Los escándalos financieros vuelven a inquietar a los españoles. Además de la corrupción urbanística, en los últimos días se han sucedido sonados registros bancarios -operación Suéter- que ponen de relieve el uso fraudulento de productos fiduciarios con los que evadir millones de euros al fisco. El jueves pasado, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, se bloquearon 1.800 millones en cuentas opacas de clientes que presuntamente pudieron beneficiarse de una trama empresarial, con epicentro en la filial española del portugués Espírito Santo. Una entidad en cuyas sedes irrupieron por sorpresa decenas de agentes de la Guardia Civil, con objeto de incautar documentación que corroborara las arduas investigaciones de otro escándalo más, en el que se han visto salpicados el banco BNP Paribas, la sociedad Cartera Meridional y la aseguradora Cahispa.
Es otro caso que ha convulsionado a la opinión pública, sorprendida del escaso éxito de las autoridades en la lucha contra el fraude a gran escala, la deficiencia de las leyes que permiten casos que no se producen en los países de nuestro entorno) o la laxitud y falta de medios de los organismos públicos dedicados a esta difícil tarea. Todo esto pone en cuestión la falta de interés de la clase política por atajarlos de plano.
El Parlamento acaba de aprobar la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que entrará en vigor en enero, una norma devaluada porque el Gobierno anunció que iba a servir para combatir el fraude, y sólo ha quedado para prevenirlo. En su texto no se recoge ninguna medida, como ha denunciado reiteradamente la Organización Profesional de Inspectores. Ésta ha denunciado la ausencia de interés a la hora de frenar la corrupción urbanística y el crecimiento espectacular de la circulación de billetes de 500 euros. Hasta ahora, además, no hay ningún condenado por delito fiscal que esté en la cárcel, salvo un preso preventivo en Palma de Mallorca porque es hindú y existe riesgo de fuga. La falta de medios es la nota predominante.
En el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de España, sólo trabajan 77 personas para supervisar las operaciones dudosas a que están obligados a informar los bancos y cajas, compañías de seguros e incluso inmobiliarias y promotoras. También notarios, registradores, despachos de abogados, sociedades de inversión (de filatelia, obras de arte o numismática), joyerías y hasta casinos de juego. Sin embargo, como denuncia en su último informe el Gafi (Grupo de Acción Financiera), un organismo internacional especializado en la lucha contra el lavado de dinero negro, «no hay una adecuada supervisión de estos colectivos profesionales», ya que sólo hay dos inspectores que se dedican a vigilar sus actividades.
En el último año, cuando se batió el récord de ventas de un millón de pisos, los notarios sólo informaron sobre 67 asuntos sospechosos de blanqueo; los abogados, de 19 casos; las inmobiliarias y promotoras, de 14 supuestos; y los casinos de juego, de tan sólo cinco. En el Sepblac, sólo hay 24 inspectores del Banco de España y tres de Hacienda. La policía tiene operativos a 13 inspectores y las Guardia Civil a tres capitanes. El resto del personal son administrativos, técnicos y auxiliares. Son los encargados de la vigilancia de las grandes operaciones de blanqueo y quienes informan a la Fiscalía Anticorrupción y a los jueces de la existencia de presuntos delitos. Pero cuando no encuentran indicios de actividad delictiva, archivan sin más los expedientes. Hacienda quiere ahora que este Servicio le pase la información por su contenido tributario.
El Gafi también ha denunciado que España «no ha tomado las medidas adecuadas para realizar una eficaz vigilancia de los clientes de alto riesgo o personas políticamente expuestas». Se refiere a la inexistencia de controles de apertura de cuentas por parte de los altos funcionarios o de sus familiares. Y alude al uso de los paraísos fiscales, empleados para adquirir propiedades inmobiliarias. A la lista se suma la falta de información y control de las cuentas y actividades de alcaldes y concejales responsables de urbanismo. Este organismo, además, llama además la atención sobre la falta de control de las cuentas que tienen los bancos españoles en el exterior a través de corresponsales donde no tienen sucursales.
