Introducción del informe sobre prácticas de derechos humanos 2008
(Pese a los "impresionantes logros" de los últimos 60 años, a millones de personas se les sigue privando de su libertad) (12279)
"El año que acaba de terminar se ha caracterizado por tres tendencias: una creciente demanda mundial de mayor libertad personal y política, intentos gubernamentales por dar marcha atrás a esas libertades y nueva confirmación de que los derechos humanos florecen mejor en las democracias participativas, con vibrantes sociedades civiles", según dice la introducción del informe anual por países sobre prácticas de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado el 25 de febrero de 2009.
A continuación una traducción de la introducción del informe:
(comienza el texto)
[Departamento de Estado de Estados Unidos]
Introducción del informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2008
El año que acaba de terminar se ha caracterizado por tres tendencias: una creciente demanda mundial de mayor libertad personal y política, intentos gubernamentales por dar marcha atrás a esas libertades y nueva confirmación de que los derechos humanos florecen mejor en las democracias participativas, con vibrantes sociedades civiles.
En estos informes, ordenados por el Congreso, se describe el cumplimiento, en 2008, por los gobiernos de todo el mundo de sus compromisos internacionales en lo que se refiere a los derechos humanos. Confiamos en que contribuyan a dirigir la atención a los abusos de derechos humanos y a promover la adopción de medidas para acabar con ellos. Al mismo tiempo, confiamos en que los adelantos en la causa de la libertad humana, obtenidos a costa de tantos esfuerzos, que se presentan en el informe, den nuevos ánimos a quienes todavía están pugnando por conseguir sus derechos, con frecuencia, frente a enormes dificultades.
Estos informes se tomarán en cuenta en la elaboración de políticas del gobierno de EE.UU. y servirán de referencia a otros gobiernos, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG), defensores de los derechos humanos y periodistas. La política exterior de Estados Unidos gira, no sólo en torno a una defensa eficaz, sino también una diplomacia robusta y un apoyo decidido al desarrollo político y económico. Una vigorosa política de derechos humanos reafirma los valores estadounidenses y promueve nuestros intereses nacionales. Como dijo el presidente Obama en su discurso de investidura: "Estados Unidos es amigo de todos los países y de todos los hombres, mujeres y niños que desean un futuro de paz y dignidad...", pero "quienes se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y la represión de la disidencia, sepan que están en el lado equivocado de la Historia, pero que les extenderemos la mano si están dispuestos a abrir el puño".
Desde los días de la fundación de nuestro país, nos hemos esforzado por poner remedio a las injusticias y promover el pleno respeto a las libertades fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Estos esfuerzos han estado impulsados y sostenidos por un sistema de gobierno responsable y democrático, el estado de derecho, medios de información dinámicos y, lo que es más importante, la militancia cívica de nuestros ciudadanos.
Al publicar estos informes, el Departamento de Estado está consciente del escrutinio nacional e internacional a que está sujeto el historial de Estados Unidos. Como ha dejado en claro el presidente Obama recientemente, "rechazamos como falsa la opción entre nuestra seguridad y nuestros ideales". No consideramos las opiniones que sobre nuestro desempeño han manifestado otros en la comunidad internacional -ya sean gobiernos o agentes no gubernamentales- como injerencia en nuestros asuntos internos, ni deben otros gobiernos considerar como tal las opiniones expresadas sobre el suyo. Nosotros y todos los demás países soberanos tenemos la obligación internacional de respetar los derechos humanos y las libertades de nuestros ciudadanos, y es la responsabilidad de otros hablar cuando creen que estas obligaciones no se están cumpliendo.
El gobierno de Estados Unidos continuará prestando atención y respondiendo con franqueza a las inquietudes sobre nuestras propias prácticas. Continuaremos presentando informes ante órganos internacionales de conformidad con nuestras obligaciones en virtud de diversos tratados de derechos humanos en los que somos parte. Las leyes, las políticas y las prácticas estadounidenses han evolucionado considerablemente en los últimos años, y seguirán haciéndolo. Por ejemplo, el 22 de enero de 2009, el presidente Obama firmó tres decretos ejecutivos para cerrar los centros de detención de Guantánamo y examinar las políticas gubernamentales de detención e interrogación.
La información presentada en estos informes procede de gobiernos e instituciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, agrupaciones religiosas, de juristas y de intelectuales, y medios de información. Los informes han sido objeto de un meticuloso y largo proceso de comprobación de datos para asegurar que responden a estrictas normas de precisión y objetividad. Cada informe de país habla por sí mismo. No obstante, se pueden hacer algunas observaciones de carácter general.
Primera: En 2008, en muchos países continuó el rechazo de las demandas de mayor libertad personal y política. Un número inquietante de países impuso leyes y regulaciones onerosas, restrictivas o represivas contra las ONG y los medios de información, incluida la Internet. Muchos valientes defensores de los derechos humanos que presionaron pacíficamente a favor de sus propios derechos y los de sus compatriotas fueron acosados, amenazados, arrestados y encarcelados, asesinados, o sujetos a violentos medios extrajudiciales de represalia.
Segunda: Los abusos de derechos humanos siguen constituyendo un síntoma de mal funcionamiento de los regímenes políticos. Los peores abusos de derechos humanos suelen ocurrir en los países donde los gobernantes, a quienes no se les exigen rendiciones de cuentas, detentan un poder sin límites, o se produce el fracaso o colapso del gobierno, con frecuencia exacerbado o causado por conflictos internos o externos.
Tercera: Los regímenes políticos saludables son mucho más susceptibles de respetar los derechos humanos. Los países que mejor protegen y respetan los derechos humanos se caracterizan por los siguientes elementos electorales, institucionales y sociales:
Procesos electorales libres y justos que incluyen, no sólo una emisión y un recuento limpios de votos el día de las elecciones, sino también una campaña electoral que permita una auténtica competición y el pleno respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación;
Instituciones representativas, responsables, transparentes, democráticas de gobierno, incluido un poder judicial independiente, en un estado de derecho, para asegurar que los dirigentes que ganen elecciones por procedimientos democráticos también gobiernen con arreglo a las normas democráticas y respondan a la voluntad y las necesidades del pueblo; y
Sociedades civiles vibrantes, incluidas ONG independientes y medios de información libres.
Por supuesto, incluso en los países donde se dan estos elementos a veces ocurren abusos de derechos humanos. Las elecciones democráticas pueden estar empañadas por irregularidades. Puede haber abusos de poder e injusticias. Los estados que tienen instituciones de gobierno democrático débiles y economías tambaleantes pueden no satisfacer las necesidades y expectativas de su pueblo de una vida mejor. La corrupción puede minar la confianza pública. En algunos países, sectores de población tradicionalmente marginalizados todavía no participan plenamente en la vida de sus respectivos países. La inseguridad a causa de conflictos internos o transfronterizos puede dificultar el respeto a los derechos humanos y retrasar su consecución. Pero cuando se logran estos elementos electorales, institucionales y sociales, mejoran las perspectivas de abordar los problemas, aplicar remedios e introducir mejoras.
En conjunto, estas tres tendencias confirman la continua necesidad de una vigorosa diplomacia estadounidense para actuar y alzar la voz contra los abusos de los derechos humanos, al mismo tiempo que nuestro país examina detenidamente su propio desempeño. Estas tendencias reafirman la necesidad de combinar la diplomacia con estrategias innovadoras que puedan contribuir al establecimiento de regímenes políticos saludables y apoyar a la sociedad civil.
A continuación, los lectores encontrarán resúmenes en los que se ponen de relieve las tendencias principales de cada región geográfica. Cada uno de los resúmenes regionales va seguido de descripciones generales de países determinados (por orden alfabético) que han sido seleccionados por hechos notables -positivos, negativos o mixtos- de los que se ha dado cuenta en el año 2008. Para obtener datos más completos y detallados, se deben consultar los informes sobre los distintos países mismos.
Resúmenes regionales
África
Varios países africanos sirvieron de fuerza estabilizadora en el continente y de ejemplo poderoso de la paz y estabilidad que lleva consigo el estado de derecho. No obstante, en el curso del año, los derechos humanos y el desarrollo democrático de la región continuaron atravesando graves dificultades, en particular en una serie de países agobiados por conflictos y otros en los que una cultura propicia al estado de derecho era incipiente o no existía.
En muchos países, la población civil siguió siendo víctima de los abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno que actuaban con impunidad. En varios países, el uso sistemático de la tortura por las fuerzas de seguridad contra los detenidos y los presos continuó siendo un grave problema y las condiciones en los centros de detención y las cárceles a menudo eran escuálidas y constituían una amenaza para la vida. Muchos detenidos sufrieron prolongadas detenciones previas al juicio, en espera, durante meses o años, de comparecer ante un juez.
En los países que atravesaron conflictos, poner fin a la violencia siguió siendo fundamental para mejorar la condición de los derechos humanos. Las partes beligerantes no aplicaron acuerdos políticos para llevar la paz y la estabilidad a los países afectados. En la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán continuaron o estallaron de nuevo conflictos violentos que provocaron matanzas, violaciones y desplazamientos en masa de civiles. El gobierno sudanés continuó colaborando con milicias janjaweed para bombardear y destruir aldeas y asesinar o desplazar a otros cientos de miles de civiles inocentes.
La forma de gobierno autoritario siguió caracterizando a muchos países africanos. Por ejemplo, en Zimbabwe, el régimen de Mugabe desencadenó una campaña de terror que se saldó con la muerte, desaparición y tortura de centenares de miembros y simpatizantes del partido de oposición a raíz de las elecciones del 29 de marzo, que no fueron ni libres ni limpias. La represión, las restricciones y la mala gestión del gobierno dieron lugar al desplazamiento de decenas de millares, agravaron la inseguridad alimentaria y provocaron una epidemia de cólera que causó la muerte de 1.500 personas. En la Costa de Marfil se retrasaron nuevamente las elecciones presidenciales, previamente postergadas. Un golpe de estado derribó al gobierno de Mauritania que había sido elegido democráticamente. Tras la muerte de Lansana Conte, presidente durante largo tiempo de Guinea, una junta militar se hizo con el poder en un golpe de estado y suspendió la constitución.
Se produjeron, no obstante, algunos acontecimientos positivos durante el año. Angola celebró sus primeras elecciones desde 1992 y se celebraron elecciones pacíficas, ordenadas y democráticas en Ghana y Zambia. En Nigeria prevaleció el proceso legal y el respeto al estado de derecho en las elecciones presidenciales de 2007, en las que los candidatos de la oposición respetaron el dictamen del Tribunal Supremo del país que confirmó la elección del presidente Umaru Musa Yar'Adua. El Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda sentenció a un ex coronel del ejército ruandés a prisión perpetua por organizar a los militantes responsables de la matanza de 800.000 tutsis y hutus moderados durante el genocidio ruandés de 1994.
Acontecimientos en países seleccionados
La situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo siguió empeorando a lo largo del año, con grave detrimento de los adelantos logrados desde las elecciones nacionales de 2006. Pese a la firma de los acuerdos de paz de Goma, en enero, y la presencia de tropas de las Naciones Unidas encargadas del mantenimiento de la paz, continuó la lucha en el norte y sur de Kivu durante todo el año. Las fuerzas de seguridad y todos los grupos armados siguieron actuando con impunidad, y cometieron graves abusos, como asesinatos arbitrarios, desapariciones, arrestos arbitrarios y detenciones, tortura, violaciones, saqueo y el uso de niños soldados. El conflicto siguió atizando la peor crisis humanitaria de África, como resultado de la cual murieron hasta 45.000 congoleños al mes, más de un millón de personas fueron desplazadas internamente, y se produjeron docenas de ataques de grupos armados contra personal de asistencia humanitaria. Continuó la violencia sexual generalizada, con más de 2.200 casos registrados de violaciones en junio, sólo en el norte de Kivu. Por todo el país, las fuerzas de seguridad hostigaron, golpearon, intimidaron y arrestaron a defensores de derechos humanos y periodistas locales, con el consiguiente marcado deterioro de la libertad de prensa.
El deplorable historial de Eritrea en lo que concierne a los derechos humanos empeoró y el gobierno continuó cometiendo graves abusos, incluidas las matanzas ilícitas perpetradas con impunidad por las fuerzas de seguridad. El Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ), que ostenta el poder, es el único partido político legal y no se han celebrado elecciones nacionales desde que Eritrea obtuvo la independencia en 1993. La constitución, ratificada en 1997, nunca se ha puesto en práctica. La prensa independiente sigue estando prohibida, y la mayor parte de los periodistas independientes están detenidos o han huido del país. Las redadas gubernamentales de jóvenes para el servicio nacional se intensificaron en 2008. Informes fidedignos indican que quienes evadieron el servicio nacional fueron torturados mientras permanecieron detenidos y que las fuerzas de seguridad dispararon contra quienes trataban de cruzar la frontera a Etiopía. La libertad religiosa, ya gravemente restringida, siguió perdiendo terreno. Para finales del año, más de 3.200 cristianos de grupos no registrados fueron detenidos en prisión, al igual que más de 35 dirigentes y ministros de iglesias pentecostales, algunos de los cuales habían permanecido detenidos sin cargos durante más de tres años. Al menos tres presos religiosos murieron en la cárcel durante el año, a causa de la tortura y la falta de atención médica.
La violencia que estalló a raíz de las elecciones locales, parlamentarias y presidenciales celebradas en Kenia en diciembre de 2007, terminó en febrero cuando, gracias a un proceso de mediación internacional, se llegó al acuerdo de formar un gobierno de coalición, con arreglo al cual el presidente Mwai Kibaki se mantuvo en el cargo y el candidato de oposición Raila Odinga fue nombrado a un nuevo cargo de primer ministro. El arreglo político estableció un marco de reforma para investigar y hacer frente a las causas subyacentes de la violencia que causó la muerte de, aproximadamente, 1.500 personas y el desplazamiento de más de 500.000. La reforma avanzó a un ritmo lento y los esfuerzos por abordar las consecuencias económicas y sociales de la violencia fueron incompletos. En otro sector, el despliegue de fuerzas de seguridad en Monte Elgon para sofocar las actividades de una milicia abusiva, dio lugar a abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El historial de derechos humanos de Mauritania empeoró, con la privación del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno, la práctica de arrestos arbitrarios, y la detención por motivos políticos del presidente y el primer ministro a raíz del golpe del 6 de agosto. El presidente fue puesto en libertad en diciembre, no obstante, la junta militar, conocida como Consejo Supremo del Estado (HSC), permaneció en el poder, con el general Mohamed Aziz como jefe de estado a finales del año. Miembros de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Africana, condenaron enérgicamente el golpe. Con anterioridad al golpe del 6 de agosto, el entonces democráticamente elegido gobierno apoyó la sensibilización nacional con respecto a una nueva ley contra la esclavitud e intensificó el debate público de temas anteriormente tabú, como las divisiones étnicas y las injusticias sociales. Ese gobierno también apoyó intentos de reconciliación nacional con respecto a la expulsión, de 1989 a 1991, de afromauritanos, mediante la puesta en marcha de un programa de repatriación en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En Nigeria, los tribunales continuaron emitiendo fallos en cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales, gubernatoriales y legislativas de 2007, en las que se detectaron graves irregularidades. El 12 de diciembre, el Tribunal Supremo rechazó las apelaciones de dos destacados candidatos presidenciales de la oposición y confirmaron la elección del presidente Yar'Adua. Los dos dirigentes de la oposición acataron el fallo del tribunal. Los tribunales electorales declararon nulas nueve elecciones senatoriales y 11 gubernatoriales en el curso del año. Continuó la violencia en la región petrolera del delta del Níger, donde más de 400 personas (expatriados y nacionales nigerianos) fueron secuestrados en, aproximadamente, 100 incidentes a lo largo del año. En noviembre, se produjo un estallido de violencia etno-religiosa en Jos, a consecuencia del cual murieron varios centenares de personas y decenas de millares fueron desplazadas. La corrupción siguió asediando al país rico en petróleo, los esfuerzos por atajarla de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros perdieron ímpetu, y apenas se realizaron adelantos en los enjuiciamientos de funcionarios federales, estatales y locales acusados de corrupción.
En Somalia, la lucha entre el Gobierno Federal de Transición (TFG)/Fuerzas Nacionales Etíopes de Seguridad y sus milicias, las milicias del Consejo de Tribunales Islámicos, grupos antigubernamentales y radicales, organizaciones terroristas y milicias de los distintos clanes fueron responsables de abusos generalizados contra los derechos humanos, incluida la muerte de más de 1.000 civiles, el desplazamiento de cientos de miles de personas, secuestros y desapariciones, así como ataques contra periodistas, personal de asistencia humanitaria, dirigentes de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. El proceso político para establecer la paz y la estabilidad en el país continuó con el acuerdo al que llegaron las TFG y la Alianza para la Reliberación de Somalia, en Djibouti, el 9 de junio, y el inicio de su ejecución, la cual, no obstante, fue lenta y se vio entorpecida por rencillas políticas.
En el Sudán, el conflicto de Darfur entró en su quinto año y los civiles continuaron sufriendo los efectos del genocidio. Según datos de las Naciones Unidas correspondientes a 2008, desde su comienzo, el prolongado conflicto ha dejado a más de 2,7 millones de personas desplazadas internamente y otras 250.000 al otro lado de la frontera con Chad, donde buscaron refugio. El gobierno, las milicias aliadas con el gobierno y los ataques entre tribus causaron la muerte de civiles. Las fuerzas del gobierno bombardearon aldeas, asesinaron a personas desplazadas internamente y colaboraron con las milicias para arrasar aldeas. El gobierno impidió y obstaculizó sistemáticamente la labor humanitaria, y rebeldes y bandidos asesinaron a trabajadores de asistencia humanitaria. Asaltantes no identificados dieron muerte a varios soldados de misiones conjuntas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y las Naciones Unidas, y fuerzas del gobierno atacaron un convoy de mantenimiento de la paz. El 10 de mayo, el Movimiento para la Justicia y la Igualdad, grupo rebelde de Darfur, atacó Omdurman, cerca de Jartum. A raíz del ataque, el gobierno inició una campaña de detenciones y desapariciones en gran escala por motivos políticos y étnicos, en Omdurman y Jartum. También impuso graves restricciones a la libertad de prensa, incluso a través de la censura directa y diaria. Desde 2005, cuando se firmó el Acuerdo General de Paz entre el Norte y el Sur, aproximadamente 2,1 millones de desplazados y refugiados han regresado al Sur. No obstante, las tensiones en torno a la aplicación del Acuerdo persistieron y la lucha entre las fuerzas del Norte y del Sur destruyó gran parte de la ciudad de Abyei y causó la muerte de civiles y el desplazamiento de más de 50.000 personas.
