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El ex integrante del Consejo Asesor Eduacional, Pablo Zalaquett, dijo que "es muy probable que nos encontremos con más sorpresas".
Los coletazos que ha generado el informe que elaboró la Contraloría General de la República y que reveló una serie de irregularidades en la entrega de subvenciones escolares suman y siguen.
De hecho, a la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se agregaron diligencias en otras zonas del país.
Este es el caso de la Región de Atacama donde, según fuentes de la fiscalía, el diputado Jaime Mulet (DC) presentó una denuncia, el 10 de mayo de 2007, relacionada con la subvención para reparaciones argumentando que estos fondos sólo deben ser gastados en los colegios para los cuales son asignados, con el objetivo de evitar desvíos a otros ítems.
Esto, porque el parlamentario habría advertido que la Municipalidad de Copiapó recolectaba todas las platas por este concepto y las gastaba de acuerdo a las necesidades que se presentaban en los distintos establecimientos educacionales o, de plano, las destinaba a otros fines.
El diputado, René Aedo (RN), también presentó una denuncia relacionada con irregularidades durante el año pasado.
Puntualmente, el parlamentario habría acusado anomalías en los "fondos de pro retención", los que están destinados para los alumnos en riesgo social.
Más al sur, en la Región del Bío Bío, el fiscal regional subrogante, Julio Contardo, afirmó que en Coronel se solicitó la formalización de un sostenedor y dos funcionarios, que se desempeñan en establecimientos. "Es una investigación compleja que se desarrolla en la comuna de Coronel hace aproximadamente dos años y que está llegando al momento de las formalizaciones de algunos imputados", puntualizó.
Además, dijo que la investigación también partió mediante una denuncia de la Contraloría.
Frente a estos hechos, el Seremi de Educación de la Región del Bío Bío, Rodrigo Martínez, aclaró que este caso involucra al sostenedor Rodrigo García -propietario del colegio de la Escuela de Trastornos de la Comunicación Domingo Parra, de Coronel- quien será formalizado por irregularidades en la entrega de subvenciones escolares que estarían relacionadas con adulteraciones en los libros de asistencia.
Ex consejeros
Quienes formaron parte del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que culminó sus funciones el año pasado, también entraron en el debate tras hacerse público que las irregularidades no se restringen sólo a la Región Metropolitana.
"Tengo la certeza que estas situaciones ocurren en todo el país, porque es el sistema el que permite que sucedan ilícitos como estos", sostuvo el ex presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez.
A su juicio, "existen antecedentes de irregularidades a nivel nacional y estos fueron informados en su momento al Ministerio de Educación, por lo tanto, la ministra Yasna Provoste no puede señalar de forma tan tranquila que no hay responsabilidades".
Por su parte, el tesorero del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, fue mucho más allá al poner sobre la mesa una serie de casos puntuales.
"El año pasado informamos a la ministra Provoste y a la subsecretaria Pilar Romaguera sobre irregularidades en la Sociedad Sodec Limitada. En este caso, a pesar de que habían caducado en mayo de 2006 los contratos en los dos colegios que formaban parte de esta sociedad, se entregaron subvenciones hasta diciembre de ese año", dijo Vásquez, quien también criticó la forma con que las autoridades abordaron este caso, al señalar que "nunca se hizo nada ante la apropiación indebida de estas personas".
Además, el dirigente gremial pidió la intervención del Seremi de Educación de la V Región.
Más sorpresas
El alcalde de La Florida y también ex integrante del Consejo Asesor, Pablo Zalaquett, señaló que "el informe que ya dio a conocer la Contraloría fue muy categórico, pero sólo aborda una etapa preliminar, por lo tanto es muy probable que nos encontremos con más sorpresas".
Zalaquett coincide con quienes plantean que estas irregularidades se conocían hace mucho tiempo. "No quiero enjuiciar, pero siempre se ha sabido que la fiscalización del Ministerio de Educación es mala. Ahora, si eso está vinculado con irregularidades y con que en las fiscalizaciones se hace la vista gorda o arreglines ante estas situaciones, eso lo va a tener que ver la justicia", afirma el alcalde UDI, dijo.
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(Publicado : 21/2/2008, 5:0 horas)
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