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Wednesday, July 24, 2013

PRESIDENTE PIÑERA Y EL REPORTAJE DE CONTACTO

Presidente Piñera por reportaje de Contacto: "Siempre el interés común debe estar por sobre los particulares"

Piñera comentó la situación de conflicto de interés de algunos parlamentarios y pidió al Congreso avanzar en proyectos para "establecer reglas mucho mas exigentes para que ellos declaren su patrimonio e intereses".

por Lorena Ferraro, enviada especial a Copiapó - 24/07/2013 - 13:19
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Piñera. Piñera.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió desde Copiapó - en donde se encuentra de gira- a lo emitido anoche por el programa "Contacto" de canal 13, en donde se dio cuenta de situaciones de conflicto de interés que afectarían a algunos parlamentarios.

Ante ello, Piñera dijo que "se mostraron ciertos problemas que puedan haber en el Congreso en materia de conflicto de intereses. Para este gobierno la transparencia es un elemento central"

En esa línea, planteó que "ojalá puedan avanzar con mayor rapidez" tres proyectos que gobierno tiene en el congreso, para "establecer reglas mucho más exigentes para que los parlamentarios declaren su patrimonio e intereses". 

El mandatario pidió a los legisladores que "nos ayuden a acelerar y aprobar" los proyectos que ha ingresado el gobierno y que apuntan a que "los que estamos en el servicio público apliquemos la regla de oro: siempre el interés común, el interés de todos, tiene que estar por encima de los intereses particulares, por legítimos que estos sean". 

"Los ciudadanos tienen derecho a saber que hacen los politicos que ustedes eligen con sus votos y en que se gastan los recursos publicos que ustedes financian con sus impuestos. Por eso la transparencia, que las cosas se hablan arriba de la mesa y no debajo de la mesa, que se hagan bajo la luz del sol y no bajo las sombras de la noche es muy importante para nuestra democracia", remarcó. 

Entre ellos, señaló que el de fideicomiso ciego es uno de ellos, y que "esta es la regla de oro que yo les pido a todos los fucionarios públicos y que pos supuesto también le pedimos a todos los parlamentarios" que contribuyan. 







































































Fuente:LATERCERA

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Rodrigo González Fernández
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NEGOCIO DE LAS CARCELES, LEGISLACIÓN &LOBBY EN EEUU

Los indocumentados y el negocio de las cárceles privadas en EE.UU.

  • BBCMundo.com

Las cárceles privadas en Estados Unidos han sido un lucrativo negocio desde que el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a empresas en los años 80. Masivos encarcelamientos garantizan un crecimiento de la industria cuyo mercado más grande ahora es la población inmigrante indocumentada.

Es por eso que la manera en que se formule el actual proyecto de ley de reforma migratoria -aprobado en el Senado y discutido ahora en la Cámara Baja- es de especial interés para los inversionistas en ese negocio. De ser promulgada la legislación, sus cláusulas de seguridad fronteriza suponen un aumento de detenidos por violaciones migratorias.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones que observan y catalogan las donaciones a políticos por grupos de presión han detectado un enorme cabildeo de parte de la industria y sus afiliados sobre los legisladores que dominan el debate migratorio.

Aún si no se aprueba la reforma migratoria, quedarían en pie las leyes que continúan criminalizando a los inmigrantes y garantizando un flujo constante de presidiarios que tendrían que ser transportados, recluidos y vigilados -a un costo altísimo para el contribuyente- por estos centros de detención privados.

Inmigrantes reclusos

EE.UU. tiene la población carcelaria más grande del mundo, que se estima en unos dos millones y medio de personas. Según las últimas estadísticas, el mayor grupo de reclusos dentro del sistema penitenciario federal son inmigrantes, principalmente latinos. Junto con los negros, componen 80% de todas las personas tras las rejas en el país.

No se trata necesariamente de que estos grupos hayan cambiado su comportamiento social y aumentado su delincuencia; son las leyes las que han cambiado, criminalizando y aumentando las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores y que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal.

"Son leyes discriminatorias que perjudican a los grupos minoritarios", dijo a BBC Mundo Roberto Lovato, cofundador y estratega de Presente.org, la organización online de representación de derechos latinos más grande de EE.UU.

Lovato dio el ejemplo de las leyes contra el consumo de drogas que varían según la composición del estupefaciente. El uso de cocaína, por ejemplo, conlleva cierta pena pero el uso de "crack" (pasta de cocaína impura) recibe penas más severas, impuestas generalmente a los negros que son los que tradicionalmente consumen este derivado de la coca.

