Nancy Yáñez y su último libro:
 "La gran minería podría ser la  próxima industria del salmón"
 
  La abogada lanzó esta semana, junto al geógrafo  Raúl Molina, la investigación "La gran minería y el derecho de los indígenas en  el norte de Chile", que concluye que las políticas públicas, económicas e  incluso judiciales están hechas a la medida de las grandes compañías. Bajo esa  premisa, las comunidades indígenas, su patrimonio cultural y sus ecosistemas los  grandes damnificados de un paradigma que ve los recursos naturales como  commodities y que puede colapsar del mismo modo que la industria  salmonera.
 Por Claudia Urquieta Ch. 
 Algo así como David y Goliat. Con la diferencia que la situación que describe  el libro "La gran minería y los derechos de los  indígenas en el norte de Chile", permite concluir que los  grandes beneficiados con las políticas económicas y con el Sistema de Evaluación  de Impacto Ambiental (SEIA) no son los más débiles.
 Luego de varios años de investigación, la abogada Nancy Yáñez y el geógrafo  Raúl Molina, de El Observatorio  Ciudadano, lanzaron el miércoles pasado un texto que sistematiza  los casos y diagnostica los impactos de la gran minería en los territorios  indígenas. Conflictos en los que son las grandes empresas las que llevan las de  ganar, amparadas en el concepto de tratar los recursos naturales como una  mercancía. Especialmente el agua.
 Esta fórmula se ha instalado gracias a la Constitución del 80' y las reformas  que han seguido en la misma línea durante los gobiernos de la Concertación, amén  de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, donde no se  excluye este recurso del mercado de bienes y servicios.
 Según explica Yáñez, Chile es el país que va a la vanguardia en esto, ya que  desde la perspectiva de la política económica el agua está al servicio de los  procesos productivos industriales. Lo que choca con la realidad de las culturas  indígenas y los ecosistemas donde viven.
 Pero también ha contribuido a la desprotección de las comunidades autóctonas  la delegación que el Estado ha instaurado en los conflictos "entre privados". Y  en  la falta de estándares legales y pisos mínimos en que deberían darse  los procesos de negociación y participación de proyectos mineros en estos  territorios.
 -Según lo que observaron ¿cuáles son las mayores falencias del  sistema que juega en contra de los derechos de los pueblos  indígenas?
 -Lamentablemente, en Chile los controles ambientales se han ido  flexibilizando y lo que ha demostrado esta investigación es que en general la  participación ciudadana que se lleva adelante en el marco del Sistema de  Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no constituye un mecanismo de consulta  apropiado para recabar el consentimiento de las comunidades. Por el contrario,  en la mayoría de los casos -con la sola excepción de Pampa Colorada-, los  proyectos se llevan adelante en contra de la voluntad expresa de las  comunidades.
 -¿Y qué rol juega el Estado en esto?
 -En ese mismo marco observamos que el Estado ha abandonado su rol regulador,  que es el que le permite ser el gestor del proceso de evaluación de impacto  ambiental. Esto favorece procesos de negociación privados en estos conflictos,  lo que ha dejado la puerta abierta para que las empresas en general intenten  coaptar las voluntades y por esa vía fragmenten los movimientos sociales a  través de los cuales las comunidades se oponen a estos proyectos. Y no son pocos  los casos en que mediante el pago a dirigentes o miembros de la comunidad se  concita la aprobación del proyecto y se generan disputas internas que afectan la  integridad cultural de las comunidades.
 -¿Algo así como lo ocurrido con Pascua Lama, en que se habla de la  entrega de 60 millones de dólares a particulares para quebrar la oposición al  proyecto de Barrick Gold?
 -Sí. En este caso la negociación no se hizo con la comunidad, sino con la  junta de vigilancia, por lo tanto con los agroindustriales del Valle del Huasco.  O sea quienes reciben 60 millones de dólares como producto de eventuales  compensaciones por los daños ambientales futuros son los que tienen mayor  cantidad de derechos de agua en la cuenca del río Huasco, no los pequeños  propietarios agrícolas.
