En espera un sector que podría profesionalizar el trabajo temporal
Diputado Eugenio Tuma asume que la Comisión de Agricultura no ha tratado el caso. En tanto, el gremio que agrupa a las intermediadoras laborales cree que si operan en el agro su labor podría ser considerada como "simulación de subcontratación".
| La Nación |
Patricio Ojeda
A pesar de que el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales han evaluado positivamente la implementación de la ley de subcontratación y sólo algunos puntos continúan como focos de incumplimiento, existen sectores que aún no tienen una interpretación clara de la norma que comenzó a regir el pasado 14 de enero.
Ese es el caso de la industria del agro, que mueve más de 500 mil empleos en el período estival por el levantamiento de cosecha o de "enganche", pero cuyas condiciones de trabajo siempre han sido cuestionadas por la autoridad laboral.
El tema es relevante, por ejemplo, en los Tratados de Libre Comercio, pues en ellos se hace hincapié en la mejora de las condiciones laborales para cumplir, entre otros, con los estándares internacionales de exportación de frutas.
Según las empresas de servicios transitorios -que ofrecen una profesionalización de este rubro y mejoras en las condiciones de trabajo de los "temporeros"- la ley no aclara cuándo los contratos son temporales o si se transforman en permanentes, debido a que los trabajos en el campo se realizan en igual fecha año a año, por lo que serían labores permanentes y no ingresarían en la categoría de la subcontratación.
Para Alberto Finlay, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas de Administración y Externalización de Recursos Humanos (Agest), es necesario que el sector se regule para que se termine con la práctica de los "enganchadores", que se dedican a recolectar a la gente y el proceso se torne más profesional. "Con esto podemos facilitar el trabajo del predio, porque nosotros administramos las personas y los trabajadores obtienen lo que les corresponde. Hay una serie de temas para discutir como seguridad laboral, problemas financieros, inversión. Ese desarrollo debe darse de forma gradual y no de un día para otro", comenta.
Similar opinión tiene Rudolf Lobel, director general de la empresa de servicios transitorios Best Select Chile: "la ley dejó afuera el tema agrícola donde la realidad del levantamiento de la cosecha es por subcontratación". Respecto al ingreso al negocio con el marco legal existente el empresario es claro: "se puede entrar en cualquier forma porque hay una ley, pero en el campo no quedó definido cómo hay que manejarse. Ese fue un defecto grande porque el sector abarca a más de 500 mil personas y es increíble cómo al Poder Legislativo se le escapó", dice.
-¿Cómo se puede beneficiar el dueño de un fundo con una empresa de intermediación laboral?
-Nosotros operamos como un servicio y se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, usar a los expertos, a los mismos "enganchadores" de cada área. La experiencia nos indica que en los países donde hemos trabajado, se cambió en un 100% la óptica y la gente comenzó a tener un equipamiento más moderno y seguro, lugares de descanso limpios y un pago justo, señaló Lobel.
Por su parte, Finlay cree que las interpretaciones de la ley cierran toda posibilidad de que sus asociados se involucren en los campos chilenos. "Hay diferencias de interpretación y aún tenemos que conocer cómo se aplica la ley porque si no, nos estaríamos exponiendo a una acusación de simulación de subcontratación con todas las multas que eso acarrea. Ingresar ahora es altamente riesgoso", sentenció
"No se trata el tema"
Otro que se mostró partidario de clarificar las normas fue el diputado (PPD) Eugenio Tuma, integrante de la Comisión de Agricultura. "Sin duda en el campo debe operar una ley de subcontratación para proteger y medir la precariedad de los trabajadores y sus derechos laborales", dijo.
A su juicio, existen diferentes visiones de la ley porque "se hizo pensando en la industria. El síntoma que motivó establecer una ley de subcontratación fue que las empresas de retail tenían el 90% de sus trabajadores con contratos con terceros, cosa que no se ha detectado necesariamente en el mundo rural, pero que sí ocurre. Entonces hay que mirar qué pasa, porque si ya es difícil fiscalizar la ley laboral, mucho más va a ser fiscalizar los derechos laborales para terceros", sostuvo.
En todo caso, reconoce que entre los legisladores aún no se estudian indicaciones a la ley que hablen concretamente de la tercerización en el agro. "Aún no se trata el tema en particular, pero sí hay muchos parlamentarios que estamos preocupados de que la comisión o en algún seminario en la Cámara abordemos con una mirada más agrícola, más rural, la ley de subcontratación", comenta el diputado, quien estimó que a más tardar a fin de año el Congreso se pronunciará sobre este tema. LN
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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