A propósito del editorial publicado ayer sobre la responsabilidad penal y personas jurídicas, quisiera agregar que dicho proyecto de ley constituye uno de los cambios más radicales en nuestro ordenamiento jurídico, y ha pasado inadvertido hasta el momento.
A partir de la nueva ley, que se encuentra a días de ser promulgada, las personas jurídicas, es decir, las empresas, corporaciones, fundaciones y compañías del Estado responderán por la comisión de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este importante proyecto busca mejorar los niveles de prevención y detección de delitos, pero, sobre todo, permite que Chile cumpla con compromisos internacionales que le permitirán ingresar a la OCDE y así pertenecer al club de los "países transparentes".
Pero este relevante salto para nuestro país conlleva un gran desafío para las empresas. De esta manera, a contar de su publicación en el Diario Oficial, todas las personas jurídicas del país por ley deberán designar a un encargado de prevención, definir los medios y facultades de dicho encargado, establecer y certificar un Manual de Prevención de Delitos. Sólo si la empresa ha cumplido a cabalidad con todas estas exigencias, podrá eximirse o atenuar su responsabilidad penal.
De lo contrario, las penas de multas que arriesga van desde las 200 a las 20.000 UTM, pasando por la pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado, prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado e, incluso, en ciertos casos, la disolución de la empresa. Como se ve, y cumpliendo con el espíritu de la ley, parecen ser sanciones "drásticas, ejemplificadoras y disuasivas", las que serán determinadas por el Ministerio Público.
GONZALO TORRE G.
Abogado
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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