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La implantación de un nuevo sistema de transporte público en Santiago mantiene al gobierno de Michelle Bachelet sumido en la más grave crisis política y social desde que la Concertación asumió el poder en 1990, según fuentes locales. La Moneda está viviendo en un virtual "estado de emergencia", en busca de respuestas a la crisis política y social en que ha derivado el ambicioso intento de reformar, modernizar y racionalizar el sistema de transporte público en la Región Metropolitana. El cambio radical de una malla de recorridos que cubrían casi toda la ciudad con rutas que la cruzaban de extremo a extremo, por un sistema de buses troncales y alimentadores que obligan a realizar numerosos trasbordos, provocó un fuerte malestar social. "Es la emergencia social más exigente que hemos tenido como gobierno de la Concertación" de Partidos Por la Democracia, dijo el senador socialista Jaime Gazmuri, y recordó que la crisis provocada por el sistema Transantiago afecta al 40 por ciento de los chilenos. Desde su implantación el 10 de febrero pasado, luego de varias postergaciones, el plan trazado durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) ha sufrido numerosas transformaciones para tratar de corregir las falencias que presenta. Largas filas de usuarios en distintos puntos de la ciudad y buses repletos por su escasa frecuencia, y un metro (ferrocarril subterráneo) que de orgullo de la ciudad devino en un servicio colapsado, son algunas de las consecuencias del Transantiago. Según cifras oficiales, el pasado año el Metro de Santiago transportó hasta 1.3 millones de pasajeros por día, pero la cifra subió este año -a raíz del Transantiago- a 2.3 millones de usuarios, lo que ha obligado a cerrar estaciones por exceso de público. "Pocas veces un tema que es responsabilidad de gobierno ha afectado de manera tan directa, y para mal, la vida cotidiana de mucha gente", señaló Gazmuri en declaraciones a un medio local. Las casi 200 de manifestaciones de protesta contra el Transantiago registradas desde febrero pasado en esta capital tuvieron repercusión inmediata en encuestas de opinión que reflejan una fuerte baja en el nivel de aceptación de la presidenta Bachelet. Los sondeos publicados esta semana por los diarios El Mercurio y La Tercera confirmaron una baja en la popularidad de Bachelet de un 5.0 y un 6.0 por ciento, de modo respectivo, en sÓlo tres semanas, y de 22.5 puntos en los 12 meses de su gobierno. Pero lo peor, según fuentes del oficialismo, es que de acuerdo al sondeo del diario La Tercera, un 71 por ciento estima que Bachelet ha mostrado "poca autoridad" como presidenta. Además, un 61 por ciento de los consultados afirmó tener "poca o muy poca confianza en sus habiliades para manejar una crisis", y un 56 por ciento dice que no ha demostrado capacidad para tomar decisiones por si misma". Pero las críticas no provienen sólo de la oposición política, sino que surgen también desde la propia coalición gobernante, algunos de cuyos exponentes han planteado incluso la necesidad de un cambio de gabinete para intentar solucionar el problema. El senador socialista, Ricardo Nuñez, que acompañó a la presidenta a México, Guatemala y Panamá, pidió el viernes desde este último país, un cambio de gabinete "ojalá la próxima semana". Por su parte el diputado Pablo Lorenzini, ex jefe de la bancada de la también oficialista Democracia Cristiana, la emprendió contra el Ministro del Interior, de su mismo partido, Belisario Velasco. "Si en 90 días no está solucionado (la crisis del Transantiago), Don Belisario, búsquese pega (trabajo) y llévese consigo a los que a usted también le fallaron", dijo. El senador socialista Alejandro Navarro, en tanto, presentó ante los Tribunales de Justicia dos recursos de protección en favor de los usuarios del Transantiago y pidió medidas cautelares en contra del Administrador Financiero y operadores del sistema. El ministro Velasco descartó el domingo, por el momento, un cambio de gabinete, señalando que esta es una decisión exclusiva de la presidenta Bachelet, pero anunció que "se está buscando una persona para que sea la autoridad metropolitana de transporte". Una de las principales preocupaciones de las autoridades del orden público es que el malestar y la agresividad que se manifiesta en usuarios del transporte público se traduzca el próximo jueves en acciones violentas, al conmemorarse el "Día del joven combatiente". Ese día, organizaciones políticas minoritarias, agrupaciones barriales y estudiantes recordarán la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, el 29 de marzo de 1985, víctimas de la represión policial durante la dictadura militar (1973-1990). |
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