El gobierno ilegítimo de Zimbabwe emprendió una campaña sistemática de abusos de derechos humanos, que se agravó radicalmente a lo largo del año al igual que una creciente crisis humanitaria causada por la represión, la corrupción y las destructivas políticas económicas y alimentarias que el régimen de Mugabe continuó aplicando, pese a sus desastrosas consecuencias humanitarias. Las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil fueron blanco de grupos gubernamentales y militantes por sus intentos de proteger los derechos de los ciudadanos y prestar asistencia humanitaria para salvar vidas. Una prohibición de cerca de tres meses a las actividades de las ONG exacerbó la crisis humanitaria así como la inseguridad alimentaria y la pobreza. Después de levantar la prohibición, el régimen de Mugabe continuó impidiendo el acceso humanitario. A finales del año, millones de ciudadanos de Zimbabwe eran víctimas de la inseguridad alimentaria.
La manipulación del proceso político por el régimen, incluidas las elecciones presidenciales, mediante la intimidación, la violencia, la corrupción y el fraude electoral, denegó a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno. Las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del partido en el poder asesinaron, secuestraron y torturaron impunemente a miembros de la oposición, dirigentes de organizaciones estudiantiles, activistas de la sociedad civil y ciudadanos ordinarios de Zimbabwe. El Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), de oposición, obtuvo una mayoría parlamentaria en las elecciones del 29 de marzo, pero los resultados de las elecciones presidenciales no se hicieron públicos hasta el 2 de mayo, lo que puso en tela de juicio la credibilidad e independencia de la Comisión Electoral de Zimbabwe. La violencia respaldada por el gobierno en el período anterior a la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 27 de junio, dejó más de 190 muertos, miles de heridos y decenas de millares de desplazados. La Comisión Electoral declaró a Mugabe ganador de la segunda vuelta después de que el candidato del MDC, Morgan Tsvangirai, que había obtenido una sólida pluralidad en la primera vuelta, se retirase a causa de la violencia del régimen contra el MDC y sus simpatizantes y el reconocimiento de que unas elecciones limpias y libres no eran posibles. Las negociaciones ordenadas por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) condujeron a la firma, el 15 de septiembre, de un acuerdo para el reparto del poder; no obstante, debido a la intransigencia del gobierno, para finales del año, las disposiciones del trato no se habían aplicado y el país permanecía sumido en la crisis.
Asia Oriental y el Pacífico
Durante el año, los derechos humanos experimentaron adelantos y reveses en la vasta región de Asia oriental y el Pacífico, en particular en lo que se refiere a la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado, la libertad de expresión y de prensa, el desarrollo democrático y la trata de personas.
Los países de la región continuaron enfrentándose a los abusos del pasado. La Comisión Bilateral de la Verdad y la Amistad, establecida con el fin de examinar las atrocidades cometidas tanto por los indonesios como por los timorenses en la época del referendo para la independencia de Timor-Leste de 1999, entregó su informe final durante el año. El presidente indonesio Yudhoyono reconoció y aceptó las conclusiones del informe que asignaban responsabilidad institucional a las Fuerzas Armadas Indonesias. Además, en agosto, las Cámaras extraordinarias de los Tribunales de Camboya modificaron sus normas internas para dar más celeridad a los juicios de los horrendos delitos cometidos entre 1975 y 1979 por el régimen del Khmer Rouge. No obstante, los juicios todavía no habían comenzado a finales de año.
Algunos países intensificaron la represión como consecuencia de los esfuerzos populares por asegurar el respeto a los derechos humanos. Vietnam endureció las restricciones que pesaban sobre la libertad de expresión y de prensa, y en China el gobierno impuso medidas más estrictas de represión cultural y religiosa a las minorías étnicas en zonas del Tíbet y en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang e intensificó su campaña de detenciones y acoso de disidentes y peticionarios.
Otros dirigentes no electos trataron de disfrazar su ilegitimidad con visos de democracia y manipularon las leyes para sus propios fines. El régimen birmano forzó un referendo constitucional, caracterizado por irregularidades e intimidación generalizadas, inmediatamente después del devastador ciclón Nargis. Aunque la constitución, técnicamente, entró en vigor en mayo, con arreglo a sus propios términos, el régimen continuaría "ejerciendo la soberanía estatal" hasta la celebración de elecciones con la participación de múltiples partidos, en 2010. La constitución garantizará que las fuerzas militares continúen ejerciendo un papel preponderante en la vida política, independientemente de los resultados de cualquier proceso electoral. A finales del año, el régimen impuso sentencias draconianas a más de 100 activistas de la democracia que participaron en la Revolución del azafrán, en 2007, y a otros que colaboraron en la labor de socorro después del ciclón. Muchos fueron trasladados a cárceles en lugares remotos del país, aislados de su familia. En Fiji, el Tribunal Supremo de Suva emitió un fallo en el que validó el golpe de estado de Fiji de 2006, pese a la vehemente oposición a la negativa del gobierno provisional a convocar elecciones en marzo de 2009.
La trata de personas fue otro ámbito en el que se registraron resultados mixtos durante el año. Varios países promulgaron nuevas leyes contra la trata, entre ellos Tailandia y Camboya, y empezaron a investigar y procesar una gran variedad de delitos relacionados con la trata, como la trata de hombres con fines de explotación laboral. No obstante, en Malasia, numerosos informes de ONG y medios de información dieron cuenta de que funcionarios de inmigración malayos estaban involucrados en la trata de refugiados birmanos a lo largo de la frontera de Malasia y Tailandia.
Acontecimientos en países seleccionados
El régimen militar de Birmania siguió aplicando sus métodos opresivos, negando a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno y cometiendo otros graves abusos de derechos humanos. El régimen reprimió brutalmente la disensión mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Los activistas de los derechos humanos y la democracia fueron hostigados, detenidos arbitrariamente en gran número y condenados a penas de hasta 65 años de cárcel. El régimen mantuvo a los detenidos y presos en condiciones peligrosas para su salud. El ejército continuó sus ataques contra las minorías étnicas. El régimen infringió regularmente la intimidad de los ciudadanos y restringió su libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, religión y movimiento. La violencia y la discriminación contra la mujer y las minorías étnicas continuaron, al igual que la trata de personas. Se impusieron restricciones a los derechos de los trabajadores y continuaron los trabajos forzados. El gobierno no adoptó ninguna medida de consideración para encausar o castigar a los responsables de dichos abusos. El régimen mostró desprecio hacia el bienestar de sus propios ciudadanos al insistir en llevar a cabo un fraudulento referendo inmediatamente después de un ciclón que causó la muerte de decenas de miles de personas y al bloquear y retrasar la asistencia internacional que hubiera salvado muchas vidas.
El historial del gobierno de China en lo que respecta a los derechos humanos sigue siendo deplorable y empeoró en algunos aspectos. El gobierno continuó limitando los derechos a la intimidad de los ciudadanos e impuso estrictos controles a la libertad de expresión, prensa (incluida la Internet), reunión, movimiento y asociación. Las autoridades fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, obligaron a los presos a hacer confesiones bajo coacción, y utilizaron fuerza laboral forzada. Además, el gobierno chino intensificó la campaña de detención y acoso de disidentes, peticionarios, defensores de los derechos humanos y abogados defensores. Las ONG locales e internacionales continuaron siendo objeto de intenso escrutinio y graves restricciones. El historial de China en el ámbito de los derechos humanos empeoró en algunos sectores, como la grave represión cultural y religiosa de minorías étnicas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y el Tíbet. Los abusos se intensificaron en torno a acontecimientos de gran relieve, como los Juegos Olímpicos y las tensiones sociales en el Tíbet. A finales del año, el gobierno sometió a una campaña de hostigamiento a los signatarios de la Carta de 2008 que pedían el respeto a los derechos humanos universales y la reforma, y arrestaron al escritor Liu Xiaobo por su participación en la redacción de la Carta. En octubre, el gobierno decretó la permanencia de las normas provisionales sobre los Juegos Olímpicos por las que se conceden más libertades a los periodistas.
El gobierno de Malasia respetó generalmente los derechos humanos de sus ciudadanos; no obstante surgieron problemas en algunos sectores, incluida la limitación del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno. Pese a sus quejas de que el partido gobernante abusaba de sus poderes, los partidos de oposición hicieron considerables adelantos al obtener 82 de los 222 escaños parlamentarios en las elecciones del 8 de marzo, que privó a la coalición en el poder de los dos tercios de mayoría necesaria para enmendar la constitución a su antojo. El gobierno siguió restringiendo las libertades de prensa, asociación, reunión, expresión y religión. El gobierno arrestó a dirigentes de la oposición y a periodistas. Blogueros fueron arrestados por motivos aparentemente políticos. La muerte de personas bajo custodia policial siguió siendo un problema, al igual que los abusos cometidos por la policía contra los detenidos, los centros de inmigración súper hacinados y las persistentes cuestiones de imparcialidad e independencia del poder judicial. Algunos empleados explotaron a trabajadores inmigrantes y a individuos de la etnia indo-malaya con trabajos forzados, y en algunas plantaciones se registraron casos de trabajo de menores.
Continuó el atroz historial de Corea del Norte en lo que respecta a los derechos humanos. Aunque el régimen siguió controlando casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, denegando la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación y restringiendo la libertad de movimiento y los derechos de los trabajadores, informes de abusos surgieron del país con creciente frecuencia. No obstante, la comprobación de estos informes siguió siendo difícil. Informes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, incluso de presos políticos, continuaron presentando una imagen siniestra de la vida en el aislado país. Se dice que algunos refugiados repatriados forzosamente han sido severamente castigados y posiblemente torturados. Continúan surgiendo informes de ejecuciones públicas.
Pese a una tumultuosa atmósfera política, Tailandia evitó las perturbaciones anticonstitucionales en la gobernabilidad. No obstante, continuaron los informes que relacionaban a la policía con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Asimismo, persistió el abuso de detenidos y presos, al igual que la corrupción del cuerpo de policía. La insurgencia separatista en el sur del país dio lugar a numerosos abusos de derechos humanos, incluso asesinatos, cometidos por insurgentes musulmanes malayos, voluntarios de defensa budistas y fuerzas gubernamentales de seguridad. El gobierno mantuvo algunas limitaciones de la libertad de expresión y de prensa, en particular mediante el uso de disposiciones de lesa majestad. Miembros de las tribus de las colinas, sin la adecuada documentación, siguieron expuestos a restricciones de movimiento; no obstante, la Ley de nacionalidad de 2008, que entró en vigor el 28 de febrero, mejoró las posibilidades de los miembros de las tribus de las colinas de obtener la ciudadanía.
El gobierno de Vietnam siguió imponiendo importantes restricciones a los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos no pudieron cambiar su gobierno, se prohibieron los movimientos de oposición, y el gobierno continuó suprimiendo la disensión. Algunas personas fueron detenidas arbitrariamente por actividades políticas y se les negó el derecho a un juicio justo y rápido. Los sospechosos fueron objeto de abusos durante el arresto, la detención y los interrogatorios. La corrupción de la policía fue un grave problema, lo mismo que la impunidad. El gobierno siguió limitando los derechos a la intimidad y de expresión de los ciudadanos. Hubo una represión general de la libertad de prensa a lo largo del año, que dio por resultado el despido de varios directores de medios de información y el arresto de dos periodistas. Estas acciones arrojaron un jarro de agua fría sobre lo que había sido una tendencia hacia un sistema de información de investigación más decisivo. Continuaron las restricciones de reunión, movimiento y asociación. Se prohibieron las organizaciones de derechos humanos. La violencia y la discriminación contra la mujer siguieron siendo un problema, al igual que la trata de personas. El gobierno restringió los derechos de los trabajadores y arrestó u hostigó a varios activistas laborales.
Europa y Eurasia
Todavía no se han resuelto los principales problemas de la región: fortalecer las nuevas democracias, eliminar las restricciones y represión gubernamental de las ONG que trabajan en defensa de los derechos humanos, hacer frente a los delitos de odio y la difusión de mensajes que fomentan el odio, y proteger al mismo tiempo las libertades fundamentales, contra un trasfondo de inmigración, creciente nacionalismo y recesión económica.
En varios países de la ex Unión Soviética, los adelantos logrados en el terreno de los derechos humanos y la democracia dieron marcha atrás o continuó el deslizamiento hacia regímenes autoritarios. Una serie de elecciones no cumplieron con las normas democráticas establecidas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y la libertad de los medios de información continuó siendo blanco de ataque. Se asesinó u hostigó a periodistas, y las leyes con frecuencia restringieron, en vez de proteger, la libertad de expresión.
Según se informó, durante el conflicto que estalló en agosto en el enclave separatista de Osetia del Sur, en Georgia, las operaciones militares de las fuerzas rusas y georgianas hicieron uso indiscriminado de la fuerza y causaron la muerte de civiles, entre ellos varios periodistas. Después de la entrada de los rusos en Osetia del Sur, circularon informes según los cuales las tropas irregulares de Osetia del Sur habían emprendido una campaña de ejecuciones, tortura, ataques étnicos e incendios indiscriminados de casas, y que al menos 150.000 ciudadanos de Georgia habían sido desplazados por los combates. Las tropas rusas y de Osetia del Sur ocuparon aldeas situadas fuera de la jurisdicción administrativa de Osetia del Sur y Abjasia, la otra región separatista de Georgia. Aunque para el 10 de octubre las fuerzas rusas se retiraron, en su mayor parte, de las regiones situadas fuera de Abjasia y Osetia del Sur, impidieron el acceso a ambas regiones a los georgianos y a las organizaciones internacionales, lo que puso en grave peligro a los residentes y dificultó la vigilancia de la situación de los derechos humanos y del cumplimiento del derecho humanitario en la región.
En muchos países, los gobiernos impidieron la libertad de prensa. En Azerbaiyán, un número cada vez mayor de ataques contra periodistas permaneció impune, mientras los periodistas mismos languidecían en prisión acusados de supuestos cargos penales. Rusia siguió siendo un lugar peligroso para los periodistas, algunos de los cuales fueron asesinados o atacados brutalmente durante el año. En Bielorrusia, el presidente Lukashenko firmó una nueva ley sobre medios de información, por la que se podrían restringir más aun las libertades de prensa, incluso las publicaciones de Internet. Diversos acontecimientos en Georgia, como la pérdida de control por la oposición de Televisión Imedi, la única estación de televisión nacional independiente que aún quedaba, suscitó una gran inquietud en cuanto a la diversidad de los medios de información
En varios países, las ONG y los partidos de oposición fueron blanco de la opresión del gobierno. El gobierno de Bosnia y Herzegovina obligó a cerrar durante algunos días una ONG internacional que investigaba casos de corrupción, después de que un informe acusara a funcionarios del gobierno de dicho delito. En Rusia, las autoridades intensificaron su hostigamiento a muchas ONG que trabajaban en cuestiones políticamente delicadas y durante el año el gobierno enmendó la ley sobre extremismo, por la que se facilitó la formulación de cargos contra una organización. La versión anterior de la ley ya había suscitado temores sobre la restricción de la libertad de asociación y la crítica legítima del gobierno. En Bielorrusia, si bien la liberación de nueve presos políticos se acogió con agrado, perduró el temor sobre la imposición por el gobierno de restricciones arbitrarias a la libertad de reunión y asociación y el frecuente hostigamiento de activistas independientes. En Rusia, la policía a veces recurrió a la violencia para impedir las protestas pacíficas de grupos, en particular de la oposición.
Surgieron indicadores, tanto esperanzadores como inquietantes, en cuanto a la gobernabilidad democrática en la región. Como nota positiva, el gobierno de Kosovo, elegido democráticamente, declaró felizmente su independencia el 17 de febrero y estableció una constitución y unas leyes con disposiciones modelo sobre derechos humanos. Desdichadamente, otros países no tuvieron resultados tan alentadores. Las elecciones presidenciales en Armenia en febrero estuvieron viciadas por graves irregularidades y en los días siguientes a su celebración hubo protestas pacíficas que el gobierno reprimió violentamente. En Rusia, las elecciones presidenciales de marzo estuvieron empañadas con problemas, tanto durante la campaña como el día mismo de las elecciones, a causa de la parcialidad de los medios de información, controlados o bajo la influencia del gobierno, a favor del partido en el poder y sus candidatos; la negativa de las autoridades a registrar a candidatos del partido de oposición; la falta de igualdad de oportunidades de llevar a cabo la campaña, y el fraude electoral. Las elecciones parlamentarias en Bielorrusia estuvieron muy lejos de satisfacer los compromisos contraídos con la OSCE en cuanto a elecciones democráticas, y todos los 110 ganadores declarados eran partidarios del gobierno. Las elecciones en Azerbaiyán no cumplieron los compromisos básicos contraídos con la OSCE.
Las inquietudes por la situación de los derechos humanos no se limitaron a la región oriental del continente. Una serie de democracias sólidamente establecidas de Europa central y occidental se debatieron con los continuos retos planteados por las oleadas de inmigrantes procedentes del Oriente Medio, África y otros lugares, que sometieron a dura prueba los recursos económicos y sociales y dieron lugar a prácticas restrictivas hacia los inmigrantes y a numerosas acusaciones de malos tratos. En muchos países, los centros de detención de inmigrantes indocumentados estaban en condiciones deficientes, inferiores a las de las instalaciones reservadas a otros detenidos. En Ucrania, la mayoría de los delitos motivados por el odio cometidos durante el año estuvieron relacionados con personas de origen africano, asiático y del Oriente Medio. En Rusia continuó el inquietante y gradual aumento de ataques xenófobos, raciales y étnicos. En muchos países de la región se organizaron manifestaciones antisemitas y los ataques violentos antisemitas siguieron siendo motivo de preocupación. En una serie de países, como Italia y Hungría, los miembros de la comunidad romaní fueron objeto de violencia social que, en algunos casos fue más frecuente y mortífera que en años anteriores.
Francia, Alemania, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido trataron de proscribir la difusión de mensajes que fomentan el odio, con el fin de proteger a las minorías de la discriminación y la violencia. No obstante, algunos observadores de los derechos humanos manifestaron su temor de que esta medida fuera en contra de la libertad de expresión.