 Además, la empresa ha intentado coaptar voluntades individuales al interior  de la comunidad, y ha intervenido los procesos sociales para generar adhesiones  a través del ofrecimiento de proyectos de desarrollo social dependientes del  municipio. E incluso tuvo una participación directa apoyando  a la  candidata a alcalde que finalmente salió electa.
 -Esto suena como a un pequeño feudo.
 -La verdad es que esto se observa en casi todos los territorios mineros. Si  hay algo que constata esta investigación es que ahí donde operan las mineras lo  que se genera es una especie de feudo, donde el Estado se retira para dar paso a  quienes ejecutan estos proyectos y donde apelan a la responsabilidad social  empresarial para resolver las necesidades de las comunidades locales. Y esa  responsabilidad social empresarial en el caso chileno es una que ni siquiera  alcanza niveles mínimos.
 -¿Estas prácticas caen en la ilegalidad?
 -No. Se ha construido una legalidad que sustenta este modelo. Y está fundada  en la Constitución del '80, que sienta las bases de esta fórmula económica que  ha sido perfeccionada a través de las leyes sectoriales, como el Código de Aguas  o el Código de Minería durante la dictadura. Y en los gobiernos de la  Concertación esto se ha ido consolidando a través de reformas.
 El subsidio a las mineras
 -¿Cómo interpreta que el Estado se repliegue del asunto dejándolo en  manos de las empresas mineras?
 -Es grave. Estimamos que la política pública, particularmente la económica,  se ha estructurado sobre la base de generar bienestar a través del crecimiento  económico. Y ha determinado estratégicamente que esto se garantiza por la vía de  poner a disposición del mercado de bienes y servicios los recursos naturales,  que son tratados como commodities o mercancías.
 Esto, además de flexibilizar los controles ambientales ha abierto este  mercado de bienes a la inversión, fundamentalmente a la extranjera, con pocas  regulaciones. Lo que ha redundado en un empobrecimiento de las comunidades  locales.
 -Y las grandes beneficiadas de esto son las mineras.
 -Sí. Desde una perspectiva de crecimiento, los beneficios que el modelo  chileno ha otorgado a la gran minería han evidenciado que por la vía de las  exenciones tributarias o de pago de patente, específicamente en el caso del agua  -que se constituye de forma gratuita y perpetua-, finalmente ha subsidiado a las  empresas mineras. Lo que no se condice con lo que éstas reportan a la economía  nacional, si uno considera los impactos que esto viene generando en amplios  territorios, fundamentalmente las economías locales. De hecho, si uno mira la  redistribución del royalty minero la mayoría se concentra en Santiago. Y a la  segunda región, que es la que recibe la mayoría de estos impactos, apenas le  queda un 2 o 3 por ciento de ese dinero.
 Minería: la próxima industria del salmón
 -¿De qué forma afecta esta situación a los pueblos  indígenas?
 -En el proceso de desintegración cultural que está generando. De hecho se  observan procesos de despoblamiento por falta de agua.
 Además, enfrentan frustración y discriminación, fundamentalmente del Poder  Judicial. No se encuentran en condiciones de igualdad para poder defender sus  derechos en relación con las empresas mineras. Todo esto  genera una  situación de desesperanza aprendida.  Porque a la larga sienten que el  asunto se va a aprobar sí o sí, por lo que se ven forzados a aceptar las  condiciones de negociación que las empresas les imponen.
 -¿Ve voluntad política para lograr cambios en esta  realidad?
 -No. No obstante la fuerza de los hechos debiera cambiar esta estrategia.  Sobre todo al ver cómo la misma industria por falta de regulaciones termina  comprometida. El caso del salmón es emblemático al respecto y la gran minería  podría ser la próxima industria del salmón.
 Esto, por cierto, si al cabo de 10 años, con calentamiento global de por  medio, no existen aguas en el territorio chileno que te permitan  desarrollarla.