Operación cascadas
La impunidad en este caso es enteramente inaceptable. Queremos que quienes dañen el patrimonio de los trabajadores -pues estas operaciones afectan los ahorros que ellos tienen en las AFP- no sólo paguen elevadas multas, sino que restituyan lo perdido.
por Ximena Rincón y Ricardo Solari - 22/11/2013 - 04:00
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LA PRESENTACION de cargos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a propósito del caso de venta y compra de acciones por parte de los socios controladores de Soquimich -provocando efectos negativos para los minoritarios-, ha reabierto con fuerza la discusión respecto del resguardo del patrimonio de aquellos que invierten en sociedades anónimas abiertas y, en particular, de los fondos de pensiones. La acción de la SVS es un buen comienzo, las eventuales acciones judiciales también podrán hacer su parte, pero lo más importante es que se requiere estimar con precisión las pérdidas para los fondos de pensiones en las operaciones denunciadas por la SVS. Para ello necesitamos que la Superintendencia de Pensiones haga lo que hasta el momento no ha hecho: estimar esas pérdidas y señalar un camino que indique con claridad cómo éstas serán resarcidas.
Determinar cuánto dinero han perdido los trabajadores con el "caso cascadas" y dictar instrucciones para evitar que estos casos se repitan es una urgencia para el sector público y, en particular, para la Superintendencia de Pensiones. Queremos, en este caso, una actuación oportuna y enérgica, que marque un precedente respecto de lo que no se puede hacer con el dinero de los afiliados al sistema de AFP.
Por eso, llegó la hora de poner los puntos sobre las íes. Acá, el tema de fondo es que la realización de operaciones bursátiles irregulares, según lo señalado por la SVS, tendrá consecuencias en las jubilaciones de los trabajadores chilenos. Aquello no debe ser minimizado.
No es primera vez que los cotizantes pierden patrimonio por responsabilidad de terceros, por negligencias o fraudes, lo que deja estos ahorros en una situación de vulnerabilidad. Esto no puede continuar. Ya ocurrió en el caso La Polar. No queremos que se repita. La impunidad en este caso es enteramente inaceptable. Queremos que quienes dañen el patrimonio de los trabajadores no sólo paguen elevadas multas, sino que restituyan lo perdido, para que nunca más un tema tan sensible sea visto como una forma fácil y poco riesgosa de hacer dinero.
Se requiere, además, que el Presidente de la República, en la condición que sea (afectado o beneficiado), aclare su participación en esas transacciones. Sebastián Piñera, sin que nadie se lo preguntara y ratificando su largo recorrido de conflictos de interés, dijo tener pérdidas en estas operaciones. Piñera señaló, además, que fue el primer Presidente en Chile en hacer una declaración de patrimonio y constituir un fideicomiso ciego. Sin embargo, aquello es efectivo sólo a medias. Tal declaración no cubre el total de sus inversiones. Es injustificable que la declaración de patrimonio e intereses de Sebastián Piñera esté incompleta.
La demanda actual de la sociedad chilena en materia de transparencia y respeto del interés público es, afortunadamente, muy alta. Y todas las autoridades deben estar a la altura de esa exigencia. En este caso, ello significa una actuación oportuna de la Superintendencia de Pensiones y total claridad por parte del Presidente de la República.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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