A 37 años del suicidio del ex Presidente Salvador Allende, la justicia chilena investigará la muerte del ex Mandatario, quien, según la autopsia y lo que han dicho sus propios familiares y cercanos, se quitó la vida en La Moneda en 1973.
Fue el propio Poder Judicial el que decidió presentar un requerimiento- y no una querella como se ha asegurado- para que se indagara su fallecimiento.
La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó el lunes 726 requerimientos por ejecutados políticos y víctimas de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, casos que nunca habían sido indagados.
La fiscal judicial hizo uso de las facultades que le confiere el artículo 360 y 361 del Código Orgánico de Tribunales, que les permite "defender los intereses que le están encomendados en la forma que sus convicciones se lo dicten" y "dar conocimiento de cualesquiera asuntos en que se hallan comprometidos los intereses cuya defensa les ha confiado la ley".
La fiscal explicó ayer que el supremo Sergio Muñoz dirigió las investigaciones, y se juntó el material revisando las bases de datos del Poder Judicial, llegándose a la conclusión que había 728 víctimas sin indagar. Pero a última hora se presentaron dos familiares para realizar una denuncia particular.
Pedrals justificó la decisión en que "en el fondo queremos judicializar todo lo ocurrido de modo que en 10 años más no se diga: 'quedó esto pendiente y ahora vamos a investigarlo'. Se va a investigar todo".
Al ser consultada por el caso de Allende, explicó que no existía una causa en el sistema, y que es necesario "dar un corte con todo lo que dice relación con detenidos desparecidos o personas fallecidas, sean las razones que sean. Entre los casos hay gente fallecida por una bala pérdida, en una manifestación, un niño, etcétera. Hay una diversidad de casos".
Hasta ahora la familia nunca ha presentado una querella pues le consta que Allende se suicidó.
Sin embargo, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior evalúa desde hace meses interponer una acción judicial por la muerte de Allende, junto con otros casos.
La propia directora del programa, Rossy Lama, adelantó a "El Mercurio" en los primeros días de enero que se esperan nuevas querellas para 2011, tal como lo hicieron con el ex ministro de Allende, José Tohá.
Lama justificó en su momento la investigación de la muerte de Tohá en que la "facultad para querellarse por ejecutados políticos surgió en diciembre de 2009, cuando se creó el Instituto de Derechos Humanos. Antes, el programa no tenía la facultad".
El ministro en visita Mario Carroza será el encargado de investigar el caso de Allende y de las otras 725 personas.
Para el magistrado es "una responsabilidad tremenda". Una de las primeras diligencias que solicitará al Servicio Médico Legal (SML) es la autopsia que se realizó al ex Mandatario. También pedirá antecedentes a la Vicaría de la Solidaridad, y al juez Juan Eduardo Fuentes, quien indaga la causa de los desaparecidos desde el Palacio de La Moneda, todos asesores del ex Presidente.
Así lo confirmó ayer Carroza, quien al ser consultado acerca de una posible exhumación de los restos de Allende, si bien no la descartó, aseguró que es "una situación en la que no me puedo colocar hoy en día (...) Tras analizar una serie de antecedentes definiré cuál es el camino a seguir".
Texto: Cinthya Carvajal
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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