ubcontratación y el paro de los trabajadores de la cuprífera estatal

Subcontratación y el paro de los trabajadores de la cuprífera estatal

La falta de capacitacion en torno a la ley de subcontratacion va costando a CODELCO varios millones de dolares. Poner a la estatal compáñía como una socialmente irresponsable.A cuanta gente pude capacitar en materia de subcontratación con los más de 60 millones de dolares que Codelco se da el lujo de perder. Si es que son de todos los Chileno, yo como uno de ellos reclamo mi parte. Puro cuento: Codelco la maneja la Concertación gobernate a su arbitrio y ha sido además "caja pagadora" por lo que seguirá el deroche de millones de dolares. A nadie le impriota....

La prueba de fuego de Codelco

Nuevamente las dos almas de la Concertación se enfrentan ante la difícil ecuación de profundizar hacia un Estado de bienestar y mantener la estabilidad económica. Pero ahora la disputa se da con "el sueldo de Chile" y los trabajadores tercerizados de la cuprífera.

Nación Domingo

Por Soraya Rodríguez

Las dos almas nacionales respecto de las fórmulas de desarrollo, que tienen sus correspondencias en la Concertación, han quedado nuevamente en evidencia con el conflicto del cobre que mañana cumple una semana de nuevas movilizaciones.

Mientras, el mismo lunes 25 de junio cuando se iniciaron las acciones dirigidas por la Confederación de Trabajadores del Cobre (que agrupa a los asalariados de empresas contratistas de esa Gran Minería), desde Codelco se difundían fotografías con imágenes de la quema de buses en la ruta hacia El Teniente, desde La Moneda surgieron los primeros reclamos contra el mal manejo que habría tenido el vicepresidente ejecutivo de la cuprífera estatal, José Pablo Arellano, al no evitar que se concretara la amenaza de los trabajadores tercerizados.

La propuesta de que más de 28 mil trabajadores de empresas contratistas de Codelco fueran a paro fue aprobada el 8 de junio último, en Machalí, junto con la constitución de la multisindical. Sin embargo, la idea del conflicto se remonta a casi un año, cuando los dirigentes de la entonces Coordinadora de Trabajadores Contratistas del Cobre estimaron que no se estaban cumpliendo los acuerdos alcanzados en febrero del 2006, luego del paro que duró más de 20 días y que se desarrolló a poco andar la campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial.

En el Ejecutivo sostuvieron que desde entonces que se advertía el riesgo del actual conflicto y que Codelco, lejos de jugar las cartas adecuadas a lograr un acuerdo con los sindicalistas, sólo había mirado hacia el Gobierno solicitando más resguardo policial.

Arellano, en tanto, quien fue nombrado en la dirección de Codelco el 13 de marzo de 2006 por la Presidenta Michelle Bachelet, con el mandato de bajar los costos de la empresa, habría centrado en ese su objetivo principal y a pocos meses (octubre de 2006) debió enfrentar un tema complejo: la publicación de la nueva Ley de Subcontratación que entró en vigencia en enero de este año y con ello la posibilidad de tener que internalizar a un número indeterminado de trabajadores tercerizados.

El inminente conflicto con los asalariados de empresas contratistas se cruzó entonces, con diversas materias a tomar en cuenta, pero cuando se buscaba una salida negociada, la acción violentista de la quema de buses por parte de los trabajadores "movidos por la rabia de no tener respuesta" según el presidente de la Confederación, el ex socialista y hoy comunista Cristián Cuevas, llevó a poner el énfasis en los aspectos policiales, más que en los laborales.

Si bien la respuesta del Gobierno ante ese escenario fue una sola, con el vocero Ricardo Lagos Weber condenando los hechos y anunciando una querella, las diferencias sobre el fondo de lo que estaba ocurriendo se mantuvieron hasta que el miércoles La Moneda decidió intervenir y la Presidenta Bachelet dijo que instruyó a sus ministros a buscar una solución. Pero lo hizo, explícitamente citando los argumentos de los trabajadores.

"Repudiamos todo tipo de actos violentos y sin duda que la instrucción que yo le he dado a mis ministros es que podamos seguir buscando instancias de diálogo para resolver un problema que, de acuerdo a los trabajadores, no ha sido resuelto adecuadamente", dijo la Mandataria.

El ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade.

El Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, en tanto, ante la instrucción de la Presidenta, anunció su disposición, "como siempre", a facilitar los espacios de diálogo necesarios para llegar a un acuerdo entre las partes.

Arellano, a su vez, también recalcaba su disposición, desde siempre, al diálogo, pero ponía sus condiciones, en especial que no fuera con una mesa nacional, sino por división, lo que hasta ahora rechazan los dirigentes.

Intervino entonces el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quien, a nombre de los prelados dijo: "Pedimos respetuosamente a los dirigentes sindicales, a los ejecutivos de Codelco y a las autoridades, que privilegien las instancias de encuentro y diálogo, por sobre toda tentación de la violencia".

"Seguramente muchas de las demandas de los trabajadores corresponden a necesidades reales que se traducen en clamores justos. Seguramente también Codelco está en condiciones de examinar esas demandas y ofrecer soluciones, con espíritu generoso, al menos a las peticiones más urgentes", añadió Goic, para luego mostrarse dispuesto también a mediar en el asunto.

