ANTE EL ERRO JUDICIAL:

SE DEBE LEGISLAR SOBRE EL ERROR JUDICIAL.O AL MENOS  BUSCAR UNA INTERPRETACION DE LA LEY

QUIÉN RESPONDE CUANDO SE COMETE UNA NEGLIGENCIA JUDICIAL

Encarcelados por error

El caso de Mauricio Orellana, quien estuvo 9 meses preso por un crimen que no cometió es sólo un ejemplo de un sistema que no es perfecto. ¿Quién paga un error judicial? Tres abogados entregan sus opiniones, mientras una de las víctimas del célebre caso del puente La Calchona, llama a Orellana "a luchar porque se haga justicia".

La Nación

J.M.Jaque/L.Ramírez

Lo acusaron de ponerle el cuchillo en el cuello a una cajera de un supermercado Santa Isabel. Fue detenido y formalizado por el delito de robo con violencia e intimidación. Pasó seis meses en la Penitenciaría. Se infectó de sarna. Luego perdió otros tres meses en el penal Santiago Uno. Su abogado defensor penal, Felipe Mardones, pidió la revisión de las medidas cautelares tres veces, sin embargo, nunca se le dio la libertad a Orellana.

Todo eso por el falso testimonio de los trabajadores de ese supermercado y, a juicio de algunos expertos, las falencias en la investigación de la fiscalía, entidad que pensaba pedir seis años de presidio para el imputado, hasta que la supuesta víctima declaró que todo era mentira y que todo había sido urdido por un jefe de seguridad y una jefa de local.

 "Esto no se lo doy a nadie", dice hoy el hombre de 40 años y padre de una hija, quien anunció que emprenderá acciones legales en contra de quienes lo acusaron, mientras que la fiscal Kanacri sostuvo que no se registraron errores, debido a que se basaron solamente en las versiones de las presuntas víctimas. De hecho están analizando la posibilidad de formalizar por obstrucción a la justicia a los involucrados en la falsa acusación.

Cecilia Almeida, polola de Orellana – lo conoció en la cárcel cuando ésta iba a visitar a su hermano Víctor- dice que está claro que lo que pasó fue una injusticia y que Mauricio debe buscar la forma de defenderse y recuperar algo del tiempo que le robaron. La pregunta de ambos es quién paga por los nueve meses que pasó encarcelado.

Las opiniones de los abogados están divididas: algunos dicen que el Estado –por la mala investigación de la fiscalía- mientras otros indican que puede querellarse sólo contra quienes lo inculparon (ver recuadro al pie de la nota).

"Que busque justicia"

José Opazo sabe muy bien el daño que puede ocasionar en la vida de una persona un error judicial. Él es uno de los tres jóvenes (junto a Víctor Osses y Juan Contreras) que pasaron cinco años tras las rejas acusados injustamente del asesinato de María Soledad Opazo Sepúlveda, cuyo cadáver fue hallado en las cercanías del puente La Calchona, en Talca, el 25 de junio de 1989. Su abogado, Roberto Celedón, logró demostrar su inocencia y lograr para ellos una indemnización por parte del Estado, aunque sólo tras la presentación del caso ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo mismo José llama a Mauricio Orellana a luchar por justicia. "Que paguen los que lo inculparon, porque yo también estuve en la cárcel siendo inocente y no se lo doy a nadie". Le aconseja –primero- querellarse contra la gente del supermercado que mintió "para causarle tanto daño" y después ir tras el Estado, "porque su labor es investigar, pero cuando es gente pobre la afectada no hacen nada. Se quedan con lo que otros dicen, con lo que dice el parte policial, etc. Pero no investigan, porque no les interesa de verdad hacerlo. No piensan en el perjuicio que le hacen a la gente. Sólo les importa tener luego a un culpable. No hacen su trabajo", dice.

Roberto Celedón, el abogado de José en este caso, comenta que actualmente tiene dos demandas contra el Estado por causas similares a las de Orellana. El primero es el de un joven acusado de abuso sexual. El abogado dice que el informe pericial demostraba claramente su inocencia, "pero la fiscalía insistió en acusarlo. El Tribunal Oral en lo Penal lo absolvió e igual recurrieron a la Corte Suprema, la que rechazó su recurso de nulidad". Un caso similar es lo que le ocurrió a los talquinos Valerio Bravo y José Chat, acusados de quemar un predio en la zona. "En el segundo juicio logramos demostrar su inocencia, que estaba a la vista", dice Celedón, quien agrega que en primera instancia ambas personas fueron condenadas a pasar ocho años en prisión. "Por los dos casos estamos demandando al Estado por el actuar arbitrario de las fiscalías".

LOS EXPERTOS OPINAN   "Según la ley del Ministerio Público el Estado debe responder" El abogado Roberto Celedón, conocido lograr que el Estado indemnizara a tres jóvenes que permanecieron 5 años presos injustamente por el homicidio de una joven en el puente La Calchona, calificó como gravísimo el error de la fiscalía en el caso de Mauricio Orellana. Tal equivocación se basa –según Celedón- en que la ley orgánica constitucional del Ministerio Público establece que esta entidad está obligada a dirigir no sólo la investigación de los hechos constitutivos de delito, sino también los que acrediten la inocencia del imputado. "Aquí hubo concertación de sujetos para distorsionar las conductas del imputado y una pésima investigación de la fiscal que permitió que esta concertación en contra de esta persona". Por lo mismo, el abogado indica que el joven tiene todas las herramientas para querellarse contra el Estado. "De hecho el artículo 5º de la misma ley indica expresamente que el Estado será responsable por las por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. "No procede la indemnización del Estado, debe demandar a las personas" Felipe Marín, profesor de Derecho Procesal Penal de la U. Diego Portales, explica que las indemnizaciones al Estado no proceden en este caso. Existe la indemnización por error judicial (artículo 19, número 1 letra i) por el daño producido o por una mala actuación del Ministerio Publico -de acuerdo al artículo 5º de su ley orgánica-. "Se debe tratar de una actuación injustificadamente errónea o arbitraria y, en ambos casos, la actuación de los tribunales y del Ministerio Público no fue injustificada, porque la información que le presentaron los testigos parecía coherente y, a priori, verdadera. Por lo tanto, uno puede decir que el error tiene fundamento". Otro camino que puede seguir Orellana es demandar civilmente a las personas que cometieron el delito y pedir una indemnización de perjuicio. "Eso tendría más futuro", dice Marín, porque esas personas obstruyeron la justicia y eso es especialmente grave cuando, a partir de los antecedentes falsos, la persona queda en prisión preventiva", explica. Pero también hay un problema para sancionarlo. "Que quienes mintieron terminen presos es complicado desde el punto de vista del sistema. Si alguien siente que corre peligro de quedar detenido al desmentirse, difícilmente va a reconocer una mentira.

Saludos
Rodrigo González Fernández
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