Instalada como una tradición de fin de año, justo antes del período navideño, la Asociación de Empleados Fiscales convocó nuevamente un paro para exigir un reajuste de sus remuneraciones. Haciendo gala de una gran coordinación, fruto de años de experiencia, los miembros de la ANEF desfilaron por la Plaza de Armas y frente al Congreso Nacional en demanda de un reajuste salarial superior al 7%. Una cifra excesiva si se tiene en cuenta que este año finalizará con un IPC negativo. Finalmente, y después de fuertes presiones, el Congreso aprobó un reajuste de 4,5%, y la ANEF quedó contenta. Con justa razón, pues se trata de la tasa real más alta en dos décadas.
Cabe preguntarse si en el contexto de crisis económica que estamos viviendo es adecuado que el sector público obtenga beneficios que se pagan con la plata de todos los chilenos, muchos de ellos cesantes o que experimentaron una baja importante en su sueldo. Recordemos que la situación del sector público es privilegiada, ya que nuestros puestos de trabajo no peligran con las crisis económicas (me incluyo, porque ni mi cargo de senador ni mis ingresos se ven afectados por la coyuntura).
Otra pregunta atingente es si este reajuste beneficia la eficiencia del sector público. La respuesta es no, porque no va asociada a aumentos de productividad. El reajuste de 4,5% se aplica de manera generalizada a todos los funcionarios del sector público, tanto a los que han cumplido su tarea con excelencia como a aquellos que no han cumplido con lo mínimo. Y si bien actualmente existe un ingrediente variable en su sueldo, este no funciona como un premio a la eficiencia porque para obtenerlo se ponen exigencias tan bajas que son cumplidas por la gran mayoría de los empleados.
Una tercera pregunta válida es si el reajuste permite mejorar la situación salarial de quienes ganan menos en el sector público. Si comparamos los salarios más bajos y los más altos del sector, tenemos que con cada reajuste aumenta la brecha entre ambos, por lo que se generan mayores desigualdades en el sistema.
Ahora bien, si comparamos los sueldos del mundo privado y el público tenemos que efectivamente el reajuste tiende a equipararlos, bajo la premisa de que el sector privado paga sueldos mayores que el Estado. Pero es bien sabido que en los últimos años esta brecha se ha acortado considerablemente.
Después de que explotó el caso sobresueldos se creó un sistema para aumentar las remuneraciones, a través de asignaciones de desempeño superior, funciones críticas y aumentos de las remuneraciones de ministros, subsecretarios e intendentes, lo cual emparejó bastante los sueldos de los cargos de mayor responsabilidad con los del mundo privado. Asimismo, los cargos de los niveles 1 y 2 del sistema de Alta Dirección Pública reciben salarios elevados y que permiten contratar personas de primer nivel. Dichas mejoras hacen innecesario un aumento salarial por la vía del reajuste. Por lo demás, en los cargos medios y de menor responsabilidad los sueldos son iguales y, en muchos casos, superiores que en el sector privado, y los reajustes introducen una distorsión mayor, lo que acentúa la diferencia.
Dicen que en pedir no hay engaño, pero año a año, cada vez que la ANEF exige un nuevo reajuste se tienden a acentuar una serie de defectos que tiene el actual sistema de remuneración del sector público.
Frente a todos estos cuestionamientos vale la pena plantear la posibilidad de reformular el sistema de negociación y aplicación de reajustes salariales al sector público.
Es necesario analizar los efectos que se buscan con el reajuste y no aprobarlo sólo respondiendo a presiones. Se deben estudiar fórmulas que permitan mejorar la eficiencia del sector público a través de premios a la productividad, que garanticen una mejora salarial en los cargos de menor remuneración y que adecúen las demandas del gremio a la realidad inflacionaria del país.
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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