Cerca de treinta personas en el público, cuatro ponentes y un moderador para hablar de un tema que ha estado de actualidad gracias al caso del tetrapléjico Ramón Sampedro, relatado en la película Mar adentro, de Alejandro Amenábar, y más recientemente al de Inmaculada Echevarría, una granadina de 51 años enferma de distrofia muscular desde los 11 años, que ha solicitado que la desconecten del respirador al que está conectada desde hace nueve años.
Desde un principio quedó claro que el título del diálogo, 'Eutanasia. Derecho a la muerte versus dignidad de la vida', no reflejaba la realidad del debate. Porque el 'versus' no apareció por ningún lado. Tres de los ponentes estaban de acuerdo en casi todo y un cuarto estaba en desacuerdo pero sus argumentos derivaron hacia un extremo que tenía poco que ver con la disputa reflejada en el llamativo título.
Rodríguez Morán, miembro de la junta directiva de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) insistió en que en España «no se muere a gusto», y definió la muerte como un proceso «que empieza al nacer». De este modo, es necesario a su juicio, mejorar «la cultura del morir», ya que la calidad de la muerte forma parte de la calidad de vida. La asociación a la que pertenece pide una regulación legal que permita «morir bien» y «no esperar a procesos agónicos», basada en dos objetivos: promover el derecho de toda persona a disponer de su cuerpo y su vida, y defender el derecho de los enfermos terminales a morir si lo desean. Todo ello ha de hacerse siempre «dentro de la legalidad», no permitir situaciones ilegales ni alegales.
Por su parte, la profesora de Filosofía Moral de la Universidad de Oviedo, Asunción Herrera, dijo que existe un «vacío legal en el tema de la muerte», y lo primero que hay que hacer es delimitar los distintos supuestos: la eutanasia activa, que consiste en facilitar la muerte de una persona que sufre una enfermedad terminal; la pasiva, que supone dejar de prolongar artificialmente la vida de un enfermo, y el suicidio asistido, cuyo paradigma es Ramón Sampedro, que no estaba en estado terminal pero pedía la muerte para acabar con su sufrimiento.
Una vez determinado qué es la eutanasia, la profesora defendió la preeminencia de los derechos subjetivos y el principio de autonomía, la libertad de decisión de cada persona para dar un consentimiento informado y quitarse la vida en estos casos.
En el mismo sentido se pronunció el presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, apelando al principio de autonomía. Dijo que cada persona tiene una vida doble: la biológica y la biográfica o histórica, y debe plantearse «cómo cada uno cerramos el libro de esta vida histórica». Palacios definió eutanasia como la «ayuda a morir a un enfermo terminal que lo pide por sufrimientos físicos o psíquicos». Con esta práctica, a su juicio, «no se quita la vida a nadie, se ayuda a que una persona disponga de su vivir».
Los tres ponentes se mostraron de acuerdo en defender el principio de autonomía y el derecho a disponer de la propia vida, de la que la muerte forma parte indisociable. Y coincidieron en la necesidad de llenar el vacío legal con una normativa adecuada que evite casos al margen de la ley.
Paliativos
Menos favorable a estas prácticas se mostró el médico psiquiatra y miembro del Foro de la Familia, Ángel García Prieto, más partidario de los cuidados paliativos que de facilitar la muerte al paciente. A su juicio, aún «no nos aclaramos qué entendemos por eutanasia». Sus argumentos, sin embargo, terminaron por derivar hacia la crítica de la clase política. Se mostró poco convencido de promover una legislación sobre la eutanasia, pero esgrimió como razón principal la falta de madurez de la clase política española, reflejada en la crispación del debate aparecida en los medios, que en su opinión no podría asumir un problema con tantas sutilezas. Nadie en la mesa estuvo de acuerdo. Políticos locales entre el público protestaron, y también parte del público. Otro sector aplaudió.