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Monday, September 27, 2010

Un millón de razones para una ley de insolvencia de hogares

Un millón de razones para una ley de insolvencia de hogares

 Reciente información de prensa señala que en Chile se presentan más de un millón de demandas de cobranza judicial anualmente, equivalentes al 62% de las causas civiles que se tramitan en el país.

Por otra parte, la reforma al procedimiento civil que se encuentra en una muy avanzada etapa, creará la figura de un oficial de ejecución de cobranzas, un funcionario del tribunal que tendrá todas las facultades para que se efectúen en forma más eficaz las llamadas demandas ejecutivas cuya principal característica, aparte de su rapidez, es que se realizan en base a la existencia de un documento indubitado donde consta la deuda, habitualmente pagarés, letras o cheques.

Así, al mezclar ambas circunstancias resulta fácil deducir que el futuro de los deudores en Chile será más oscuro que hoy.

La banca y el retail han dicho en más de una ocasión que las cobranzas judiciales no son su negocio, pero omiten decir que bastante tienen que ver con sus ganancias. En buena medida, las presiones que se ejercen con las cobranzas judiciales y extrajudiciales, que los deudores no saben enfrentar, provocan la suficiente desesperación que repercute en fáciles y jugosas repactaciones de deudas que solo agravan la situación del cliente bancario y del retail.

Las presiones que se ejercen con las cobranzas judiciales y extrajudiciales, que los deudores no saben enfrentar, provocan la suficiente desesperación que repercute en fáciles y jugosas repactaciones de deudas que solo agravan la situación del cliente bancario y del retail.

Estas repactaciones constituyen un abuso de la posición dominante del acreedor, generando una utilidad indebida, cercana a la usura, que afecta particularmente a la clase media y media baja, que son los más activos y necesitados usuarios de los créditos.

Así las cosas, saldar deudas, tras sucesivas repactaciones, es un camino cada vez más tortuoso que sólo ayuda a aumentar las enormes ganancias de los oferentes de créditos, como lo demuestran sus propios balances, año a año.

Por tanto, la existencia de una legislación de insolvencia de hogares, es decir, un sistema que a modo de quiebra personal o familiar intervenga la economía doméstica, morigere intereses usureros, establezca modelos de pago y proteja bienes fundamentales de la sociedad, como el hogar familiar, es un imperativo ético, además de una herramienta de resolución de los efectos que las cobranzas provocan en el ánimo de la población, afectando, una vez más la convivencia de las personas y la paz social.

Estos sistemas, con sus variantes particulares existen en países desarrollados y hoy Consumers International en alianza con relevantes asociaciones de consumidores de Chile y América Latina, preparamos una ley modelo que sirva de base para el establecimiento definitivo de este resguardo social en las legislaciones de esta zona del mundo, que brilla tanto cuando se trata de cifras macroeconómicas y es tan vergonzosa cuando se trata de las cifras de la inequidad.

Extracto de El Mostrador » Blogs y Opinión

 
RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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La religión contribuye al debate ético de las democracias

La religión contribuye al debate ético de las democracias

Aceprensa (Sep 27, 2010) Opinión
En su esperado discurso en la Westminster Hall, ante los representantes del mundo político, social, académico, cultural y empresarial británico, Benedicto XVI se centró en el papel de la religión en el proceso político y en el mutuo servicio que se prestan la razón y la fe.

Al hablar en el histórico lugar donde fue juzgado y condenado santo Tomás Moro por oponerse al rey Enrique VIII en nombre de su conciencia, Benedicto XVI aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre "el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político".

Hizo en primer lugar un elogio de la tradición parlamentaria británica, con la que "Gran Bretaña se ha configurado como una democracia pluralista que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con un profundo sentido de los derechos y deberes individuales, y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley." Y dejó claro que la Doctrina Social de la Iglesia "tiene mucho en común con esa perspectiva", en su preocupación por la dignidad de la persona humana y en su énfasis en los deberes de la autoridad civil para la promoción del bien común.

