Expertos analizan claroscuros de la Ley de Transparencia
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha cumplido de manera puntual su compromiso institucional y legal con la transparencia y el acceso a la información. No sólo dispone de una adecuada regulación en este ámbito, sino que también promueve acciones y procesos para servir de mejor manera a los universitarios y al público en general.
Así lo afirmó ayer Jorge Islas, abogado general de esa casa de estudios, al inaugurar el seminario Claroscuros de la transparencia en México: avances, retos y peligros.
Sostuvo que la UNAM estimula la deliberación pública sobre esta temática, lo cual "permitirá identificar las causas que han retrasado en algunos aspectos la total apertura gubernamental, así como el tipo de acciones y políticas que se deben desplegar para consolidar lo que hasta ahora se ha logrado".
En el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), el representante legal de la universidad consideró necesario que se reconozca plenamente el derecho a la información como una de las garantías fundamentales de los ciudadanos, con el propósito de solicitar datos públicos para la toma de decisiones.
Explicó que si bien en la actualidad México tiene una Ley Federal de Acceso a la Información y en 30 estados existen legislaciones locales, aún quedan retos para sentar las bases de una nueva cultura de transparencia y apertura que permita alcanzar un estado de derecho pleno, democrático y vigoroso.
Consideró necesario alentar y convocar a las autoridades federales y locales, en el ámbito de sus competencias, para aplicar la exacta observancia de lo que ha sido ya un mandato de ley para "hacer de la transparencia una realidad, y no un obstáculo".
Por su parte, Héctor Fix-Fierro, director del IIJ-UNAM, comentó que la transparencia y el acceso a la información son reformas profundas y de fondo que comenzaron a realizarse en el país en los años recientes, pero es "un proceso que implica cierto tiempo". Indicó que por ello es necesario detenerse en el camino para examinar los resultados, retos y peligros que rodean a este tema.
A su vez, Oscar Guerra Ford, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, coincidió en la necesidad de realizar una posible "constitucionalización" en materia de transparencia en el país, que garantice un mínimo aceptable del ejercicio de este derecho, así como la posibilidad de crear un fondo de aportaciones que otorgue mayor autonomía financiera a los órganos garantes.
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