Acontecimientos en países seleccionados
En Armenia la democracia sufrió importantes reveses, incluido el peor estallido de violencia después de las elecciones registrado en el Cáucaso en los últimos años. Tras semanas de protestas generalmente pacíficas a raíz de unas reñidas elecciones presidenciales en febrero, el gobierno recurrió al uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes los días 1 y 2 de marzo, lo que provocó violentos enfrentamientos y 10 muertes. La violencia condujo a la imposición por 20 días del estado de excepción y el cierre de los medios de información independientes, durante los cuales el gobierno restringió gravemente las libertades civiles. El resto del año se restringió considerablemente el derecho a reunirse pacíficamente o a expresar opiniones políticas libremente sin temor a represalias, y varios simpatizantes de la oposición fueron convictos, encarcelados y sentenciados a penas desproporcionadamente severas, por motivos aparentemente políticos. Según los informes recibidos, cincuenta y nueve simpatizantes de la oposición todavía seguían presos por motivos políticos a finales del año; ningún oficial del gobierno fue enjuiciado por su supuesta participación en delitos relacionados con las elecciones. Pese al éxito desigual de un grupo políticamente equilibrado de indagación, establecido por el gobierno para investigar los acontecimientos de marzo, la democracia acusó los efectos del hostigamiento, la intimidación y las inquisitivas inspecciones fiscales a que se vieron sujetos los medios de información independientes y los activistas de la sociedad civil.
En Azerbaiyán, Ilham Aliyev fue elegido nuevamente presidente para un segundo mandato, en octubre, en un proceso que, a juicio de observadores internacionales, no satisfacía las normas internacionales de elecciones democráticas, pese a algunas mejoras en la administración de las elecciones. Los fallos incluían graves restricciones a la participación política y los medios de información, presiones y restricciones sobre los observadores, y procedimientos fraudulentos de recuento y tabulación de votos. Durante el año, se intensificaron las restricciones y presiones sobre los medios de información. Según una ONG dedicada a vigilar los medios informativos, en la primera mitad del año se registraron 20 ataques físicos o verbales contra periodistas, lo que supone un aumento comparado con los 11 ataques que se produjeron en el mismo período en 2007, de los que no se responsabilizó a nadie. Varios periodistas permanecieron encarcelados, acusados de cargos que muchos criticaron como motivados políticamente. El 30 de diciembre, el gobierno anunció que a partir del 1 de enero de 2009 no permitiría a Radio Europa Libre/Radio Libertad, la Voz de América, o la BBC continuar transmitiendo en la televisión nacional y en frecuencias FM de radio; sin estos medios de información internacionales, el público dejó de tener acceso a noticias imparciales en cualquier medio generalmente accesible.
En Bielorrusia, continuó el pésimo historial de derechos humanos del gobierno, y las autoridades siguieron cometiendo frecuentes y graves abusos. Pese a previas garantías del gobierno, las elecciones parlamentarias de septiembre no fueron ni libres ni limpias. Las autoridades no dieron cuenta de las anteriores desapariciones políticamente motivadas. Las condiciones en las cárceles siguieron siendo extremadamente deplorables, y continuaron circulando informes de abusos de presos y detenidos. El poder judicial careció de independencia. El gobierno impuso nuevas restricciones a las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, expresión, reunión, asociación y religión. Los servicios de seguridad del Estado hicieron uso irrazonable de la fuerza para dispersar a manifestantes pacíficos. Continuó el problema de la corrupción. Las ONG y los partidos políticos fueron objeto de hostigamiento, multas, enjuiciamientos y clausura. Las jerarquías religiosas fueron multadas o deportadas por celebrar actos religiosos y se cerraron algunas iglesias.
En Georgia, el presidente Mikheil Saakashvili fue reelegido en enero en unas elecciones que los observadores internacionales consideraron compatibles con la mayoría de los compromisos sobre elecciones democráticas contraídos con la OSCE. No obstante, también pusieron de relieve la presencia de considerables problemas, entre ellos, acusaciones generalizadas de intimidación y presión y recuento irregular de votos. También se detectaron irregularidades en las elecciones parlamentarias de mayo. Se afirmó que se habían efectuado detenciones por motivos políticos. La diversidad de los medios de información quedó menoscabada con la pérdida de control por la oposición de la única estación nacional de televisión que quedaba. Según informes recibidos, durante el conflicto de agosto, las operaciones militares de las fuerzas rusas y georgianas se caracterizaron por el uso indiscriminado de la fuerza, que provocó la muerte de miembros de la población civil, entre ellos una serie de periodistas.
La Federación de Rusia continuó una trayectoria negativa en su historial nacional de derechos humanos, documentada con numerosas denuncias de problemas y abusos de derechos humanos por el gobierno y la sociedad en el curso del año. Según informes recibidos, durante el conflicto de agosto, las operaciones militares de las fuerzas rusas y georgianas se caracterizaron por el uso indiscriminado de la fuerza, que provocó la muerte de miembros de la población civil, entre ellos una serie de periodistas. El historial de derechos humanos del gobierno en el norte del Cáucaso siguió siendo lamentable y se informó de que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos, actos de tortura, abusos, violencia y otros tratos brutales, a menudo con impunidad. En Chechenia, Ingushetia, y Dagestán, las fuerzas de seguridad supuestamente participaron en asesinatos y secuestros por motivos políticos; por segundo año, aumentó considerablemente el número de asesinatos, generalmente por asaltantes desconocidos, tanto de civiles como de oficiales de Ingushetia.
Continuó el asedio a las libertades civiles, como reflejo de la erosión de la norma de rendimiento de cuentas del gobierno a sus ciudadanos. La presión gubernamental debilitó la libertad de expresión y la independencia de los medios de información, y siguió creando un entorno peligroso para los profesionales de la información. Cinco periodistas fueron asesinados durante el año, en un caso, en Ingushetia, por la policía. Los asesinatos de periodistas en años anteriores quedaron sin resolver. El gobierno impuso restricciones a la libertad de reunión, y la policía recurrió a veces a la violencia para impedir a grupos pacíficos expresar su protesta. La hostilidad de las autoridades y el hostigamiento de que hicieron objeto a algunas ONG, en particular a las que se dedican a la vigilancia de los derechos humanos y a las que reciben fondos extranjeros, reflejaron una contracción general del espacio permitido a la sociedad civil. Dado el crecientemente centralizado régimen político, donde el poder se concentra en la presidencia y la oficina del primer ministro, los problemas que ocurrieron en las elecciones a la Duma en diciembre de 2007, se repitieron en las elecciones presidenciales de marzo, que no satisficieron muchas de las normas internacionales.
Oriente Medio y Norte de África
Durante el año la región del Oriente Medio se caracterizó por retos continuos y graves a la promoción de la democracia y los derechos humanos, aunque se dieron algunos notables pasos de avance.
Varios gobiernos, incluidos los de Egipto, Irán, Libia y Siria, siguieron encarcelando activistas debido a sus convicciones. Ayman Nour, que ocupó el segundo lugar entre los candidatos a presidente en las elecciones egipcias de 2005, permaneció en prisión en Egipto durante todo el periodo que abarca el informe (aunque fue puesto en libertad el 18 de febrero de 2009). El gobierno de Irán detiene y persigue de manera habitual a los activistas de los derechos de la mujer y a los estudiantes, sindicalistas obreros y a defensores de los derechos humanos. Las autoridades iraníes continuaron reprimiendo las instituciones de la sociedad civil, notablemente al cerrar el 21 de diciembre el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, que se preparaba a celebrar el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. El gobierno de Libia anunció en marzo que había puesto en libertad al activista político Fathi El- Jahmi, pero permaneció detenido durante el año en el Centro Médico de Trípoli y se concedieron sólo visitas esporádicas de sus familiares. En Siria, el gobierno detuvo a varios miembros destacados de la comunidad de derechos humanos, en particular personas afiliadas al consejo nacional de la Declaración de Damasco para el Cambio Democrático Nacional, organización que abarca varios grupos reformistas de oposición.
Junto con mayor acceso a la información a través de Internet y la televisión por satélite, sobrevinieron restricciones más serias a los medios, incluidos los blogueros que publican en Internet. En Egipto, la policía detuvo y supuestamente torturó a blogueros. El bloguero más conocido de Irán, Hossein Derakhshan, fue arrestado a finales de año. Túnez retrocedió en cuanto a la libertad de los medios, con el arresto u hostigamiento de blogueros. En Iraq, los periodistas siguieron luchando por su seguridad mientras informaban sobre política, los derechos de la mujer y la homosexualidad. Aunque la cantidad de asesinatos de periodistas disminuyó en Iraq el año pasado, la tasa de mortalidad sigue siendo alta.
Muchos países de la región siguieron restringiendo la libertad y la expresión religiosas. Irán detuvo desde mayo a siete líderes de la fe Baha'i, y el presidente iraní continuó denunciando la existencia de Israel. Arabia Saudita prohibió estrictamente el culto público de religiones diferentes de la islámica sunnita, y las minorías religiosas encararon discriminación en el acceso a la educación, el empleo y la representación en el gobierno. En Egipto, los miembros de religiones que el gobierno no reconoce sufrieron dificultades y privaciones personales y colectivas. Otros países, como Bahrein y Argelia, aprobaron leyes discriminatorias o, como el caso de Jordania, continuaron aplicando políticas que favorecen a las religiones mayoritarias.
En toda la región continuó la discriminación legal y social al igual que la violencia contra la mujer. Activistas de los derechos de la mujer iraníes fueron víctimas de acoso, abusos, arrestos y fueron acusado de "poner en peligro la seguridad nacional" por participar en protestas pacíficas y reclamar igualdad de trato, con el respaldo de la Campaña de un millón de firmas, conforme a las leyes iraníes. Sin embargo, otros países de la región presenciaron un progreso positivo de los derechos de la mujer y las mujeres trataron de desempeñar funciones directivas en gobiernos locales y nacionales. En Kuwait, 27 mujeres se presentaron como candidatas en las elecciones nacionales de mayo de 2008, aunque no fue elegida ninguna. También ese año los Emiratos Árabes Unidos nombraron a la primera jueza y a dos embajadoras.
Algunos países del Oriente Medio han adoptado medidas en los últimos años para ocuparse de los abusos contra los trabajadores y mejorar las normas laborales. Omán y Bahrein aprobaron leyes generales para combatir la trata de personas y Jordania extendió la protección de las leyes laborales a los trabajadores domésticos expatriados. Sin embargo, persisten retos significativos en lo que respecta a la protección de los trabajadores extranjeros y la aplicación de las leyes y normas laborales vigentes para todos los trabajadores, en particular para los del sector de la construcción y las tareas domésticas.
Acontecimientos en países seleccionados
En Egipto se produjo durante el año un deterioro del respeto gubernamental a las libertades de expresión, prensa, asociación y religión. En particular, las detenciones y arrestos de blogueros parecieron estar vinculadas principalmente con sus intentos de organizar manifestaciones a través de sus blog, y su participación en protestas callejeras y otras manifestaciones de activismo. El estado de excepción, aprobado en 1967, siguió en vigor y las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de la fuerza letal no justificada y torturaron y cometieron abusos contra presos y detenidos, en la mayoría de los casos con impunidad.
El gobierno de Irán intensificó su campaña sistemática de intimidación de reformistas, académicos, periodistas y disidentes mediante arrestos arbitrarios, detenciones, tortura y juicios secretos que, ocasionalmente, terminaron en ejecuciones. Continuaron las ejecuciones de acusados que eran menores de edad en el momento de ser arrestados. Las personas de doble nacionalidad estadounidense-iraní, al igual que los iraníes con contactos en Estados Unidos o que viajan a ese país siguieron siendo blanco de intimidación y hostigamiento. Antes de las elecciones parlamentarias de marzo, el Consejo Guardián descalificó a casi 1.700 candidatos reformistas.
La situación general de la seguridad mejoró considerablemente en Iraq y en varias provincias se produjo alguna reconciliación y alivio de tensiones. Sin embargo, la persistente violencia insurgente y extremista contra la población civil socavó la capacidad del gobierno de mantener el estado de derecho, lo que dio lugar a abusos graves y generalizados contra los derechos humanos. Sin embargo, hubo acontecimientos positivos, entre estos la aprobación el 24 de septiembre de la Ley de Elecciones Provinciales que convocó a elecciones en 14 provincias de mayoría árabe para el 31 de enero de 2009, con otras elecciones más tarde en el año en las tres provincias curdas y en Tameem (Kirkuk). La aprobación el 16 de noviembre de una ley que autoriza el establecimiento de la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos, ordenado por la constitución, señaló también un avance hacia la institucionalización de la protección de esos derechos.
En Jordania, los activistas de la sociedad civil expresaron su preocupación por una nueva ley de asociaciones. La ley, que aún no ha entrado en vigor, le permite al gobierno denegar, por cualquier razón, la inscripción de las ONG, disolverlas e intervenir en su administración, miembros y actividades. Según las ONG internacionales y locales, las prisiones seguían estando hacinadas y carecían de personal suficiente, y tenían alimentos y atención médica inadecuados y visitas limitadas. Aunque la ley jordana prohíbe la tortura, Human Rights Watch informó que sigue siendo general y rutinaria. Hubo informes de ciudadanos y ONG de que presos políticos, incluidos islamistas declarados culpables de delitos contra la seguridad nacional, fueron objeto de abusos más graves que otros presos, y que los guardias abusaron impunemente de los presos. Las mujeres ocuparon un número limitado de puestos gubernamentales de liderazgo, aunque a niveles más elevados que en otras partes de la región; al mismo tiempo, persistieron la violencia doméstica y los denominados "crímenes de honor". Una ley de prensa de 2007 abolió el encarcelamiento de periodistas por delitos ideológicos; sin embargo, de acuerdo con determinadas cláusulas del código penal, continuó la detención y encarcelamiento por tiempo limitado de periodistas acusados de difamación y calumnia. Muchos periodistas informaron que la amenaza de multas severas condujo a la autocensura. En julio se enmendó la Ley Laboral para incluir a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores domésticos, colocándolos bajo ciertas protecciones legales.
Por cuarto año consecutivo la violencia interna y las batallas políticas obstaculizaron la capacidad del Líbano de mejorar la situación de los derechos humanos en ese país. El 7 de mayo, combatientes de la oposición dirigidos por Hezbolá, partido opositor chiíta y organización terrorista, se apoderó del control del Aeropuerto Internacional de Beirut y de varios vecindarios de Beirut Occidental. El 21 de mayo, luego de que murieran 84 personas y aproximadamente 200 resultaran heridas, los líderes rivales llegaron a un acuerdo para poner fin a la violencia y la pugna política de 18 meses. A pesar del cese de hostilidades y la elección del presidente Michel Sleiman por parte del parlamento, Hezbolá retuvo una influencia significativa en partes del país, y el gobierno no logró un progreso tangible en la dispersión y desarme de los grupos armados, entre ellos Hezbolá.
El gobierno sirio siguió violando los derechos de privacidad de los ciudadanos e imponiendo restricciones significativas a la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación, en un ambiente de impunidad y corrupción gubernamentales. Los servicios de seguridad disolvieron reuniones de organizaciones de los derechos humanos y detuvieron a activistas, organizadores y otros detractores del régimen, sin el debido proceso legal. A lo largo del año, el gobierno sentenció a prisión a varios miembros destacados de la comunidad de los derechos humanos, especialmente personas afiliadas con el consejo nacional de la Declaración de Damasco por el Cambio Democrático Nacional, organización que abarca a los grupos reformistas de oposición.
En Túnez el gobierno continuó con su represión sistemática y severa de las libertades de expresión y asociación. El gobierno tunecino siguió siendo intolerante en relación con la crítica pública por parte de activistas de los derechos humanos y la oposición, y utilizó la intimidación, las investigaciones criminales y el hostigamiento violento de editores y periodistas para desalentar la crítica. Las autoridades censuraron duramente las publicaciones, tanto impresas como en línea, y acosaron de manera sistemática a periodistas. Las fuerzas de seguridad asesinaron a una persona que realizaba protestas políticas y los detenidos estuvieron expuestos a actos de tortura, agresiones sexuales y coerción con el intento de extraerles confesiones.
Asia Central y Meridional
En Asia Central y Meridional el 2008 se destacó por ataques significativos a los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, religión y asociación.
Varios gobiernos de la región siguieron acosando a periodistas y medios informativos, y algunos países continuaron restringiendo el libre acceso a la información en Internet, particularmente en Asia Central. En Kirguistán, el gobierno retiró de la radio y televisión estatales programas de un destacado radiodifusor independiente. En Kazajstán, un proveedor de Internet, controlado por el gobierno, bloqueó de manera intermitente noticias específicas y páginas web que se centraban en la oposición. Ambos gobiernos impusieron a periodistas severas multas contra la difamación y, en ciertos casos, algunos periodistas abandonaron el país temerosos por su propia seguridad. Al igual que en años anteriores, los periodistas de Turkmenistán fueron objeto de hostigamiento gubernamental, arresto, detención en clínicas psicológicas y actos de violencia. En Afganistán, el gobierno declaró culpable de blasfemia a un estudiante de periodismo por distribuir un artículo que había tomado de la Internet, acerca de los derechos de la mujer en el Islam; un tribunal de apelaciones redujo la sentencia a veinte años de prisión. En Pakistán, el arresto de periodistas disminuyó tras la elección de un nuevo gobierno. Aún así, personas no identificadas continuaron intimidando, secuestrando y asesinando a periodistas, en particular en las regiones donde había conflictos internos. En Sri Lanka, militares y funcionarios del gobierno formularon declaraciones amenazantes contra medios informativos independientes, a raíz de varios ataques contra miembros de la prensa libre, que no fueron aclarados.
La libertad religiosa fue blanco de ataque en la región, y los parlamentos de Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán aprobaron leyes que aumentan las restricciones a la libertad religiosa, afectando de manera desproporcionada a las minorías religiosas, y mediante la violencia contra las minorías en el estado de Orissa, en la India. Estos actos se produjeron en un entorno de hostigamiento creciente contra los grupos religiosos minoritarios por parte de los gobiernos de Kazajstán y Tayikistán y continuó el hostigamiento por parte del gobierno de Uzbekistán. Turkmenistán aceptó con agrado la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Religión o Creencia, pero controló y vigiló estrechamente toda actividad religiosa.
