El derecho a saber
El 28 de septiembre último se cumplió un nuevo aniversario del Día Mundial del Derecho a Saber. Sin embargo, y a pesar de las exigencias internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, la Argentina no cuenta todavía con una ley nacional que regule el ejercicio del derecho a la información pública que cumpla con principios y estándares internacionales.
Este derecho que todo ciudadano tiene de acceder a las informaciones que obren en poder de cualquier órgano del Estado se conoce como "derecho a la información pública", y su ejercicio continuado puede contribuir en gran manera al crecimiento de un sistema democrático vigoroso.
Pero en éste, como en otros casos, es necesario que la ciudadanía esté informada y pueda ejercer sin limitaciones ese derecho, como también que desde el Estado se responda rápida y eficientemente ante las demandas ciudadanas. Es evidente que para que esto suceda se impone un profundo y urgente cambio cultural.
Ha sido por iniciativa de una red de organizaciones promotoras del derecho de acceso a la información en todo el mundo que se ha instituido, desde 2002, el Día Mundial del Derecho a Saber. El objetivo es la generación de gobiernos más transparentes y una ciudadanía más informada. Distintas organizaciones no gubernamentales son promotoras de este derecho fundamental en nuestro país. Parte de su trabajo está dirigida a concientizar a la ciudadanía para que sepa que este derecho existe, le pertenece y puede hacerlo efectivo.
Conviene recordar en este punto que en 2002 el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley de acceso a la información pública que respetaba principios y estándares internacionales existentes en la materia. Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 8 de mayo de 2003. Lamentablemente, en diciembre de 2004, el Senado devolvió a la Cámara baja el proyecto con numerosas modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que motivó un gran número de críticas desde distintos ámbitos porque con esos cambios, que ampliaban las trabas burocráticas para acceder a la información, se desvirtuaba el espíritu de la ley.
Así las cosas, luego de más de un año sin tratamiento, en febrero último el proyecto perdió estado parlamentario y, a partir de ese momento, a pesar de los intentos de promover su sanción, la Argentina sigue careciendo de una ley de acceso a la información.
Es interesante destacar que, por el contrario, la situación de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires es comparativamente más favorable, porque ellos sí cuentan con esta ley -la N° 104/98-, que en su artículo 1° estipula: "Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano [del gobierno de la ciudad de Buenos Aires]...".
Sin embargo, y como no es la primera vez que alguien goza de un derecho pero desconoce que posee esa capacidad, vale como ejemplo recordar que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ha redactado una guía donde, de manera muy sencilla y didáctica, incluso hasta con ilustraciones, se muestran cuáles son algunas situaciones a las que podría enfrentarse un ciudadano en el ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, qué tipo de información se puede pedir y dónde, y cuáles son las excepciones que están excluidas del acceso al público; qué inconvenientes y obstáculos pueden surgir cuando se solicita esa información; cómo proceder para iniciar un reclamo judicial ante la falta de respuesta por parte de los organismos responsables, y una lista de ONG que poseen servicios jurídicos gratuitos para ayudar a los ciudadanos.
La tarea de organizaciones como la mencionada es de incalculable valor, pero debe necesariamente verse apoyada por toda la sociedad. Es hora de que los argentinos comprendan que la ignorancia cívica puede ser fuente de muchos errores y facilita la corrupción, como ha ocurrido en el pasado, porque las sociedades que no acceden a la información pública tampoco accederán a una mejor calidad de vida, ya que no pueden controlar a sus gobiernos ni incidir en las políticas públicas para mejorarlas o corregirlas.
Es de esperar que el año próximo, en el aniversario del Día Mundial del Derecho a Saber, no tengamos que lamentar nuevamente la inexistencia de una ley nacional que facilite el acceso a la información, para bien de todos, gobernantes y gobernados.
Director
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