Codelco y trabajadores contratistas
La posibilidad de que Codelco y sus trabajadores contratistas lleguen a un acuerdo parece lejana. La oferta de la minera estatal fue rechazada por los trabajadores, que exigen condiciones laborales muy por sobre lo que la empresa está dispuesta a ofrecer. Ellos olvidan que los elevados precios del cobre son transitorios y que la empresa no puede comprometerse con desembolsos permanentes que no guarden relación con el precio de largo plazo del metal rojo. Muchas de las exigencias de los diversos sindicatos de trabajadores tienen esas características. En consecuencia, la empresa actúa con responsabilidad al no acogerlas.
Los dirigentes sindicales anuncian nuevas movilizaciones, algunos buscan paralizar las actividades extractivas para aumentar su poder de presión e impedir la labor de los trabajadores directamente contratados por Codelco que no participan del conflicto. Hay no sólo reivindicaciones laborales detrás de este llamado: él trascendería este conflicto y formaría parte de una estrategia de movilización del Partido Comunista, cuya influencia en el debate nacional ha estado muy desdibujada en los últimos años. Los trabajadores deben tomar en cuenta el riesgo de ser instrumentalizados para otros fines.
Cabe recordar que esta negociación es anómala, porque Codelco está intentando llegar a arreglo con trabajadores de otras empresas, que si bien le prestan servicios, no son parte de su planta. En la práctica, es una negación de la idea de subcontratación, modalidad difundida no sólo en Chile, sino en el mundo, por muchas razones que van desde mejorar la competitividad de las empresas hasta evitar el pago de beneficios laborales por encima de la productividad de los trabajadores. Los marcos laborales poco flexibles -el chileno es uno de ellos- crean un sector de trabajadores protegidos que, sin válvulas de escape, producen menor empleo agregado en la economía. Por eso, el intento de asimilar a los trabajadores contratistas a la planta de las empresas sería un gran error, que lesionaría no sólo la competitividad de ellas, sino también el empleo futuro. La instalación de esta mesa de negociación no debería haber sido promovida por autoridades gubernamentales, como lo fue. La idea en que se funda es errada y, eventualmente, produce daño no sólo a Codelco, sino a la economía nacional. La legislación que regula la subcontratación no debería entenderse como una vía para terminar con ella, como parece desprenderse de las actuaciones y declaraciones de algunas autoridades.
Por estas razones, el Gobierno no debe intervenir en estas negociaciones, sino descartar las demandas en tal sentido. Hasta ahora ha primado esta postura, pero parecen existir dudas. No debería haberlas si se distingue claramente entre Gobierno y Estado. Codelco es una empresa estatal, y su conducción tiene que guiarse por los intereses de largo plazo del país, que trascienden los del gobierno de turno. Para ello debe definitivamente consagrarse una gestión autónoma. Una intervención gubernamental en una mesa de negociación, equivocadamente concebida, sería un duro revés, entre otros motivos, porque le restaría autoridad a la administración actual, para la consagración de dicha autonomía. Los gobiernos, a través de sus políticas, definen los marcos en los que se desarrolla el proceso económico, social y político, pero no parece apropiado que intenten participar en ellos. En esta situación, el Gobierno más bien debería explicar la legitimidad de la subcontratación como arreglo institucional en una economía moderna, y esta negociación podría ratificar principios positivos y necesarios para la marcha futura del país.
Rodrigo González Fernádez
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