Con todo, las cuestiones fundamentales que estaban en juego en el caso de Tomás Moro siguen planteándose en el proceso político: "¿Qué exigencias pueden imponer los gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas morales?", se preguntó Benedicto XVI.

El verdadero desafío para la democracia

Se trata de la ineludible cuestión de la fundamentación ética de la vida civil. "Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia", advirtió el Papa.

En el mundo político parece que solo cuenta el juego de mayorías y minorías, con la búsqueda de un consenso que permita aprobar unas leyes. Pero Benedicto XVI ha querido señalar que hay unas reglas éticas que son anteriores y superiores a la vida política, y que la democracia se debilita cuando las ignora.

Clarificó esto con dos ejemplos. Uno negativo: la reciente crisis financiera mundial, en la que "es opinión ampliamente compartida que la falta de una base ética sólida en la actividad económica ha contribuido a agravar las dificultades que hoy están padeciendo millones de personas". Y otro positivo, uno de los logros más notables del Parlamento británico: la abolición de la trata de esclavos en 1807 (cfr. Aceprensa 14-03-2007). Recordó que "la campaña que condujo a promulgar este hito legislativo estaba edificada sobre firmes principios éticos, enraizados en la ley natural, y brindó una contribución a la civilización de la cual esta nación puede estar orgullosa." Y, aunque no se extendió sobre este ejemplo histórico, hay que tener en cuenta que fue obra de una minoría cristiana, que con una campaña de años logró cambiar un consenso social arraigado que consideraba normal el comercio de esclavos.

El punto central de la cuestión es: "¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las deliberaciones políticas?" Más de una vez, cuando las instituciones religiosas presentan sus puntos de vista sobre cuestiones éticas debatidas en la vida política, hay quien las desdeña como puntos de vista "religiosos" o se indigna por esta "intromisión" de las iglesias que quieren "imponer" sus creencias.

Mutuo servicio de religión y razón

El discurso del Papa en Westminster Hall clarifica cuál es el papel de la religión en estas cuestiones. "La tradición católica mantiene que las normas objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos."

Es decir, no se trata de anular en la argumentación ética el papel de la razón en nombre de la fe, sino de colaborar a que la razón llegue a descubrir esas normas objetivas. "Sin la ayuda correctora de la religión –advirtió el Papa–, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana." Pero Benedicto XVI reconoce que también es necesario el papel corrector de la razón "frente a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios problemas sociales." "Dichas distorsiones de la religión surgen cuando se presta una atención insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión."

Así pues, "se trata de un proceso en doble sentido." Benedicto XVI ha querido dejar claro que en el proceso político no debe haber una lucha entre la mentalidad secular y la religiosa en competencia para aplicar sus propias normas en el ámbito civil. "El mundo de la razón y el mundo de la fe –el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas– necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización."

Una contribución al debate nacional

Frente a los intolerantes que ven la religión como una fuerza negativa que hay mantener a raya relegándola a la vida privada, Benedicto XVI ha subrayado su aportación al debate público propio de una sociedad democrática. "La religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional. Desde este punto de vista, no puedo menos que manifestar mi preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia. Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada."

Como ejemplos, ha mencionado la actitud de los que en países de tradición cristiana quieren quitar la celebración pública de la Navidad para "no ofender" a miembros de otras religiones, o que sostienen que los cristianos que desempeñan un papel público hagan cosas que van contra su conciencia. "Éstos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública. Quisiera invitar a todos ustedes, por tanto, en sus respectivos campos de influencia, a buscar medios de promoción y fomento del diálogo entre fe y razón en todos los ámbitos de la vida nacional."

Para hacer ver que esta colaboración entre Iglesias y Estado es fecunda, mencionó diversos ámbitos en que el gobierno británico y la Santa Sede cooperan (derechos humanos, ayuda al desarrollo, reducción de la deuda, conservación de la paz...). Pero también advirtió que "Para que dicha cooperación sea posible, las entidades religiosas –incluidas las instituciones vinculadas a la Iglesia católica– necesitan tener libertad de actuación conforme a sus propios principios y convicciones específicas basadas en la fe y el magisterio oficial de la Iglesia. Así se garantizarán derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de asociación."

