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Gastón Flores Según Zarko Luksic, en el Presupuesto 2007 existe una partida destinada a fortalecer la infraestructura informática de la Dirección del Trabajo. | ||
Subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic
“La Dirección del Trabajo sí será capaz de ejecutar la ley de subcontratación”
Según la autoridad, cuando entre en vigencia la norma legal, la repartición pública estará preparada para enfrentar la demanda por certificaciones que implicará la ley. Además, dijo que se velará para que la nueva legislación no obstruya el cumplimiento de los pagos para las pymes.
La Nación |
Raúl Rivera
Una de las entidades clave para poner en marcha la recién promulgada ley de subcontratación es la Dirección del Trabajo. Esta institución será la encargada de certificar -junto a otros “medios idóneos” que establecerá la autoridad- que las empresas contratistas están cumpliendo con las obligaciones laborales de sus empleados. Por esta razón, tajante es la respuesta del subsecretario de la cartera del Trabajo, Zarko Luksic, ante los cuestionamientos a la capacidad del sistema público para cumplir con las exigencias de la nueva legislación y hacer frente al aumento de solicitudes que se espera una vez que la ley entre en vigencia, el próximo 14 de enero.
“Categóricamente digo que no es así. La Dirección del Trabajo está preparada para recibir una demanda de esta naturaleza y para el próximo año ya tendrá un sistema en línea para que los certificados se entreguen de manera muy rápida”, recalca Luksic, enfatizando el diálogo que el Ministerio ha tenido con diferentes sectores para lograr la adecuada aplicación de la norma.
ACCIONES
-¿Qué medidas se han adoptado para que la Dirección del Trabajo cumpla satisfactoriamente su rol?
-Hay una partida en el Presupuesto 2007 destinada a fortalecer tanto la infraestructura de carácter informática, como también capacitación para los distintos inspectores y funcionarios de la Dirección del Trabajo, para poder dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la ley de subcontratación. Por otro lado, la ley incluye la posibilidad de establecer medios idóneos para la certificación, medios que deberán ser regulados a través de un reglamento, que hemos discutido con la Dirección del Trabajo.
-¿Qué alcances tiene ese reglamento?
-Establece que pueden existir otras entidades que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales. Obviamente éstas pueden ser privadas, pero deben cumplir con una serie de requisitos. El encargado de determinar y hacer respetar esta norma de certificación es el Instituto Nacional de Normalización (INN)
-entidad privada, pero que depende de Corfo- y estas directrices obligatorias serán a las que estarán sujetas todas las certificadoras.
-¿Cuáles serán las exigencias para estas entidades?
-Las exigencias para ser certificadoras son bastante draconianas. Deben ser absolutamente independientes de la empresa contratista que va a certificar; deben tener experiencia y cumplir con requisitos técnicos; y en tercer lugar, el INN establece un procedimiento de sanción si existen irregularidades o no cumplen con su tarea, como una amonestación, suspensión de la certificadora e incluso la caducidad del registro.
Hoy día, los certificados que emite la Dirección del Trabajo están en torno a los 152 mil. Creemos que va a existir un aumento de 20% a 30% en el número de certificados, pero pensamos que mucha de esta demanda será resuelta a través de estas certificadoras privadas. Esperamos que las compañías de mayor tamaño -ligadas al ámbito minero, de la construcción, grandes tiendas comerciales- y todas sus empresas encadenadas, elijan estas certificadoras.
-¿Existe alguna recomendación por parte de la autoridad para que las grandes empresas privilegien las certificadoras privadas?
-Estamos invitándolos, pero esto es absolutamente voluntario. Claramente sugerimos a las grandes que escojan las certificadoras reconocidas a través del sistema de INN, y que les dejen el espacio en la Dirección del Trabajo a las pequeñas empresas.
-¿Y qué pasa con el cobro que harán las certificadoras privadas?
-El costo de los certificados que emitan los privados los va regular el mercado. La empresa determinará si el plazo legal de ocho días que tiene la Dirección del Trabajo para entregar el certificado se compensa o no con el cobro que realiza la certificadora.
-¿Es factible una marcha blanca de la ley de subcontratación?
-No lo hemos pensado, pero la marcha blanca de la ley es ahora, con su publicación, porque hay noventa días para que entre en vigencia y para que los diferentes actores se preparen. Y esperamos que el 14 de enero estén en absoluta convergencia tanto la Dirección del Trabajo como estas certificadoras.
PYMES
-¿Cuál ha sido la respuesta de las grandes empresas ante la promulgación de la ley?
-Hubo una gran campaña en cuanto que esta ley iba a romper la cadena de pagos, iba a afectar a la economía, disminuir la inversión, iba a poner la productividad en juego, pero no paso nada. Con el veto presidencial logramos un buen acuerdo de las partes y hemos trabajado bien el reglamento, por lo tanto creo que muchas de esas nubes negras se han ido despejando. Hay algunos aspectos de carácter interpretativo que vamos a ir arreglando.
-¿Cuál es el tema que más preocupa al comité de seguimiento que estará encargado de velar por la adecuada ejecución de la ley de subcontratación?
-Como subsecretario del Trabajo estaré encargado de este comité y si hay un tema del que hay preocuparse son las pequeñas empresas, para que efectivamente puedan cumplir con sus obligaciones laborales. Lo que no puede pasar, y en eso vamos a estar vigilantes, es que el cumplimiento de las obligaciones a través de la certificación signifique una obstrucción en el cumplimiento de los pagos. O sea, debemos estar atentos a que producto de esta nueva exigencia que tienen las pymes de certificar que cumplen con sus trabajadores, empiecen los subterfugios de los grandes para no pagar. Entonces, tenemos que facilitar esos flujos, para que sean absolutamente virtuosos y no afectemos a las más pequeñas.
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