ESTO ES GRAVE :
Gobierno: Administración Bachelet conocía casos de falsos exonerados
El subsecretario del Interior entregó un informe a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el que se acredita que las autoridades de la época no solucionaron las irregularidades, a pesar de tener todos los antecedentes.
Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior.
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entregó este lunes un documento que, según el gobierno, confirma que los casos de falsos exonerados políticos denunciados por el Gobierno de Sebastián Piñera eran conocidos desde junio de 2006.
En esa época, la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet no estableció ninguna responsabilidad, a pesar de reconocer las irregularidades, de acuerdo al informe.
Ubilla, quien entregó el documento a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que sigue el caso, informó que el subsecretario del Interior en ese momento, Felipe Harboe, pidió en tres oportunidades investigar las denuncias a la Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, Marta Joignant, quien -según el subsecretario Ubilla -no continuó con las indagaciones.
"Este informe se hizo recién asumida la Presidenta Bachelet y recién asumido en su cargo el subsecretario Harboe, quien, en conocimiento de este informe, que es bastante fuerte, envió una serie de oficios a la directora del programa, quien no se hace cargo de las irregularidades y del desorden administrativo que en este informe aparecen", explicó Ubilla.
"Al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet, nosotros asumimos el programa con las mismas dificultades que ya existían cuatro años antes. Esto nos parece a nosotros de la mayor gravedad, porque se siguieron entregando condiciones de exonerados a personas que no cumplían con ellas, y con una advertencia de la auditoria interna del Ministerio del Interior", agregó el subsecretario.
Respecto a las responsabilidades éticas o penales que puedan caer sobre los responsables de las irregularidades, Ubilla señaló que "aquí hay mucho más que negligencia. Los funcionarios públicos y las autoridades políticas tenemos responsabilidades administrativas, y será el Consejo de Defensa del Estado el que determine si, además, hay responsabilidades penales de otra naturaleza".
Ubilla informó que el ex subsecretario Harboe, tras conocer los antecedentes en junio de 2006, envió dos oficios a Joignant, en octubre de 2006 y junio de 2007, en los que hace ver estas irregularidades.
El último informe fue contestado por la coordinadora, pero sin ninguna novedad. Tras el último requerimiento de Harboe, enviado en octubre de 2007, no continuó el seguimiento de los casos.
"Lo que es más grave, independientemente de las acciones formales u oficios por parte del subsecretario y sus funcionarios, es que no se tomaron las medidas correctivas pertinentes y seguimos con posterioridad a esa fecha, hasta que nosotros asumimos el programa el 2010, con calificaciones de falsos exonerados, que es lo que estamos intentando que se acredite en la instancia judicial", finalizó.
En esa época, la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet no estableció ninguna responsabilidad, a pesar de reconocer las irregularidades, de acuerdo al informe.
Ubilla, quien entregó el documento a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que sigue el caso, informó que el subsecretario del Interior en ese momento, Felipe Harboe, pidió en tres oportunidades investigar las denuncias a la Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, Marta Joignant, quien -según el subsecretario Ubilla -no continuó con las indagaciones.
"Este informe se hizo recién asumida la Presidenta Bachelet y recién asumido en su cargo el subsecretario Harboe, quien, en conocimiento de este informe, que es bastante fuerte, envió una serie de oficios a la directora del programa, quien no se hace cargo de las irregularidades y del desorden administrativo que en este informe aparecen", explicó Ubilla.
"Al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet, nosotros asumimos el programa con las mismas dificultades que ya existían cuatro años antes. Esto nos parece a nosotros de la mayor gravedad, porque se siguieron entregando condiciones de exonerados a personas que no cumplían con ellas, y con una advertencia de la auditoria interna del Ministerio del Interior", agregó el subsecretario.
Respecto a las responsabilidades éticas o penales que puedan caer sobre los responsables de las irregularidades, Ubilla señaló que "aquí hay mucho más que negligencia. Los funcionarios públicos y las autoridades políticas tenemos responsabilidades administrativas, y será el Consejo de Defensa del Estado el que determine si, además, hay responsabilidades penales de otra naturaleza".
Ubilla informó que el ex subsecretario Harboe, tras conocer los antecedentes en junio de 2006, envió dos oficios a Joignant, en octubre de 2006 y junio de 2007, en los que hace ver estas irregularidades.
El último informe fue contestado por la coordinadora, pero sin ninguna novedad. Tras el último requerimiento de Harboe, enviado en octubre de 2007, no continuó el seguimiento de los casos.
"Lo que es más grave, independientemente de las acciones formales u oficios por parte del subsecretario y sus funcionarios, es que no se tomaron las medidas correctivas pertinentes y seguimos con posterioridad a esa fecha, hasta que nosotros asumimos el programa el 2010, con calificaciones de falsos exonerados, que es lo que estamos intentando que se acredite en la instancia judicial", finalizó.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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