En el trasfondo de estas palabras hay algunos conflictos recientes, como el que agencias católicas de adopción hayan tenido que retirarse de este campo por no estar dispuestas a dar niños a parejas homosexuales. Con lo que, paradójicamente, en nombre de la "no discriminación" se acaba discriminando a los que quieren ser fieles a sus propios principios.

Esta visita histórica de un Papa al Parlamento británico deja un discurso que será un punto de referencia para analizar las relaciones entre religión y política. El discurso demuestra que Benedicto XVI busca la colaboración donde otros ven enfrentamiento. Su actitud razonable y abierta hace ver, por contraste, toda la intolerancia de los que gritaban contra su visita.
FUENTE:
Saludos,
 
RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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Las realidades que se esconden tras el nivel del tipo de cambio

Las realidades que se esconden tras el nivel del tipo de cambio

El Banco Central puede acotar la volatilidad, pero es tarea del gobierno que un mercado laboral inclusivo se refleje en un tipo de cambio real más alto.

 

EL TIPO de cambio ha descendido bajo  la barrera de los 500 pesos por dólar, umbral que se asocia a una limitación severa para algunos sectores productivos relevantes, lo que ha dirigido la atención de muchos analistas y empresarios hacia el Banco Central. Esto es correcto, pues el Banco Central puede influir en el mercado cambiario. 

En principio, no está en la capacidad del Banco Central -al menos no sin costos patrimoniales y, eventualmente, en términos de inflación- sostener un tipo de cambio real distanciado del valor que dictan sus "determinantes fundamentales", como son los costos de contratación de factores productivos y el nivel y composición del gasto público y privado. 

Sin embargo,  en un sistema de libre flotación cambiaria, el tipo de cambio está determinado, en cada instante, por expectativas respecto de su evolución futura. En un mundo incierto y fluctuante, hay entonces un amplio espacio de influencia sobre el tipo de cambio para las expectativas sobre el futuro, correctas o erróneas, que sostengan los agentes económicos. Fluctuaciones del tipo de cambio entre 750 y 430 pesos por dólar, como se han observado en Chile en nuestra breve historia de flotación cambiaria, son evidencia clara de que el mercado puede sostener expectativas extravagantes. Entre una labor mínima de información y orientación al mercado y la intervención cambiaria decidida, que involucra compromisos y recursos, hay una amplia gama de actitudes y acciones disponibles para el Banco Central que pueden ayudar a limitar la volatilidad cambiaria, lo que da sentido a poner la mirada sobre esta institución - no obstante su histórica prescindencia- en circunstancias como las actuales.

Pero son las autoridades económicas del gobierno quienes tienen la responsabilidad por la evolución de los determinantes fundamentales del tipo de cambio real, más allá de la coyuntura de expectativas de corto plazo. Por cierto, está el efecto del gasto público sobre el tipo de cambio real, que debe mover a las autoridades a contener con responsabilidad la presión fiscal. 

Luego, posiblemente,  la mayor incidencia potencial sobre el tipo de cambio real está en las políticas laborales. Si comparásemos el mercado laboral chileno con el de otros países de la Ocde, concluiríamos que el déficit de puestos laborales en nuestro país es cercano al doble del objetivo oficial de creación de un millón de empleos, para igualar sus tasas de participación laboral. Generar las condiciones para crear estos puestos de trabajo permitiría absorber en labores productivas a los trabajadores de programas fiscales para paliar situaciones de cesantía; a trabajadores por cuenta propia que representan situaciones de subempleo; al exceso de desocupados sobre aquellos consistentes con  pleno empleo; y a un numeroso contingente de personas -particularmente mujeres- que hoy está fuera de la fuerza de trabajo. Poner a trabajar a dos millones adicionales de personas en Chile supone amplias reformas que generarían una mayor competitividad cambiaria, la que, a su vez, sería requerida para sostener el mayor empleo. En ese sentido, mayor empleo y mayor competitividad cambiaria son inseparables y se refuerzan mutuamente. 

