Proponen derogar el fuero parlamentario para que los legisladores sean suspendidos de sus funciones cuando se dicte sentencia
Senador Jaime Orpis autor de la moción de elimina el fuero parlamentario -junto a los senadores Hernán Larraín y Pablo Longueira- explicó que este privilegio procesal ha perdido su sentido original y más bien dificulta el ejercicio parlamentario.
Con el fin de asegurar la igualdad de condiciones entre los chilenos, los senadores Jaime Orpis, Hernán Larraín y Pablo Longueira presentaron una moción que elimina el privilegio procesal del fuero parlamentario para que los legisladores sean directamente suspendidos de sus funciones cuando se dicte una sentencia definitiva en el caso que lo involucra.
El senador Orpis afirmó que “en la actualidad el fuero parlamentario ha perdido su sentido original, dificultando más que facilitando el ejercicio de la función parlamentaria al transformarse en una verdadera presunción de culpabilidad, que junto con afectar la imagen pública del desaforado incide gravemente en el funcionamiento del Poder Legislativo. Es así como se alteran los quórum y se aumenta innecesariamente la carga de trabajo del Parlamento, al disminuir el número de parlamentarios”.
El legislador afirmó que “un diputado o senador tiene que estar en igualdad de condiciones respecto de cualquier chileno y, por lo tanto, si algún chileno tiene algo en contra de un parlamentario se sigue un proceso exactamente igual”.
Indicó que “hoy día, el desafuero se ha transformado en un verdadero juicio que no tiene sentido, porque la persona por el sólo hecho de ser desaforada ya es condenada o absuelta según lo que resuelvan los tribunales, en circunstancias que el verdadero juicio viene después del desafuero. Por lo tanto, evitemos el tema del desafuero y que el parlamentario sea suspendido cuando se dicte la sentencia”.
Recordó que “la centenaria institución del fuero parlamentario surge, históricamente, de la necesidad de garantizar la independencia de los representantes de la soberanía popular frente a las presiones indebidas de que pudieran ser víctimas por los interesados en sus decisiones”.
Agregó que “tradicionalmente se le ha concebido como un privilegio procesal en el ámbito penal y de carácter personal, porque representa un régimen de procesabilidad excepcional en relación con el que enfrentan todos los ciudadanos”.
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