El protocolo de Kyoto y las reacciones políticas
 Por Humberto Tobón y Tobón* Actualidad Étnica, 21/09/2007. El Protocolo de Kyoto fue firmado por 141 países en 1997, pero sólo fue ratificado por 125 naciones y entró en vigencia en 2005. El objetivo que persigue es reducir en un 5 por ciento las emisiones de gases causantes del efecto invernadero en el 2012 frente al nivel que se tenía en 1990, tomado como año base. Los gases de efecto invernadero que hacen parte del Protocolo y sobre los cuales actúa la medición de los objetivos propuestos son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. Si se logran los objetivos se estará aminorando el calentamiento global, preservando los páramos y evitando la destrucción de la capa de ozono. En esencia, como lo dijo el ex secretario general de la ONU, Kofee Annan, de lo que se trata es de «mantener estabilizadas las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel compatible con el desarrollo sustentable, la producción de alimentos y la preservación de los ecosistemas» La demora en entrar en vigencia el Protocolo radicaba en que el mismo debía estar ratificado por países que en conjunto emitieran más del 55% del total de dióxido de carbono, uno de los seis gases que más daños le causa a la atmósfera, y eso sólo se logró cuando Rusia tomó la decisión de sumarse a los 124 países que ya habían aprobado acogerse a los mandatos del Protocolo, que es un documento de 28 artículos y dos anexos jurídicamente vinculante, en donde se obliga a los firmantes a realizar mayores esfuerzos de control y transparencia sobre sus datos reales de emisiones. Llegar al Protocolo de Kyoto en 1997 fue una tarea que comenzó institucionalmente doce años antes en Villach, donde se reunieron científicos de 29 países y reconocieron lo que en 1957 profesores de Hawai habían descubierto: un incremento permanente del dióxido de carbono en la atmósfera que estaba generando un efecto invernadero sobre el planeta. En 1988 se realizó la Conferencia Mundial para el Clima y el Desarrollo en Hamburgo. Allí se propuso una mayor eficiencia energética para disminuir las emisiones de dióxido de carbono en el periodo 2000 - 2015 entre el 30% y el 50%. Ese mismo año en Toronto, científicos de 45 países hablaron en la Conferencia sobre Cambios Atmosféricos en torno al efecto invernadero. En ese momento el tema ya había tomado tanta trascendencia a nivel mundial, que científicos y funcionarios de 188 naciones se dieron cita en la Conferencia de Londres para el Cambio Climático en 1989, año en el cual se reunieron también los líderes mundiales en La Haya, preocupados por los descubrimientos que se estaban haciendo debido a las emisiones de gases por la combustión de hidrocarburos. En 1990 el mundo conoció las primeras cifras concretas de las evaluaciones científicas, las cuales fueron presentadas en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entre las conclusiones estaban que la temperatura hasta finales del siglo XXI aumentaría cada década en 0,3ºC. Que el nivel de los mares se incrementaría paulatinamente hasta en 20 centímetros antes de 2030 y llegaría a 65 centímetros en 2100. Y que el 70 por ciento de las emisiones dañinas provenían de países desarrollados y el otro 30 de los que están en vía de desarrollo. Esas predicciones se han actualizado con nuevas mediciones en los últimos 15 años. Se afirma por parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que la temperatura podría incrementarse en 5,8 grados centígrados para el año 2100 si no se toman medidas urgentes, lo que representaría la mayor alza en casi 10.000 años. También se asegura que el nivel de los mares aumentará 50 centímetros y que las emisiones de los países en desarrollados se han incrementado sustancialmente y ya no existe esa diferencia tan marcada en este campo frente a las naciones industrializadas. Con un panorama tan poco alentador se llegó a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro. Una de las grandes conclusiones de este evento fue la Convención Básica para el Cambio Climático, a través de la cual se planteó la necesidad de que las naciones más industrializadas redujeran sus emisiones al nivel de 1990. Para revisar el avance de la Convención, se reunieron en Berlín en 1995 representantes de 150 naciones, pero los resultados fueron decepcionantes, entre otras razones, porque no había interés político ni económico en promocionar fuentes alternas de energía, aminorar las descargas de gases producidos por combustión de hidrocarburos o aplicar impuestos al carbón. Con el precedente de Berlín y un fracaso adicional en Ginebra, se produce la reunión de Kyoto en 1997, donde se firma por parte de 144 países un Protocolo que acoge en gran medida las propuestas hechas en Río. Entre las novedades, se planteó la posibilidad de que las naciones desarrolladas pudieran implementar mecanismos de intercambio de emisiones y que se inmiscuyeran a las naciones en desarrollo a través de Mecanismos de Desarrollo Limpio. Siete años después el Protocolo entra en vigencia. La meta global del Protocolo es disminuir las emisiones en un 5 por ciento frente a la base que es 1990. Llegar a este porcentaje se logrará a través de la reducción del combustible de origen fósil; un masivo proceso de reforestación para acelerar la conversión del dióxido de carbono; promover y adaptar nuevas energías como la eólica, solar, mareomotriz, biomásica, gas y nuclear; y retirar las máquinas obsoletas e instalar convertidores catalíticos a los vehículos para evitar que viertan a la atmósfera sus contaminantes. Los científicos han planteado la necesidad de que las medidas que se adopten en procura de mejorar el medio ambiente sean racionales y sometidas a evaluaciones muy precisas, para evitar que los remedios que se apliquen sean peores que la enfermedad, tal como aconteció con la prohibición del plomo como aditamento de la gasolina y para su reemplazo se adoptó un compuesto altamente tóxico basado en benceno. Estas decisiones van en contravía de una