Persistieron en toda la región problemas significativos en materia de derechos laborales. El trabajo infantil persistió en los sectores agrícola y manufacturero de Afganistán, Pakistán y la India. El trabajo infantil fue generalizado en Kirguistán y Tayikistán, en los sectores del algodón y otros, y Uzbekistán siguió obligando a muchos niños en edad escolar a trabajar en la cosecha del algodón. Aunque el gobierno de Kazajstán ha logrado progreso con respecto a medidas dirigidas a eliminar el trabajo infantil, la práctica ocurre todavía en los sectores del algodón y el tabaco. En Nepal, Pakistán y la India continuó el trabajo forzado, especialmente en los grandes sectores informales y entre las minorías en desventaja social. Los organizadores sindicales en Bangladesh dieron cuenta de actos de intimidación y abuso, así como de un escrutinio incrementado por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque algunos gobiernos de la región restringieron la oposición política y prohibieron una auténtica competencia electoral, se produjeron algunas mejoras con respecto a las elecciones y la competencia política en los países del Asia meridional. En Pakistán, los principales partidos de oposición, el Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana-Nawaz de Pakistán, consiguieron juntos la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias y formaron un gobierno de coalición que terminó con nueve años de régimen militar. El pueblo de las Maldivas eligió como presidente a un ex preso político en elecciones libres e imparciales, desbancando pacíficamente al líder asiático que se había desempeñado durante más tiempo al frente de un gobierno. La Comisión Electoral Afgana Independiente dirigió esfuerzos preparatorios de la segunda ronda de elecciones desde la caída del Talibán. Las elecciones en Nepal tuvieron por resultado la legislatura más diversa en la historia del país, y el nuevo parlamento declaró posteriormente que Nepal era una república democrática federal, terminando pacíficamente con la monarquía. Bangladesh celebró elecciones parlamentarias libres e imparciales, en las que hubo casos aislados de irregularidad y actos de violencia esporádicos. Las elecciones y la posterior transferencia del poder terminaron con dos años en los que había detentado el poder un gobierno interino respaldado por los militares. En Bután, las elecciones a la cámara baja del parlamento concluyeron la transición del país a una monarquía constitucional y limitada con auténticas supervisión y participación populares.
Acontecimientos en países seleccionados
Aunque los derechos humanos han mejorado significativamente en Afganistán desde la caída del Talibán en 2001, el historial de derechos humanos del país sigue siendo deficiente debido a las débiles instituciones del gobierno central y a la mortífera insurgencia. Los talibanes, al Qaeda y otros grupos extremistas siguieron atacando a funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad, ONG, personal de asistencia humanitaria y civiles desarmados. Hubo informes de arrestos y detenciones arbitrarios, asesinatos extrajudiciales, actos de tortura y malas condiciones en las prisiones. La represión gubernamental de los grupos armados les impidió a los medios actuar libremente.
En Bangladesh, los niveles de violencia disminuyeron significativamente y el gobierno interino supervisó con éxito las elecciones, pero el historial del gobierno en materia de derechos humanos siguió siendo motivo de seria preocupación. El estado de excepción, que el gobierno impuso en enero de 2007 y levantó el 17 de diciembre, redujo muchos derechos fundamentales, entre ellos las libertades de expresión, asociación y el derecho a quedar en libertad bajo fianza. La iniciativa gubernamental contra la corrupción fue acogida con apoyo por el pueblo, pero dio pie a preocupaciones en torno a la equidad y la igualdad ante la ley. Aunque la cantidad de ejecuciones extrajudiciales se redujo, las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de personas bajo custodia, arresto y detención arbitrarios y hostigamiento de periodistas. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad y cometieron actos de tortura, y el gobierno no investigó a fondo las ejecuciones extrajudiciales.
En Kazajstán, la oposición política estuvo expuesta al hostigamiento del gobierno mediante acusaciones criminales por motivos políticos y restricciones al derecho de reunión. El gobierno continuó hostigando a los medios y periodistas independientes y de orientación opositora. A finales de año, el gobierno consideraba enmendar las leyes que rigen los partidos políticos, los medios y las elecciones. Algunos representantes de la sociedad civil y partidos de oposición criticaron el proceso atribuyéndole falta de transparencia. El gobierno consideraba también enmiendas a la leyes sobre religión que, de ser aprobadas, representarían un serio retroceso de la libertad religiosa.
Aunque Kirguistán tiene una sociedad civil vibrante y medios de información independientes, el año pasado el gobierno trató, cada vez más, de controlar varios aspectos de la vida civil. Nuevas leyes o enmiendas aplicaron restricciones a las reuniones públicas, la libertad religiosa y los medios. En octubre, la Red Nacional de Radio y Televisión sacó del aire a Radio Libertad/Radio Europa, con lo que redujo el acceso público a esta fuente de información independiente. La presidenta de la Comisión Electoral Central huyó del país tras alegar que había sido presionada por el hijo del presidente en torno a la inscripción de un candidato opositor para las elecciones de consejos locales en octubre.
Nepal se convirtió en una república federal democrática poco después de que las elecciones nacionales de abril resultaran en la legislatura más diversa en la historia del país. Aunque hubo informes de violencia política, intimidación y irregularidades en la votación, los observadores informaron que las elecciones reflejaban la voluntad del pueblo. La violencia, la extorsión y la intimidación continuaron a lo largo del año; y la impunidad de los violadores de los derechos humanos, las amenazas a los medios, los arrestos arbitrarios y las prolongadas detenciones previas a los juicios fueron problemas graves. Miembros de los grupos maoístas, de la Liga Juvenil comunista (afiliada a los maoístas) y de otros pequeños grupos armados, a menudo de base étnica, cometieron graves abusos contra los derechos humanos. Tales abusos incluyeron el uso arbitrario e ilegal de fuerza letal, tortura y secuestro. Varios grupos armados, mayormente en la región de Terai, atacaron a civiles, a funcionarios del gobierno, a miembros de grupos étnicos determinados, a otros grupos o a maoístas.
Durante el año, Pakistán regresó al régimen democrático civil. Los partidos de oposición prevalecieron en las elecciones parlamentarias de febrero y formaron un gobierno de coalición. La coalición se mantuvo sólo durante parte del año, aunque el gobierno sigue en el poder. En septiembre, Asif Ali Zardari, viudo de la fallecida primera ministra Benazir Bhutto, sucedió a Pervez Musharraf como presidente. El nuevo gobierno colocó otra vez en sus puestos, luego de que juraran nuevamente, a cinco de los trece jueces del Tribunal Supremo que Musharraf había depuesto durante el estado de excepción de noviembre de 2007, en tanto que tres se jubilaron o renunciaron. El jefe del estado mayor del ejército retiró a 3.000 oficiales del ejército de los empleos civiles que ocupaban bajo Musharraaf. A pesar de estas medidas positivas, la situación de los derechos humanos siguió siendo mediocre. Las operaciones militares del noroeste del país causaron la muerte aproximadamente a 1.150 civiles, los ataques de militantes dieron muerte a 825 civiles, la violencia sectaria causó la muerte de cerca 1.125 personas y los atentados suicidas asesinaron a más de 970 personas. Las batallas en curso contra los militantes habían desplazado a fines de año a alrededor de 200.000 personas.
En Sri Lanka el respeto del gobierno electo para con los derechos humanos disminuyó a medida que se intensificó el conflicto armado en la guerra civil que se libra en ese país desde hace 25 años. Para finales de año, se había avanzado poco en la inclusión política de las minorías, que siguen sufriendo la mayoría de los abusos contra los derechos humanos, tales como asesinatos y desapariciones. El gobierno expulsó de la zona del conflicto, al norte del país, a la mayoría de los proveedores internacionales de ayuda humanitaria. Aunque el gobierno tomó medidas iniciales para poner coto a la utilización de niños soldados en las milicias progubernamentales, el problema no quedó resuelto. El gobierno no investigó ni procesó a las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos y tampoco puso en vigor las disposiciones constitucionales que habrían ofrecido la supervisión de las instituciones del gobierno. Se intimidó a la sociedad civil, y los medios y los periodistas independientes sufrieron particular presión por medio de ataques y amenazas de personas que actuaban a favor del gobierno.
Aunque hubo módicas mejoras, el gobierno de Turkmenistán siguió cometiendo graves abusos y su historial de derechos humanos siguió siendo mediocre. Las libertades políticas y civiles siguieron estando severamente restringidas. En junio las autoridades arrestaron al ex activista y ex preso político Gulgeldy Annaniyazov, después de que, según se alega, volviera a entrar en el país ilegalmente, y se lo sentenció a once años de prisión en un juicio a puertas cerradas. Las elecciones parlamentarias de diciembre estuvieron muy lejos de satisfacer las normas internacionales. El gobierno continuó con sus esfuerzos para revisar las leyes, incluso la constitución, con el propósito de ponerlas de conformidad con las convenciones internacionales relevantes.
El gobierno de Uzbekistán tomó medidas para ocuparse de las preocupaciones en torno a los derechos humanos, tales como los derechos de los acusados, la trata de personas y el trabajo infantil en la industria del algodón. Sin embargo, continuaron los abusos graves de los derechos humanos y la tortura siguió siendo sistemática en cuanto a la ejecución de la ley. Las autoridades obligaron a muchos niños a cosechar algodón, en ocasiones en malas condiciones de vida. Los activistas de los derechos humanos y los periodistas que criticaron al gobierno continuaron siendo objeto de acoso, arresto arbitrario, persecución por motivos políticos y tortura.
Hemisferio Occidental
Los gobiernos de la región siguieron ocupándose de las anteriores violaciones de los derechos humanos, trabajando para asegurar que se hiciera justicia a las víctimas y para terminar con la impunidad. En Colombia, varios oficiales comandantes estaban bajo investigación por graves violaciones de los derechos humanos. La Oficina del Procurador General investigaba a 27 oficiales militares, entre ellos tres generales y cuatro coroneles, dados de baja de las fuerzas armadas a fines de octubre por su supuesta participación en el asesinato de once jóvenes de Soacha, cerca de Bogotá. En Argentina y Chile continuaron varias investigaciones, y se dictaron varios fallos en casos relacionados con los abusos cometidos en las décadas de 1970 y 1980. En Perú, el Estado prosiguió los enjuiciamientos contra el ex presidente Fujimori y otros ex funcionarios del gobierno, por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Equipos de antropología forense exhumaron los restos y comenzaron a identificar los cadáveres de centenares de personas víctimas de desapariciones forzosas o masacradas y enterradas en tumbas clandestinas durante las décadas de 1980 y 1990. En Guatemala, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad prosiguió con su investigación de quince casos sobresalientes de derechos humanos relacionados con muertes de mujeres, asesinatos de conductores de autobuses, trata de personas, y ataques y asesinatos de sindicalistas obreros y defensores de los derechos humanos.
En general, las instituciones electorales del Hemisferio Occidental mantuvieron la independencia y el rigor que habían alcanzado en años recientes. Varios procesos electorales, como las elecciones presidenciales en Paraguay, las elecciones internas de candidatos a la presidencia en Honduras y los referendos en Bolivia y Ecuador, se consideraron, en general, libres e imparciales. Sin embargo, hubo excepciones. En Nicaragua, las elecciones municipales se vieron empañadas por el fraude generalizado, la intimidación y la violencia. En Venezuela el contralor general declaró inadmisibles, debido a infracciones administrativas, a cerca de 300 candidatos (en su mayoría opositores) a alcaldes y gobernadores.
En algunos casos los gobiernos utilizaron procesos democráticos, como los referendos constitucionales, en busca de políticas que amenazaron con socavar las libertades e instituciones democráticas, reducir el sistema de equilibrio y contrapeso de poderes o consolidar el poder en la rama ejecutiva. En Ecuador, la constitución de 2008 contiene cláusulas que requieren de los medios ofrecerle al gobierno tiempo en antena gratuito, lo cual motiva preocupaciones en el sentido de que la libertad de expresión y prensa se vean afectadas. En Venezuela la aprobación de 26 leyes "habilitadoras", algunas de las cuales reflejan aspectos del malogrado referendo constitucional de 2007 presentan disposiciones que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios elegidos y que promueven la centralización del poder.
Hubo amenazas a la libertad de prensa. En Venezuela, los periodistas y medios informativos independientes siguieron siendo objeto de hostigamiento e intimidación pública por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango en los medios de propiedad estatal, y la televisora venezolana independiente Globovisión fue blanco de un ataque con gas lacrimógeno lanzado por partidarios del gobierno. El gobierno nicaragüense empleó medidas administrativas, judiciales y financieras para socavar el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque el gobierno boliviano respetó en general la libertad de prensa, mantuvo con la prensa una relación antagónica. Varias ONG alegaron que el presidente Morales y funcionarios del gobierno hicieron declaraciones despectivas en relación con la prensa, excusando la violencia contra los periodistas y los medios de información, politizando el contenido mediático producido por el Estado y aprobando leyes destinadas a restringir a los medios independientes.
Cuba siguió siendo el único estado totalitario del hemisferio, tras una transferencia no democrática del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl.
Acontecimientos en países seleccionados
En Bolivia los esfuerzos del gobierno para someter a referendo una nueva y polémica constitución, los reclamos opositores de mayor autonomía regional y las demandas en competencia de fondos gubernamentales, derivaron en una serie de enfrentamientos violentos y bloqueos de carreteras en gran escala. La violencia llegó al máximo en septiembre en el departamento de Pando, con el resultado de trece muertes y la detención ilegal y prolongada del gobernador. En mayo y junio los departamentos orientales celebraron referendos sobre la autonomía, que el gobierno central se negó reconocer y la comunidad internacional se negó a observar. Un referendo convocado a nivel nacional en agosto dejó a la mayoría de los prefectos (gobernadores) y al presidente Evo Morales en sus cargos, lo que fortaleció al partido del presidente (el Movimiento al Socialismo -- MAS) y a sus esfuerzos para llevar una nueva constitución a una votación a nivel nacional.
Con el telón de fondo de sus 44 años de conflicto armado con organizaciones terroristas, el gobierno de Colombia prosiguió con sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos, particularmente en lo que toca a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, proceso que ha ayudado a aclarar aproximadamente 164.000 crímenes y condujo a la reforma del sistema de justicia militar. Durante los primeros diez meses del año, las muertes disminuyeron en un seis por ciento y los secuestros en un 14 por ciento en comparación con el 2007, en tanto que las investigaciones en torno a vínculos entre políticos y grupos paramilitares implicaron a 70 miembros del congreso y 15 gobernadores, algunos de los cuales han sido colocados en prisión. Sin embargo, persisten numerosos problemas sociales y violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, inclusive asesinatos, colaboración entre militares insubordinados y grupos armados ilegales, y hostigamiento de periodistas y grupos de derechos humanos. Las organizaciones terroristas, de modo notable las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos políticos y de otra índole, secuestros, desplazamientos masivos forzados, reclutamiento de niños soldados y ataques contra activistas de los derechos humanos, maestros y sindicalistas obreros.
En Cuba se produjo un incremento de la represión de las libertades de expresión y reunión, en comparación con el año anterior, Se intensificó el hostigamiento de disidentes, incluyendo las palizas de activistas a manos de los funcionarios de seguridad o de multitudes organizadas por el gobierno. El gobierno aumentó también las detenciones por periodos breves, seguidas de la puesta en libertad sin formulación de acusaciones, con el objeto de intimidar a los activistas e impedirles organizarse. Por lo menos 219 presos políticos seguían encarcelados en condiciones escuálidas que amenazaban la vida, las cuales incluyeron palizas y la negativa a proporcionar tratamiento médico. Los que fueron puestos en libertad durante el año habían cumplido la totalidad de sus condenas. El gobierno siguió restringiendo el acceso de los ciudadanos a la información independiente y, en particular, procuró restringir el acceso a la Internet, a pesar de permitir por primera vez que ciudadanos particulares tuvieran computadoras personales.
Guatemala se esforzó por mejorar la situación de los derechos humanos. La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por las Naciones Unidas, continuó su investigación de casos destacados de derechos humanos y amplió su capacidad investigadora mediante la creación de una nueva unidad de fiscales. Sin embargo, continuó habiendo violencia e impunidad generalizadas. Agentes de la policía nacional cometieron asesinatos, y en muchos casos las autoridades transfirieron oficiales de policía o los dieron de baja en lugar de investigar y enjuiciar a los supuestos delincuentes. Otro tipo de violencia se derivó de los incidentes entre pandillas, las agresiones sexuales, la extorsión, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Los sindicalistas obreros fueron amenazados con actos de violencia o asesinados por atacantes desconocidos. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y las encuestas de opinión pública indicaron una falta de confianza en casi todas las instituciones del gobierno.
En Nicaragua, el gobierno sandinista excluyó de las elecciones municipales de noviembre, que se vieron empañadas por el fraude generalizado, las irregularidades y la intimidación, a los observadores internacionales dignos de crédito. El país siguió sin respetar el estado de derecho y siguió teniendo corrupción sistemática y politización del poder judicial y otros órganos gubernamentales. El gobierno y otros individuos intimidaron y hostigaron a periodistas y grupos de la sociedad civil que no apoyaban las políticas oficiales.
En Venezuela la comunidad de ONG observó una erosión de los derechos democráticos y humanos, con consecuencias potencialmente graves. Durante el año, la Asamblea Nacional aprobó 26 leyes con cláusulas que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios electos y que promueven la centralización del poder. El gobierno atrajo la crítica internacional y acusaciones de inconstitucionalidad al declarar inadmisibles a 272 candidatos que se presentaron a las elecciones municipales y gubernatoriales; la mayoría de ellos eran candidatos de oposición. El presidente Chávez declaró su intención de llevar a cabo el 15 de febrero de 2009 otro referendo constitucional, que intentaría nuevamente abolir el límite impuesto a los mandatos que puede gobernar un presidente y, por primera vez, extender ese límite a todos los funcionarios elegidos. Hubo numerosos obstáculos y amenazas a la libertad de expresión, incluso la libertad de los medios. Funcionarios del gobierno hostigaron e intimidaron públicamente a medios de información independientes y a periodistas de medios de propiedad estatal. El gobierno demandó judicialmente a una estación de televisión venezolana independiente, alegando que la red había promovido el asesinato del presidente Chávez. Personas y redes de medios también fueron acusados de fomentar la violencia y de desestabilizar el gobierno, luego de que hicieran declaraciones que criticaban al gobierno o que apelaban a actuar en oposición a él. Instituciones del gobierno y funcionarios, así como medios de información afiliados al gobierno, promovieron el antisemitismo a través de numerosos comentarios antisemitas, que tuvieron un efecto de difusión en la sociedad, en forma de expresiones antisemitas, caricaturas, vandalismo y otros ataques físicos contra instituciones judías.
Conclusión
El 10 de diciembre de 2008 se celebró el 60 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En las décadas que siguieron a la aprobación de la declaración hubo progresos notables en todos los continentes en lo que respecta a los derechos que ésta enumera. Con todo, 60 años después, algunos gobiernos siguen denegando libertades fundamentales a millones de personas.
Estados Unidos es un país fundado sobre los derechos humanos y el estado de derecho. Nuestro objetivo al publicar estos informes es de ser una fuente de información, esperanza y ayuda para la gente de todas partes que vive oprimida, silenciada y marginada. Nos hemos comprometido irrevocablemente a trabajar en todos los niveles -nacional, regional y mundial- para asegurar que se protejan y respeten los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal.