Desde el escándalo de la operativa de BBV Privanza Bank Jersey, las entidades financieras españolas habían anunciado su retirada de los paraísos fiscales. Pero siguen manteniendo líneas de corresponsalía. Sólo el Sabadell ha declarado hace un mes su abandono definitivo, mientras que por ejemplo los dos grandes bancos, Santander y BBVA, obtuvieron en 2005 el 5% del total de su beneficio en estos paraísos.
De las 27.226 personas que trabajan en la Agencia Tributaria, sólo se dedican a la inspección 5.006 funcionarios, mientras que hay más de 11.000 que se emplean en tareas de recaudación y de gestión.
Sin embargo, en fuentes de la inspección matizan que de los 1.500 inspectores existentes, sólo la mitad se dedica a actividades investigadoras y que sólo hay unos 1.100 técnicos para estas labores. Por tanto, no llegan a 1.800 los profesionales dedicados a perseguir las grandes operaciones de fraude y blanqueo, aunque en muchos casos tienen limitado su campo de actuación porque sólo los jueces pueden ordenar pinchar teléfonos o realizar, por ejemplo, seguimientos. Es más, en muchos casos, y ya que se prima el número de actuaciones en lugar de la calidad de la inspección, se les ha recomienda que sólo investiguen los últimos dos años, cuando legalmente pueden hacerlo hasta cuatro años atrás. Suele suceder también que los inspectores empleen dos años en completar su trabajo para después pasar el expediente a la Fiscalía o a los juzgados.
Ahora mismo, la Agencia sólo tiene creadas 9 Unidades de Investigación, conformadas por un inspector y a lo sumo tres subinspectores para casos como los de operaciones como BallenaBlanca, Malaya o Suéter. Y tienen que dejar sus actividades diarias cuando se les pide una actuación especial de este tipo. Por ejemplo, inspectores de las Unidades de Castellón y Alicante han tenido que actuar también en los registros de despachos y sedes bancarias en estas provincias en la operación Suéter, que se ha centrado en Madrid y Barcelona. Que faltan medios personales, y también materiales, para luchar contra la elusión fiscal y el blanqueo de capitales lo confirma el hecho de que sólo estén adscritos a la Fiscalía Anticorrupción cuatro inspectores de Hacienda.
Este colectivo se lamenta de que se haya desaprovechado la Ley de Prevención contra el fraude fiscal para combatir todo esto. Por ejemplo, que los notarios tengan que identificar los medios de pago en una compraventa de una vivienda no sirve para detectar dinero negro porque el fedatario escriturará sólo el dinero blanco de la operación, mientras que en la antesala del despacho se habrá hecho la entrega de las cantidades opacas. En estas fuentes, se reconoce que «falta voluntad política» y que «ha quedado en aguas de borrajas» el anuncio del Gobierno de que Hacienda iba a salir a la calle en busca de los defraudadores y delincuentes fiscales o de que se iba a investigar a toda la cadena de la construcción (desde el promotor al comprador). «No se hace», añaden, «porque la recaudación va bien y no se necesita el dinero de las actas para cuadrar las cuentas del Estado». Estos profesionales echan de menos que dentro de los Planes de Inspección del año próximo no se incluyan a alcaldes y concejales de urbanismo, y a su entorno, de los ayuntamientos más importantes o de los que se hayan producido recalificaciones. Sin embargo, Interior ha habilitado un grupo de guardias civiles para que vigilen las urbanizaciones ilegales en las autonomías de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Pero no contarán con el apoyo de Hacienda.
Mientras, no cesa la demanda ni la dispensa del Banco de España de billetes de 500 euros. A pesar de que el Sepblac ha recordado a los bancos que identifiquen a quienes pidan grandes cantidades de estos billetes, o que superen los 3.000 euros, con datos del último mes, ya existen en el mercado 106 millones de billetes de este valor facial, por un valor total de 53.222 millones de euros, lo que equivale al 65% de todos los emitidos y a más de una cuarta parte de los distribuidos en la UE. Hacienda ya tienen datos de las zonas calientes de su distribución (Costa del Sol, Comunidad Valenciana y Baleares).
