurdo sostener (sin una investigación más amplia y profunda, que naturalmente ninguna escuela de sociología hace) que los femicidios de febrero —los cuales afectaron, en cinco de siete casos, a parejas y no a matrimonios— se debieron a la falta de enlace legal. Pero no parece ilógico pensar que, tratándose relaciones humanas como éstas, tan profundas y apasionadas, el hecho de que sean completamente anárquicas, sin ninguna regla jurídica que intente, siquiera, enmarcarlas, no puede sino favorecer la violencia física y sicológica… la "violencia intrafamiliar",de la cual Carabineros recibe dos mil denuncias semanales (El Mercurio, 16 de febrero).

Mientras tanto, ¿qué hacen los gobernantes en presencia de crisis tan formidable?

Parches. Hay mucha solución de parche, improvisada, quizás aceptable por la urgencia y de mediano aunque limitado éxito posible, pero que no va al fondo del tema. Así:

"Brazaletes electrónicos", eventualmente monitoreados por satélites seguirían la pista de aquellos imputados de violencia intrafamiliar que tienen prohibido acercarse a sus víctimas. Proyecto en trámite. Costo: 6.000 millones de pesos… al parecer anuales (El Mercurio,16 de febrero), 200 nuevos funcionarios incluidos.

Confieso abrigar cierto escepticismo ante la idea de que un satélite —que hasta el momento, en el Transantiago, no logra siempre ubicar dónde está un bus de itinerario fijo y regular— pueda seguir el trayecto imprevisible de un femicida a la busca de su presa. Pero quizás sea esta incredulidad consecuencia de mi ignorancia tecnológica.

El SERNAM piensa que hay menos matrimonios porque el régimen de sociedad conyugal da demasiadas atribuciones al marido en el manejo de los bienes comunes. Prepara un proyecto limitándolas.

Que con esta limitación muchas mujeres (y sobre todo muchos hombres) preferirán el matrimonio a la simple convivencia es un optimismo y una inocencia del Servicio. Que Dios le conserve candor semejante.

Justicia de familia. ¿Será la salida real del problema? Ingresan arriba de 350.000 causas anuales. Es, todos lo saben, un modelo de lentitud, ineficacia e incluso trato humillante para quienes la invocan. Los esfuerzos para mejorarla no han tenido resultados muy visibles. El último de estos esfuerzos, ya convertido en ley, establece la "mediación" obligatoria de profesionales especializados, en los juicios de familia. Con ella, y nuevos jueces (95) y empleados (640), más 18.500 millones de pesos en infraestructura, "quedará normalizada la oferta de justicia familiar en el país", dice el ministro del ramo (19 de febrero).

Dios lo escuche. No ha escuchado en seis años —está a la vista— las promesas solemnes y públicas de parlamentarios democratacristianos y nacionales, asegurando que no aceptarían ley de divorcio sin que estuviesen en operación juzgados de familia suficientes y eficaces.

Agreguemos que el "mediador" —cuya propuesta necesita la aceptación de ambas partes— sólo descargará a la justicia propiamente dicha de una pequeña proporción de las causas de familia. Es ésa, entiendo, la experiencia internacional. Y Perogrullo nos dice que si, para uno de los contendores, responder "no" al mediador significa dilatar el pago de alimentos que debe hacer, será muy proclive a ese "no".

"Los temas de familia (dijo el presidente de la Corte Suprema al promulgarse la ley señalada) no deberían judicializarse, porque agudizan el conflicto existente" (El Mercurio, 19 de febrero). Pero la mediación… ¿solucionará esos temas, o devendrá muy mayoritariamente un mero trámite inútil salvo en cuanto indispensable para abrir la puerta de la batalla judicial?

EL PROBLEMA DE FONDO. Pero hay más. Ningún mediador ni juez de familia puede poner orden en relaciones maritales que no son matrimoniales, ni en los vínculos de la "pareja" conviviente con los niños que viven bajo ella. Pues —como explicamos— esas relaciones no tienen ni pueden tener regulación legal de ninguna eficacia práctica.

