Según García, con su accionar la Corte Suprema de Justicia trata de evitar que se escoja a un nuevo Defensor del Pueblo y luego ordenar su reintegro, lo que lesionaría las arcas del Estado, porque habría que pagarle a dos personas, aunque él sería el que conservaría las funciones por prelación de tiempo.
Agregó que a pesar de la demora en el pronunciamiento de la Corte confía en el sistema, ya que espera una justicia valiente, reparadora e independiente. Por otro lado, dijo que ha presentado su caso ante la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
De igual forma, consideró poco "valiente e inoperante" la actuación de la defensora del pueblo, Mónica Pérez, ante las calamidades que ha enfrentado el país en los últimos 12 meses y de retornar al cargo se le habrá de pagar más de 50 mil balboas que ha dejado de percibir, aunque ello no le interesa, sino que se haga justicia, porque él "trabaja para vivir y no vive para trabajar".
Por su parte, Alfredo Castillero Hoyos, candidato a Ombudsman, dijo que de retornar Liborio García al cargo, la más debilitada sería la Defensoría del Pueblo, por ello, la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse antes de que la Asamblea Nacional elija al nuevo Defensor del Pueblo.
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Rodrigo González Fernández
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