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/esp )
(Pese a los "impresionantes logros" de los últimos 60 años, a millones de personas se les sigue privando de su libertad) (12279)
"El año que acaba de terminar se ha caracterizado por tres tendencias: una creciente demanda mundial de mayor libertad personal y política, intentos gubernamentales por dar marcha atrás a esas libertades y nueva confirmación de que los derechos humanos florecen mejor en las democracias participativas, con vibrantes sociedades civiles", según dice la introducción del informe anual por países sobre prácticas de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado el 25 de febrero de 2009.
A continuación una traducción de la introducción del informe:
(comienza el texto)
[Departamento de Estado de Estados Unidos]
Introducción del informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2008
El año que acaba de terminar se ha caracterizado por tres tendencias: una creciente demanda mundial de mayor libertad personal y política, intentos gubernamentales por dar marcha atrás a esas libertades y nueva confirmación de que los derechos humanos florecen mejor en las democracias participativas, con vibrantes sociedades civiles.
En estos informes, ordenados por el Congreso, se describe el cumplimiento, en 2008, por los gobiernos de todo el mundo de sus compromisos internacionales en lo que se refiere a los derechos humanos. Confiamos en que contribuyan a dirigir la atención a los abusos de derechos humanos y a promover la adopción de medidas para acabar con ellos. Al mismo tiempo, confiamos en que los adelantos en la causa de la libertad humana, obtenidos a costa de tantos esfuerzos, que se presentan en el informe, den nuevos ánimos a quienes todavía están pugnando por conseguir sus derechos, con frecuencia, frente a enormes dificultades.
Estos informes se tomarán en cuenta en la elaboración de políticas del gobierno de EE.UU. y servirán de referencia a otros gobiernos, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG), defensores de los derechos humanos y periodistas. La política exterior de Estados Unidos gira, no sólo en torno a una defensa eficaz, sino también una diplomacia robusta y un apoyo decidido al desarrollo político y económico. Una vigorosa política de derechos humanos reafirma los valores estadounidenses y promueve nuestros intereses nacionales. Como dijo el presidente Obama en su discurso de investidura: "Estados Unidos es amigo de todos los países y de todos los hombres, mujeres y niños que desean un futuro de paz y dignidad...", pero "quienes se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y la represión de la disidencia, sepan que están en el lado equivocado de la Historia, pero que les extenderemos la mano si están dispuestos a abrir el puño".
Desde los días de la fundación de nuestro país, nos hemos esforzado por poner remedio a las injusticias y promover el pleno respeto a las libertades fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Estos esfuerzos han estado impulsados y sostenidos por un sistema de gobierno responsable y democrático, el estado de derecho, medios de información dinámicos y, lo que es más importante, la militancia cívica de nuestros ciudadanos.
Al publicar estos informes, el Departamento de Estado está consciente del escrutinio nacional e internacional a que está sujeto el historial de Estados Unidos. Como ha dejado en claro el presidente Obama recientemente, "rechazamos como falsa la opción entre nuestra seguridad y nuestros ideales". No consideramos las opiniones que sobre nuestro desempeño han manifestado otros en la comunidad internacional -ya sean gobiernos o agentes no gubernamentales- como injerencia en nuestros asuntos internos, ni deben otros gobiernos considerar como tal las opiniones expresadas sobre el suyo. Nosotros y todos los demás países soberanos tenemos la obligación internacional de respetar los derechos humanos y las libertades de nuestros ciudadanos, y es la responsabilidad de otros hablar cuando creen que estas obligaciones no se están cumpliendo.
El gobierno de Estados Unidos continuará prestando atención y respondiendo con franqueza a las inquietudes sobre nuestras propias prácticas. Continuaremos presentando informes ante órganos internacionales de conformidad con nuestras obligaciones en virtud de diversos tratados de derechos humanos en los que somos parte. Las leyes, las políticas y las prácticas estadounidenses han evolucionado considerablemente en los últimos años, y seguirán haciéndolo. Por ejemplo, el 22 de enero de 2009, el presidente Obama firmó tres decretos ejecutivos para cerrar los centros de detención de Guantánamo y examinar las políticas gubernamentales de detención e interrogación.
La información presentada en estos informes procede de gobiernos e instituciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, agrupaciones religiosas, de juristas y de intelectuales, y medios de información. Los informes han sido objeto de un meticuloso y largo proceso de comprobación de datos para asegurar que responden a estrictas normas de precisión y objetividad. Cada informe de país habla por sí mismo. No obstante, se pueden hacer algunas observaciones de carácter general.
Primera: En 2008, en muchos países continuó el rechazo de las demandas de mayor libertad personal y política. Un número inquietante de países impuso leyes y regulaciones onerosas, restrictivas o represivas contra las ONG y los medios de información, incluida la Internet. Muchos valientes defensores de los derechos humanos que presionaron pacíficamente a favor de sus propios derechos y los de sus compatriotas fueron acosados, amenazados, arrestados y encarcelados, asesinados, o sujetos a violentos medios extrajudiciales de represalia.
Segunda: Los abusos de derechos humanos siguen constituyendo un síntoma de mal funcionamiento de los regímenes políticos. Los peores abusos de derechos humanos suelen ocurrir en los países donde los gobernantes, a quienes no se les exigen rendiciones de cuentas, detentan un poder sin límites, o se produce el fracaso o colapso del gobierno, con frecuencia exacerbado o causado por conflictos internos o externos.
Tercera: Los regímenes políticos saludables son mucho más susceptibles de respetar los derechos humanos. Los países que mejor protegen y respetan los derechos humanos se caracterizan por los siguientes elementos electorales, institucionales y sociales:
Procesos electorales libres y justos que incluyen, no sólo una emisión y un recuento limpios de votos el día de las elecciones, sino también una campaña electoral que permita una auténtica competición y el pleno respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación;
Instituciones representativas, responsables, transparentes, democráticas de gobierno, incluido un poder judicial independiente, en un estado de derecho, para asegurar que los dirigentes que ganen elecciones por procedimientos democráticos también gobiernen con arreglo a las normas democráticas y respondan a la voluntad y las necesidades del pueblo; y
Sociedades civiles vibrantes, incluidas ONG independientes y medios de información libres.
Por supuesto, incluso en los países donde se dan estos elementos a veces ocurren abusos de derechos humanos. Las elecciones democráticas pueden estar empañadas por irregularidades. Puede haber abusos de poder e injusticias. Los estados que tienen instituciones de gobierno democrático débiles y economías tambaleantes pueden no satisfacer las necesidades y expectativas de su pueblo de una vida mejor. La corrupción puede minar la confianza pública. En algunos países, sectores de población tradicionalmente marginalizados todavía no participan plenamente en la vida de sus respectivos países. La inseguridad a causa de conflictos internos o transfronterizos puede dificultar el respeto a los derechos humanos y retrasar su consecución. Pero cuando se logran estos elementos electorales, institucionales y sociales, mejoran las perspectivas de abordar los problemas, aplicar remedios e introducir mejoras.
En conjunto, estas tres tendencias confirman la continua necesidad de una vigorosa diplomacia estadounidense para actuar y alzar la voz contra los abusos de los derechos humanos, al mismo tiempo que nuestro país examina detenidamente su propio desempeño. Estas tendencias reafirman la necesidad de combinar la diplomacia con estrategias innovadoras que puedan contribuir al establecimiento de regímenes políticos saludables y apoyar a la sociedad civil.
A continuación, los lectores encontrarán resúmenes en los que se ponen de relieve las tendencias principales de cada región geográfica. Cada uno de los resúmenes regionales va seguido de descripciones generales de países determinados (por orden alfabético) que han sido seleccionados por hechos notables -positivos, negativos o mixtos- de los que se ha dado cuenta en el año 2008. Para obtener datos más completos y detallados, se deben consultar los informes sobre los distintos países mismos.
Resúmenes regionales
África
Varios países africanos sirvieron de fuerza estabilizadora en el continente y de ejemplo poderoso de la paz y estabilidad que lleva consigo el estado de derecho. No obstante, en el curso del año, los derechos humanos y el desarrollo democrático de la región continuaron atravesando graves dificultades, en particular en una serie de países agobiados por conflictos y otros en los que una cultura propicia al estado de derecho era incipiente o no existía.
En muchos países, la población civil siguió siendo víctima de los abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno que actuaban con impunidad. En varios países, el uso sistemático de la tortura por las fuerzas de seguridad contra los detenidos y los presos continuó siendo un grave problema y las condiciones en los centros de detención y las cárceles a menudo eran escuálidas y constituían una amenaza para la vida. Muchos detenidos sufrieron prolongadas detenciones previas al juicio, en espera, durante meses o años, de comparecer ante un juez.
En los países que atravesaron conflictos, poner fin a la violencia siguió siendo fundamental para mejorar la condición de los derechos humanos. Las partes beligerantes no aplicaron acuerdos políticos para llevar la paz y la estabilidad a los países afectados. En la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán continuaron o estallaron de nuevo conflictos violentos que provocaron matanzas, violaciones y desplazamientos en masa de civiles. El gobierno sudanés continuó colaborando con milicias janjaweed para bombardear y destruir aldeas y asesinar o desplazar a otros cientos de miles de civiles inocentes.
La forma de gobierno autoritario siguió caracterizando a muchos países africanos. Por ejemplo, en Zimbabwe, el régimen de Mugabe desencadenó una campaña de terror que se saldó con la muerte, desaparición y tortura de centenares de miembros y simpatizantes del partido de oposición a raíz de las elecciones del 29 de marzo, que no fueron ni libres ni limpias. La represión, las restricciones y la mala gestión del gobierno dieron lugar al desplazamiento de decenas de millares, agravaron la inseguridad alimentaria y provocaron una epidemia de cólera que causó la muerte de 1.500 personas. En la Costa de Marfil se retrasaron nuevamente las elecciones presidenciales, previamente postergadas. Un golpe de estado derribó al gobierno de Mauritania que había sido elegido democráticamente. Tras la muerte de Lansana Conte, presidente durante largo tiempo de Guinea, una junta militar se hizo con el poder en un golpe de estado y suspendió la constitución.
Se produjeron, no obstante, algunos acontecimientos positivos durante el año. Angola celebró sus primeras elecciones desde 1992 y se celebraron elecciones pacíficas, ordenadas y democráticas en Ghana y Zambia. En Nigeria prevaleció el proceso legal y el respeto al estado de derecho en las elecciones presidenciales de 2007, en las que los candidatos de la oposición respetaron el dictamen del Tribunal Supremo del país que confirmó la elección del presidente Umaru Musa Yar'Adua. El Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda sentenció a un ex coronel del ejército ruandés a prisión perpetua por organizar a los militantes responsables de la matanza de 800.000 tutsis y hutus moderados durante el genocidio ruandés de 1994.
Acontecimientos en países seleccionados
La situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo siguió empeorando a lo largo del año, con grave detrimento de los adelantos logrados desde las elecciones nacionales de 2006. Pese a la firma de los acuerdos de paz de Goma, en enero, y la presencia de tropas de las Naciones Unidas encargadas del mantenimiento de la paz, continuó la lucha en el norte y sur de Kivu durante todo el año. Las fuerzas de seguridad y todos los grupos armados siguieron actuando con impunidad, y cometieron graves abusos, como asesinatos arbitrarios, desapariciones, arrestos arbitrarios y detenciones, tortura, violaciones, saqueo y el uso de niños soldados. El conflicto siguió atizando la peor crisis humanitaria de África, como resultado de la cual murieron hasta 45.000 congoleños al mes, más de un millón de personas fueron desplazadas internamente, y se produjeron docenas de ataques de grupos armados contra personal de asistencia humanitaria. Continuó la violencia sexual generalizada, con más de 2.200 casos registrados de violaciones en junio, sólo en el norte de Kivu. Por todo el país, las fuerzas de seguridad hostigaron, golpearon, intimidaron y arrestaron a defensores de derechos humanos y periodistas locales, con el consiguiente marcado deterioro de la libertad de prensa.
El deplorable historial de Eritrea en lo que concierne a los derechos humanos empeoró y el gobierno continuó cometiendo graves abusos, incluidas las matanzas ilícitas perpetradas con impunidad por las fuerzas de seguridad. El Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ), que ostenta el poder, es el único partido político legal y no se han celebrado elecciones nacionales desde que Eritrea obtuvo la independencia en 1993. La constitución, ratificada en 1997, nunca se ha puesto en práctica. La prensa independiente sigue estando prohibida, y la mayor parte de los periodistas independientes están detenidos o han huido del país. Las redadas gubernamentales de jóvenes para el servicio nacional se intensificaron en 2008. Informes fidedignos indican que quienes evadieron el servicio nacional fueron torturados mientras permanecieron detenidos y que las fuerzas de seguridad dispararon contra quienes trataban de cruzar la frontera a Etiopía. La libertad religiosa, ya gravemente restringida, siguió perdiendo terreno. Para finales del año, más de 3.200 cristianos de grupos no registrados fueron detenidos en prisión, al igual que más de 35 dirigentes y ministros de iglesias pentecostales, algunos de los cuales habían permanecido detenidos sin cargos durante más de tres años. Al menos tres presos religiosos murieron en la cárcel durante el año, a causa de la tortura y la falta de atención médica.
La violencia que estalló a raíz de las elecciones locales, parlamentarias y presidenciales celebradas en Kenia en diciembre de 2007, terminó en febrero cuando, gracias a un proceso de mediación internacional, se llegó al acuerdo de formar un gobierno de coalición, con arreglo al cual el presidente Mwai Kibaki se mantuvo en el cargo y el candidato de oposición Raila Odinga fue nombrado a un nuevo cargo de primer ministro. El arreglo político estableció un marco de reforma para investigar y hacer frente a las causas subyacentes de la violencia que causó la muerte de, aproximadamente, 1.500 personas y el desplazamiento de más de 500.000. La reforma avanzó a un ritmo lento y los esfuerzos por abordar las consecuencias económicas y sociales de la violencia fueron incompletos. En otro sector, el despliegue de fuerzas de seguridad en Monte Elgon para sofocar las actividades de una milicia abusiva, dio lugar a abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El historial de derechos humanos de Mauritania empeoró, con la privación del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno, la práctica de arrestos arbitrarios, y la detención por motivos políticos del presidente y el primer ministro a raíz del golpe del 6 de agosto. El presidente fue puesto en libertad en diciembre, no obstante, la junta militar, conocida como Consejo Supremo del Estado (HSC), permaneció en el poder, con el general Mohamed Aziz como jefe de estado a finales del año. Miembros de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Africana, condenaron enérgicamente el golpe. Con anterioridad al golpe del 6 de agosto, el entonces democráticamente elegido gobierno apoyó la sensibilización nacional con respecto a una nueva ley contra la esclavitud e intensificó el debate público de temas anteriormente tabú, como las divisiones étnicas y las injusticias sociales. Ese gobierno también apoyó intentos de reconciliación nacional con respecto a la expulsión, de 1989 a 1991, de afromauritanos, mediante la puesta en marcha de un programa de repatriación en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En Nigeria, los tribunales continuaron emitiendo fallos en cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales, gubernatoriales y legislativas de 2007, en las que se detectaron graves irregularidades. El 12 de diciembre, el Tribunal Supremo rechazó las apelaciones de dos destacados candidatos presidenciales de la oposición y confirmaron la elección del presidente Yar'Adua. Los dos dirigentes de la oposición acataron el fallo del tribunal. Los tribunales electorales declararon nulas nueve elecciones senatoriales y 11 gubernatoriales en el curso del año. Continuó la violencia en la región petrolera del delta del Níger, donde más de 400 personas (expatriados y nacionales nigerianos) fueron secuestrados en, aproximadamente, 100 incidentes a lo largo del año. En noviembre, se produjo un estallido de violencia etno-religiosa en Jos, a consecuencia del cual murieron varios centenares de personas y decenas de millares fueron desplazadas. La corrupción siguió asediando al país rico en petróleo, los esfuerzos por atajarla de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros perdieron ímpetu, y apenas se realizaron adelantos en los enjuiciamientos de funcionarios federales, estatales y locales acusados de corrupción.
En Somalia, la lucha entre el Gobierno Federal de Transición (TFG)/Fuerzas Nacionales Etíopes de Seguridad y sus milicias, las milicias del Consejo de Tribunales Islámicos, grupos antigubernamentales y radicales, organizaciones terroristas y milicias de los distintos clanes fueron responsables de abusos generalizados contra los derechos humanos, incluida la muerte de más de 1.000 civiles, el desplazamiento de cientos de miles de personas, secuestros y desapariciones, así como ataques contra periodistas, personal de asistencia humanitaria, dirigentes de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. El proceso político para establecer la paz y la estabilidad en el país continuó con el acuerdo al que llegaron las TFG y la Alianza para la Reliberación de Somalia, en Djibouti, el 9 de junio, y el inicio de su ejecución, la cual, no obstante, fue lenta y se vio entorpecida por rencillas políticas.
En el Sudán, el conflicto de Darfur entró en su quinto año y los civiles continuaron sufriendo los efectos del genocidio. Según datos de las Naciones Unidas correspondientes a 2008, desde su comienzo, el prolongado conflicto ha dejado a más de 2,7 millones de personas desplazadas internamente y otras 250.000 al otro lado de la frontera con Chad, donde buscaron refugio. El gobierno, las milicias aliadas con el gobierno y los ataques entre tribus causaron la muerte de civiles. Las fuerzas del gobierno bombardearon aldeas, asesinaron a personas desplazadas internamente y colaboraron con las milicias para arrasar aldeas. El gobierno impidió y obstaculizó sistemáticamente la labor humanitaria, y rebeldes y bandidos asesinaron a trabajadores de asistencia humanitaria. Asaltantes no identificados dieron muerte a varios soldados de misiones conjuntas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y las Naciones Unidas, y fuerzas del gobierno atacaron un convoy de mantenimiento de la paz. El 10 de mayo, el Movimiento para la Justicia y la Igualdad, grupo rebelde de Darfur, atacó Omdurman, cerca de Jartum. A raíz del ataque, el gobierno inició una campaña de detenciones y desapariciones en gran escala por motivos políticos y étnicos, en Omdurman y Jartum. También impuso graves restricciones a la libertad de prensa, incluso a través de la censura directa y diaria. Desde 2005, cuando se firmó el Acuerdo General de Paz entre el Norte y el Sur, aproximadamente 2,1 millones de desplazados y refugiados han regresado al Sur. No obstante, las tensiones en torno a la aplicación del Acuerdo persistieron y la lucha entre las fuerzas del Norte y del Sur destruyó gran parte de la ciudad de Abyei y causó la muerte de civiles y el desplazamiento de más de 50.000 personas.