EL ESTADO. El Estado, los gobernantes, no pueden obligar a las parejas a casarse. Tampoco perseguir o prohibir las convivencias sin matrimonio. Pero pueden (y no lo hacen):

1. Beneficiar de alguna o varias maneras sustantivas a quienes celebran y conservan el matrimonio civil, y tienen hijos dentro de él.

Todo el mundo, creyente religioso o no, debiera coincidir en que el matrimonio civil, y engendrar, criar, formar moralmente y educar hijos dentro de él son situaciones socialmente beneficiosas. De lo contrario, ¿por qué empeñarse en su prolija regulación jurídica, como la que hoy existe? Sin embargo, en el Chile del Siglo XXI, casarse y formar una familia dentro del matrimonio no acarrea el menor beneficio legal ni administrativo.

2. Al contrario, perjudica. Ejemplos. A: Un superior de servicio público puede tener a su "pareja" de jefe de gabinete, pero no puede emplear de ascensorista a un hijo matrimonial. B. La "pareja" tiene DOS opciones a subsidio de vivienda: el matrimonio, sólo UNA. C. Los miembros de la "pareja" declaran separadamente su impuesto anual a la renta. A los miembros del matrimonio cabe que el Servicio les exija una sola declaración, sumando los ingresos de ambos, con peligro de aumentar el tributo resultante, que es progresivo según tramos.

3. Abstenerse de legislación negativa para el matrimonio. Los ejemplos recientes de ésta son muchos. V.gr.:

A. La ley de divorcio (2004), al establecer que el abandono del hogar, sin motivo alguno, otorga al hechor una causal legítima para disolver unilateralmente el matrimonio, por divorcio, después de tres años.

Nadie tiene, pues, matrimonio legalmente seguro sino por ese plazo. ¿A qué fin casarse, entonces? La simple convivencia ahorra el papeleo del matrimonio… y el del divorcio, a los tres años.

B. La ley que "igualó" a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio (1998).Tenía (como muchas de estas disposiciones) un objeto fundamentalmente propagandístico. Los derechos económicos de los antiguos "ilegítimos", en la práctica, y por motivos largos de explicar, serían muy parecidos a los de antes. Y la valoración social de haber nacido dentro o fuera de matrimonio no depende de nombres ni de leyes. Buena o mala, justa o injusta, esa valoración la hace y la cambia el sentir de la colectividad .

Pero, también de hecho, con esta ley, la muerte del padre casado y que deja cónyuge sobreviviente e hijos de ambas categorías, introduce en la herencia tal confusión y precariedad, que objetivamente es un disuasivo del matrimonio. Sobre todo entre los pobres, cuyo único "bien hereditario" de cierta importancia acostumbra ser el hogar, la casa de subsidio. Objetivamente, a la mujer que hace vida marital le conviene —en este respecto— no casarse y tener la vivienda a su nombre. ¡Otra ventaja de la mera "pareja"!

C. Las normas vigentes sobre esterilización (2000). Con la firma de una ministra cuyo nombre he olvidado, dicen —caso único en el mundo, creo— que una mujer casada, que no ha tenido hijos, de dieciocho años, analfabeta, puede exigir a los Servicios de Salud que la esterilicen, sin invocar ninguna causa y sin que lo consienta, ni siquiera lo sepa su marido. ¿Qué mejor manera de decir que casarse es solamente un papeleo aburrido?

Resumen: si no se revaloriza y fomenta, desde todos los puntos de vista, el matrimonio y la familia legales, no habrá solución operante para los problemas de la convivencia marital y de los hijos que nacen de ella. "Judicializar" el funcionamiento de instituciones que por su naturaleza misma no tienen ley es querer cuadrar el círculo… una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero.

Nota: El artículo original fue publicado por La Segunda, el 24 de febrero de 2009.


CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
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Espionaje ilegal / Funcionarios de tres países, en la mira

Espionaje ilegal / Funcionarios de tres países, en la mira

Un espía causó un incidente con Chile

El gobierno de Bachelet pidió colaboración por el accionar de un ex agente de la SIDE que interfirió correos

 

Lucas Colonna y
Hernán Cappiello
LA NACION

Las actividades de un ex agente de la SIDE detenido en Uruguayque interceptaba correos electrónicos de políticos, funcionarios, jueces, periodistas y personajes de la farándula provocaron un incidente diplomático entre la Argentina y Chile.

El gobierno de Michelle Bachelet trasladó una profunda preocupación a la administración de la presidenta Cristina Kirchner y pidió información sobre las actividades del espía Iván Velázquez, preso en Montevideo, acusado de ofrecer coimas para regularizar su radicación en Uruguay y por espiar una base de datos de armas de la policía de ese país.

Pero la consternación chilena deriva de que en el disco rígido de su computadora y en sus pen drives se habrían encontrado evidencias de que espiaba también a 38 funcionarios chilenos, incluida la secretaria privada de Bachelet.

Por eso, el canciller chileno Alejandro Foxley informó que su país había solicitado formalmente colaboración al embajador argentino en Santiago, Ginés Gonzalez García, durante una reunión convocada una semana atrás para repasar la agenda bilateral.

Como respuesta, Gonzalez García envió una carta al gobierno chileno en la que afirma que la Argentina es "víctima" de la acciones de Velázquez, que ya pidió la extradición del ex espía y que no hay funcionarios chilenos mencionados en la causa judicial que tramita en la Argentina en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

"Son delincuentes comunes", dijo González García, al tratar de minimizar el caso. Relató a LA NACION que, por el momento, no está previsto ningún otro encuentro por el tema con el gobierno chileno.

Luego de recibir la inquietud de la diplomacia trasandina, el embajador la trasladó al canciller Jorge Taiana, que lo instruyó para que pusiera a disposición la información requerida. González García respondió entonces por escrito a la Cancillería chilena que el Gobierno de Cristina Kirchner se pone a disposición de los requerimientos de información solicitados y que la propia administración nacional ha sido víctima de Velázquez y de su colega Pablo Carpintero, excarcelado en la causa en la Argentina, pero no vinculado al caso chileno ni al uruguayo.

"Ofrecimos toda la información y la cooperación del caso que sea necesaria ahora y a futuro. Y aclaramos que el gobierno argentino es una víctima de estos dos ex agentes, que nosotros mismos los denunciamos" dijo el embajador. Para González García, el caso no amenaza las relaciones bilaterales con Chile, que atraviesan una buen período, producto de la sintonía política que existe entre las dos presidentas.

Velázquez escapó de la Argentina a Uruguay, donde pidió asilo político, cuando era investigado aquí. Dijo que lo querían matar por una interna de la SIDE y reveló que recibía órdenes contrapuestas de sectores enfrentados en la secretaría, aunque en la justicia argentina creen que utilizaba la información que obtenía para comercializarla. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que la Argentina estudia pedir a Uruguay información sobre lo que tenían las computadoras secuestradas a Velázquez allí.

De hecho, los datos referidos al espionaje realizado a 38 funcionarios chilenos, incluidos el ex ministro de Defensa de ese país Jaime Ravinet, los halló la justicia uruguaya. En Uruguay, Velázquez enfrenta dos causas: una en la que está acusado de haber pagado coimas para regular su situación migratoria y otra por haberse apoderado de una base de datos de armas policiales. Pero además se encontraron 10 carillas con información de inteligencia robada y correos electrónicos de 17 direcciones de funcionarios chilenos interceptados 12.250 veces, grabados en su PC 34 veces al día.

El personaje

GINES GONZALEZ GARCIA
Embajador en Chile

El embajador y ex ministro de Salud de la Nación dijo que el ex agente de inteligencia preso en Uruguay Iván Velázquez, acusado de espiar correos electrónicos de funcionarios, políticos, jueces, periodistas y personajes de la farándula, es un "delincuente común". El diplomático le envió una carta al gobierno chileno en la que señala que la Argentina fue víctima de sus acciones y explica que la Justicia ya pidió su extradición a Uruguay, donde se encuentra detenido.-


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