La RSE y la Constitución
David Ortez Quintanarcartas@elfaro.net
Publicada el 19 de noviembre de 2007 - El Faro
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Art. 102.- Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social.
El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.
Art. 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.
De esta manera, tan categórica, la Constitución reconoce la organización de la economía y la libertad de mercado, siempre y cuando no se opongan al "bien mayor": el bienestar social. Lo mismo sucede con la propiedad privada en función social. Este tema es importante a pesar del paso del tiempo, ya que, pese a ser un artículo de 24 años de vigencia, establece las bases de lo que es la responsabilidad social empresarial.
La responsabilidad social no debe entenderse como una obligación exclusiva de los particulares, en el tanto el estado también esta llamado a ser socialmente responsable ¿cómo? Cumpliendo la constitución.
RSE (Responsabilidad Social Empresarial) es ni más ni menos que la obligación empresarial de cumplir con las leyes y, en el caso de los vacíos legales, autorregularse o mejorar las prácticas empresariales conforme a las expectativas de la sociedad. Va más allá de la muchas veces necesaria filantropía puntual a una iniciativa permanente que permite que una empresa tenga los necesarios valores agregados, como la cohesión de sus empleados, con un orgullo de pertenencia similar al patriotismo, y agrega valor al accionista pues generalmente estas empresas son financieramente saludables, por su buen clima laboral y de negocios.
En el ámbito público, desde la óptica del derecho económico, un estado socialmente responsable es aquel que es lo suficientemente robusto para garantizar el respeto a la ley, por medio de instituciones jurídicas adecuadas, que sea capaz de crear las regulaciones que el entorno social y global le demande. Este tema no es nuevo… lo planteó Hegel en el siglo XIX.
En la aldea global, y para la competitividad de empresas y estados, el tema es muy importante: una economía que funcione plenamente dentro de un esquema de libre mercado necesita de un estado competente que cree leyes razonables y viables acordes a las especiabas sociales. Una economía con reducidos índices de abuso de mercado, evasión fiscal y desempleo es saludable y eso se da con legislaciones razonables, apertura económica y procesos de integración. Muy por el contrario de lo que originalmente se pensaba, un estado responsable y eficiente conlleva instituciones sólidas, que ejercen su papel de regulador.
El sector privado ha venido impulsando la RSE a través de los diálogos sociales con los diferentes interlocutores relacionados con su quehacer y ha producido valiosos documentos denominados reportes sociales. Dichos reportes sistematizan las expectativas de los actores sociales y el empresariado determina su rumbo hacia el futuro y hacia el crecimiento sostenible. El sector privado puede transmitir esa experiencia al estado.
Un estado constitucionalmente responsable, que tome como ejemplo las prácticas privadas de RSE, debe adoptar determinados lineamientos en su actividad para garantizar el cumplimiento de sus fines. Entre ellos, podemos citar:
En lo Económico: Legislar e implementar medidas que garanticen un mercado libre pero competitivo y alejado de los abusos de mercado de parte de los actores dominantes. Corregir con las entidades competentes los abusos.
En lo Tributario: Para que la recaudación fiscal sea eficaz, necesitamos una legislación tributaria progresiva, que incentive al pago de impuestos por la contraprestación que esto genera. Necesitamos una régimen tributario que refleje las diferencias en los ingresos de los actores sociales; en otras palabras, que el que tiene más, pague más.
Laboral: Desarrollar la temática prevista por la carta magna aún no desarrollada. Un buen ejemplo son los pasivos laborales que esta reconoce se tienen derecho por la renuncia, y que en la legislación secundaria no están desarrollados, por lo que ni siquiera la secretaría del trabajo aplica la carta magna.
En Política Exterior y Libre Comercio: Una política basada en los intereses nacionales, que sirva para el fortalecimiento económico del país y a la vez fomente la inversión extranjera. Hemos hablado, por ejemplo, de la disposición a las relaciones comerciales con China, lo cual me parece importante, pues corregiría problemas que tenemos como el dumping de productos chinos. Pero la mejor forma de hacer estas relaciones comerciales efectivas es un TLC,… si, Chile lo ha hecho… otras naciones latinoamericanas igual. Pero no solo debemos buscar el TLC con China, sino con Viet Nam, Malasia, India, que son mercados emergentes y de los cuales podríamos aprender experiencias positivas. Este esfuerzo implica una política creada por entes especializados (una academia diplomática como la de Chile, ¿porqué no?) que permita tener diplomáticos de carrera independientes de los vaivenes del gobierno
Un Estado constitucionalmente responsable puede tomar de la RSE prácticas como el pragmatismo en la búsqueda de lo posible frente a lo ideal, sin dejar de lado la excelencia, para apostarle a la continuidad y al progreso o, como lo llamamos en el sector privado, al crecimiento sostenible. Alinear al sector público en ele ejercicio de las mejores prácticas va más allá de las certificaciones ISO: implica el desarrollo de una serie de principios rectores de la gestión pública, que la RSE denomina principios de negocio.
La RSE y el estado constitucionalmente responsable nos pueden permitir tener un mercado, una economía y sociedades más justas, cartas de presentación importantes para ser los futuros tigres del istmo. No es una respuesta al debate del capitalismo liberal y el socialismo del siglo XXI, es simplemente HUMANISMO, y el humanismo en los negocios y en la función pública no solo va al ámbito del beneficio sino que ENALTECE.
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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