Lobby y políticas públicas
Es urgente legislar, transparentar y regular la relación entre el dinero y la política en Chile.
por Andrés Zahler y Juan José Soto - 01/12/2011 - 04:00
EN ESTADOS Unidos una prestigiosa empresa especializada en investigación de inversiones creó un índice accionario denominado "Indice de la calle F", en honor a la calle de Wall Street donde están ubicadas las principales empresas de lobby de ese país. El fundamento del índice es simple: las empresas que dedican parte de sus ganancias al lobby y al financiamiento de campañas políticas, esperan retornos sobre esa inversión. Y lo cierto es que el índice muestra algunos resultados sorprendentes. Las 50 empresas que más han gastado en lobby desde el 2002, como fracción de sus activos, han rentado anualmente un 11% más que el principal índice bursátil de los Estados Unidos, el S&P500. Según varios estudios, las empresas ganaron 220 dólares por cada dólar que fue gastado en lobby.
¿Qué hay detrás de esto? Es poco probable que a estas compañías les vaya mejor que al promedio sólo por azar. La explicación más plausible es que a través del financiamiento de la política y el lobby, estas empresas logran que los congresistas terminen legislando a su favor, y por lo general a espaldas del bien común. Cuando estas compañías influyen sobre la formulación de políticas públicas, generan barreras de entrada a otros competidores o políticas ventajosas para sus intereses, en desmedro de la gran mayoría de los ciudadanos.
¿Qué pasa en Chile? Estamos peor que en EE.UU., sobre todo en tres áreas donde la transparencia es clave para tener buenas políticas que beneficien a la sociedad y no a unos pocos. En primer lugar, en nuestro país la legislación actual impide conocer quiénes financian las campañas electorales de los parlamentarios, y más grave aún, no les impide a ellos votar en proyectos que involucren a dichas compañías. Segundo, en materia de lobby el oscurantismo es el mismo, ya que no existe un registro transparente de las reuniones que se realizan entre ministros y parlamentarios con ejecutivos de empresas o lobbystas. Tercero, si bien las autoridades están obligadas por ley a declarar su patrimonio e intereses económicos, así como el de sus parientes, en la práctica no existe sanción si deciden no hacerlo o mienten.
Muchos han puesto los ojos sobre la próxima discusión de la ley de pesca, porque es uno de esos casos donde el gobierno y el Congreso deberán decidir las ganancias netas de las actuales empresas pesqueras. Al igual que lo sucedido en la discusión de la TV Digital, las antenas celulares y el Sernac financiero, no existe posibilidad para la ciudadanía de fiscalizar los conflictos de interés entre quienes tomarán la decisión y las empresas. Por eso es urgente legislar, transparentar y regular la relación entre el dinero y la política, tanto por fuera (lobby y financiamiento de campañas), como por dentro (intereses económicos de los propios políticos), con mayores exigencias y sanciones más drásticas que las actuales. Ello porque está en juego la credibilidad de nuestro sistema democrático, la calidad de las políticas públicas que elaboramos, y la posibilidad de ser un país más justo y desarrollado.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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