¿UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE?
Los precandidatos presidenciales de la Concertación y diversos sectores de la Izquierda extraparlamentaria han venido planteando la necesidad de acordar una nueva Constitución para el país, asumiendo que la anterior, dictada en 1980 por el general Pinochet y reiteradamente remendada por los gobiernos de la Concertación, es incapaz de asegurar el ordenamiento que requiere el país y de establecer las bases para el desarrollo institucional futuro de la Nación.
Proponer este debate significa, en la práctica, incorporar a todas las personas en la discusión del tipo de ordenamiento que necesita Chile, y el sólo hecho de proponerlo implica la constatación de que ese debate no se ha realizado, ya sea porque en 1980 el texto que se presentó a un plebiscito aún cuestionado a casi 30 años fue definido por un grupo parcial de la ciudadanía o porque las reformas han sido negociadas por partidos y un Parlamento que saben que no han sido capaces de representar a la gente.
En un período de la historia política contemporánea en que la gente cuenta con las herramientas tecnológicas para construir sus propias redes sociales, en que la información se transfiere con una velocidad casi automática y en que todo ello implica que las personas ya no se conforman con ser invitadas periódicamente sino que quieren ser protagonistas de los procesos sociales, y eso supone crear los espacios institucionales para garantizar una participación real y no puramente simbólica o artificial.
Se trata, sin duda, de un esfuerzo sincero de los partidos por actualizar su propuesta a la ciudadanía y la mejor oferta de los últimos años por reconocer las exigencias de la realidad y trascender la separación que se ha producido entre políticos y ciudadanos. Sin embargo, es al mismo tiempo una apuesta arriesgada porque si esta iniciativa se limita a un mero truco de propaganda electoral o a una puesta en escena destinada a hacer creer que se participa cuando el texto de una nueva Constitución ya está previamente definido por un grupo cerrado de amigos, esta idea puede terminar por minar la credibilidad que requiere la actividad política para mantener su legitimidad.
De todos modos, se precisa un debate previo sobre la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente y acerca de la vigencia de la Constitución de 1980, porque cambiar una Constitución no es un asunto que se preste para juegos de adolescentes ya que es el marco regulatorio del ordenamiento de un país que debe permanecer por un tiempo prolongado para que pueda tener efectos. Si es una propuesta seria, es una excelente noticia acerca de la capacidad de los dirigentes políticos; pero si es un acto de marketing, una simple estrategia electoral, quiere decir que la tradicional seriedad y responsabilidad de Chile se encuentran en su punto más bajo.
ANDRÉS ROJO T.
Periodista
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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