Reporteros sin Fronteras preocupada por la nueva legislación sobre las ONG’s
El 2 de noviembre de 2006, el Congreso aprobó una reforma de la Ley 27692 sobre las prerrogativas y el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Reporteros sin Fronteras está preocupada por los considerandos del nuevo texto que, en nombre del “interés público”, coloca a las cerca de tres mil organizaciones no gubernamentales bajo la tutela directa de la APCI.
“El criterio de “interés público”, esgrimido para modificar la ley, plantea problemas. El interés público no debe confundirse necesariamente con el interés gubernamental, ya que la APCI es un organismo del Estado. Por otra parte, la ley modificada precisa que la APCI estará habilitada para sancionar a cualquier ONG que altere el orden público, o perjudique a la propiedad. Por tanto, nos tememos que a partir de ahora algunas asociaciones de defensa de la libertad de prensa, o de los derechos humanos, puedan sufrir un control que no se limite a su funcionamiento, sino que también se refiera a sus objetivos. A este respecto recordamos a las autoridades peruanas el peligroso precedente de la ley sobre las ONG’s aprobada en Rusia, en enero de 2006. Si fuera necesario, apoyaríamos el recurso de inconstitucionalidad de las asociaciones y organizaciones afectadas por la nueva ley”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
La nueva Ley de Cooperación Internacional, aprobada en el Congreso en segunda lectura el 2 noviembre, introduce el poder de control de la APCI sobre las 3.174 organizaciones y asociaciones, peruanas o extranjeras, presentes en el país, que ahora tendrán que inscribirse y registrar sus proyectos, así como la lista de sus donantes, en la APCI. Después, y sobre todo, podrían ser sancionadas las ONG’s consideradas responsables de “alteración del orden público” o “perjuicio a la propiedad”.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), principal asociación de defensa de la libertad de prensa en Sudamérica, con sede en Lima, condenó especialmente al final de la primera lectura, el 26 de octubre, las modificaciones que “restringen la libertad de las ONG’s a recibir donaciones del Exterior”, y el poder que se da al Estado para decidir qué organizaciones podrán, o no, recibir donaciones, “en función de las prioridades que establezca y de su propia definición del “interés público””.
La nueva ley “concede al gobierno capacidad para controlar los fondos destinados a promover la libertad de expresión y el periodismo de investigación en América Latina, una parte de los cuales proceden de medios de comunicación independientes de Estados Unidos o de Europa”, ha subrayado el IPYS que considera “esta grave intromisión en la actividad privada como un intento de restringir la posibilidad de que las ONG’s critiquen al poder político o a los grandes grupos económicos, que tratan con el Estado”.
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