COMISIÓN DE HACIENDA DESPACHÓ SIN VOTOS EN CONTRA PROYECTO QUE CREA ADMINISTRADOR PROVISIONAL
Publicado el 15 de mayo del 2014
La instancia ratificó por nueve votos a favor y cuatro abstenciones el mismo texto despachado por la Comisión de Educación. El proyecto será visto por la Sala el próximo martes 20 de mayo.
Con la presencia del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y del Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 9333) que crea las figuras de administrador provisional y de cierre para instituciones de educación superior y que fija regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
La instancia tuvo que pronunciarse respecto de seis artículos de la propuesta legal relativos a materias propias de su competencia, los cuales fueron ratificados por nueve votos a favor (ocho diputados de la Nueva Mayoría más el diputado RN Diego Paulsen) y cuatro abstenciones, todas provenientes de diputados de la UDI.
El Ministro Eyzaguirre agradeció el expedito trabajo de los diputados, tanto de la Comisión de Educación como de Hacienda, y muy particularmente la conducción de sus presidentes, diputados Mario Venegas (DC) y Pablo Lorenzini (DC), respectivamente. Destacó que en ninguna de las dos instancias hubo votos de rechazo al proyecto, lo que estimó es una buena señal y una verificación del sentido de fondo de la propuesta. "Se entendió bien que el único interés del Gobierno es proteger los derechos de los estudiantes", puntualizó.
Estimó que, en la medida que se avance con celeridad en el trámite legislativo, se podrá dar una señal de tranquilidad a decenas de miles de estudiantes que hoy pueden estar sintiendo inseguridad respecto de la continuidad de sus estudios.
El diputado Lorenzini recordó que la recién despachada reforma tributaria (desde la Cámara) contempla recursos, justamente, para sustentar la reforma a la educación, respecto de la cual este proyecto es parte inicial.
Destacó el trabajo efectuado y la colaboración del sector opositor para trabajar en conjunto y resaltó que el Ministro de Educación estuvo asequible a muchas de las indicaciones presentadas por los legisladores. Adicionalmente, anunció que la Sala de la Cámara de Diputados analizará este proyecto el próximo martes 20, con lo cual se espera cumplir con el compromiso con la Presidenta Michelle Bachelet.
El diputado Manuel Monsalve (PS) valoró que este proyecto permita la introducción de administradores provisionales y de cierre en establecimientos de educación superior, de modo de evitar situaciones como las vividas con la Universidad del Mar (UDM), en donde miles de estudiantes quedaron en estado de abandono respecto de sus proyectos estudiantiles.
"Frente a situaciones de crisis económica, académica o administrativa de las instituciones, el Estado chileno va a poder garantizar a los estudiantes la continuidad de sus estudios, eso es muy importante en el marco de garantizar el derecho a la educación", planteó.
El diputado Felipe De Mussy (UDI) reconoció que existe un problema y que es preciso abordar cambios en el sistema, sin embargo, criticó la celeridad que se le impone al debate, restando opciones a la discusión de modificaciones a texto legal. "No va a salir un proyecto tan bueno como podría haber sido", estimó.
Sostuvo que la actual redacción mantiene una suerte de discrecionalidad a favor del Estado, ya que será el Gobierno de turno el que podrá elegir a los administradores, por lo que se mostró partidario de fijar órganos intermedios que puedan hacer dicho trabajo. Además, consideró que tampoco existe mucha claridad respecto de los recursos involucrados.
Precisiones en el Debate
En la sesión de hoy, el Ministro Nicolás Eyzaguirre explicó a los diputados algunos puntos del proyecto que fueron observados tanto en la jornada de hoy como durante el trámite en la Comisión de Educación, específicamente, el tema de la revisión de los contratos, la forma en que operará el sistema y los recursos estatales involucrados.
Respecto del primer punto, reconoció que la regla habitual es que los contratos se resuelvan entre privados, pero recordó que cuando hay derechos ciudadanos envueltos y está en juego la fe pública, el Estado debe hacerse responsable de las eventuales consecuencias de la interrupción de los servicios entregados por los prestadores. En este plano, acotó, se explica la participación de un administrador provisional, figura ya vigente para las Isapres, AFPs y bancos, que posee esta facultad de revisar contratos firmados por la entidad intervenida.
Indicó que la idea original era poner en discusión qué derecho era el que predominaba, si el de los estudiantes o el de los acreedores sobre la universidad, en virtud de contratos ya celebrados (entendiéndose que ambos se oponen en una situación de crisis), pero resaltó que finalmente se optó por acotar la opción a lo establecido en el Código Civil, es decir, definir que los contratos serán revocables cuando sean "maliciosos", calificación que debe ser sancionada por un juez de la República.
"Hay posibilidad de revocar contratos vigentes que hayan sido celebrados con anterioridad, si y solo si, se prueba judicialmente que es un contrato malicioso", precisó.
En cuanto a la forma en que operará el nombramiento de un administrador provisional, informó que, tras evaluar en su mérito una determinada denuncia, la División de Educación Superior del Ministerio podrá proceder a una investigación del establecimiento, debiéndose notificar sobre el respecto al investigado (hoy no es obligatoria este requisito). Luego, se abre una opción para los descargos del afectado que, de desestimarse, podrá impulsar una de las siguientes opciones: sobreseer el caso; dar un plazo de 120 días para que la institución supere los problemas detectados; o promover una presentación ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) para solicitar la designación de un administrador provisional o de cierre.
Precisó que, tras un acuerdo alcanzado con los diputados de la Comisión de Educación, se definió que el CNE deberá aprobar la designación de un administrador provisional con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese efecto. Además, se posibilitó que esta instancia, antes de dar su aprobación a la medida, efectúe audiencias donde el imputado justifique sus actos.
Finalmente, en materia de recursos, el Ministro y el Subsecretario Micco aclararon que el costo de implementar un administrador será de cargo de la institución intervenida y sostuvieron que sólo se utilizarán recursos fiscales para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos, una vez que se haya verificado este costo excede a los recursos vigentes del establecimiento.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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