El gobierno no puede aceptar el actual nivel de competitividad cambiaria como consistente con los "determinantes fundamentales del tipo de cambio", porque ello supondría resignarse a gasto público excesivo, bajas tasas de participación laboral y alta prevalencia de desocupación y subempleo, como parte de la estructura permanente de nuestra economía
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Rodrigo González Fernández
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Mapuches rechazan oferta del gobierno y se postergan las negociaciones

Mapuches rechazan oferta del gobierno y se postergan las negociaciones

Comuneros pidieron suspender cita fijada para ayer en la que darían su respuesta al gobierno.

por Natalia Hernández y Alfonso Henández. Concepción latercera.com

Pasadas las 18 horas de ayer, Natividad Llanquileo telefoneó al subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado. En la conversación, la vocera de los huelguistas de Concepción le pidió suspender la reunión agendada para las 20 horas de ayer.

Así, se cumplió el plazo de 24 horas que el Ejecutivo había dado el sábado a los mapuches para anunciar si seguirían en huelga o aceptarían la última oferta del gobierno: retirar las querellas que patrocina el Ejecutivo invocando la ley antiterrorista.

El llamado ocurría sólo minutos después de terminada la reunión que Llanquileo sostuvo en Victoria con otros voceros mapuches: Pamela Pessoa -también representante de los ayunantes de la cárcel El Manzano-, Rodrigo Curipán, de Angol, y Eric Millán, de Temuco.

Tras el encuentro, los dirigentes señalaron que seguirían estudiando la oferta del gobierno y que por el momento la huelga se mantenía. Con ello, la solución al conflicto quedaba en punto muerto.

"Hasta ahora no hay nada resuelto, estamos midiendo la situación del gobierno y ahí vamos a tener una respuesta, creo que mañana (hoy)", dijo Curipán.

Según trascendió, aplazar la cita que se realizaría anoche en la casa seminarista Betania de Concepción -a la que asistirían, además de los dirigentes mapuches, el obispo Ricardo Ezzati y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, en representación del gobierno- fue la fórmula resuelta por los comuneros para intentar salvar las diferencias entre los huelguistas frente a la postura del Ejecutivo.

En todo caso, las negociaciones podrían retomarse hoy en la tarde.

"Los baches son objetivos, hay distancias, hay posiciones que tienen puntos de divergencia, así que hay que esperar que los comuneros hablen entre sí", dijo en la mañana de ayer Ezzati.

"Espero que puedan superar las diferencias internas que tienen", dijo Alvarado anoche, tras reunirse con Ezzati.

La oferta del gobierno es vista con suspicacia por algunos mapuches, porque hay conciencia de que si no se cambia la legislación, su situación quedará en manos del Ministerio Público y, por ello, han pedido al gobierno interceder ante la fiscalía.

Sin embargo, fuentes de Palacio señalan que la oferta hecha por el gobierno el sábado sería la última propuesta que hará el Ejecutivo. Ese mensaje fue transmitido ayer a los voceros de los huelguistas y a Ezzati.

En La Moneda aseguran que si los comuneros optan por no deponer la huelga, se seguirá con el procedimiento que se ha llevado hasta ahora de trasladar a aquellos con complicaciones de salud a centros asistenciales. Y que, en casos extremos, se utilizarán medidas de protección como la alimentación forzada, que fue autorizada por la Corte Suprema para ocho comuneros el viernes pasado.

Piñera, de hecho, reiteró ayer que el gobierno había hecho los máximos esfuerzos para poner fin a la huelga.

Pasadas las 7 de la mañana de ayer, el obispo Ezzati pasó a buscar a la cárcel El Manzano de Concepción a las voceras de los seis huelguistas detenidos allí, Natividad Llanquileo y Pamela Pessoa.

Juntos, viajaron hasta la cárcel de Angol -donde se sumó el obispo de Temuco Camilo Vial- para entregar personalmente a los comuneros presos en ese recinto, y no a través de sus voceros, la oferta hecha el sábado por el gobierno con el fin de deponer la huelga.


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