Oportuno me ha parecido que el canciller Moreno, ante una reciente Encuesta Bicentenario publicada por "El Mercurio", que refleja un sentir mayoritario contrario a toda entrega de territorio marítimo al Perú, incluso en la hipótesis de un fallo desfavorable a Chile en la corte internacional, haya reiterado una vez más que nuestro país respetará esa sentencia en toda eventualidad.
De más está decir que el pleno cumplimiento de los tratados y de los fallos internacionales es uno de los principios cardinales de la política exterior chilena, que se ha mantenido invariable a través del tiempo en el complejo escenario limítrofe que ha debido enfrentar nuestro país en el curso de su historia. Baste recordar que fiel a ese principio después de la sentencia arbitral de 1994 sobre Laguna del Desierto (y el rechazo de los recursos que interpuso), que nos fue desfavorable y muy doloroso, el gobierno de la época en 1996 acató su cumplimiento, a pesar de que no faltaron los llamados que preconizaban su nulidad.
Pocos años antes, fiel a esta misma tradición jurídica, pudimos protestar con plena certeza moral cuando Argentina rechazó el Laudo Arbitral en el caso del Beagle, cuyo cumplimiento estaba sometido al honor de las dos naciones siendo obligatorio conforme al compromiso de ambas partes.
En el actual diferendo peruano-chileno por el límite marítimo llevado contra nuestra voluntad a la Corte Internacional de Justicia, es preciso recordar que las sentencias de este tribunal son obligatorias (sin perjuicio de los recursos de interpretación y revisión) y que a lo largo de su existencia y de su antecesora, la Corte Permanente, salvo en contadísimas excepciones, sus fallos han sido siempre respetados por la partes. De lo contrario, la parte renuente a acatarla se expone a sanciones de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en el caso de los estados americanos, por parte de la OEA. En resumen, se pondría al margen de la legalidad internacional pasando a ocupar el triste rol de ser un "paria" internacional.
Es más, en el caso de Chile, nuestra firme postura en favor de la intangibilidad de los tratados perdería mucho sustento con esa eventual e impresentable posición.
Cuando mucho se habla de un "post" La Haya, pienso que en el marco de esas reflexiones se debiera dar mayor atención a este preocupante tema que ya se produjo en una encuesta similar en el año 2010 y que evidencia nuevamente que ha faltado una adecuada concientización sobre las consecuencias que acarrearía para el país un desconocimiento de un fallo internacional, aun en el improbable caso de que sea negativo para nuestros intereses.
Jaime Lagos Erazo
Saludos
Rodrigo González Fernández
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