«Pero sólo pillaremos a los despistados», comentan estas fuentes, «porque existen bandas de pitufos», que se recorren varias entidades al día para obtener billetes y no sobrepasar los límites, y también hay comisionistas en las oficinas bancarias. «Va a resultar muy difícil combatir esta delincuencia», concluyen, «mientras exista la colaboración de algunas entidades financieras, la libertad mal entendida de los movimientos de capitales y la proximidad de Andorra y sobre todo de Gibraltar» (donde existen 30.000 sociedades off shore y que operan en toda la Costa del Sol cuando curiosamente no pueden hacerlo en el Reino Unido).
De cualquier forma, siempre se ha creído que no se iban a producir más escándalos. Y esto sigue. Seis años después del caso BBV Privanza, el juez Baltasar Garzón ha decidido tirar del hilo y busca clientes en el Espírito Santo y en BNP Paribas.
El sonado escándalo de las cuentas secretas del BBV, que se saldó con la abrupta marcha de toda la cúpula del extinto Bilbao Vizcaya -hoy BBVA- aún está pendiente de juzgarse.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha fijado para este mes el juicio por el caso de las cesiones de crédito del Santander, que sentará en el banquillo entre otros, a su presidente, Emilio Botín. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan el sobreseimiento de las actuaciones y la acusación particular pide 180 años de prisión y multa de 46 millones de euros para el banquero.
El penúltimo escándalo ha sido el de Afinsa y Fórum Filatélico. Después de más de 20 años de actividad como sociedades mercantiles, ahora se las considera empresas financieras, con más de 350.000 afectados. Sobre ellas pende una querella de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal. La Administración Judicial calcula entre 3.500 y 4.200 millones de euros la deuda de Fórum con sus clientes y 2.400 millones la de Afinsa con sus inversores. Mientras, Arte y Naturaleza, otras sociedad de bienes tangibles, ha presentado un concurso voluntario por insolvencia al no poder hacer frente a las obligaciones con 15.000 clientes.
Otras crisis
Pendiente de juicio sigue el caso Gescartera, una agencia de valores que estafó en 2001 unos 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de órdenes e instituciones religiosas y militares, y que provocó el cese de la presidenta de la CNMV y del entonces secretario de Estado de Hacienda. También cabe recordar la crisis de Eurobank, que afectó a 2.000 personas con más de 135 millones de euros en depósitos; el de la sociedad de valores Ava, con un quebranto de unos 84 millones de euros; Banfisa (Banco Filatélico Español) y Fidecaya, sin olvidar Banesto o Rumasa.
Capítulo aparte merecen los escándalos más recientes relacionados con la construcción y el uso indebido del poder municipal con epicentro en Marbella y ahora trasladado a otra escala a casi un centenar de ayuntamientos de pequeño tamaño con el sueldo recalificado y promociones ilegales como testigo de cargo. Hace poco más de un año saltó a la luz la operación Ballena Blanca, una red de blanqueo de dinero que ha trabado relación con uno de los directivos de Fórum, en la que resultaron implicados medio centenar de personas, entre ellos abogados y notarios. La operación Malaya acabó llevando a la cárcel a casi toda la corporación municipal marbellí, al ex responsable de urbanismo Juan Antonio Roca y a un elenco de empresario dedicados a la promoción inmobiliaria.
Y después de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, por la construcción de 13.500 pisos en la localidad toledana de Seseña, la corrupción urbanística ha irrumpido en pleno en la actividad política con acusaciones entre los dos principales partidos. La Fiscalía también ha actuado contra los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos (Madrid), imputados por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias por el presunto cobro de una comisión de 40 millones al lograr una recalificación. El panorama se ha enfangado más y los escándalos se suceden. La mancha urbanística se extiende por toda la geografía. Es el nuevo mapa de la corrupción.
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