Contralor aclaró ante Comisión Investigadora "ardid" de caso Kodama
Publicado el 15 de julio del 2011
Paso a paso, Ramiro Mendoza informó a los diputados la forma en la cual empleados del SERVIU Metropolitano y del Ministerio de Vivienda (MINVU) buscaron la forma de evitar los controles y concluir en un millonario pago a la empresa.
Un completo informe entregó el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora sobre el caso Kodama, describiendo, paso a paso, el proceso que permitió vulnerar los controles y concretar un pago millonario a la empresa, hecho que el fiscalizador no dudó en llamar "ardid".
Mendoza detalló, temporal y procesalmente, las sucesivas modificaciones que se efectuaron al contrato, firmado en julio de 2006, entre el SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo) de la Región Metropolitana (RM) y Kodama, por 25 mil 567 millones de pesos, para la construcción del Corredor Pedro Aguirre Cerda.
Precisó que el proyecto llegó a sumar 34 mil 49 millones de pesos y una prórroga total para la entrega de las obras de 899 días. Con esto, de los 336 días fijados al inicio, se sobrepasó los tres años y cuatro meses.
Señaló que, mediante un informe, el SERVIU RM dio a conocer los antecedentes de hecho y de derecho que se consideraron frente a las presentaciones de Kodama en la transacción judicial celebrada el 15 de diciembre de 2010, donde se comprometió un pago por 16 mil 636 millones de pesos, cifra menor a los 41 mil 556 millones de pesos demandados ante tribunales.
"Dicho documento, desglosado en doce conceptos de gastos, establece la suma de 14 mil 96 millones como valor referencial del detrimento económico de Kodama. Este monto no resulta justificado de acuerdo con los antecedentes y normativa aplicable", precisó el Contralor.
Recalcó que el citado informe fue confeccionado con posterioridad al acto administrativo que lo autoriza. "Se concluye que el Servicio no contaba con un informe técnico, jurídico o financiero que respaldara el monto del acuerdo. Ello contraviene los principios de racionalidad, transparencia, publicidad y debida fundamentación de los actos de la Administración", concluyó.
Informó que, según el testimonio de la ex contralora interna del SERVIU, el ex subdirector jurídico del Servicio, Rafael Marambio, acordó con la empresa que ésta demandara al SERVIU RM para acelerar el pago, hecho que concordaría con lo señalado en las mesas de trabajo con Kodama, "en las cuales queda en evidencia la voluntad para evadir el control de legalidad de la Contraloría".
"Se advierte la existencia de un ardid para omitir el control de legalidad de la Contraloría y también evitar los controles internos", sentenció.
Destacó que, pese a que Marambio afirmó que se decidió transigir -frente al análisis que el juicio se iba a perder y la condena podría implicar un monto mayor- la aprobación de la transacción consideró sólo exposiciones verbales de asesores; se formalizó sólo 41 días después de la demanda; no presentó evidencia para apresurar el proceso y terminar con el litigio; y se obvió comunicar a la Dirección de Vialidad, mandante de la obra, las reclamaciones de Kodama.
El diputado Juan Carlos Latorre (DC) recalcó que, con las explicaciones del Contralor, quedó claro que con esta transacción se buscó evitar el control de la Contraloría y de la Dirección de Vialidad. "Si la transacción que autorizó la Ministra hubiese sido extrajudicial, habría requerido pasar por Contraloría, en cambio, siendo una transacción que estaba concebida para un acuerdo judicial con la empresa, no", acotó.
Destacó que, para el Contralor y para la Comisión resulta evidente que "el ardid, tuvo lugar en el SERVIU y en el Ministerio de Vivienda", pero indicó que, a juicio del Contralor, el Ministerio de Obras Públicas pudo haber cumplido un rol mucho más severo en la fiscalización de un contrato del cual era mandante.
Conclusiones de Contraloría
1. Servidores del SERVIU RM y MINVU decidieron definir el monto del pago, sin sujetarse al control de juridicidad de la Contraloría.
2. Adoptaron conductas para obtener rápidamente autorización del MINVU para celebrar un contrato que permitiera pagar a Kodama, sin antecedentes técnicos y jurídicos suficientes.
3. SERVIU no cumplió su obligación de comunicar a la Dirección de Vialidad del MOP las actuaciones y decisiones que llevaron a la transacción.
4. Se pretendió radicar en el SERVIU una obligación en dinero que, conforme a la ley, sólo debe ser asumida por el mandante, lo que los funcionarios del SERVIU y MINVU no podían desconocer.
5. Llevar la transacción a sede judicial buscaba financiar vía subtítulo 26 y omitir el trámite de toma de razón.
6. El informe justificatorio de montos elaborado con posterioridad al contrato de transacción no se ajustó a la normativa aplicable para determinación de los 14 mil 96 millones de pesos.
7. Administrativamente, sólo correspondía pagar 131 millones, sin perjuicio de las multas pendientes de definir en el contrato.
8. Al monto acordado, el SERVIU incorporó el valor de una multa por 2 mil 500 millones que debía cobrar a una empresa distinta, en el marco de otro contrato.
9. El MINVU no ejerció a cabalidad el control sobre el SERVIU RM.
10. Las actuaciones de ciertos servidores, funcionarios y agentes públicos, podrían constituir una transgresión a las normas sobre probidad administrativa.
Evaluaciones de Ex Funcionarios
-Ex director del SERVIU, Antonio Llompart: No requirió antecedentes escritos técnicos, jurídicos o financieros para definir el monto de la transacción; pidió autorización a la Ministra de Vivienda para celebrar el acto, incluyendo sólo una síntesis de las condiciones; relevó a la ex contralora interna de sus labores de control sobre este proceso; y eventual transgresión a los principios de probidad administrativa y transparencia.
-Rafael Marambio: voluntad para definir el monto sin ajustarse al control de la Contraloría y sin emitir acto administrativo; buscó forma de pago sin aplicar para su cálculo fórmula establecida por la legalidad; se reúne con Kodama y comunica monto de 14 mil millones de pesos de perjuicio para la empresa; y eventual transgresión a los principios de probidad administrativa y transparencia.
-Ex asesor de la Ministra Magdalena Matte, Álvaro Baeza: en todo momento estuvo en conocimiento de los detalles del proceso negociador y no ilustró a la ex Ministra acerca de aspectos relevantes; declaró no conocer normativa relativa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pese cumplir funciones de asesoría en esa materia; según declaraciones, presionó para acelerar la transacción.
Fuente:
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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