La toma de instalaciones en la mina Radomiro Tomic repuso el tema en el ámbito policial y en el Gobierno hubo especial preocupación dada la existencia de explosivos en el lugar. Así, el jueves, el Presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien ha mantenido fluido contacto con las autoridades de Palacio, llamó a los sindicalistas para tranquilizar los ánimos entre los trabajadores y éstos abandonaron el sitio al día siguiente. De inmediato, Arellano, verificó los daños en terreno y reiteró su disposición al diálogo, pero dijo que éste se contrapone con la violencia.

El vicepresidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano.

A esas alturas el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, había contradicho a la Presidenta y aseguró que ésta le habría señalado que "es la compañía, junto con las empresas contratistas y los trabajadores, a quienes les corresponde buscar soluciones al tema".

A punto de cumplirse una semana del inicio de esta nueva movilización de trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco, en La Moneda continúan en "gallito" las dos miradas y los trabajadores acusan a Arellano y Andrés Velasco de no hacer caso a la Presidenta. Mientras, en Trabajo y desde la Iglesia Católica siguen apostando al diálogo, a través de buscar un acuerdo vía bono y acercamientos respecto de lo pactado el 2006, pues la Ley de Subcontratación no está en cuestionamiento. LND

Fiscalización en la Minería Una de las demandas de los trabajadores tercerizados en conflicto con Codelco apunta al "cumplimiento irrestricto" de la Ley de Subcontratación, en el entendido, según ellos, que dicho cuerpo legal debiera significar la internalización de un 60 por ciento, quienes en la actualidad tienen contratos con terceros. Codelco reconoce, según la última memoria, 17 mil 936 trabajadores propios y que entre las 900 empresas contratistas que laboran con ellos (de acuerdo a los datos de febrero de este año) sumaban 30 mil 300 trabajadores, lo que da una relación promedio de 1,7 contratistas por cada asalariado propio. Si, como dice la Confederación de Trabajadores del Cobre que agrupa a los tercerizados, un 60% debiera pasar a depender directamente de la cuprífera estatal, porque esa sería su verdadera compañía empleadora, estaríamos hablando de más de 18 mil trabajadores, prácticamente la misma cifra que hoy tiene contrato directo de Codelco. Para la cuprífera estatal, en cambio, no cabe la internalización, pues la empresa mantiene relaciones ajustadas a la ley con las empresas contratistas y son éstas las que deben responder por sus trabajadores. La Ley 20.123 de Subcontratación, dictada el 16 de octubre del 2006 y que entró en vigencia 90 días después, reconoce la tercerización como una forma legal de trabajo, la regula para que sea formal y no prohíbe la subcontratación en trabajos del mismo giro de la empresa principal.   Positiva evaluación de Dirección del Trabajo Desde la entrada en vigencia de la nueva ley, la Dirección del Trabajo inició un proceso de fiscalización que partió el 14 de enero por el sector bancario, servicios y supermercados, y duró hasta mediados de abril, constatando una tasa de infraccionalidad cercana al 16%, donde el sector que menos cumplía era el comercio, con casi un 19%. Actualmente fiscaliza, por petición de la Federación de Trabajadores del Cobre que preside Raimundo Espinoza, a la minería. Los resultados de este proceso se verán a fines de julio. Para la directora del Trabajo, Patricia Silva, la evaluación del proceso de fiscalización, a 6 meses de vigencia de la ley, es "positiva porque se han vivido importantes procesos de internalización de trabajadores", que sumarían hasta la fecha unos 5.000. Silva destacó que esta ley "ha permitido mejorar las condiciones de los trabajadores", eliminando de manera progresiva el suministro permanente de trabajadores, que era su principal objetivo (lo que se conoce como el arriendo de mano de obra). En mayo se inició la fiscalización al sector minero, conjuntamente en Codelco y las mineras privadas. "Sin duda que hay muchas empresas que ya han regulado su situación de acuerdo a la nueva normativa", expresó Patricia Silva y respecto de Codelco, sostuvo que lo que evalúan es si esos más de 30 mil trabajadores tercerizados, "efectivamente corresponden a subcontratación o si pudiera haber simulación o bien, suministro de personal". Para determinar quién es el verdadero empleador de un trabajador, la dirección diseñó una estrategia espacial que en su primera etapa busca conocer el mapa laboral, cómo está organizada la empresa, a la cual se les solicita la información respecto del proceso productivo y cuántos trabajadores son propios y cuántos externos. La segunda etapa consiste en la localizar la fiscalización en terreno para ir directo al sector donde se detectan dudas, como simulación de contratos o suministro de personal a través de una tercera compañía. La fiscalización a los primeros sectores también derivó en judicialización de los procesos. Algunos empleadores disconformes con lo obrado presentaron recursos de protección, frente a los cuales las cortes de apelaciones han tenido respuestas disímiles y cuando los han rechazado, las empresa han recurrido a la Corte Suprema. En tales casos, la Suprema ha seguido su tradicional línea de pronunciarse sobre el procedimiento, no sobre el fondo de si ese es o no el empleador verdadero, sino sobre la facultad de la dirección para actuar y certificar la falta, lo que puede terminar haciendo ineficaz la ley

Saludos
Rodrigo González Fernández
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