"Aprendieron a aplicar esa misma lógica a las leyes migratorias, diseñadas para facilitar el crecimiento de la población carcelaria con inmigrantes. El inmigrante, que antes era un ser humano, es ahora un criminal", afirmó el estratega de Presente.org.

Contratos millonarios

La transformación de las leyes migratorias empezó durante la presidencia de Bill Clinton con la anuencia de congresistas en estados fronterizos con México y se fueron endureciendo bajo sucesivas presidencias en aras de mantener la frontera segura y limitar el ingreso de indocumentados.

El llamado programa Streamline -iniciado por George W. Bush- dota a la patrulla fronteriza de fondos para que maneje su propio sistema de justicia paralelo. Igualmente, está el programa Comunidades Seguras (Secom, por sus siglas en inglés) que ha generado el mayor número de detenciones y deportaciones bajo el mandato de Barack Obama, aseguró Lovato.

En la actualidad, la mayoría de los detenidos por delitos migratorios terminan en una cárcel privada, parte de una industria de seguridad que ha crecido exponencialmente en la última década, a medida que el gobierno reduce su tamaño y traspasa muchas de sus responsabilidades a manos de corporaciones con ánimo de lucro.

La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tiene contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el período de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, la alimentación y cuidados médicos.

Cobran por cama, por noche y es el dinero del contribuyente que cubre el gasto que puede ascender a unos US$60.000 al año por preso. El Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga unas 34.000 personas al día en centros de detención por violaciones migratorias.

Grupos de derechos humanos se han quejado de las condiciones en estas cárceles por supuestas violaciones a los derechos humanos. Ha habido denuncias de trabajos forzados, comida podrida, hacinamiento, aislamiento, ataques sexuales y hasta asesinatos.

Peter Cervantes-Gautschi, director ejecutivo de Enlace, una alianza de organizaciones y sindicatos de trabajadores de bajos salarios de México y EE.UU., dijo a la BBC que una provisión de un acta del Departamento de Seguridad Interna prohíbe la supervisión pública de estas cárceles.

"Por ley no puede haber monitoreo de prisiones subcontratadas. Aunque hay guías establecidas para las condiciones mínimas, no hay manera de hacerlas cumplir. Se salen con la suya en todo", expresó.

Pagar condena antes de ser deportado

Cervantes-Gautschi indicó que la industria de cárceles privadas ha conducido un exitoso lobby a nivel federal y estatal para manipular las políticas de sentencia criminal y control de inmigración. Presionan sobre la ejecución de la ley contra inmigrantes, asuntos de sentencia criminal y contratos para la construcción de más prisiones.

La industria acumuló su poder político a partir de 2006, dijo, cuando delitos menores como trabajar con un número de seguro social prestado, conducir un auto sin licencia o con un foco dañado o ser denunciado porque el perro ladra de noche empezaron a resultar en detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación.

Después de eso, según el activista, se dieron miles de redadas contra inmigrantes y la población carcelaria explotó y ha subido cada año subsiguiente. "Desde entonces, más de dos millones han pasado por esos centros de detención privados por delitos migratorios".

El crimen más común es el reingreso al país de un indocumentado. "Anteriormente, al acusado no se le llevaba a juicio, ahora, se le impone una pena de hasta tres años de cárcel que tiene que cumplir, así vaya a ser deportado. Las cárceles privadas no hacen ningún dinero con las deportaciones", declaró.

No obstante, Jack Martin, director de proyectos especiales de la Federación Pro Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), una organización en Washington que busca limitar la inmigración y aplicar una férrea defensa de la frontera, sostuvo que las detenciones y deportaciones son proporcionales a la cantidad de inmigrantes entrando y viviendo en el país ilegalmente.

"Cómo la población indocumentada ha aumentado dramáticamente en la última década, así mismo han aumentado las detenciones y deportaciones. Aquellos que son deportados y reingresan al país sin documentos son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la ley de EE.UU.", dijo a BBC Mundo.

"La política de detenciones es solo un paso en el proceso de hacer cumplir la ley de inmigración que resulta en la deportación de personas que no deben estar en el país", continuó.

Presión política

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes argumentan que esa política se debe a la presión y cabildeo de los representantes e inversionistas de las cárceles privadas. Cervantes-Gautschi, director de Enlace, señaló que hay una relación directa entre ese lobby y cómo se vota en el Congreso.