concepción ética que ha ido ganando terreno entre la comunidad científica y es que los métodos para reducir la contaminación del aire no deben aumentarla en otros sectores del ambiente, como los suelos o el agua. Al momento de entrar en vigencia el Protocolo de Kyoto, la Organización Mundial de la Salud reveló que las siete ciudades más contaminadas del planeta eran México D.F., Pekín, El Cairo, Yakarta, Los Ángeles, Sao Paulo y Moscú, mientras que a nivel latinoamericano figuraban Ciudad de México, Sao Paulo, Caracas, Quito, Bogotá, Santiago de Chile y Río de Janeiro**. Los países del centro y sur de América no están cobijados con la obligatoriedad de reducir las emisiones, a pesar de que en conjunto emiten el 9 por ciento de los (GEI) ***. Los más contaminantes son Brasil, México, Venezuela y Argentina, responsables del 70 por ciento de las emisiones en la región. Las reacciones políticas sobre Kyoto. Aunque la mayor parte de los países refrendaron el Protocolo, la negativa de Estados Unidos a hacerlo creó una gran decepción mundial y una ira contenida contra este gigante económico. Estados Unidos tiene el 5 por ciento de la población mundial y contribuye con el 25 por ciento de la contaminación atmosférica global y representa el 40 por ciento de la de los países desarrollados. Su desafiante determinación no implica para ellos recriminación ni sanciones políticas y económicas. El mayor contaminador del mundo continúa sosteniendo que el Protocolo no es de su interés, como lo subrayó la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice. «Es muy dañino y negativo para la economía estadounidense. No es parte de nuestro futuro», dijo. Ellos prefieren, en consideración de Gilpin, asumir los costos económicos de control de la contaminación, los cuales se incrementaron alrededor de cuatro veces entre 1972 y 1990 y llegaron a un nivel de 115 mil millones de dólares en ese último año, es decir, cerca del 2.1% del PIB. Hoy esos costos podrían subir al 3% de su Producto Interno Bruto. Incluso, estudios de las naciones pertenecientes a la OCDE sugieren que una disminución sustancial del dióxido de carbono por debajo de los niveles de 1990 podría representar varios puntos porcentuales del PIB, lo que podría ser una talanquera al cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kyoto. Como se nota, la decisión norteamericana de hacerle el quite al compromiso de disminuir paulatinamente sus emisiones de clorofluorcarbonados y bióxido de carbono, está sustentada en la protección de los intereses económicos de las industrias petrolera y automovilista. Además, esgrimió como razones para rechazar en 2001 definitivamente cualquier posibilidad de firmar el documento, que no estaba de acuerdo con que a los países en desarrollo no se le exija el recorte de emisiones de gases. La decisión de permitir que las naciones en desarrollo no tuvieran que hacer reducción en sus emisiones creó un panorama muy complejo, que cada día genera grandes debates, entre otras razones, porque desde 1990 los países inicialmente no contemplados aumentaron grandemente sus niveles de consumo de gases contaminantes por el desarrollo de la industria y el número de vehículos que entraron en circulación. Una era la realidad en el momento en que se hizo la reunión en Kyoto y otra muy distinta al inicio del siglo XXI. Entre los que quedaron exentos de cumplir con los mandatos del Protocolo están China, India, México y Brasil, cuyas economías y desarrollo si bien no están al nivel de los países más industrializados, tampoco lo están al nivel de los más atrasados. China, por ejemplo, que ha dado un salto muy grande en la economía mundial, es hoy la segunda nación que más gases expele a la atmósfera con el 13,6 por ciento (incrementó sus emisiones desde 1997 en un 47 por ciento), por lo que no se entiende su determinación de actuar sólo como firmante y no como aportante a la reducción. Lo mismo acontece con la India, que hoy se considera el quinto país más contaminante del aire. Frente a esta discriminación y a la ausencia de un nuevo anexo que obligue a China e India a combatir la emisión de dióxido de carbono y otros gases nocivos causantes del recalentamiento de la Tierra, es comprensible la actitud de rechazo de algunos países industrializados frente a esta asimetría que se podría ver reflejada en mayores costos de producción y menor nivel de competitividad en los mercados internacional. La decisión de excluir a los países en desarrollo del cumplimiento del Protocolo, podría generar como reacción que ellos incrementen las emisiones de gases dañinos en su carrera por alcanzar mayor crecimiento en sus economías y más altos estándares en sus niveles de vida. Lo que sí es evidente, es que los países industrializados con solo el 20 por ciento de la población mundial emiten el 60 por ciento del dióxido de carbono, metano y otros gases letales. *Economista y Comunicador Social, con estudios de especialización en Medio Ambiente, Finanzas Privadas y Ciencias Políticas **Resultados del estudio sobre calidad de vida en grandes ciudades realizado por la consultora estadounidense William Mercer. ***Gases de Efecto Invernadero que provocan el calentamiento del planeta: CO2 (gas carbónico o dióxido de carbono), CH4 (metano), protóxido de nitrógeno (N20) y tres gases fluorados (HFC, PFC, SF6). | 
Romy Schmidt Crnosija es Abogada de la Universidad Central y Magíster en Discapacidad de la Universidad de Salamanca, España.
Lorraine De Laire Peirano es Abogada de la Universidad La República y realizó un Post Título en Mediación Familiar en la Universidad La Frontera.
OPINIÓN. Panamá ha sido uno de los países de Latinoamérica que más ha trabajado y divulgado la importancia de la responsabilidad social empresarial. La Red del Pacto Global en Panamá, en la cual participan más de cien organizaciones del país, ha sido un gran promotor de esta tendencia mundial junto a otras importantes iniciativas que han impulsado un cambio importante en la forma de hacer negocios.
Verdaderamente genial (