Nuevo sistema de financiamiento exigirá a planteles tres años de acreditación
Actualmente, las universidades sólo deben estar acreditadas para recibir el beneficio.
por Carolina Araya
Ampliar Serán 240 mil los estudiantes quienes podrán aspirar al nuevo sistema de crédito para la educación superior: 160 mil de planteles técnicos, y 80 mil de universidades tradicionales y privadas. Esa es la cifra que estima el Mineduc al año de los alumnos que podrán acceder a este beneficio una vez que entre en vigencia la nueva ley de financiamiento estudiantil, firmada ayer por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
El proyecto que elimina la participación de la banca privada en el modelo unificará el Fondo Solidario que se les entrega a los estudiantes de las universidades tradicionales a una tasa del 2% y el Crédito con Aval del Estado, al que tienen acceso los alumnos de todos los planteles con una tasa de 6%. El nuevo sistema tendrá un interés de 2% y no considera período de gracia, ya que se realizará el pago una vez que el egresado comience su vida laboral y este será contingente al ingreso, con una cuota mensual que no supere el 10% de la renta (ver infografía).
Sin embargo, para que los futuros estudiantes puedan tener acceso, el proyecto impone ciertas condiciones de acreditación. Según el documento, las instituciones de educación superior deberán contar con al menos tres años de certificación. Este planteamiento tiene directa relación con la ley de aseguramiento de la calidad que enviará el Mineduc a fines del tercer trimestre, ya que en dicho proyecto el gobierno establecerá un esquema en el que no existirán siete niveles de acreditación. "Creemos en casas de estudio acreditadas o no acreditadas y generar una condición intermedia provisoria del orden de los tres años. Por lo tanto, esto es muy consecuente con lo que hemos hablado como política pública, lo que pensamos debería ser el sistema para adelante", señaló el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte.
Los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades que hoy no obtendrían el beneficio, tendrán un plazo de tres años desde que comience a regir la ley para mejorar sus condiciones. Actualmente, 13 instituciones tienen menos de dos o un año de certificación, siete de ellos universidades, dos del Consejo de Rectores: U. Arturo Prat y Utem.
En total, 65 mil alumnos están cursando su educación terciara hoy en planteles con menos de tres años de acreditación o no acreditados, lo que corresponde al 6,5% de matrícula de la educación superior.
Respecto de esto, el rector de la U. de Santiago y vicepresidente del Cruch, Juan Manuel Zolezzi, señaló estar de acuerdo con la medida. "La acreditación tiene que ser un elemento que defina quiénes tienen beneficios estudiantiles y quiénes no tienen, y eso debe estar meridianamente claro desde el principio, cosa que el estudiante sepa que si va a postular corre el riesgo efectivamente de pagar todos los estudios".
Otro de los aspectos que establece el proyecto señala que hoy serán las instituciones las que deberán cubrir la diferencia -con becas o créditos- entre el arancel real y el arancel de referencia (que establece el Mineduc). Este último experimentará cambios, ya que dentro de los puntos que integrará se encuentran la empleabilidad, el nivel de deserción, las remuneraciones de los egresados, entre otras aristas, que hoy no se consideran.
Para los estudiantes del 40% más pobre se deberá cubrir el 100% de la diferencia. Para los estudiantes del tercer quintil, los planteles deberán ayudar a financiar el 50% de la diferencia.
Zolezzi señaló que hoy la brecha promedio en las universidades tradicionales alcanza un "20% a un 25%" y que espera que con la nueva fórmula de medición, esta diferencia disminuya a un 10%.
Ayer, el ministro de Educación, Harald Beyer, señaló que si bien el gobierno estima que "lo más probable es que este sistema empiece a funcionar en plenitud el 2014", espera la voluntad de los parlamentarios para que la ley sea aprobada "lo antes posible".
Saludos
Rodrigo González Fernández
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