"No interesa si son demócratas o republicanos, aquí no hay partidos. Los políticos que han recibido la mayoría de la atención de ese lobby han votado por legislación tendiente a favorecer la expansión del negocio de las cárceles", aseguró.

Las dos principales empresas de cárceles privadas son Corrections Corporation of America (CCA) y el Grupo GEO, que controlan 80% del negocio. La organización OpenSecrets.org, que observa y cataloga el dinero que reciben los políticos de parte de diferentes empresas y sus grupos de presión identificó donaciones directas a los senadores del llamado Grupo de 8 que promovió la reforma migratoria en el Senado.

Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, Demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de US$5.000 (el límite por contribuyente) de CCA, GEO, sus inversionistas o sus familias.

Todas estas donaciones, así como el cabildeo, se ajustan a las leyes que gobiernan las contribuciones a las campañas y han sido declaradas por los beneficiarios. OpenSecrets.org recoge la información, la organiza según el contexto y la publica en su página.

La organización de vigilancia también registró que las corporaciones de cárceles privadas han pagado a empresas de lobby centenares de miles de dólares para que cabildeen en asuntos de justicia, cumplimiento de la ley y seguridad interna o influyan en comités que deciden los presupuestos que van dirigidos a la construcción de nuevas cárceles privadas y seguridad en la frontera.

Jack Martin, de FAIR, respondió que las empresas que manejan las cárceles privadas son como cualquier otra que tiene interés en cómo se desenvuelve el proceso de inmigración.

"Es lógico que quieran influir en las decisiones del Congreso y del gobierno de EE.UU., pero no van a tener menos o más influencia que otras corporaciones con otros intereses", comentó a la BBC.

Prima la seguridad fronteriza

La seguridad fronteriza se ha convertido en el componente más importante del debate migratorio, no importa si se está a favor o en contra de la reforma. El proyecto se aprobó en el Senado con una fuerte provisión que garantizaría el hermetismo y patrullaje de la frontera mientras que la mayoría de representantes republicanos y conservadores en la Cámara Baja se oponen a negociar por, entre otros, el tema de seguridad.

A pesar de toda su retórica pro inmigrante, el presidente Obama se ha convertido en el mandatario que más indocumentados ha deportado en la historia, si sólo para demostrar la efectividad de su política de seguridad fronteriza y ganar apoyo para la reforma migratoria.

Pero así el mandatario logre la aprobación del Congreso para la reforma migratoria, ésta incluirá cláusulas que continuarán criminalizando inmigrantes, dicen los activistas. Todas las propuestas del Senado y la Cámara Baja aumentan el dinero destinado para la patrulla fronteriza y el programa Streamline.

"De las 600 páginas de la propuesta migratoria, la mayoría son sobre políticas que benefician la industria de prisiones privadas", afirmó Roberto Lovato.

El activista señaló que la reforma migratoria contempla añadir US$6.500 millones más a los programas de ICE para vigilancia, policía y patrullas en la frontera. También refirió a la BBC a un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso que advierte sobre las limitaciones que habrá para los aproximadamente 11 millones de indocumentados que aspiran a la ciudadanía.

"Se estima que entre cuatro y seis millones serán el máximo que van a legalizar, el resto van a caer en los programas de ICE", denunció Lovato. "La reforma no es para beneficio humano, sino para favorecer todo este complejo industrial que está basado en meter presos a los inmigrantes".

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preparan cambio de gabinete en gobierno de Sebastián Piñera

     

Gobierno programa cambio de gabinete y llama a la unidad

La ministra Cecilia Pérez llamó a terminar con los "malos momentos" en la Alianza, solicitando que las directivas de RN y la UDI encuentren un candidato único.

POR  24HORAS.CL

22


julio
2013

Día lunes y en el Palacio de La Moneda se realizó el tradicional comité político, marcado por la controversia generada tras la bajada del candidato presidencial de la AlianzaPablo Longueira, y la designación de su sucesor.

En ese sentido, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, informó que esta tarde, o en los próximos días, se realizará el cambio de gabinete donde la renunciada ministra del Trabajo y actual candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, dejara su cargo.

La ministra Pérez no entregó el nombre de quien sucederá a la ex senadora en el gabinete.

Junto con esta información, la portavoz hizo un nuevo llamado para la unidad en la Alianza y enfatizó en el deseo del Gobierno: encontrar un candidato presidencial único en la coalición de Gobierno y así terminar -como dijo- los "malos momentos".

