Informe de Contraloría sobre el caso Kodama
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La Contraloría ha dejado en evidencia la extrema informalidad y negligencia con que el Ministerio de Vivienda abordó la relación con la empresa contratista.
15/05/2011 - 09:00
- La Contraloría emitió el informe de auditoría sobre la transacción judicial entre el Serviu Metropolitano y la empresa contratista Kodama, aprobada por el Ministerio de la Vivienda (Minvu). En concepto del organismo fiscalizador, únicamente $ 131 millones de indemnización tendrían fundamento y el acuerdo habría sido materializado contradiciendo las normas legales que regulaban la situación.
Uno de los puntos más graves señalados por la Contraloría es que los agentes públicos que intervinieron en la negociación buscaron declaradamente -según consta en actas que se extendieron- eludir la potestad fiscalizadora del ente contralor, a sabiendas de que los criterios exigidos por él impedirían su aprobación. Por su parte, autoridades del Minvu -partiendo por la propia ministra de la época- visaron y aprobaron la operación, sin exigir ningún antecedente ni cumplir la tarea de supervigilancia y control que les competía.
Fluye además del informe que los funcionarios del Serviu se allanaron a pagar una indemnización por $ 14.100 millones sin que existiera ningún antecedente técnico, financiero o jurídico que permita explicar esta cifra y únicamente porque era casi un tercio de la que reclamaba la empresa contratista. Sólo se preparó un informe sustentatorio -totalmente insuficiente- con posterioridad a la firma del decreto y por exigencia del ministerio. A dicha cantidad agregaron otros $ 2.500 millones para reponer el monto de una multa que habría de pagar una empresa relacionada con la empresa y por un contrato distinto, por considerarla injusta, lo que era manifiestamente improcedente. Tampoco se consideró que el Serviu actuaba en el contrato por mandato del Ministerio de Obras Públicas y que como todo mandatario, requería poder expreso para transigir, que no existía. Se radicó así ilegalmente en el Serviu una obligación de dinero que, de ser procedente, correspondía asumir a ese ministerio y que, por lo mismo, requería de su aprobación.
Todos estos antecedentes revelan una completa informalidad y negligencia en el actuar del Minvu y del Serviu, una transgresión a las normas legales aplicables, y una total ausencia de control y de procedimientos adecuados para tomar decisiones de cierta envergadura. La Contraloría hace mención de la responsabilidad por falta de conducción que en ello le cabría a la ex ministra Magdalena Matte, lo que deja en evidencia que su separación del cargo era insoslayable y lo poco afortunado que resultó ser el apoyo que se le brindó al momento de anunciar su renuncia.
Aparte de la tarea que resta a la Contraloría para determinar las responsabilidades administrativas y al Ministerio Público para establecer las que eventualmente haya en el ámbito penal, el Consejo de Defensa del Estado deberá procurar anular una transacción tan lesiva, que legalmente está afinada y es exigible, tarea que no se advierte sencilla si no se demuestra una actuación irregular de la contratista en su concreción, aunque la aprobación que prestó el tribunal "en todo aquello que no fuere contraria a derecho", abre un espacio para lograrlo. Finalmente, pesa sobre el gobierno la responsabilidad de asegurar a la ciudadanía que no se repetirán casos de estas características en la administración de los recursos públicos, tanto en el origen de contratos mal concebidos y ejecutados, como en la realización de las gestiones que la Contraloría ha objetado fundadamente.
FuenteCONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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