Inauguración del año judicial 2007 José Francisco García
La ecuación que se debe lograr en este ámbito es compleja: cómo el esquema institucional fortalece la independencia judicial respecto de los poderes políticos, cuestión que es fundamental para preservar una sociedad regida por principios de libertad, pero en donde la labor judicial -la resolución de las controversias jurídicas y velar por la paz social- se ejerce en forma oportuna, eficiente y transparente. En otras palabras, se debe buscar el equilibrio entre políticas públicas judiciales que modernicen y dinamicen el proceso de administrar justicia, sin que se pase a llevar la autonomía de los jueces al fallar el caso concreto sometido a su decisión. Entre los desafíos pendientes para 2007 destacan aquellos que fueron objeto de la mayor controversia con el Ministerio de Justicia ("Supremazo" de diciembre último), al cual la Corte Suprema presentó su malestar por la falta de diligencia en materia de reformas judiciales en curso (familia, laboral y penal adolescente); demora en la tramitación de los proyectos de ley vinculados a la mesa judicial (autonomía financiera, abogados integrantes, nombramientos y calificaciones, entre otros); condicionar el nombramiento de nuevos jueces penales en la Región Metropolitana a la Dirección de Presupuestos (Hacienda); y la demora en el nombramiento de jueces a lo largo del país. La mayoría de los planteamientos del Poder Judicial en este debate son adecuados. Por otra parte, la controversia con el Legislativo en materia de establecimiento de horarios de trabajo y limitaciones a días administrativos y jornadas académicas de los jueces debe ser vista desde una óptica distinta: cómo la sociedad le saca el mejor partido al recurso "juez". Los jueces son un bien escaso y valioso en la sociedad, son los especialistas en interpretar el derecho y resolver controversias jurídicas. Dado lo anterior, es que, por ejemplo, se debe avanzar hacia un mundo en que éstos se concentren en sus tareas propiamente jurisdiccionales -en las cuales tienen ventajas comparativas-, dejando las labores de gestión y administrativas -en las cuales los jueces no son expertos- en manos de un órgano o personas especializadas, que es la experiencia de la Reforma Procesal Penal. Bajo la misma lógica, parece de toda justicia que las restricciones que se han analizado en los horarios de los jueces vengan de la mano de una revisión de sus remuneraciones (estableciendo incentivos y premios ad hoc). Sin embargo, esto último nos lleva a un debate integral en lo orgánico; por ejemplo, la necesidad de revisar la actual carrera judicial que vincula las remuneraciones y el estatus de los jueces al lugar que ocupan en la pirámide jerárquica; la existencia de una institución como los abogados integrantes (que no sólo viola la independencia judicial, sino que no existe en el derecho comparado); el proceso de calificaciones (que es una amenaza permanente a la independencia judicial vertical o interna),i etcétera. Finalmente, se requieren mayores acciones en pro de la transparencia y el acceso a la información judicial. Las señales que se den en el discurso inaugural resultan fundamentales para la credibilidad de los esfuerzos que se comienzan a hacer en esta materia (una nueva página web en marzo o las propuestas de la Comisión de Modernización de la Corte Suprema). En este ámbito, deberían mirarse las buenas prácticas que exhibe la experiencia comparada. |
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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