Aprueban especialización y división de la Corte de Apelaciones de Santiago para terminar con atochamientos
Senado respaldó la iniciativa que cumple su segundo trámite y acordó fijar plazo hasta el 30 de octubre para presentarle indicaciones.
Senadores Jaime Orpis y Carlos Bianchi
La especialización y división de la Corte de Apelaciones de Santiago, para terminar con los atochamientos de causas, está más cerca de materializarse, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa, que cumple su segundo trámite.
Ahora, corresponde que el proyecto sea remitido nuevamente a la Comisión de Constitución –presidida por el senador José Antonio Gómez- para su análisis en particular, para lo cual se fijo plazo hasta el 30 de octubre para presentarle indicaciones.
Durante la sesión intervinieron los senadores Carlos Bianchi, Baldo Prokurica, José Antonio Gómez, Evelyn Matthei y Soledad Alvear, quienes destacaron la importancia de terminar con el rezago de causas, pero hicieron presente la necesidad de tomar en cuenta la realidad de las regiones.
Al momento de informar el proyecto el senador Gómez explicó que su objetivo principal es crear en Santiago una nueva Corte de Apelaciones con competencia en materia civil, dejando la actual sólo para conocer causas en materia penal.
Recordó que la Corte de Apelaciones de Santiago concentra el 40% de los ingresos de segunda instancia en el país, manejando 55 mil causas al año. La tramitación promedio de una causa penal en esta Corte es de 18 a 20 meses y en asuntos civiles, el plazo crece a cuatro años y más “lo que atenta contra una auténtica y oportuna administración de justicia”
El proyecto crea ocho salas dedicadas a materias civiles, que contarán con 24 ministros más un presidente; y cinco salas penales con 15 ministros más un presidente.
Asimismo, se reduce de 12 a 9 horas semanales, el tiempo que pueden destinar los ministros, jueces o funcionarios del Poder Judicial, para desempeñarse en universidades.
Además se disminuye el número de permisos que tienen los jueces y los ministros para redactar sentencias pendientes. Actualmente los Ministros de Corte tienen tres días de permiso por mes, mientras que los jueces, tres días por bimestre. El proyecto los reduce a tres días por trimestre para los primeros, y a tres días por semestre para los segundos.
CENTRALISMO
Al respecto, el senador Carlos Bianchi dijo que si bien es partidario de que se haga más expedita la tramitación de las causas en Santiago, no le parece adecuado que se haya propuesto la reducción de los permisos para redactar fallos y la disminución de las horas para la labor docente.
Esto, pues a su juicio, ello demuestra el “centralismo” de una medida de carácter administrativa que se basó en la realidad de la Región Metropolitana y no de las otras regiones, que requieren que los magistrados practiquen la docencia en esas zonas.
A su turno, el senador Prokurica señaló que además de legislar sobre ese tema, es necesario que se termine con el “turismo jurídico” que existe en las regiones donde se han dado casos de hasta cinco jueces titulares en un año. Por ello, solicitó al Ejecutivo que estudie la posibilidad de abordar este tema a través de un proyecto de ley.
En tanto, la senadora Alvear respaldó la iniciativa argumentando que “entre mayor especialización hay mayor eficiencia y mayor cantidad de fallos que se redactan de igual forma, lo que permite y facilita que los procesos se lleven adelante en forma más expedita”. También coincidió con lo planteado por el senador Prokurica, en el sentido de garantizar una permanencia mínima de dos años de los jueces en regiones y respaldó la medida de reducir las horas de docencia de los magistrados.
Finalmente, la senadora Matthei señaló que el problema de la rotación de jueces también es consecuencia de las diferencias de renta que existen entre personas que tienen la misma carga de trabajo. A su juicio, la solución de este problema no pasa por obligar a las personas a estar en un lugar, sino por mejorar sus rentas, cuando se trate de desempeñar sus labores en lugares pequeños y con menos comodidades.
La parlamentaria también estuvo de acuerdo en restringir los horarios de docencia, pero no de disminuir las horas que los jueces pueden dedicar a la redacción de fallos.
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