El gobierno ilegítimo de Zimbabwe emprendió una campaña sistemática de abusos de derechos humanos, que se agravó radicalmente a lo largo del año al igual que una creciente crisis humanitaria causada por la represión, la corrupción y las destructivas políticas económicas y alimentarias que el régimen de Mugabe continuó aplicando, pese a sus desastrosas consecuencias humanitarias. Las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil fueron blanco de grupos gubernamentales y militantes por sus intentos de proteger los derechos de los ciudadanos y prestar asistencia humanitaria para salvar vidas. Una prohibición de cerca de tres meses a las actividades de las ONG exacerbó la crisis humanitaria así como la inseguridad alimentaria y la pobreza. Después de levantar la prohibición, el régimen de Mugabe continuó impidiendo el acceso humanitario. A finales del año, millones de ciudadanos de Zimbabwe eran víctimas de la inseguridad alimentaria.
La manipulación del proceso político por el régimen, incluidas las elecciones presidenciales, mediante la intimidación, la violencia, la corrupción y el fraude electoral, denegó a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno. Las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del partido en el poder asesinaron, secuestraron y torturaron impunemente a miembros de la oposición, dirigentes de organizaciones estudiantiles, activistas de la sociedad civil y ciudadanos ordinarios de Zimbabwe. El Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), de oposición, obtuvo una mayoría parlamentaria en las elecciones del 29 de marzo, pero los resultados de las elecciones presidenciales no se hicieron públicos hasta el 2 de mayo, lo que puso en tela de juicio la credibilidad e independencia de la Comisión Electoral de Zimbabwe. La violencia respaldada por el gobierno en el período anterior a la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 27 de junio, dejó más de 190 muertos, miles de heridos y decenas de millares de desplazados. La Comisión Electoral declaró a Mugabe ganador de la segunda vuelta después de que el candidato del MDC, Morgan Tsvangirai, que había obtenido una sólida pluralidad en la primera vuelta, se retirase a causa de la violencia del régimen contra el MDC y sus simpatizantes y el reconocimiento de que unas elecciones limpias y libres no eran posibles. Las negociaciones ordenadas por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) condujeron a la firma, el 15 de septiembre, de un acuerdo para el reparto del poder; no obstante, debido a la intransigencia del gobierno, para finales del año, las disposiciones del trato no se habían aplicado y el país permanecía sumido en la crisis.
Asia Oriental y el Pacífico
Durante el año, los derechos humanos experimentaron adelantos y reveses en la vasta región de Asia oriental y el Pacífico, en particular en lo que se refiere a la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado, la libertad de expresión y de prensa, el desarrollo democrático y la trata de personas.
Los países de la región continuaron enfrentándose a los abusos del pasado. La Comisión Bilateral de la Verdad y la Amistad, establecida con el fin de examinar las atrocidades cometidas tanto por los indonesios como por los timorenses en la época del referendo para la independencia de Timor-Leste de 1999, entregó su informe final durante el año. El presidente indonesio Yudhoyono reconoció y aceptó las conclusiones del informe que asignaban responsabilidad institucional a las Fuerzas Armadas Indonesias. Además, en agosto, las Cámaras extraordinarias de los Tribunales de Camboya modificaron sus normas internas para dar más celeridad a los juicios de los horrendos delitos cometidos entre 1975 y 1979 por el régimen del Khmer Rouge. No obstante, los juicios todavía no habían comenzado a finales de año.
Algunos países intensificaron la represión como consecuencia de los esfuerzos populares por asegurar el respeto a los derechos humanos. Vietnam endureció las restricciones que pesaban sobre la libertad de expresión y de prensa, y en China el gobierno impuso medidas más estrictas de represión cultural y religiosa a las minorías étnicas en zonas del Tíbet y en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang e intensificó su campaña de detenciones y acoso de disidentes y peticionarios.
Otros dirigentes no electos trataron de disfrazar su ilegitimidad con visos de democracia y manipularon las leyes para sus propios fines. El régimen birmano forzó un referendo constitucional, caracterizado por irregularidades e intimidación generalizadas, inmediatamente después del devastador ciclón Nargis. Aunque la constitución, técnicamente, entró en vigor en mayo, con arreglo a sus propios términos, el régimen continuaría "ejerciendo la soberanía estatal" hasta la celebración de elecciones con la participación de múltiples partidos, en 2010. La constitución garantizará que las fuerzas militares continúen ejerciendo un papel preponderante en la vida política, independientemente de los resultados de cualquier proceso electoral. A finales del año, el régimen impuso sentencias draconianas a más de 100 activistas de la democracia que participaron en la Revolución del azafrán, en 2007, y a otros que colaboraron en la labor de socorro después del ciclón. Muchos fueron trasladados a cárceles en lugares remotos del país, aislados de su familia. En Fiji, el Tribunal Supremo de Suva emitió un fallo en el que validó el golpe de estado de Fiji de 2006, pese a la vehemente oposición a la negativa del gobierno provisional a convocar elecciones en marzo de 2009.
La trata de personas fue otro ámbito en el que se registraron resultados mixtos durante el año. Varios países promulgaron nuevas leyes contra la trata, entre ellos Tailandia y Camboya, y empezaron a investigar y procesar una gran variedad de delitos relacionados con la trata, como la trata de hombres con fines de explotación laboral. No obstante, en Malasia, numerosos informes de ONG y medios de información dieron cuenta de que funcionarios de inmigración malayos estaban involucrados en la trata de refugiados birmanos a lo largo de la frontera de Malasia y Tailandia.
Acontecimientos en países seleccionados
El régimen militar de Birmania siguió aplicando sus métodos opresivos, negando a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno y cometiendo otros graves abusos de derechos humanos. El régimen reprimió brutalmente la disensión mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Los activistas de los derechos humanos y la democracia fueron hostigados, detenidos arbitrariamente en gran número y condenados a penas de hasta 65 años de cárcel. El régimen mantuvo a los detenidos y presos en condiciones peligrosas para su salud. El ejército continuó sus ataques contra las minorías étnicas. El régimen infringió regularmente la intimidad de los ciudadanos y restringió su libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, religión y movimiento. La violencia y la discriminación contra la mujer y las minorías étnicas continuaron, al igual que la trata de personas. Se impusieron restricciones a los derechos de los trabajadores y continuaron los trabajos forzados. El gobierno no adoptó ninguna medida de consideración para encausar o castigar a los responsables de dichos abusos. El régimen mostró desprecio hacia el bienestar de sus propios ciudadanos al insistir en llevar a cabo un fraudulento referendo inmediatamente después de un ciclón que causó la muerte de decenas de miles de personas y al bloquear y retrasar la asistencia internacional que hubiera salvado muchas vidas.
El historial del gobierno de China en lo que respecta a los derechos humanos sigue siendo deplorable y empeoró en algunos aspectos. El gobierno continuó limitando los derechos a la intimidad de los ciudadanos e impuso estrictos controles a la libertad de expresión, prensa (incluida la Internet), reunión, movimiento y asociación. Las autoridades fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, obligaron a los presos a hacer confesiones bajo coacción, y utilizaron fuerza laboral forzada. Además, el gobierno chino intensificó la campaña de detención y acoso de disidentes, peticionarios, defensores de los derechos humanos y abogados defensores. Las ONG locales e internacionales continuaron siendo objeto de intenso escrutinio y graves restricciones. El historial de China en el ámbito de los derechos humanos empeoró en algunos sectores, como la grave represión cultural y religiosa de minorías étnicas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y el Tíbet. Los abusos se intensificaron en torno a acontecimientos de gran relieve, como los Juegos Olímpicos y las tensiones sociales en el Tíbet. A finales del año, el gobierno sometió a una campaña de hostigamiento a los signatarios de la Carta de 2008 que pedían el respeto a los derechos humanos universales y la reforma, y arrestaron al escritor Liu Xiaobo por su participación en la redacción de la Carta. En octubre, el gobierno decretó la permanencia de las normas provisionales sobre los Juegos Olímpicos por las que se conceden más libertades a los periodistas.
El gobierno de Malasia respetó generalmente los derechos humanos de sus ciudadanos; no obstante surgieron problemas en algunos sectores, incluida la limitación del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno. Pese a sus quejas de que el partido gobernante abusaba de sus poderes, los partidos de oposición hicieron considerables adelantos al obtener 82 de los 222 escaños parlamentarios en las elecciones del 8 de marzo, que privó a la coalición en el poder de los dos tercios de mayoría necesaria para enmendar la constitución a su antojo. El gobierno siguió restringiendo las libertades de prensa, asociación, reunión, expresión y religión. El gobierno arrestó a dirigentes de la oposición y a periodistas. Blogueros fueron arrestados por motivos aparentemente políticos. La muerte de personas bajo custodia policial siguió siendo un problema, al igual que los abusos cometidos por la policía contra los detenidos, los centros de inmigración súper hacinados y las persistentes cuestiones de imparcialidad e independencia del poder judicial. Algunos empleados explotaron a trabajadores inmigrantes y a individuos de la etnia indo-malaya con trabajos forzados, y en algunas plantaciones se registraron casos de trabajo de menores.
Continuó el atroz historial de Corea del Norte en lo que respecta a los derechos humanos. Aunque el régimen siguió controlando casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, denegando la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación y restringiendo la libertad de movimiento y los derechos de los trabajadores, informes de abusos surgieron del país con creciente frecuencia. No obstante, la comprobación de estos informes siguió siendo difícil. Informes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, incluso de presos políticos, continuaron presentando una imagen siniestra de la vida en el aislado país. Se dice que algunos refugiados repatriados forzosamente han sido severamente castigados y posiblemente torturados. Continúan surgiendo informes de ejecuciones públicas.
Pese a una tumultuosa atmósfera política, Tailandia evitó las perturbaciones anticonstitucionales en la gobernabilidad. No obstante, continuaron los informes que relacionaban a la policía con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Asimismo, persistió el abuso de detenidos y presos, al igual que la corrupción del cuerpo de policía. La insurgencia separatista en el sur del país dio lugar a numerosos abusos de derechos humanos, incluso asesinatos, cometidos por insurgentes musulmanes malayos, voluntarios de defensa budistas y fuerzas gubernamentales de seguridad. El gobierno mantuvo algunas limitaciones de la libertad de expresión y de prensa, en particular mediante el uso de disposiciones de lesa majestad. Miembros de las tribus de las colinas, sin la adecuada documentación, siguieron expuestos a restricciones de movimiento; no obstante, la Ley de nacionalidad de 2008, que entró en vigor el 28 de febrero, mejoró las posibilidades de los miembros de las tribus de las colinas de obtener la ciudadanía.
El gobierno de Vietnam siguió imponiendo importantes restricciones a los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos no pudieron cambiar su gobierno, se prohibieron los movimientos de oposición, y el gobierno continuó suprimiendo la disensión. Algunas personas fueron detenidas arbitrariamente por actividades políticas y se les negó el derecho a un juicio justo y rápido. Los sospechosos fueron objeto de abusos durante el arresto, la detención y los interrogatorios. La corrupción de la policía fue un grave problema, lo mismo que la impunidad. El gobierno siguió limitando los derechos a la intimidad y de expresión de los ciudadanos. Hubo una represión general de la libertad de prensa a lo largo del año, que dio por resultado el despido de varios directores de medios de información y el arresto de dos periodistas. Estas acciones arrojaron un jarro de agua fría sobre lo que había sido una tendencia hacia un sistema de información de investigación más decisivo. Continuaron las restricciones de reunión, movimiento y asociación. Se prohibieron las organizaciones de derechos humanos. La violencia y la discriminación contra la mujer siguieron siendo un problema, al igual que la trata de personas. El gobierno restringió los derechos de los trabajadores y arrestó u hostigó a varios activistas laborales.
Europa y Eurasia
Todavía no se han resuelto los principales problemas de la región: fortalecer las nuevas democracias, eliminar las restricciones y represión gubernamental de las ONG que trabajan en defensa de los derechos humanos, hacer frente a los delitos de odio y la difusión de mensajes que fomentan el odio, y proteger al mismo tiempo las libertades fundamentales, contra un trasfondo de inmigración, creciente nacionalismo y recesión económica.
En varios países de la ex Unión Soviética, los adelantos logrados en el terreno de los derechos humanos y la democracia dieron marcha atrás o continuó el deslizamiento hacia regímenes autoritarios. Una serie de elecciones no cumplieron con las normas democráticas establecidas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y la libertad de los medios de información continuó siendo blanco de ataque. Se asesinó u hostigó a periodistas, y las leyes con frecuencia restringieron, en vez de proteger, la libertad de expresión.
Según se informó, durante el conflicto que estalló en agosto en el enclave separatista de Osetia del Sur, en Georgia, las operaciones militares de las fuerzas rusas y georgianas hicieron uso indiscriminado de la fuerza y causaron la muerte de civiles, entre ellos varios periodistas. Después de la entrada de los rusos en Osetia del Sur, circularon informes según los cuales las tropas irregulares de Osetia del Sur habían emprendido una campaña de ejecuciones, tortura, ataques étnicos e incendios indiscriminados de casas, y que al menos 150.000 ciudadanos de Georgia habían sido desplazados por los combates. Las tropas rusas y de Osetia del Sur ocuparon aldeas situadas fuera de la jurisdicción administrativa de Osetia del Sur y Abjasia, la otra región separatista de Georgia. Aunque para el 10 de octubre las fuerzas rusas se retiraron, en su mayor parte, de las regiones situadas fuera de Abjasia y Osetia del Sur, impidieron el acceso a ambas regiones a los georgianos y a las organizaciones internacionales, lo que puso en grave peligro a los residentes y dificultó la vigilancia de la situación de los derechos humanos y del cumplimiento del derecho humanitario en la región.
En muchos países, los gobiernos impidieron la libertad de prensa. En Azerbaiyán, un número cada vez mayor de ataques contra periodistas permaneció impune, mientras los periodistas mismos languidecían en prisión acusados de supuestos cargos penales. Rusia siguió siendo un lugar peligroso para los periodistas, algunos de los cuales fueron asesinados o atacados brutalmente durante el año. En Bielorrusia, el presidente Lukashenko firmó una nueva ley sobre medios de información, por la que se podrían restringir más aun las libertades de prensa, incluso las publicaciones de Internet. Diversos acontecimientos en Georgia, como la pérdida de control por la oposición de Televisión Imedi, la única estación de televisión nacional independiente que aún quedaba, suscitó una gran inquietud en cuanto a la diversidad de los medios de información
En varios países, las ONG y los partidos de oposición fueron blanco de la opresión del gobierno. El gobierno de Bosnia y Herzegovina obligó a cerrar durante algunos días una ONG internacional que investigaba casos de corrupción, después de que un informe acusara a funcionarios del gobierno de dicho delito. En Rusia, las autoridades intensificaron su hostigamiento a muchas ONG que trabajaban en cuestiones políticamente delicadas y durante el año el gobierno enmendó la ley sobre extremismo, por la que se facilitó la formulación de cargos contra una organización. La versión anterior de la ley ya había suscitado temores sobre la restricción de la libertad de asociación y la crítica legítima del gobierno. En Bielorrusia, si bien la liberación de nueve presos políticos se acogió con agrado, perduró el temor sobre la imposición por el gobierno de restricciones arbitrarias a la libertad de reunión y asociación y el frecuente hostigamiento de activistas independientes. En Rusia, la policía a veces recurrió a la violencia para impedir las protestas pacíficas de grupos, en particular de la oposición.
Surgieron indicadores, tanto esperanzadores como inquietantes, en cuanto a la gobernabilidad democrática en la región. Como nota positiva, el gobierno de Kosovo, elegido democráticamente, declaró felizmente su independencia el 17 de febrero y estableció una constitución y unas leyes con disposiciones modelo sobre derechos humanos. Desdichadamente, otros países no tuvieron resultados tan alentadores. Las elecciones presidenciales en Armenia en febrero estuvieron viciadas por graves irregularidades y en los días siguientes a su celebración hubo protestas pacíficas que el gobierno reprimió violentamente. En Rusia, las elecciones presidenciales de marzo estuvieron empañadas con problemas, tanto durante la campaña como el día mismo de las elecciones, a causa de la parcialidad de los medios de información, controlados o bajo la influencia del gobierno, a favor del partido en el poder y sus candidatos; la negativa de las autoridades a registrar a candidatos del partido de oposición; la falta de igualdad de oportunidades de llevar a cabo la campaña, y el fraude electoral. Las elecciones parlamentarias en Bielorrusia estuvieron muy lejos de satisfacer los compromisos contraídos con la OSCE en cuanto a elecciones democráticas, y todos los 110 ganadores declarados eran partidarios del gobierno. Las elecciones en Azerbaiyán no cumplieron los compromisos básicos contraídos con la OSCE.
Las inquietudes por la situación de los derechos humanos no se limitaron a la región oriental del continente. Una serie de democracias sólidamente establecidas de Europa central y occidental se debatieron con los continuos retos planteados por las oleadas de inmigrantes procedentes del Oriente Medio, África y otros lugares, que sometieron a dura prueba los recursos económicos y sociales y dieron lugar a prácticas restrictivas hacia los inmigrantes y a numerosas acusaciones de malos tratos. En muchos países, los centros de detención de inmigrantes indocumentados estaban en condiciones deficientes, inferiores a las de las instalaciones reservadas a otros detenidos. En Ucrania, la mayoría de los delitos motivados por el odio cometidos durante el año estuvieron relacionados con personas de origen africano, asiático y del Oriente Medio. En Rusia continuó el inquietante y gradual aumento de ataques xenófobos, raciales y étnicos. En muchos países de la región se organizaron manifestaciones antisemitas y los ataques violentos antisemitas siguieron siendo motivo de preocupación. En una serie de países, como Italia y Hungría, los miembros de la comunidad romaní fueron objeto de violencia social que, en algunos casos fue más frecuente y mortífera que en años anteriores.
Francia, Alemania, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido trataron de proscribir la difusión de mensajes que fomentan el odio, con el fin de proteger a las minorías de la discriminación y la violencia. No obstante, algunos observadores de los derechos humanos manifestaron su temor de que esta medida fuera en contra de la libertad de expresión.
