Energía renovable El Gobierno ha presentado un proyecto de ley sobre energía renovable no convencional (ERNC), que obliga a que el cinco por ciento de la electricidad comercializada tenga esas características. Las empresas generadoras tendrán que acreditar que cumplen esta norma, y los déficit de esta energía se multarán a una tasa equivalente a 25 dólares por megawatt, lo que equivale al 50 por ciento del valor de largo plazo de la electricidad. Con la nueva ley, la ERNC podría llegar a ser hasta 50 por ciento más cara que la electricidad generada por medios convencionales. Es posible que las alzas sean menores, ya que la competencia entre los proveedores podría reducir su costo. Esta medida tiene más de cumplimiento de promesa electoral a los grupos de presión ecologistas que de lógica económica, ya que es un impuesto a los consumidores para satisfacer las preferencias ambientales de algunos. En el mensaje del proyecto se señala que una mayor participación de ERNC creará una economía más sustentable, pues "pues ellas son menos invasivas para el medio ambiente que las fuentes tradicionales de generación eléctrica, producen escasa o nula contaminación atmosférica local, son compatibles o complementarias con otras actividades económicas, permiten un desarrollo descentralizado y regional del sector energía, y contribuyen a mitigar los efectos que el consumo energético mundial está teniendo en el clima del planeta". Su definición de ERNC no incluye a la hidroelectricidad, salvo en plantas de pequeña escala, pese a que cumple todas las condiciones, excepto la de ser poco invasiva. El mensaje también señala que este subsidio a las energías renovables permite que el sector eléctrico aprenda las nuevas tecnologías y adquiera confianza en ellas, lo que reduce su costo futuro. Sin embargo, la ley tiene una vigencia de 20 años, por lo que el subsidio implícito a las ERNC es casi permanente y no corresponde a un período de aprendizaje. En vez de imponer a toda la sociedad el costo de medidas para contentar a ciertos sectores, sería más democrático preguntar a los usuarios si están dispuestos a pagar por disponer de ERNC. Aquellos que acepten pagarían más por la electricidad, pero los clientes-empresas podrían invocarlo en su publicidad, y los clientes residenciales, para expresar sus posiciones ambientales. |
Posteado por El Mercurio a las Abril 16, 2007 07:24 AM | |
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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