DESDE LA RAZÓN ESPAÑA
Lobbies, las manos que todo lo mecen
Los grupos de presión, que participan en un negocio de cerca de 6.000 millones, llegan ya a todos los estamentos de nuestra sociedad - En España, sin embargo, su actividad carece de marco legal
J. M.
Madrid- «El lobbying es una parte legítima del sistema democrático, independientemente de que esta actividad sea llevada a cabo por ciudadanos individuales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, así como por otros grupos de intereses o, incluso, firmas que trabajan en nombre de terceras personas, como responsables de relaciones institucionales, think-tank o abogados».
Así define esta actividad el Libro Verde sobre la «Iniciativa de Transparencia Europea», promovido por el vicepresidente de la Comisión Europea en la lucha contra el fraude, Siim Kallas. Y es que en otros países de la Unión Europea y, sobre todo, en Estados Unidos, la actividad de los lobbies forma parte de una manera natural, y casi imprescindible, del juego político, económico y social. De hecho, según Joaquim Martins-Lampreia, presidente de Omnisconsul y lobbista del Parlamento Europeo, «en Bruselas hay 15.000 lobbistas acreditados», una cifra que asciende a 30.000 si se tiene en cuenta a todas las personas relacionadas con esta actividad de una forma más o menos directa.
Una muestra de que en nuestro país aún no se ha desplegado este fenómeno con intensidad es el hecho de que en el Parlamento Europeo sólo haya 170 expertos españoles, frente a los 800 del Reino Unido o los 600 acreditados de nacionalidad alemana. En Estados Unidos, por ejemplo, los grupos de presión actúan con una transparencia tal que deben publicar el nombre de sus clientes y el dinero que cobran por sus servicios en la página web del Departamento de Justicia. Sólo en Washington DC hay más de 60.000 lobbistas.
Influencia política
Sin embargo, los grupos de presión aún encuentran barreras importantes en nuestro país y son apreciados de una forma equívoca: «El lobbista nada tiene que ver con el tráfico de influencias ni con la petición o recepción de beneficios por parte de las instituciones públicas, sino que es un profesional especializado en influir en el proceso de toma de decisiones políticas mediante medios perfectamente transparentes y legales», según explica el director de Reti España y coordinador del I Seminario Europeo sobre Lobby y su regulación, celebrado recientemente en Madrid. De acuerdo con los datos facilitados durante el seminario, cerca del 70 por ciento de los lobbistas representan a intereses empresariales, el 20 por ciento a Administraciones públicas y el resto a ONG. Son un ejército de «tapados» que actúan de forma discreta a través de asociaciones, confederaciones, empresas y, sobre todo, de consultores externos que ejercen su función desde el mundo jurídico, de la comunicación o la política, como es el caso de las campañas patrocinadas por algunos ex gobernantes. Alianzas, negociaciones de alto nivel, gestión de la reputación, gestión de crisis... Las iniciativas van en función del cliente, pero su objetivo básico pasa habitualmente por los propios partidos políticos, los gobiernos autonómicos, las legaciones diplomáticas y, por supuesto, por la Moncloa y las Cortes. «En democracia es perfectamente legítimo que la sociedad civil ejerza presión sobre los poderes públicos, de eso se trata», subraya Martins-Lampreia. Por ello, uno de sus objetivos a medio plazo en nuestro país es conseguir un marco legal adecuado, un registro de profesionales y la formulación de los correspondientes mecanismos de control, algo que, a su juicio, liberará a los poderes públicos de las presiones ilícitas. Si estos quieren, claro.
http://www.larazon.es/noticias/noti_eco22577.htm
Saludos cordialesRODRIGO GONZALEZ FERNANDEZCONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COMRenato Sánchez 3586 dep 10Santiago, Chile
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