Mientras se denunció la sustracción de equipos mineros en Salvador, donde se bloqueó el acceso con gigantescos camiones y se suspendieron las labores en El Teniente, parlamentarios oficialistas acusan de intransigencia al ministro de Hacienda y al presidente ejecutivo de la cuprífera.
| lanacion.cl |
Cuesta arriba sigue el conflicto entre los trabajadores subcontratados y la cuprífera estatal, registrándose desmanes que hacen evaluar al gobierno la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, en una huelga que hoy ya cumple 34 días.
Así lo ratificó el ministro del Interior, Belisario Velasco, quien sostuvo -ante la consulta de recurrir a esta norma- que "no descartamos nada, pero tampoco amenazamos con nada", sentenciando que se aplicarán "oportunamente las leyes que corresponden".
Por la tarde, el jefe de gabinete ratificó sus dichos tras reunirse con dirigentes de los trabajadores de planta de la división El Teniente, que mantienen paralizadas las faenas a la espera de mayor seguridad y resguardo a su integridad física.
En la oportunidad, junto con rechazar las críticas hacia el manejo del orden público de la cartera, detalló –como una señal concreta del trabajo de seguridad que se está realizando- que ya fueron identificadas tres personas que quemaron nueve buses en la división El Teniente y "se les está buscando para ser entregados a la justicia" .
Las declaraciones del encargado del orden público se producen en momentos en que el conflicto y cuando en Salvador, el gerente general Julio Cifuentes denunció la sustracción de cuatro equipos mineros de alto tonelaje desde el garage de la mina, atribuyendo la acción a los trabajadores contratistas que tienen paralizada la producción de esta división, en tanto el bloqueo del acceso se lleva a cabo con dos camiones de 140 toneladas de capacidad y un cargador frontal que son parte del equipo robado.
La acción se suma a la sustracción -durante la semana pasada - de un cargador que fue utilizado para remover material y bloquear los caminos a las faenas, además de la pérdida de una camioneta contratista, un camión de mantención desaparecido desde el jueves y la pérdida de unos 1.200 litros de petróleo, daños constatados ante notario.
Cifuentes subrayó que estos hechos "exponen la integridad de las personas y el patrimonio de la empresa que pertenece a todos los chilenos", argumento que podría ser el eje de una intervención del gobierno en términos de seguridad.
Pérdidas en El Teniente
En la Sexta Región, El Teniente apenas mantiene los equipos con 400 trabajadores, pues Codelco suspendió operaciones ante los "riesgos" de las protestas de subcontratados.
La suspensión de estas faenas implicará para la estatal pérdidas por US$ 9 millones diarios, según precisó el vicepresidente corporativo de Servicios Compartidos, Daniel Barría, quien en entrevista con TVN precisó que este monto se suma a los "40 millones de dólares que ya se habían perdido".
Sostuvo que además el descarrilamiento de un tren de carga metalero registrado en la madrugada del jueves en la División Andina corresponde a un sabotaje atribuible a los huelguistas. "No fue un accidente, o sea se ha encontrado al menos en dos partes que el riel ha sido cortado con maquinaria especial destinado a provocar el sabotaje", indicó, explicando la labor de un fiscal especial.
Críticas a Hacienda y Codelco
En tanto, nueve diputados oficialistas lanzaron ayer una dura crítica al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, a través de una declaración pública en que los acusan de estar "cortados con la misma tijera" y de actuar con "intransigencia e irresponsabilidad".
Apuntan en la nota que en Codelco se "han utilizado las mismas prácticas antisindicales de la dictadura, amenazando y dividiendo al movimiento sindical. Han desplegado toda su artillería tecnocrática para impedir concesiones razonables, lo que resulta paradójico con los altos precios del cobre y los miles de millones de dólares acumulados en las cuentas de Codelco y en la caja fiscal".
El documento, suscrito por los socialistas Sergio Aguiló y Marco Enríquez-Ominami, los DC del ala colorina Jaime Mulet, Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda, Carlos Olivares y Carolina Goic, y los PPD René Alinco y Tucapel Jiménez, señala que Arellano y Velasco son "neoliberales de pura cepa, preocupados exclusivamente de entregar indicadores de buena conducta al FMI, a las corporaciones transnacionales y a la banca internacional".
Por ello subrayaron que ambos "se han convertido en una pesada mochila para la Presidenta Bachelet", solicitando a la Mandataria que atienda directamente las demandas de los trabajadores y que " no les crea a Velasco y Arellano, pues ellos arriesgan su gobierno a enfrentamientos fratricidas".
Asimismo, el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, acusó a Codelco de agudizar el conflicto e intentar dividir las fuerzas de los trabajadores, rechazando la declaración de trabajadores de planta de El Teniente, que llamaron a las bases a suspender las faenas hasta que se dieran las condiciones de seguridad para trabajar.
Esto es producto de la acción de los altos ejecutivos de la minera, según el dirigente, quien dijo que "pretenden provocar un encontrón entre trabajadores", lo mismo que "tratar de quebrar a la Confederación".
En tanto, el máximo dirigente de la CTC, Cristián Cuevas, se desplazó ayer desde Calama hasta Rancagua para reunirse con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, a quien agradeció el pronunciamiento de la Iglesia respecto al conflicto.
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