Acontecimientos en países seleccionados
En Armenia la democracia sufrió importantes reveses, incluido el peor estallido de violencia después de las elecciones registrado en el Cáucaso en los últimos años. Tras semanas de protestas generalmente pacíficas a raíz de unas reñidas elecciones presidenciales en febrero, el gobierno recurrió al uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes los días 1 y 2 de marzo, lo que provocó violentos enfrentamientos y 10 muertes. La violencia condujo a la imposición por 20 días del estado de excepción y el cierre de los medios de información independientes, durante los cuales el gobierno restringió gravemente las libertades civiles. El resto del año se restringió considerablemente el derecho a reunirse pacíficamente o a expresar opiniones políticas libremente sin temor a represalias, y varios simpatizantes de la oposición fueron convictos, encarcelados y sentenciados a penas desproporcionadamente severas, por motivos aparentemente políticos. Según los informes recibidos, cincuenta y nueve simpatizantes de la oposición todavía seguían presos por motivos políticos a finales del año; ningún oficial del gobierno fue enjuiciado por su supuesta participación en delitos relacionados con las elecciones. Pese al éxito desigual de un grupo políticamente equilibrado de indagación, establecido por el gobierno para investigar los acontecimientos de marzo, la democracia acusó los efectos del hostigamiento, la intimidación y las inquisitivas inspecciones fiscales a que se vieron sujetos los medios de información independientes y los activistas de la sociedad civil.
En Azerbaiyán, Ilham Aliyev fue elegido nuevamente presidente para un segundo mandato, en octubre, en un proceso que, a juicio de observadores internacionales, no satisfacía las normas internacionales de elecciones democráticas, pese a algunas mejoras en la administración de las elecciones. Los fallos incluían graves restricciones a la participación política y los medios de información, presiones y restricciones sobre los observadores, y procedimientos fraudulentos de recuento y tabulación de votos. Durante el año, se intensificaron las restricciones y presiones sobre los medios de información. Según una ONG dedicada a vigilar los medios informativos, en la primera mitad del año se registraron 20 ataques físicos o verbales contra periodistas, lo que supone un aumento comparado con los 11 ataques que se produjeron en el mismo período en 2007, de los que no se responsabilizó a nadie. Varios periodistas permanecieron encarcelados, acusados de cargos que muchos criticaron como motivados políticamente. El 30 de diciembre, el gobierno anunció que a partir del 1 de enero de 2009 no permitiría a Radio Europa Libre/Radio Libertad, la Voz de América, o la BBC continuar transmitiendo en la televisión nacional y en frecuencias FM de radio; sin estos medios de información internacionales, el público dejó de tener acceso a noticias imparciales en cualquier medio generalmente accesible.
En Bielorrusia, continuó el pésimo historial de derechos humanos del gobierno, y las autoridades siguieron cometiendo frecuentes y graves abusos. Pese a previas garantías del gobierno, las elecciones parlamentarias de septiembre no fueron ni libres ni limpias. Las autoridades no dieron cuenta de las anteriores desapariciones políticamente motivadas. Las condiciones en las cárceles siguieron siendo extremadamente deplorables, y continuaron circulando informes de abusos de presos y detenidos. El poder judicial careció de independencia. El gobierno impuso nuevas restricciones a las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, expresión, reunión, asociación y religión. Los servicios de seguridad del Estado hicieron uso irrazonable de la fuerza para dispersar a manifestantes pacíficos. Continuó el problema de la corrupción. Las ONG y los partidos políticos fueron objeto de hostigamiento, multas, enjuiciamientos y clausura. Las jerarquías religiosas fueron multadas o deportadas por celebrar actos religiosos y se cerraron algunas iglesias.
En Georgia, el presidente Mikheil Saakashvili fue reelegido en enero en unas elecciones que los observadores internacionales consideraron compatibles con la mayoría de los compromisos sobre elecciones democráticas contraídos con la OSCE. No obstante, también pusieron de relieve la presencia de considerables problemas, entre ellos, acusaciones generalizadas de intimidación y presión y recuento irregular de votos. También se detectaron irregularidades en las elecciones parlamentarias de mayo. Se afirmó que se habían efectuado detenciones por motivos políticos. La diversidad de los medios de información quedó menoscabada con la pérdida de control por la oposición de la única estación nacional de televisión que quedaba. Según informes recibidos, durante el conflicto de agosto, las operaciones militares de las fuerzas rusas y georgianas se caracterizaron por el uso indiscriminado de la fuerza, que provocó la muerte de miembros de la población civil, entre ellos una serie de periodistas.
La Federación de Rusia continuó una trayectoria negativa en su historial nacional de derechos humanos, documentada con numerosas denuncias de problemas y abusos de derechos humanos por el gobierno y la sociedad en el curso del año. Según informes recibidos, durante el conflicto de agosto, las operaciones militares de las fuerzas rusas y georgianas se caracterizaron por el uso indiscriminado de la fuerza, que provocó la muerte de miembros de la población civil, entre ellos una serie de periodistas. El historial de derechos humanos del gobierno en el norte del Cáucaso siguió siendo lamentable y se informó de que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos, actos de tortura, abusos, violencia y otros tratos brutales, a menudo con impunidad. En Chechenia, Ingushetia, y Dagestán, las fuerzas de seguridad supuestamente participaron en asesinatos y secuestros por motivos políticos; por segundo año, aumentó considerablemente el número de asesinatos, generalmente por asaltantes desconocidos, tanto de civiles como de oficiales de Ingushetia.
Continuó el asedio a las libertades civiles, como reflejo de la erosión de la norma de rendimiento de cuentas del gobierno a sus ciudadanos. La presión gubernamental debilitó la libertad de expresión y la independencia de los medios de información, y siguió creando un entorno peligroso para los profesionales de la información. Cinco periodistas fueron asesinados durante el año, en un caso, en Ingushetia, por la policía. Los asesinatos de periodistas en años anteriores quedaron sin resolver. El gobierno impuso restricciones a la libertad de reunión, y la policía recurrió a veces a la violencia para impedir a grupos pacíficos expresar su protesta. La hostilidad de las autoridades y el hostigamiento de que hicieron objeto a algunas ONG, en particular a las que se dedican a la vigilancia de los derechos humanos y a las que reciben fondos extranjeros, reflejaron una contracción general del espacio permitido a la sociedad civil. Dado el crecientemente centralizado régimen político, donde el poder se concentra en la presidencia y la oficina del primer ministro, los problemas que ocurrieron en las elecciones a la Duma en diciembre de 2007, se repitieron en las elecciones presidenciales de marzo, que no satisficieron muchas de las normas internacionales.
Oriente Medio y Norte de África
Durante el año la región del Oriente Medio se caracterizó por retos continuos y graves a la promoción de la democracia y los derechos humanos, aunque se dieron algunos notables pasos de avance.
Varios gobiernos, incluidos los de Egipto, Irán, Libia y Siria, siguieron encarcelando activistas debido a sus convicciones. Ayman Nour, que ocupó el segundo lugar entre los candidatos a presidente en las elecciones egipcias de 2005, permaneció en prisión en Egipto durante todo el periodo que abarca el informe (aunque fue puesto en libertad el 18 de febrero de 2009). El gobierno de Irán detiene y persigue de manera habitual a los activistas de los derechos de la mujer y a los estudiantes, sindicalistas obreros y a defensores de los derechos humanos. Las autoridades iraníes continuaron reprimiendo las instituciones de la sociedad civil, notablemente al cerrar el 21 de diciembre el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, que se preparaba a celebrar el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. El gobierno de Libia anunció en marzo que había puesto en libertad al activista político Fathi El- Jahmi, pero permaneció detenido durante el año en el Centro Médico de Trípoli y se concedieron sólo visitas esporádicas de sus familiares. En Siria, el gobierno detuvo a varios miembros destacados de la comunidad de derechos humanos, en particular personas afiliadas al consejo nacional de la Declaración de Damasco para el Cambio Democrático Nacional, organización que abarca varios grupos reformistas de oposición.
Junto con mayor acceso a la información a través de Internet y la televisión por satélite, sobrevinieron restricciones más serias a los medios, incluidos los blogueros que publican en Internet. En Egipto, la policía detuvo y supuestamente torturó a blogueros. El bloguero más conocido de Irán, Hossein Derakhshan, fue arrestado a finales de año. Túnez retrocedió en cuanto a la libertad de los medios, con el arresto u hostigamiento de blogueros. En Iraq, los periodistas siguieron luchando por su seguridad mientras informaban sobre política, los derechos de la mujer y la homosexualidad. Aunque la cantidad de asesinatos de periodistas disminuyó en Iraq el año pasado, la tasa de mortalidad sigue siendo alta.
Muchos países de la región siguieron restringiendo la libertad y la expresión religiosas. Irán detuvo desde mayo a siete líderes de la fe Baha'i, y el presidente iraní continuó denunciando la existencia de Israel. Arabia Saudita prohibió estrictamente el culto público de religiones diferentes de la islámica sunnita, y las minorías religiosas encararon discriminación en el acceso a la educación, el empleo y la representación en el gobierno. En Egipto, los miembros de religiones que el gobierno no reconoce sufrieron dificultades y privaciones personales y colectivas. Otros países, como Bahrein y Argelia, aprobaron leyes discriminatorias o, como el caso de Jordania, continuaron aplicando políticas que favorecen a las religiones mayoritarias.
En toda la región continuó la discriminación legal y social al igual que la violencia contra la mujer. Activistas de los derechos de la mujer iraníes fueron víctimas de acoso, abusos, arrestos y fueron acusado de "poner en peligro la seguridad nacional" por participar en protestas pacíficas y reclamar igualdad de trato, con el respaldo de la Campaña de un millón de firmas, conforme a las leyes iraníes. Sin embargo, otros países de la región presenciaron un progreso positivo de los derechos de la mujer y las mujeres trataron de desempeñar funciones directivas en gobiernos locales y nacionales. En Kuwait, 27 mujeres se presentaron como candidatas en las elecciones nacionales de mayo de 2008, aunque no fue elegida ninguna. También ese año los Emiratos Árabes Unidos nombraron a la primera jueza y a dos embajadoras.
Algunos países del Oriente Medio han adoptado medidas en los últimos años para ocuparse de los abusos contra los trabajadores y mejorar las normas laborales. Omán y Bahrein aprobaron leyes generales para combatir la trata de personas y Jordania extendió la protección de las leyes laborales a los trabajadores domésticos expatriados. Sin embargo, persisten retos significativos en lo que respecta a la protección de los trabajadores extranjeros y la aplicación de las leyes y normas laborales vigentes para todos los trabajadores, en particular para los del sector de la construcción y las tareas domésticas.
Acontecimientos en países seleccionados
En Egipto se produjo durante el año un deterioro del respeto gubernamental a las libertades de expresión, prensa, asociación y religión. En particular, las detenciones y arrestos de blogueros parecieron estar vinculadas principalmente con sus intentos de organizar manifestaciones a través de sus blog, y su participación en protestas callejeras y otras manifestaciones de activismo. El estado de excepción, aprobado en 1967, siguió en vigor y las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de la fuerza letal no justificada y torturaron y cometieron abusos contra presos y detenidos, en la mayoría de los casos con impunidad.
El gobierno de Irán intensificó su campaña sistemática de intimidación de reformistas, académicos, periodistas y disidentes mediante arrestos arbitrarios, detenciones, tortura y juicios secretos que, ocasionalmente, terminaron en ejecuciones. Continuaron las ejecuciones de acusados que eran menores de edad en el momento de ser arrestados. Las personas de doble nacionalidad estadounidense-iraní, al igual que los iraníes con contactos en Estados Unidos o que viajan a ese país siguieron siendo blanco de intimidación y hostigamiento. Antes de las elecciones parlamentarias de marzo, el Consejo Guardián descalificó a casi 1.700 candidatos reformistas.
La situación general de la seguridad mejoró considerablemente en Iraq y en varias provincias se produjo alguna reconciliación y alivio de tensiones. Sin embargo, la persistente violencia insurgente y extremista contra la población civil socavó la capacidad del gobierno de mantener el estado de derecho, lo que dio lugar a abusos graves y generalizados contra los derechos humanos. Sin embargo, hubo acontecimientos positivos, entre estos la aprobación el 24 de septiembre de la Ley de Elecciones Provinciales que convocó a elecciones en 14 provincias de mayoría árabe para el 31 de enero de 2009, con otras elecciones más tarde en el año en las tres provincias curdas y en Tameem (Kirkuk). La aprobación el 16 de noviembre de una ley que autoriza el establecimiento de la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos, ordenado por la constitución, señaló también un avance hacia la institucionalización de la protección de esos derechos.
En Jordania, los activistas de la sociedad civil expresaron su preocupación por una nueva ley de asociaciones. La ley, que aún no ha entrado en vigor, le permite al gobierno denegar, por cualquier razón, la inscripción de las ONG, disolverlas e intervenir en su administración, miembros y actividades. Según las ONG internacionales y locales, las prisiones seguían estando hacinadas y carecían de personal suficiente, y tenían alimentos y atención médica inadecuados y visitas limitadas. Aunque la ley jordana prohíbe la tortura, Human Rights Watch informó que sigue siendo general y rutinaria. Hubo informes de ciudadanos y ONG de que presos políticos, incluidos islamistas declarados culpables de delitos contra la seguridad nacional, fueron objeto de abusos más graves que otros presos, y que los guardias abusaron impunemente de los presos. Las mujeres ocuparon un número limitado de puestos gubernamentales de liderazgo, aunque a niveles más elevados que en otras partes de la región; al mismo tiempo, persistieron la violencia doméstica y los denominados "crímenes de honor". Una ley de prensa de 2007 abolió el encarcelamiento de periodistas por delitos ideológicos; sin embargo, de acuerdo con determinadas cláusulas del código penal, continuó la detención y encarcelamiento por tiempo limitado de periodistas acusados de difamación y calumnia. Muchos periodistas informaron que la amenaza de multas severas condujo a la autocensura. En julio se enmendó la Ley Laboral para incluir a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores domésticos, colocándolos bajo ciertas protecciones legales.
Por cuarto año consecutivo la violencia interna y las batallas políticas obstaculizaron la capacidad del Líbano de mejorar la situación de los derechos humanos en ese país. El 7 de mayo, combatientes de la oposición dirigidos por Hezbolá, partido opositor chiíta y organización terrorista, se apoderó del control del Aeropuerto Internacional de Beirut y de varios vecindarios de Beirut Occidental. El 21 de mayo, luego de que murieran 84 personas y aproximadamente 200 resultaran heridas, los líderes rivales llegaron a un acuerdo para poner fin a la violencia y la pugna política de 18 meses. A pesar del cese de hostilidades y la elección del presidente Michel Sleiman por parte del parlamento, Hezbolá retuvo una influencia significativa en partes del país, y el gobierno no logró un progreso tangible en la dispersión y desarme de los grupos armados, entre ellos Hezbolá.
El gobierno sirio siguió violando los derechos de privacidad de los ciudadanos e imponiendo restricciones significativas a la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación, en un ambiente de impunidad y corrupción gubernamentales. Los servicios de seguridad disolvieron reuniones de organizaciones de los derechos humanos y detuvieron a activistas, organizadores y otros detractores del régimen, sin el debido proceso legal. A lo largo del año, el gobierno sentenció a prisión a varios miembros destacados de la comunidad de los derechos humanos, especialmente personas afiliadas con el consejo nacional de la Declaración de Damasco por el Cambio Democrático Nacional, organización que abarca a los grupos reformistas de oposición.
En Túnez el gobierno continuó con su represión sistemática y severa de las libertades de expresión y asociación. El gobierno tunecino siguió siendo intolerante en relación con la crítica pública por parte de activistas de los derechos humanos y la oposición, y utilizó la intimidación, las investigaciones criminales y el hostigamiento violento de editores y periodistas para desalentar la crítica. Las autoridades censuraron duramente las publicaciones, tanto impresas como en línea, y acosaron de manera sistemática a periodistas. Las fuerzas de seguridad asesinaron a una persona que realizaba protestas políticas y los detenidos estuvieron expuestos a actos de tortura, agresiones sexuales y coerción con el intento de extraerles confesiones.
Asia Central y Meridional
En Asia Central y Meridional el 2008 se destacó por ataques significativos a los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, religión y asociación.
Varios gobiernos de la región siguieron acosando a periodistas y medios informativos, y algunos países continuaron restringiendo el libre acceso a la información en Internet, particularmente en Asia Central. En Kirguistán, el gobierno retiró de la radio y televisión estatales programas de un destacado radiodifusor independiente. En Kazajstán, un proveedor de Internet, controlado por el gobierno, bloqueó de manera intermitente noticias específicas y páginas web que se centraban en la oposición. Ambos gobiernos impusieron a periodistas severas multas contra la difamación y, en ciertos casos, algunos periodistas abandonaron el país temerosos por su propia seguridad. Al igual que en años anteriores, los periodistas de Turkmenistán fueron objeto de hostigamiento gubernamental, arresto, detención en clínicas psicológicas y actos de violencia. En Afganistán, el gobierno declaró culpable de blasfemia a un estudiante de periodismo por distribuir un artículo que había tomado de la Internet, acerca de los derechos de la mujer en el Islam; un tribunal de apelaciones redujo la sentencia a veinte años de prisión. En Pakistán, el arresto de periodistas disminuyó tras la elección de un nuevo gobierno. Aún así, personas no identificadas continuaron intimidando, secuestrando y asesinando a periodistas, en particular en las regiones donde había conflictos internos. En Sri Lanka, militares y funcionarios del gobierno formularon declaraciones amenazantes contra medios informativos independientes, a raíz de varios ataques contra miembros de la prensa libre, que no fueron aclarados.
La libertad religiosa fue blanco de ataque en la región, y los parlamentos de Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán aprobaron leyes que aumentan las restricciones a la libertad religiosa, afectando de manera desproporcionada a las minorías religiosas, y mediante la violencia contra las minorías en el estado de Orissa, en la India. Estos actos se produjeron en un entorno de hostigamiento creciente contra los grupos religiosos minoritarios por parte de los gobiernos de Kazajstán y Tayikistán y continuó el hostigamiento por parte del gobierno de Uzbekistán. Turkmenistán aceptó con agrado la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Religión o Creencia, pero controló y vigiló estrechamente toda actividad religiosa.
