Señor Director:
Me parece oportuno exponer los errores en los que incurre Clarisa Hardy respecto de la trayectoria de la reducción de la pobreza y la desigualdad en Chile, en una columna publicada en estas páginas el pasado lunes.
En primer lugar, en una señal que se acerca al totalitarismo, le atribuye exclusivamente a la izquierda el propósito de combatir la pobreza y la desigualdad, asegurando que la derecha contrapone ese objetivo al crecimiento económico. Prácticamente nadie, salvo la izquierda más radicalizada, persiste en negar la estrechísima relación entre crecimiento económico y disminución de la pobreza y la desigualdad, relación que, por cierto, confirman por sí solos los resultados históricos de la encuesta Casen.
Veamos cuál fue en esta materia la trayectoria de los gobiernos de la Concertación. En el año 1990 el índice 10/10 para los ingresos monetarios era de 27,1; en el año 2009 el mismo índice era de 25,9. Es decir, en dos décadas, pese a la progresiva ampliación de la red de protección social, a los numerosos bonos que se distribuyeron y al elocuente discurso de la izquierda prometiendo igualdad, la brecha entre los chilenos más ricos y los más pobres prácticamente no experimentó variación.
Si analizamos el índice 10/10 para los ingresos autónomos -es decir, aquellos en los que se han desagregado las ayudas monetarias que entrega el Estado a las familias más vulnerables-, el panorama es todavía más sorprendente. En 1990 los ingresos de los estratos más altos eran 30,5 veces más que los percibidos por los estratos más pobres; la encuesta Casen de 2009 nos indicó que, durante el gobierno de Michelle Bachelet -en el que Hardy se desempeñó como ministra de Mideplan- la brecha se expandió todavía más, aumentando esa diferencia a 46.
¿Qué datos arrojó la encuesta Casen 2011? Que además de recuperar la capacidad de reducir la pobreza, en Chile la desigualdad retrocedió, cayendo la diferencia entre los más ricos y los más pobres de 25,9 a 22,6, la cifra más baja desde que se realiza la medición; y reduciéndose esa desigualdad respecto de los ingresos autónomos de 46 a 35,6.
Aunque el ex gabinete de la anterior administración insista en negarlo, sembrando dudas y exponiendo indicadores en forma mañosa, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha demostrado con hechos que es posible avanzar en el imperativo ético de combatir la pobreza y la desigualdad, que todavía golpea a miles de familias chilenas, sosteniéndose en los mismos pilares que Clarisa Hardy trivializa: crecimiento económico cercano al 6%; impulso al empleo, especialmente en los grupos vulnerables; aumento de la inversión en todos los niveles de la educación y capacitación; y políticas sociales focalizadas, como el Ingreso Ético Familiar, que a diferencia del asistencialismo de la Concertación, confían en la capacidad de superación de los más pobres.
PATRICIO MELERO A.
Diputado UDI
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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