"Esperamos que la tanto Renovación Nacional como la UDI puedan trabjar en conjunto. El mecanismo y los candidatos ellos lo determinarán", dijo la ministra.

Como Gobierno, "estamos conversando con la UDI y RN. Creemos que debemos acotar todos lo esfuerzos para llegar una candidatura única del sector para derrotar a la Concertación y el Partido Comunista", agregó.

"Hay personas que tienen la responsabilidad de facilitar la unidad y esas personas son quienes están en las directivas de los partidos poíticos", dijo la vocera.











































































Fuente: 24HORAS.CL

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RN decidió apoyar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei

RN decidió apoyar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei

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La comisión política del partido tomó la resolución tras varias horas de reunión.

Fuente:

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ACOSO LABORAL SANCIONA LA CORTE DE APELACIONES

La Corte de Apelaciones ordena al fisco a pagar $100 millones a médico que denunció acoso laboral

Facultativo trabajó por espacio de 12 años para la Fuerza Aérea de Chile.

24 de julio de 2013

Un médico cirujano que denunció hostigamiento laboral por parte de un superior, ganó una demanda al fisco de Chile, razón por la que deberá ser indemnizado en la suma de 100 millones de pesos.
El fallo de la Corte de Apelaciones favoreció al facultativo local Luis Ulloa Domínguez, quien por espacio de 12 años prestó funciones para la Fuerza Aérea de Chile en Punta Arenas.
La sentencia que dio lugar a la demanda, revocó lo resuelto por el titular del Tercer Juzgado de Letras, Marcos Kusanovic, quien había denegado en primera instancia la pretensión de Ulloa Domínguez.
Según acreditó el tribunal superior, el facultativo soportó actos de hostigamiento laboral de parte de su superior jerárquico directo.
Desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2010, el doctor Ulloa se desempeñó en horario de la tarde de la Base Chabunco, como también en el Policlínico de la institución de la Cuarta Brigada Aérea en Punta Arenas.
El médico apuntó sus dardos en contra del comandante de grupo de la Fach, Jaime Sandoval, su superior jerárquico, a quien responsabilizó de una serie de actos de hostigamientos, que se tradujeron en la modificación de su jornada de trabajo, la repetición de los trabajos e informes dispuesta por su superior directo, el cuestionamiento por parte de dicha jefatura de los diagnósticos del médico, la prohibición del superior directo de la recepción de las licencias médicas presentadas por el doctor Ulloa, y el padecimiento de éste de un cuadro de trastorno depresivo angustiante persistente, durante los últimos 3 años de servicios en la institución armada.
De acuerdo a lo establecido por la Corte de Apelaciones, "estas conductas, hechos y actos acontecieron en su lugar de trabajo y fueron abusivos, múltiples y constantes episodios en un lapso tiempo prolongados, destinados a excluirlo del ambiente laboral, causándole daños en derechos fundamentales de la persona en cuanto su integridad psíquica, derechos laborales y garantía de juicio justo, en suma, vejatorios para su dignidad. Fueron antijurídicos, contrarios a la Constitución Política que protege tales derechos y contrarios a la ley porque excedieron los términos y el espíritu de las prerrogativas jerárquicas".
Enseguida se sostiene que "el acoso laboral ha causado daño, toda vez que ha quedado de manifiesto, en primer lugar que afectó su dignidad en cuanto a su expresión de personalidad jurídica resultando dañados la salud psíquica del médico por un largo período, lo que debe ser ponderado como daño moral".
La ministra redactora Marta Pinto planteó en su fallo que el derecho comparado, existe legislación que ha definido la figura que se da en este caso, como "acoso laboral", así, en Colombia, la Ley 1010 de 23 de enero de 2006, que en su artículo 2 dispone: "Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo".
Contrariamente a la conclusión arribada por el juez de primer grado, Marcos Kusanovic, quien, en su opinión, el demandante "no se valió de ningún medio de prueba adicional para sustentar su postura sobre el hostigamiento que acusa", la Corte de Apelaciones le dio la razón al médico y condenó al fisco de Chile a pagar la suma de 100 millones de pesos a título de daños emergente y moral.
El doctor Luis Ulloa había demandado al fisco en la suma de 1.144 millones de pesos.
El fallo -de fecha 22 de julio- podría ser eventualmente apelado ante la Corte Suprema por parte de la demandada.
















































































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