La amenaza global contra internet: el caso de Australia
En la primera década del siglo XX los australianos construían en sus campos gigantescas vallas "a prueba de conejos" para evitar la destrucción de las cosechas por parte de la plaga de roedores invasores. Ahora, en el siglo XXI, la preocupación de algunos de sus gobernantes parece ser construir lo que llaman "cortafuegos digitales a prueba de conejos": filtros que impidan el acceso a los contenidos prohibidos como el material terrorista, racista o a las páginas web consideradas inadecuadas para menores, especialmente la pornografía. Para muchos internautas australianos, en cambio, esos filtros son una forma inaceptable de censura.
Con una población equivalente a la mitad de la española, pero repartida en una superficie unas quince veces más extensa, Australia siguió un desarrollo del acceso a internet similar al de nuestro país en las últimas décadas. A finales de los 90 llegaron las líneas ADSL y la banda ancha a precios razonables, mientras las zonas rurales y las pequeñas poblaciones más apartadas sufrían los problemas típicos que también se han sufrido en España a nivel de conexión en zonas aisladas.
Algunas compañías hicieron su negocio llevando internet a esas zonas a través de conexiones vía satélite y de microondas. Según los últimos estudios, la velocidad de conexión media típica de un cliente de un ISP australiano es de 1,5 Mbps (frente a 1 Mbps en España) a un precio competitivo respecto al resto de la región. Una diferencia importante es que, al igual que sucede en otros países (por suerte, no en España), hay un límite de descarga mensual: a partir de cierto punto hay que pagar las transferencias extra (una conexión típica es una ADSL de 1 Mbps con 25 GB de límite mensual por unos 30 euros al mes, más o menos).
Pero una de las peculiaridades de la internet australiana, que vuelve a estar de actualidad, han sido las diferencias que han mantenido los internautas, proveedores de acceso y empresas de Internet con los políticos en lo relativo a los «filtros de Internet», algo que se arrastra el país desde hace ya una década.
En una normativa que data de 1999, ciertos contenidos de internet como la pornografía pueden ser filtrados por una comisión si los sitios web que los alojan no tienen un sistema de «verificación de edad» adecuado para impedir que los menores accedan a ellos. Si el sitio no cumple esas características, y está alojado en Australia, puede recibir una orden de cierre, o ser añadido a una «lista negra» de sitios prohibidos.
Así, si se tiene en cuenta lo grande que es internet y la infinita oferta para hospedar páginas en cualquier otro país, algunas empresas simplemente optaron por llevar sus páginas al extranjero para evitar este control por parte de las autoridades.
Desde entonces las restricciones de las leyes australianas han ido abarcando cada vez más y más material considerado inadecuado. Como suele suceder, en muchos casos el planteamiento parece a priori una buena idea: evitar la publicación de contenidos racistas, de negación del holocausto, pornografía infantil, manuales para terroristas… Pero como es bien sabido una cosa es la idea de la que se parte y otra la forma en que se plantean las leyes y normas y las formas de ejecutarlas en la práctica.
En una de las reformas de esas normas, en 2004, se aprobó una ampliación relativa a las leyes del copyright. Su impacto implicaba una responsabilidad extra para los proveedores de Internet, que en este tipo de asuntos suelen actuar como meros intermediarios. A pesar de esto en una reciente sentencia se eximió de culpa a un proveedor de Internet por descargas ilegales por parte de sus usuarios.
En otros casos, como era previsible, empezaron a surgir problemas y cuestiones sobre el tipo de sitios que eran filtrados y que, además, se mantenían en una lista que era secreta y no se daba a conocer al público. ¿Estaba la comisión encargada de filtrar los contenidos excediéndose en sus tareas?
Se sabe que en algunos casos se incluyó en la lista negra un partido político (el Partido del Sexo de Australia), lo cual fue tachado de inconstitucional; también se filtraron sitios que trataban el tema de la eutanasia, otros de contenidos satíricos-racistas que están disponibles desde cualquier otra parte del mundo, algunos videojuegos e incluso la web de un dentista, o páginas individuales de la Wikipedia. También se detectaron errores en sitios que eran filtrados aunque no debían serlo, y viceversa.
Si bien la lista negra originalmente era secreta, como suele suceder en estos casos poco tardó en filtrarse y publicarse en la Red: WikiLeaks, un sitio dedicado a la publicación de material clasificado dio a conocer una lista de unos 3.000 sitios bloqueados; posteriormente se supo que la lista original tenía poco más de 1.000 sitios y se republicó una versión actualizada.
Curiosamente, el filtro de Internet no ha sido hasta ahora obligatorio para los proveedores de Internet: a pesar de las diversas versiones y propuestas que ha habido desde 1999 por parte de los partidos y representantes políticos no ha sido hasta finales 2009 cuando se ha visto que las propuestas de filtros obligatorios para todos los proveedores podrían ser algo a cumplir forzosamente por todas aquellas compañías que proporcionan acceso a la Red.
Mientras tanto, son sitios tales como los colegios, bibliotecas, universidades o empresas particulares quienes lo usan voluntariamente. Entre otras cuestiones, se descubrió que técnicamente ese tipo de filtros pueden ralentizar el acceso a la red de forma notable, además de ser propensos a errores.
Como en otros países, incluyendo España con la reciente Ley Sinde, la propuesta de una comisión que decide a qué contenidos se puede acceder y a cuáles no dista de ser perfecta y clara: en Australia no se sabe qué sucedería con páginas web no albergadas en el país, quién compondría la comisión que realizaría el bloqueo de las páginas en esa «lista negra», cómo se podría apelar, qué le podría suceder a un internauta que accediera a esos contenidos a pesar de los filtros y otros muchos detalles.
Google, Yahoo y casi 200 compañías más han presentado sus protestas ante un filtro que algunos califican abiertamente como «censura», cuya gestión puede servir más para bloquear sitios incómodos que como algo práctico realmente para que los niños y el resto de Internautas naveguen más seguros.
Todo esto algo los veteranos de la Red conocen bien, el efecto imposible de «poner puertas al campo», que tal vez funcione con los conejos, pero no con los internautas. Como sabiamente dijo en 2006 la ministra de comunicaciones australiana, Helen Coonan, ante las propuestas del partido de la oposición para que se hicieran obligatorios los filtros:
Filtrar internet sólo serviría para ralentizar el acceso a la Red de todos los australianos sin proporcionar de forma efectiva una forma de proteger a los niños de los contenidos ofensivos o inapropiados.
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