El Dicom del Estado
Cuando un chileno común y corriente cae en Dicom, se entera rápidamente. No sólo tiene dificultades para acceder a un crédito, sino también para conseguir trabajo.
Aunque resulte difícil de creer, el Estado también puede caer en Dicom, pero la diferencia es que la mayoría de los ministerios y servicios públicos que están en esa condición ni siquiera se entera. "El Mercurio" revisó la clasificación de riesgo de los principales ministerios y servicios públicos, y descubrió que al menos 14 de éstos estaban calificados como deudores de alto riesgo.
Pese a que el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, ya había alertado sobre esta situación -heredó un ministerio con la peor nota que entrega Dicom-, la mayoría de las reparticiones consultadas no conocía su condición de riesgo. Es el caso de la Dirección del Trabajo, entidad que, alertada por "El Mercurio", pagó los $53.000 que le adeudaba a la Autopista Central, y con eso limpió sus antecedentes.
El problema es que los proveedores sí miran estas clasificaciones e incorporan el nivel de riesgo de las instituciones del Estado en los precios de los productos que le venden, lo que significa que el Fisco puede estar comprando más caro que si pagara a tiempo, dice la investigadora de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst.
Las nuevas autoridades están al tanto de esta realidad y advierten que si algún organismo no paga cuando corresponde, no es por problemas de caja, sino por desorden administrativo o negligencia. Esto, en el entendido de que el Presupuesto de la nación se diseña para que no haya instituciones deficitarias. Frente a este escenario, el Presidente Piñera anunció el programa "Chile Paga" para agilizar estos procesos y reducir la deuda del Estado con los privados.
Entre enero y abril de este año, los proveedores han presentado 1.427 reclamos por incumplimiento en el pago de facturas por más de US$ 200 millones, la mitad de los cuales corresponde a deuda hospitalaria.
Una dura clasificación
Dicom ordena a las instituciones en una escala que va desde la letra A, para los que tienen antecedentes impecables, hasta la G para los que exhiben una conducta riesgosa.
En esta última condición aparecen los ministerios de Salud, Obras Públicas, Transportes, Bienes Nacionales, del Interior, la Onemi, Junaeb, Junji, Indap, Registro Civil, Cenabast, Dibam y la Dirección del Trabajo. En el extremo opuesto, destacan sin documentos morosos, sin protestos y sin antecedentes en el boletín comercial los ministerios de Educación, Vivienda, Minería, Economía y Hacienda, entre otros.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) es una de las reparticiones que aparecen con mala nota. Sin embargo, la jefa de Finanzas de este organismo, Ángela Cornejo, explica que el total de las morosidades de Junaeb asciende sólo a $600 mil, lo que considera marginal para una repartición que maneja un presupuesto de $300 mil millones. A la vez, cuestiona el carácter excesivamente castigador de la evaluación que hace Dicom.
"Yo no sé qué elementos usa Dicom para ponernos una nota que es desproporcionada. Las deudas que tenemos son con las autopistas urbanas. Siempre tenemos problemas con ellas y protestos muy antiguos que entraron al boletín el año pasado", alega.
El asesor de la Junji, Hernán Ortiz, explica que la institución cayó en esta categoría a causa de un proveedor -Sociedad Comercial Millet- que "sin entregar los productos que le compramos, le vendió las facturas a un factoring que nos mandó a Dicom. Estamos por demandar a esa empresa que emitió una factura el día 7 y la mandó al factoring el 8 para hacer caja".
En el caso de Indap, en tanto, las nuevas autoridades atribuyen su mala nota a la desprolijidad de la administración saliente. A través de una declaración escrita, aclararon que "la nueva administración está corrigiendo una serie de errores de procedimientos que se arrastran de años anteriores. Para este caso, estamos resolviendo a la brevedad esta situación, y se han pagado hoy (jueves) todos los cobros impagos que produjeron que Indap estuviera en Dicom. Sin embargo, los montos comprometidos son menores, y el no pago responde a errores internos, y no a la falta de recursos".
Una situación comparable vive la Onemi, cuyo director, Vicente Núñez, ha instruido una revisión de todos los procesos de pago para evitar que las clasificadoras de riesgo sigan castigando a la institución con la categoría de deudor de alto riesgo.
Texto: Pablo Obregón Castro
FUENTE: emol
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