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Una veintena de profesionales se reunieron para trabajar en un libro sobre el tema, que –según se destaca– “necesariamente debe ser visto en los próximos años porque la situación actual limita el crecimiento económico, disminuye el acceso a la Justicia y contribuye a aumentar el malestar en la sociedad”.
Fernando González M.
“La justicia civil y comercial se encuentra sumida en una profunda crisis” y urge realizar una reforma al sistema procesal y a la estructura de estos tribunales si se desea acabar con el atochamiento, la lentitud y la burocracia que actualmente se observa en estas instancias.
Esa es la conclusión a la cual llegan una veintena de abogados y otros profesionales, cuyos trabajos componen el libro Justicia civil y comercial: una reforma pendiente, editado por José Francisco García, Francisco Leturia y José Pedro Silva.
Basta ver, según se argumenta en la publicación realizada con el apoyo de las facultades de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Autónoma de Madrid y de Libertad y Desarrollo, que hay juicios que pueden tardar hasta ocho años, tiempo en el cual muchos casos han perdido relevancia para los demandantes. Eso sin contar que muchos ni siquiera se atreven a acudir a la Justicia como consecuencia de la tardanza en los fallos y la desconfianza en una respuesta satisfactoria.
Es un tema que necesariamente debe ser visto en los próximos años porque la situación actual limita el crecimiento económico, disminuye el acceso a la Justicia y contribuye a aumentar el malestar en la sociedad, asegura el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo y profesor de la Universidad Católica (UC), José Francisco García.
Y, tal vez a modo de resumen del trabajo que empezó en 2004, cuando comenzaron a preparar el libro de 814 páginas -que ayer publicaron- afirma: “Aquí hay que hacer una gran reforma”, tal como sucedió con la Reforma Procesal Penal, pero esta vez para los ámbitos civil y comercial.
Las razones de la crisis
¿Por qué afirman que la justicia comercial y civil se encuentra sumida en una “crisis profunda”? Las causas son múltiples, pero los editores de la publicación destacan cuatro:
1.- “Porque quienes acceden al sistema jurisdiccional en Chile se encuentran con un sistema extremadamente ritualista, lento y burocrático en que las decisiones judiciales tardan años”, contesta el director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, José Pedro Silva.
Explica que la demora más evidente se encuentra en la Región Metropolitana, zona donde “la tardanza sobrepasa toda racionalidad”, debido a que el país se rige por procedimientos que tienen más de 100 años que son fundamentalmente escritos y sin un contacto directo entre el juez y las partes.
2.- En 1990 ingresaban 250 mil causas al sistema judicial, mientras que en 2005 esta cifra subió a 982 mil, multiplicándose casi por cuatro en tanto que el número de tribunales es el mismo. A su vez, 86% de las causas civiles contenciosas corresponden a cobranzas de las instituciones financieras, funciones que podrían realizar agentes colaboradores de la justicia e, incluso, hay ámbitos que podrían “privatizarse”, proponen los entrevistados.
3.- Los jueces, además, realizan labores de tipo administrativa, porque son los gerentes de sus tribunales y deben asumir la responsabilidad de asuntos domésticos (administración del tribunal, calificaciones de funcionarios, entre otros), problema que fue asumido por la Reforma Procesal Penal y que debería ahora abordarse en los ámbitos civil y comercial.
4.- La ley encarga al Poder Judicial tareas que no necesariamente deberían estar radicadas en este órgano del Estado porque no se trata de temas en los cual hay conflicto. Eso sucede, por ejemplo, en casos de tramitaciones de posesión efectiva o donaciones de los padres a los hijos, situaciones en las cuales hoy se debe consultar a la corte.
La nueva justicia
Entre los aspectos que deberían incluirse en la reforma propuesta figura la creación de tribunales especializados en los títulos de créditos, los cuales tendrían que estar organizados con pluralidad de jueces y deberían contar con unidades administrativas de apoyo, con lo cual se destrabaría de manera importante la labor de los tribunales, sostiene José Pedro Silva.
Añade que el sistema civil y comercial debería empalmarse con el modelo procesal penal, estableciendo juzgados orales con audiencias públicas y, además, propone la creación de una “justicia vecinal”. Esta nueva figura jurídica debería pertenecer al engranaje del Poder Judicial y permitiría el acceso de la gente pobre a la justicia, pronunciándose en temas como deslindes u otros, expresa el investigador de la Universidad Católica, Francisco Leturia.
Los abogados sugieren también fortalecer el rol interpretativo de la ley de la Corte Suprema, para lo cual las propuestas son diversas y no siempre concordantes, pero sí hay consenso en que se requiere una mayor uniformidad en las decisiones de estos tribunales para que sirvan de guías a las cortes de primera y segunda instancia, así como para desincentivar la presentación de recursos para causas en las cuales los supremos ya se hayan pronunciado de manera adversa. A modo de ejemplo, hoy no es difícil observar que el fallo depende de la composición de la sala o del momento en que se presentó un recurso.
Falta ver ahora, la disponibilidad política para impulsar una reforma de estas características.
| Trabajo fundacional
| | “No va a ser un best seller”. Así de sinceros son los autores del libro “Justicia civil y comercial: una reforma pendiente”, pero también están confiados en que se trata de un trabajo “fundacional”, que servirá de base para la futura reforma procesal civil que ya ha empezado a dar los primeros pasos al alero del Ministerio de Justicia.
Esa cartera convocó al Foro de Justicia Civil (FJC) en la cual trabajaron una serie de expertos durante 2005, generando documentos que sirvieron de soporte para que el gobierno diseñara en 2006 un anteproyecto de código que durante 2007 tendría que ser discutido, “artículo por artículo”, por el FJC para a fines del próximo año presentar un proyecto de ley al Congreso, sostiene José Pedro Silva.
No obstante, la reforma propuesta en el libro lanzado ayer es mucho más amplia porque involucra también cambiar la estructura de los tribunales y no sólo los procedimientos. | |
(Publicado : 21/12/2006, 5:0 horas)
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