Persistieron en toda la región problemas significativos en materia de derechos laborales. El trabajo infantil persistió en los sectores agrícola y manufacturero de Afganistán, Pakistán y la India. El trabajo infantil fue generalizado en Kirguistán y Tayikistán, en los sectores del algodón y otros, y Uzbekistán siguió obligando a muchos niños en edad escolar a trabajar en la cosecha del algodón. Aunque el gobierno de Kazajstán ha logrado progreso con respecto a medidas dirigidas a eliminar el trabajo infantil, la práctica ocurre todavía en los sectores del algodón y el tabaco. En Nepal, Pakistán y la India continuó el trabajo forzado, especialmente en los grandes sectores informales y entre las minorías en desventaja social. Los organizadores sindicales en Bangladesh dieron cuenta de actos de intimidación y abuso, así como de un escrutinio incrementado por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque algunos gobiernos de la región restringieron la oposición política y prohibieron una auténtica competencia electoral, se produjeron algunas mejoras con respecto a las elecciones y la competencia política en los países del Asia meridional. En Pakistán, los principales partidos de oposición, el Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana-Nawaz de Pakistán, consiguieron juntos la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias y formaron un gobierno de coalición que terminó con nueve años de régimen militar. El pueblo de las Maldivas eligió como presidente a un ex preso político en elecciones libres e imparciales, desbancando pacíficamente al líder asiático que se había desempeñado durante más tiempo al frente de un gobierno. La Comisión Electoral Afgana Independiente dirigió esfuerzos preparatorios de la segunda ronda de elecciones desde la caída del Talibán. Las elecciones en Nepal tuvieron por resultado la legislatura más diversa en la historia del país, y el nuevo parlamento declaró posteriormente que Nepal era una república democrática federal, terminando pacíficamente con la monarquía. Bangladesh celebró elecciones parlamentarias libres e imparciales, en las que hubo casos aislados de irregularidad y actos de violencia esporádicos. Las elecciones y la posterior transferencia del poder terminaron con dos años en los que había detentado el poder un gobierno interino respaldado por los militares. En Bután, las elecciones a la cámara baja del parlamento concluyeron la transición del país a una monarquía constitucional y limitada con auténticas supervisión y participación populares.
Acontecimientos en países seleccionados
Aunque los derechos humanos han mejorado significativamente en Afganistán desde la caída del Talibán en 2001, el historial de derechos humanos del país sigue siendo deficiente debido a las débiles instituciones del gobierno central y a la mortífera insurgencia. Los talibanes, al Qaeda y otros grupos extremistas siguieron atacando a funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad, ONG, personal de asistencia humanitaria y civiles desarmados. Hubo informes de arrestos y detenciones arbitrarios, asesinatos extrajudiciales, actos de tortura y malas condiciones en las prisiones. La represión gubernamental de los grupos armados les impidió a los medios actuar libremente.
En Bangladesh, los niveles de violencia disminuyeron significativamente y el gobierno interino supervisó con éxito las elecciones, pero el historial del gobierno en materia de derechos humanos siguió siendo motivo de seria preocupación. El estado de excepción, que el gobierno impuso en enero de 2007 y levantó el 17 de diciembre, redujo muchos derechos fundamentales, entre ellos las libertades de expresión, asociación y el derecho a quedar en libertad bajo fianza. La iniciativa gubernamental contra la corrupción fue acogida con apoyo por el pueblo, pero dio pie a preocupaciones en torno a la equidad y la igualdad ante la ley. Aunque la cantidad de ejecuciones extrajudiciales se redujo, las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de personas bajo custodia, arresto y detención arbitrarios y hostigamiento de periodistas. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad y cometieron actos de tortura, y el gobierno no investigó a fondo las ejecuciones extrajudiciales.
En Kazajstán, la oposición política estuvo expuesta al hostigamiento del gobierno mediante acusaciones criminales por motivos políticos y restricciones al derecho de reunión. El gobierno continuó hostigando a los medios y periodistas independientes y de orientación opositora. A finales de año, el gobierno consideraba enmendar las leyes que rigen los partidos políticos, los medios y las elecciones. Algunos representantes de la sociedad civil y partidos de oposición criticaron el proceso atribuyéndole falta de transparencia. El gobierno consideraba también enmiendas a la leyes sobre religión que, de ser aprobadas, representarían un serio retroceso de la libertad religiosa.
Aunque Kirguistán tiene una sociedad civil vibrante y medios de información independientes, el año pasado el gobierno trató, cada vez más, de controlar varios aspectos de la vida civil. Nuevas leyes o enmiendas aplicaron restricciones a las reuniones públicas, la libertad religiosa y los medios. En octubre, la Red Nacional de Radio y Televisión sacó del aire a Radio Libertad/Radio Europa, con lo que redujo el acceso público a esta fuente de información independiente. La presidenta de la Comisión Electoral Central huyó del país tras alegar que había sido presionada por el hijo del presidente en torno a la inscripción de un candidato opositor para las elecciones de consejos locales en octubre.
Nepal se convirtió en una república federal democrática poco después de que las elecciones nacionales de abril resultaran en la legislatura más diversa en la historia del país. Aunque hubo informes de violencia política, intimidación y irregularidades en la votación, los observadores informaron que las elecciones reflejaban la voluntad del pueblo. La violencia, la extorsión y la intimidación continuaron a lo largo del año; y la impunidad de los violadores de los derechos humanos, las amenazas a los medios, los arrestos arbitrarios y las prolongadas detenciones previas a los juicios fueron problemas graves. Miembros de los grupos maoístas, de la Liga Juvenil comunista (afiliada a los maoístas) y de otros pequeños grupos armados, a menudo de base étnica, cometieron graves abusos contra los derechos humanos. Tales abusos incluyeron el uso arbitrario e ilegal de fuerza letal, tortura y secuestro. Varios grupos armados, mayormente en la región de Terai, atacaron a civiles, a funcionarios del gobierno, a miembros de grupos étnicos determinados, a otros grupos o a maoístas.
Durante el año, Pakistán regresó al régimen democrático civil. Los partidos de oposición prevalecieron en las elecciones parlamentarias de febrero y formaron un gobierno de coalición. La coalición se mantuvo sólo durante parte del año, aunque el gobierno sigue en el poder. En septiembre, Asif Ali Zardari, viudo de la fallecida primera ministra Benazir Bhutto, sucedió a Pervez Musharraf como presidente. El nuevo gobierno colocó otra vez en sus puestos, luego de que juraran nuevamente, a cinco de los trece jueces del Tribunal Supremo que Musharraf había depuesto durante el estado de excepción de noviembre de 2007, en tanto que tres se jubilaron o renunciaron. El jefe del estado mayor del ejército retiró a 3.000 oficiales del ejército de los empleos civiles que ocupaban bajo Musharraaf. A pesar de estas medidas positivas, la situación de los derechos humanos siguió siendo mediocre. Las operaciones militares del noroeste del país causaron la muerte aproximadamente a 1.150 civiles, los ataques de militantes dieron muerte a 825 civiles, la violencia sectaria causó la muerte de cerca 1.125 personas y los atentados suicidas asesinaron a más de 970 personas. Las batallas en curso contra los militantes habían desplazado a fines de año a alrededor de 200.000 personas.
En Sri Lanka el respeto del gobierno electo para con los derechos humanos disminuyó a medida que se intensificó el conflicto armado en la guerra civil que se libra en ese país desde hace 25 años. Para finales de año, se había avanzado poco en la inclusión política de las minorías, que siguen sufriendo la mayoría de los abusos contra los derechos humanos, tales como asesinatos y desapariciones. El gobierno expulsó de la zona del conflicto, al norte del país, a la mayoría de los proveedores internacionales de ayuda humanitaria. Aunque el gobierno tomó medidas iniciales para poner coto a la utilización de niños soldados en las milicias progubernamentales, el problema no quedó resuelto. El gobierno no investigó ni procesó a las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos y tampoco puso en vigor las disposiciones constitucionales que habrían ofrecido la supervisión de las instituciones del gobierno. Se intimidó a la sociedad civil, y los medios y los periodistas independientes sufrieron particular presión por medio de ataques y amenazas de personas que actuaban a favor del gobierno.
Aunque hubo módicas mejoras, el gobierno de Turkmenistán siguió cometiendo graves abusos y su historial de derechos humanos siguió siendo mediocre. Las libertades políticas y civiles siguieron estando severamente restringidas. En junio las autoridades arrestaron al ex activista y ex preso político Gulgeldy Annaniyazov, después de que, según se alega, volviera a entrar en el país ilegalmente, y se lo sentenció a once años de prisión en un juicio a puertas cerradas. Las elecciones parlamentarias de diciembre estuvieron muy lejos de satisfacer las normas internacionales. El gobierno continuó con sus esfuerzos para revisar las leyes, incluso la constitución, con el propósito de ponerlas de conformidad con las convenciones internacionales relevantes.
El gobierno de Uzbekistán tomó medidas para ocuparse de las preocupaciones en torno a los derechos humanos, tales como los derechos de los acusados, la trata de personas y el trabajo infantil en la industria del algodón. Sin embargo, continuaron los abusos graves de los derechos humanos y la tortura siguió siendo sistemática en cuanto a la ejecución de la ley. Las autoridades obligaron a muchos niños a cosechar algodón, en ocasiones en malas condiciones de vida. Los activistas de los derechos humanos y los periodistas que criticaron al gobierno continuaron siendo objeto de acoso, arresto arbitrario, persecución por motivos políticos y tortura.
Hemisferio Occidental
Los gobiernos de la región siguieron ocupándose de las anteriores violaciones de los derechos humanos, trabajando para asegurar que se hiciera justicia a las víctimas y para terminar con la impunidad. En Colombia, varios oficiales comandantes estaban bajo investigación por graves violaciones de los derechos humanos. La Oficina del Procurador General investigaba a 27 oficiales militares, entre ellos tres generales y cuatro coroneles, dados de baja de las fuerzas armadas a fines de octubre por su supuesta participación en el asesinato de once jóvenes de Soacha, cerca de Bogotá. En Argentina y Chile continuaron varias investigaciones, y se dictaron varios fallos en casos relacionados con los abusos cometidos en las décadas de 1970 y 1980. En Perú, el Estado prosiguió los enjuiciamientos contra el ex presidente Fujimori y otros ex funcionarios del gobierno, por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Equipos de antropología forense exhumaron los restos y comenzaron a identificar los cadáveres de centenares de personas víctimas de desapariciones forzosas o masacradas y enterradas en tumbas clandestinas durante las décadas de 1980 y 1990. En Guatemala, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad prosiguió con su investigación de quince casos sobresalientes de derechos humanos relacionados con muertes de mujeres, asesinatos de conductores de autobuses, trata de personas, y ataques y asesinatos de sindicalistas obreros y defensores de los derechos humanos.
En general, las instituciones electorales del Hemisferio Occidental mantuvieron la independencia y el rigor que habían alcanzado en años recientes. Varios procesos electorales, como las elecciones presidenciales en Paraguay, las elecciones internas de candidatos a la presidencia en Honduras y los referendos en Bolivia y Ecuador, se consideraron, en general, libres e imparciales. Sin embargo, hubo excepciones. En Nicaragua, las elecciones municipales se vieron empañadas por el fraude generalizado, la intimidación y la violencia. En Venezuela el contralor general declaró inadmisibles, debido a infracciones administrativas, a cerca de 300 candidatos (en su mayoría opositores) a alcaldes y gobernadores.
En algunos casos los gobiernos utilizaron procesos democráticos, como los referendos constitucionales, en busca de políticas que amenazaron con socavar las libertades e instituciones democráticas, reducir el sistema de equilibrio y contrapeso de poderes o consolidar el poder en la rama ejecutiva. En Ecuador, la constitución de 2008 contiene cláusulas que requieren de los medios ofrecerle al gobierno tiempo en antena gratuito, lo cual motiva preocupaciones en el sentido de que la libertad de expresión y prensa se vean afectadas. En Venezuela la aprobación de 26 leyes "habilitadoras", algunas de las cuales reflejan aspectos del malogrado referendo constitucional de 2007 presentan disposiciones que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios elegidos y que promueven la centralización del poder.
Hubo amenazas a la libertad de prensa. En Venezuela, los periodistas y medios informativos independientes siguieron siendo objeto de hostigamiento e intimidación pública por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango en los medios de propiedad estatal, y la televisora venezolana independiente Globovisión fue blanco de un ataque con gas lacrimógeno lanzado por partidarios del gobierno. El gobierno nicaragüense empleó medidas administrativas, judiciales y financieras para socavar el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque el gobierno boliviano respetó en general la libertad de prensa, mantuvo con la prensa una relación antagónica. Varias ONG alegaron que el presidente Morales y funcionarios del gobierno hicieron declaraciones despectivas en relación con la prensa, excusando la violencia contra los periodistas y los medios de información, politizando el contenido mediático producido por el Estado y aprobando leyes destinadas a restringir a los medios independientes.
Cuba siguió siendo el único estado totalitario del hemisferio, tras una transferencia no democrática del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl.
Acontecimientos en países seleccionados
En Bolivia los esfuerzos del gobierno para someter a referendo una nueva y polémica constitución, los reclamos opositores de mayor autonomía regional y las demandas en competencia de fondos gubernamentales, derivaron en una serie de enfrentamientos violentos y bloqueos de carreteras en gran escala. La violencia llegó al máximo en septiembre en el departamento de Pando, con el resultado de trece muertes y la detención ilegal y prolongada del gobernador. En mayo y junio los departamentos orientales celebraron referendos sobre la autonomía, que el gobierno central se negó reconocer y la comunidad internacional se negó a observar. Un referendo convocado a nivel nacional en agosto dejó a la mayoría de los prefectos (gobernadores) y al presidente Evo Morales en sus cargos, lo que fortaleció al partido del presidente (el Movimiento al Socialismo -- MAS) y a sus esfuerzos para llevar una nueva constitución a una votación a nivel nacional.
Con el telón de fondo de sus 44 años de conflicto armado con organizaciones terroristas, el gobierno de Colombia prosiguió con sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos, particularmente en lo que toca a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, proceso que ha ayudado a aclarar aproximadamente 164.000 crímenes y condujo a la reforma del sistema de justicia militar. Durante los primeros diez meses del año, las muertes disminuyeron en un seis por ciento y los secuestros en un 14 por ciento en comparación con el 2007, en tanto que las investigaciones en torno a vínculos entre políticos y grupos paramilitares implicaron a 70 miembros del congreso y 15 gobernadores, algunos de los cuales han sido colocados en prisión. Sin embargo, persisten numerosos problemas sociales y violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, inclusive asesinatos, colaboración entre militares insubordinados y grupos armados ilegales, y hostigamiento de periodistas y grupos de derechos humanos. Las organizaciones terroristas, de modo notable las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos políticos y de otra índole, secuestros, desplazamientos masivos forzados, reclutamiento de niños soldados y ataques contra activistas de los derechos humanos, maestros y sindicalistas obreros.
En Cuba se produjo un incremento de la represión de las libertades de expresión y reunión, en comparación con el año anterior, Se intensificó el hostigamiento de disidentes, incluyendo las palizas de activistas a manos de los funcionarios de seguridad o de multitudes organizadas por el gobierno. El gobierno aumentó también las detenciones por periodos breves, seguidas de la puesta en libertad sin formulación de acusaciones, con el objeto de intimidar a los activistas e impedirles organizarse. Por lo menos 219 presos políticos seguían encarcelados en condiciones escuálidas que amenazaban la vida, las cuales incluyeron palizas y la negativa a proporcionar tratamiento médico. Los que fueron puestos en libertad durante el año habían cumplido la totalidad de sus condenas. El gobierno siguió restringiendo el acceso de los ciudadanos a la información independiente y, en particular, procuró restringir el acceso a la Internet, a pesar de permitir por primera vez que ciudadanos particulares tuvieran computadoras personales.
Guatemala se esforzó por mejorar la situación de los derechos humanos. La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por las Naciones Unidas, continuó su investigación de casos destacados de derechos humanos y amplió su capacidad investigadora mediante la creación de una nueva unidad de fiscales. Sin embargo, continuó habiendo violencia e impunidad generalizadas. Agentes de la policía nacional cometieron asesinatos, y en muchos casos las autoridades transfirieron oficiales de policía o los dieron de baja en lugar de investigar y enjuiciar a los supuestos delincuentes. Otro tipo de violencia se derivó de los incidentes entre pandillas, las agresiones sexuales, la extorsión, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Los sindicalistas obreros fueron amenazados con actos de violencia o asesinados por atacantes desconocidos. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y las encuestas de opinión pública indicaron una falta de confianza en casi todas las instituciones del gobierno.
En Nicaragua, el gobierno sandinista excluyó de las elecciones municipales de noviembre, que se vieron empañadas por el fraude generalizado, las irregularidades y la intimidación, a los observadores internacionales dignos de crédito. El país siguió sin respetar el estado de derecho y siguió teniendo corrupción sistemática y politización del poder judicial y otros órganos gubernamentales. El gobierno y otros individuos intimidaron y hostigaron a periodistas y grupos de la sociedad civil que no apoyaban las políticas oficiales.
En Venezuela la comunidad de ONG observó una erosión de los derechos democráticos y humanos, con consecuencias potencialmente graves. Durante el año, la Asamblea Nacional aprobó 26 leyes con cláusulas que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios electos y que promueven la centralización del poder. El gobierno atrajo la crítica internacional y acusaciones de inconstitucionalidad al declarar inadmisibles a 272 candidatos que se presentaron a las elecciones municipales y gubernatoriales; la mayoría de ellos eran candidatos de oposición. El presidente Chávez declaró su intención de llevar a cabo el 15 de febrero de 2009 otro referendo constitucional, que intentaría nuevamente abolir el límite impuesto a los mandatos que puede gobernar un presidente y, por primera vez, extender ese límite a todos los funcionarios elegidos. Hubo numerosos obstáculos y amenazas a la libertad de expresión, incluso la libertad de los medios. Funcionarios del gobierno hostigaron e intimidaron públicamente a medios de información independientes y a periodistas de medios de propiedad estatal. El gobierno demandó judicialmente a una estación de televisión venezolana independiente, alegando que la red había promovido el asesinato del presidente Chávez. Personas y redes de medios también fueron acusados de fomentar la violencia y de desestabilizar el gobierno, luego de que hicieran declaraciones que criticaban al gobierno o que apelaban a actuar en oposición a él. Instituciones del gobierno y funcionarios, así como medios de información afiliados al gobierno, promovieron el antisemitismo a través de numerosos comentarios antisemitas, que tuvieron un efecto de difusión en la sociedad, en forma de expresiones antisemitas, caricaturas, vandalismo y otros ataques físicos contra instituciones judías.
Conclusión
El 10 de diciembre de 2008 se celebró el 60 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En las décadas que siguieron a la aprobación de la declaración hubo progresos notables en todos los continentes en lo que respecta a los derechos que ésta enumera. Con todo, 60 años después, algunos gobiernos siguen denegando libertades fundamentales a millones de personas.
Estados Unidos es un país fundado sobre los derechos humanos y el estado de derecho. Nuestro objetivo al publicar estos informes es de ser una fuente de información, esperanza y ayuda para la gente de todas partes que vive oprimida, silenciada y marginada. Nos hemos comprometido irrevocablemente a trabajar en todos los niveles -nacional, regional y mundial- para asegurar que se protejan y respeten los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal.
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/esp )
FRATERNALES SALUDOS,
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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